En Chiapas se reactivan grupos paramilitares que –en complicidad con funcionarios federales– reclaman tierras en posesión del EZLN. Entre las acciones de contrainsurgencia destacan cinco incursiones armadas a la Junta de Buen Gobierno El Camino del Futuro, el secuestro de tres zapatistas y amenazas y actos intimidatorios en contra de defensores de derechos humanos.
Bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), defensores de derechos humanos e indígenas, luchadores sociales e institutos de investigación asentados en Chiapas, son amenazados e intimidados por grupos de corte paramilitar, como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) y la Unión Regional Campesina Indígena (URCI), antes llamada Paz y Justicia.
Entre las acciones de contrainsurgencia -como califican el general José Francisco Gallardo y el doctor Gilberto López y Rivas a los operativos paramilitares- destacan cinco intrusiones de miembros armados de la URCI, ocurridas entre abril de 2006 y marzo de este año en el poblado Emiliano Zapata, del municipio autónomo Ricardo Flores Magón. Desalojo violento, robos, disparos al aire, golpes y destrucción de sembradíos, son los saldos hasta ahora.
También sobresalen los actos de provocación en contra de bases de apoyo zapatistas, como las detenciones ilegales cometidas por la Opddic en contra de Mariano Silvano Girón, autoridad autónoma del municipio Olga Isabel, y de Jorge García Gómez y Alfredo Cruz Gómez de la comunidad Mojha’, el 22 y 23 de febrero, respectivamente.
Y es justamente la Opddic -organización acusada de perpetrar el desalojo de la comunidad indígena Viejo Velasco Suárez, que el pasado 13 de noviembre cobró la vida de cuatro indígenas y la desaparición de cuatro más- la que también ha intimidado a defensores de derechos humanos y activistas sociales, quienes advierten que los gobiernos de Felipe Calderón y de Juan Sabines mantienen un silencio cómplice.
De diciembre a la fecha, Maderas del Pueblo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Defensa de la Libertad Indígena Xinich y el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, han recibido amenazas escritas; además, sus integrantes han sufrido diversos acosos.
“Entre 2006 y lo que va de 2007 [en Maderas del Pueblo] hemos documentado alrededor de 18 acciones de hostigamiento y amenazas, incluso de allanamientos a organizaciones defensoras de los derechos humanos”, expone Miguel Ángel García.
Ernesto Ledesma, coordinador del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), señala que en Chiapas se vive la reactivación de grupos con rasgos paramilitares. “Hay un recrudecimiento del hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas y es una clara disputa por el despojo del territorio y el control del mismo, con todos sus recursos naturales”.
Con base en los resultados de cinco investigaciones hechas por académicos del CAPISE, Ledesma advierte que “la Opddic es la parte operativa, pero hay un estrecho vínculo con la Procuraduría Agraria, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y el Ejército Mexicano”.
Para los activistas sociales, la relación entre dicha organización y la SRA ha quedado evidenciada: Beltrán Ruiz Chacón, trabajador con licencia y líder local del sindicato de esa dependencia es abogado particular del grupo paramilitar.
Información del CAPISE revela que dicha organización ha despojado mil 600 hectáreas a los zapatistas en el municipio autónomo Olga Isabel, de nombre oficial Chilón, y que mantiene en trámite la supuesta posesión de mil 300 hectáreas más. También pretende adjudicarse 2 mil 200 hectáreas en el municipio Altamirano y aproximadamente mil hectáreas en Ocosingo. “Es un descaro, un despojo pleno y abierto que están haciendo las autoridades federales a través de la Opddic”, dice Ledesma.
A pesar de que fue calificado por el gobierno de Vicente Fox como uno de los focos rojos más sensibles en términos de conflictividad agraria, la administración de Felipe Calderón considera que Chiapas es un asunto cerrado.
Alberto Pérez Gasca, director jurídico de la SRA, asegura que la administración pasada atendió y dio por concluido el problema agrario en la zona de Montes Azules, donde se identificaban 54 conflictos.
“En febrero se publicaron los decretos expropiatorios que faltaban para cerrar el paquete de conflictos de la comunidad. Para el gobierno este punto está cerrado. Sí hemos sabido de algunos problemas, que algunos grupos volvieron a invadir, pero desde el proceso de negociación quedó claro que eso sería competencia del gobierno del estado, ellos son los que deben aplicar el estado de derecho.”
Añade que desde el punto de vista agrario el asunto se resolvió por medio de acuerdos conciliatorios y que se aportaron recursos a los grupos para finiquitar las controversias.
