¿Quién vigila al Sae?

Lo que más molestó al contralor Vega Casillas fue que Fajardo Castellanos siguió en funciones por casi mes y medio en un órgano de inteligencia, como responsable de firmar todas las denuncias penales en contra de presuntos defraudadores financieros, narcotraficantes, terroristas, delincuentes de cuello blanco y lavadores de dinero, ante las procuradurías General de la República y Fiscal de la Federación, lo que significó que, durante varias semanas, antes de ser descubierto y cesado, comprometió las investigaciones de toda esa Unidad de Inteligencia y puso en jaque al sistema financiero.

De acuerdo con el expediente de la Función Pública, Fajardo Castellanos es uno de los siete funcionarios involucrados en un fraude por 4.8 millones de pesos en la venta de una planta vitivinícola en Caborca, Sonora, propiedad del gobierno federal, de nombre Denosa.

Bajo el expediente R/SAE/001/2010, la SFP resolvió, el 30 de junio pasado, inhabilitar por seis meses a Fajardo Castellanos por “negligencia administrativa”. Dicha sanción impedía al funcionario trabajar en cualquier dependencia del gobierno federal desde el 1 de julio hasta el 27 de diciembre de 2010.

Pero Fajardo Castellanos hizo caso omiso a la sanción y se mantuvo en el cargo por mes y medio más, hasta que Función Pública lo cesó y resolvió abrirle un nuevo proceso administrativo por delito grave, que lo llevaría, según el secretario Vega Casillas, a una inhabilitación de por lo menos 10 años para laborar en el sector público federal, además de enfrentar acciones penales en su contra de parte de la Secretaría.

Los “amigos” del Sae

Para sorpresa de todos, el director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), Sergio Hidalgo Monroy Portillo, contrató hace apenas unos meses a su amigo Fajardo Castellanos y lo nombró coordinador jurídico de Bienes de la Dirección Ejecutiva de Bienes Inmuebles sin importarle que hubiera violado una inhabilitación por “negligencia administrativa” cuando se desempeñó como apoderado del mismo Sae.

Antes de esa inhabilitación, Fajardo Castellanos había sido investigado por otras acciones administrativas en la venta de bienes inmuebles del Sae.

En 2005, la SFP abrió un expediente a los dos amigos (Fajardo Castellanos y Monroy Portillo), y ahora compañeros en el Sae, por la venta de un terreno de 2 mil metros cuadrados y un edificio en la ciudad de Tlaxcala. Dicha solicitud de adquisición la hizo el gobierno de ese estado; sin embargo, a la firma del contrato de compraventa, el inmueble se le otorgó a un particular y no al gobierno tlaxcaltense, como estaba previsto.

Cuando se hizo aquella operación irregular, Monroy Portillo se desempeñaba como director corporativo del Sae. Después, como premio a su labor, fue designado por el secretario de Hacienda como oficial mayor de esta dependencia, cargo que ocupó hasta junio de 2010.

El 31 de mayo de ese mismo año, Monroy Portillo había sido sancionado por la Función Pública por “violar las leyes y normatividad presupuestal” en la Secretaría de Hacienda. Pero este mal antecedente no importó al presidente Felipe Calderón para nombrarlo, a partir de julio del año pasado, como director General del Sae, cargo desde el cual ha rescatado a Fajardo Castellanos y lo ha contratado como coordinador jurídico de Bienes sin importar la sanción e investigación en su contra aún abierta en la SFP.

El Sae defiende a Fajardo

Consultado sobre el regreso de Fajardo al Sae, este órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda defiende al funcionario sin importar la sanción y la investigación que hay en su contra:

“De conformidad con la resolución de fecha 30 de junio de 2010, emitida por el Órgano Interno de Control en el Sae, se impuso al C Adrián Fajardo Castellanos una sanción consistente en la inhabilitación por el periodo de seis meses, para el desempeño de cualquier cargo público, y no obstante que esa resolución se encuentra sub júdice por estar impugnada, el C Adrián Fajardo Castellanos cumplió con la sanción impuesta y no ejerció empleo, cargo o comisión en el servicio público, por el periodo de seis meses ininterrumpidos, a partir de la fecha de su renuncia, razón por la cual fue contratado, por su amplia experiencia y conocimientos en materia inmobiliaria.

“En efecto, se informó al C Adrián Fajardo Castellanos la resolución citada, notificación que se efectuó conforme a lo señalado en dicha resolución administrativa. Además de lo anterior, se tuvo conocimiento en esta institución que el C Adrián Fajardo Castellanos ha expresado en diversas instancias legales que:

“Por lo que hace al plazo del 5 de julio al 6 de agosto de 2010, no existió causa legal que le impidiera ejercer sus funciones de director de Formulación y Seguimiento de Denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ha reiterado y ofrecido las pruebas de su parte con las que pretende demostrar que en el periodo comprendido del 1 de julio al 11 de agosto de 2010, en que presentó su renuncia voluntaria, no hubo ejecución de la sanción, por parte de la autoridad competente para tal efecto, y pretende demostrar también que la sanción de inhabilitación impuesta en su contra fue contraria a derecho.”

Estas afirmaciones del Sae contradicen al secretario Vega Casillas, quien asegura que Fajardo Castellanos desacató una resolución de la Función Pública al seguir cobrando un salario en la Secretaría de Hacienda a pesar de estar inhabilitado, lo que motivó que se abriera una nueva investigación en su contra que podría derivar en una inhabilitación por 10 años y enfrentar una acusación penal ante la Procuraduría General de la República. Pero al director del Sae, Monroy Portillo, las investigaciones de Vega Casillas le hacen lo que el viento a Juárez.