Entonces -se le insiste al funcionario- todo Chiapas, incluyendo las zonas zapatistas, es asunto cerrado para la federación. “No en estricto todo lo que significa Chiapas. El problema de la zona zapatista es que deriva en cuestiones de otra índole”, reconoce.
Pérez Gasca dice que se ha intentado mantener negociaciones con los zapatistas para regularizar la tierra (indemnizada por la SRA a los dueños originales) a su favor. “Ese punto se sigue atendiendo, pero se requiere que vayan dándose los espacios de negociación y que los propios afiliados a esta organización [EZLN] decidan acogerse a la regularización que el gobierno federal pueda darle a esa tierra”.
Aunque con poca actividad, durante la pasada administración de Pablo Salazar las redes de influencia de la Opddic se extendieron a los municipios de Tila y Palenque. “El gancho que está utilizando la Opddic son los títulos de propiedad. Llega con los habitantes de las comunidades, les dice que si quieren tener más tierras se sumen a ellos, pero cuidado si no quieren porque les quitan la tierra en la que están viviendo”, explica Ernesto Ledesma.
Para Miguel Ángel García, coordinador de Maderas del Pueblo, más allá de la conflictividad agraria, las acciones de provocación buscan generar un enfrentamiento armado y acabar con el EZLN y los defensores de derechos humanos.
“Sólo así -advierte- quedaría el campo libre para la inversión extranjera. Ellos (los dueños del capital) son quienes han exigido que haya paz social y eso no es más que el aniquilamiento de la oposición.” Para el ambientalista, los recursos naturales estratégicos ubicados en las zonas zapatistas son el principal botín.
De darse la confrontación, agrega, las consecuencias serían muy lamentables. “El EZLN tendría que contestar de manera armada. La diferencia es que la Opddic está disfrazada de organización no gubernamental y el EZLN no: es un grupo armado que tiene firmada una tregua [con el gobierno federal] a través de la Ley de Concordia y Pacificación”.
Explica que “si el Ejército Zapatista contesta como grupo armado frente a un grupo de la ‘sociedad civil’, que no se asume como paramilitar, el gobierno va a hacer creer que se trata de un enfrentamiento intercomunitario pero contra un ejército: un grupo civil, la Opddic, va a ser agredido por un ejército armado, el EZLN”.
Con un escenario así, es altamente probable que las Fuerzas Armadas apoyen a la “sociedad civil” agredida, dice Miguel Ángel García. “Van a arrasar a un ejército, el EZLN, que violó la tregua. Eso sería muy grave”.
En los primeros meses del gobierno de Calderón, de diciembre a marzo, han ocurrido tres de las cinco intrusiones de la URCI al nuevo poblado Emiliano Zapata. El asunto no es menor: los comandos armados de más de 15 hombres se mueven con facilidad por zonas donde abundan retenes militares.
El general brigadier del Ejército Mexicano, con 43 años de servicio, José Francisco Gallardo explica que la guerra de baja intensidad en Chiapas, que incluye la creación de grupos paramilitares, es el resultado de las severas críticas que recibió el Ejército después del levantamiento zapatista, en 1994.
El también candidato a doctor en Administración Pública por la UNAM expone que los grupos paramilitares “es gente civil, armada, adiestrada, equipada y financiada por el Ejército, por los gobiernos federal y estatal. Tienen la misión de provocar un rompimiento de la estructura social; de generar desplazamientos para desarraigarlos de su territorio; prostituir a la base de transmisión de la cultura y la lengua que es la mujer”.
Además de la venia de los militares, dependencias como la Secretaría de la Reforma Agraria y el gobierno de Juan Sabines podrían estar apoyando las actividades paramilitares, denuncian defensores de derechos humanos.
“El hecho de tener el respaldo de dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria nos dice todo. Para nosotros es muy claro: van a intentar darle legalidad a los despojos [de tierra]. La disputa es por el territorio y por los recursos naturales que hay ahí, donde están la comandancia del EZLN y las bases de apoyo”, dice Ernesto Ledesma.
“Estábamos sorprendidos de la celeridad con que se resolvían los amparos de la Opddic. En este intento de despojo de las 2 mil hectáreas le dan una celeridad impresionante, pero cómo no se la van a dar si el abogado trabaja en la Secretaría de la Reforma Agraria y es el secretario local del Sindicato de Trabajadores.”
Aunque deslinda a la dependencia, el director jurídico Pérez Gasca confirma la relación entre Beltrán Ruiz Chacón y el grupo de corte paramilitar.
“En efecto, en los Tribunales Agrarios hay constancias formales de que él estuvo actuando como abogado privado de un grupo de personas presuntamente afiliadas a la Opddic, que de suyo viola la ley: él, como funcionario, está impedido para ejercer el derecho para causa propia, y eso es lo que se hizo del conocimiento de la autoridad, porque es un asunto indebido y que esto tiene que ser sancionado justamente.”
El director jurídico de la SRA asegura que “con la organización en particular y a raíz de las actividades de Ruiz Chacón, que violan flagrantemente la ley, la Secretaría se deslinda completamente. Incluso hemos actuado como nos lo marca la norma, hemos denunciado estos hechos ante el Órgano Interno de Control, para que en términos de lo que establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas el servidor público sea sancionado”.
Pérez Gasca dice que, para evitar conflictos de intereses y tráfico de influencias similares al de Ruiz Chacón, el secretario Abelardo Escobar Prieto ha aplicado algunos mecanismos de vigilancia exhaustiva a la actividad de los servidores, como hacer del conocimiento de manera inmediata a la Secretaría de la Función Pública o incluso al Ministerio Público federal.
Acepta que, a pesar de tener 64 expedientes de la Opddic identificados con la firma de su trabajador, en este caso no acudieron la ministerio porque lo que marca la ley es que a partir de la investigación que realice el Órgano Interno de Control se derivarán situaciones en las que probablemente se haya cometido algún delito.
Sobre una destitución inmediata tras conocer su actividad como abogado de la Opddic, el director jurídico dice que “la investigación de la Función Pública es la que debe determinar si ha lugar a destituirlo e inhabilitarlo para ejercer cualquier cargo en la administración pública. Nosotros no podíamos en este momento separarlo del cargo porque perdería el carácter de servidor público y la autoridad estaría impedida para actuar”.
Al respecto Ernesto Ledesma comenta que el respaldo de la SRA se observa en la expansión que tiene en lugares estratégicos. “Cuando tienes el respaldo de las secretarías de la Defensa y Reforma Agraria, así como de la Procuraduría Agraria, pues tienes tierras y tienes armas”.
El investigador indica que “todo aquel que no sea de la Opddic se va a tener que salir, eso es lo que están intentando hacer en el territorio indígena de Chiapas, sobre todo en los municipios de Altamirano, Chilón y Ocosingo. Esos tres municipios son controlados por la Opddic, por el ex gobernador Roberto Albores Guillén, con la venia de Juan Sabines”.
Los riesgos del enfrentamiento entre paramilitares y zapatistas aumentan. En febrero pasado el EZLN reaccionó a las amenazas y hechos intimidatorios: “A la Opddic, al señor Pedro Chulín [líder] y a las autoridades gubernamentales les decimos que estamos preparados y dispuestos a defender a nuestros pueblos y a hacer que se cumplan leyes indígenas que protegen los árboles y la naturaleza de la Selva Lacandona, prohibiendo la tala y el tráfico de maderas preciosas, así como la siembra, el tráfico y el consumo de narcóticos.
“Les decimos que si están dispuestos a reiniciar la guerra con esos medios, aunque disfrazándola de ‘enfrentamiento entre indígenas’, y amparados en las poses militaristas del señor Calderón, nosotros también estamos dispuestos y listos […]
“Con nuestra sangre recuperamos la vida para nuestra madre la tierra, con nuestra sangre la defenderemos. No importa cuántos soldados, policías o paramilitares vengan, cuidaremos la tierra que guarda a nuestros muertos aún a costa de nuestra libertad o de nuestra vida”, advirtió entonces el subcomandante Marcos.
Ernesto Ledesma dice que el riesgo es que vaya a haber enfrentamientos, muertos y desaparecidos. “Algo que lo miramos con un alto grado de posibilidad es los desplazados de guerra. No hay que olvidar que en Chiapas hay más de 10 mil desplazados de guerra que hasta la fecha no han podido regresar a sus comunidades”.
Fuente: Revista Contralínea Publicado: Marzo 2a quincena de 2007
Ejército y paramilitares, estrecho vínculo
Investigaciones del CAPISE descubren que la Opddic tiene relación y apoyo directos del Ejército. “Nosotros identificamos que están estrechamente vinculados con los campamentos militares de Yajalón; Crucero Temó; Altamirano; el Vergelito, que forma parte del municipio de Altamirano; Rancho Península y Selva Lacandona, en Ocosingo; Monte Líbano, Taniperlas y San Caralapio, en la frontera de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules”, asegura Ernesto Ledesma.
El general José Francisco Gallardo señala que “esta guerra de baja intensidad es aprendida en las escuelas de adiestramiento de Estados Unidos, pero que se utilizan para repeler a un ejército invasor no contra la población civil”. Y alerta que los paramilitares no sólo están en Chiapas, sino que ya tienen presencia en San Salvador Atenco, Oaxaca y Michoacán.
“Los grupos paramilitares se activan en momentos coyunturales, pero no desaparecen. La gente sigue recibiendo financiamiento y adiestramiento aunque no actúen. En las condiciones de inconformidad que estamos viviendo a nivel nacional, esos grupos paramilitares se reactivan. Para el Ejército y los gobiernos federal y local es muy fácil mantener esos grupos y utilizarlos como un sistema de inteligencia”.
Añade que “donde haya una inconformidad social va a haber infiltrados grupos paramilitares. Son grupos formados por funcionarios públicos, policías, militares retirados, delincuentes, maestros de las secciones. El papel de ellos ya lo saben, es agarrar una arma o un garrote y golpear a la gente, infiltrarse, intimidar, herir”.
El doctor en Sociología y académico del INAH Gilberto López y Rivas dice que Chiapas es una demostración palpable de la continuidad entre la política de Vicente Fox y la de Calderón. “Mediatizar, controlar y exterminar el movimiento de oposición del pueblo mexicano y en particular de los pueblos zapatistas. Calderón está ahí para que este país goce de tranquilidad para el capital. Y los zapatistas, lo saben muy bien los militares, constituyen un enemigo histórico que desde que surgió ha traído un odio enorme en el sector castrense.
“Calderón, que se ha sostenido durante todas estas semanas bajo la tónica de apoyar y apoyarse en los militares, va a continuar con la política elaborada por los manuales de contrainsurgencia del Ejército Mexicano y por todos los intereses estratégicos que hay en la región.”
Opddic, apoyo gubernamental
Para Miguel Ángel García, coordinador de Maderas del Pueblo, en una clásica medida que establecen los manuales de contrainsurgencia de origen norteamericano, la Opddic expropia el discurso de las organizaciones de defensa de los derechos y adopta ese nombre para disfrazarse.
“Cualquiera que no conozca el contexto piensa que esa es una ONG de defensa de los derechos indígenas. Pero en realidad es una organización que tiene su origen en una organización paramilitar que se llamó MIRA (Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista) y que actuó en las cañadas de la Selva Lacandona en los años de 1996 a 1998, sobre todo en 1998, con el apoyo del gobernador Roberto Albores Guillén”.
El fundador del MIRA y quien aún se mantiene detrás de la Opddic es el diputado priísta suplente, Pedro Chulín, un indígena tzeltal ex simpatizante zapatista. “Él fue integrante de la Cempi, pero después da el cambio y se convierte en un delator y creador del grupo paramilitar MIRA, este último se transforma en la Opddic. Para disfrazar la actividad se convierte en un supuesto grupo de apoyo de defensa de derechos, pero a su interior mantiene grupos civiles armados”.
A lo largo del sexenio de Fox y de Pablo Salazar los grupos paramilitares no actuaron, pero tampoco hubo castigos. Hubo impunidad y apoyos, dice Miguel Ángel García. “La Opddic recibió, bajo el rubro y disfraz de apoyos para proyectos productivos, recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social de Chiapas”.
Para el ambientalista es difícil que el gobierno de Juan Sabines se deslinde del grupo de corte paramilitar. “María Cruz, quien estaba en desarrollo social con Salazar fue ratificada en el cargo por Sabines. Eso nos hace presuponer que la misma política permanece, porque es la misma persona”.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó la posición del gobierno de Juan Sabines. El área de comunicación social canalizó la petición a la Secretaría de Gobierno, a cargo de Jorge Antonio Morales Messner, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Detienen a Chulín
El pasado 7 de marzo Pedro Chulín Jiménez, dirigente de la Opddic, y una veintena de militantes de dicha organización fueron detenidos por la Fiscalía General de Chiapas. El motivo de la detención no fue las amenazas contra bases de apoyo zapatistas y defensores de derechos humanos, sino la presunta agresión y retención de dos periodistas.
Según informó La Jornada, habitantes de Ocosingo denunciaron ante las autoridades estatales las agresiones en contra de los periodistas, quienes cubrían una manifestación de indígenas adherentes al grupo de corte paramilitar que exigen al gobierno solucione sus demandas agrarias y de proyectos productivos.
El representante legal de Promedios, Francisco Vázquez, dijo al periódico que su camarógrafo Carlos Vázquez Guzmán fue golpeado y despojado de una cámara de video y un teléfono celular. También denunció que Alonso Luna Girón, promotor de derechos humanos, fue atacado por los miembros de la Opddic.
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