La regulación de la prostitución fue propuesta el 13 de junio por miembros de la fracción parlamentaria del PRD y la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal ante la Asamblea Legislativa de la capital. Los legisladores consideran que esto es una “novedad” en materia jurídica; sin embargo, durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo se creó un reglamento con el mismo fin. Después de 150 años aparece la “nueva” propuesta y aquí las comparamos.
Diversas asociaciones constituyen brigadas callejeras de ayuda social a las prostitutas.
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Después de las múltiples discusiones en torno a la despenalización del aborto, se abre un nuevo capítulo en las pugnas de tintes partidistas y se hace tenue la línea que separa a la religión de la política y a la salud pública de los principios morales. Estoy hablando de la iniciativa de ley presentada por los diputados locales Juan Bustos y Jorge Carlos Díaz a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para despenalizar la prostitución.
Como las discusiones sobre el aborto que radicalizaron las posturas de derecha e izquierda, las primeras en torno a esta propuesta ya se hicieron sentir. Lo curioso es que los actores no fueron los representantes de la derecha y la ultra-derecha católica con sus argumentos religiosos, sino un bloque amplio de partidos, investigadoras de universidades y representantes de movimientos sociales en defensa de los derechos de las mujeres que son forzadas a prostituirse.
La primera postura fue fijada por Lydia Cacho, quien emitió un comunicado firmado por 260 mujeres, donde manifiestan que la despenalización de la prostitución motivaría la trata, robustecería las mafias y legitimaría la explotación sexual; y en materia jurídica propusieron que la trata fuera equiparable al secuestro.
Los representantes del PAN –Agustín Castilla, Paula Soto, Celina Saavedra y José Antonio Zepeda– expresaron su interés por debatir la propuesta perredista, ya que, según dijeron, tenía inconsistencias y, además, no se había consultado a las representantes de las sexoservidoras. Dos posturas laicas que muy posiblemente se verán confrontadas con la posición que, en algún momento, tomará la iglesia católica en boca del Cardenal Rivera.
Sin embargo, el diputado Juan Bustos cometió un pequeño error cuando manifestó que en caso de aprobarse, ésta sería la primera legislación del Distrito Federal en materia de prostitución. No exactamente. Hace siglo y medio, en aquellos días en los que dominó el imperio de Maximiliano (1864-1867), se emitió el primer reglamento en la materia. Su existencia se justificaba en los “estragos” a la salud pública cometidos por la temible sífilis; recordemos que no existía el antibiótico y el sifilítico moría porque la infección le llegaba hasta el cerebro y terminaba sus días en los hospitales para dementes.
Pese a que Maximiliano representaba una monarquía, su propuesta tenía un matiz totalmente laico: era un problema de salud pública. Podemos suponer que esta fue una de las múltiples causas por las que el joven Habsburgo perdió el apoyo de los católicos conservadores.
Para tener una visión comparativa de ambas propuestas, la imperial decimonónica y la demócrata del siglo XXI, revisemos los principales puntos buscando las rupturas y las continuidades. Después de hacerlo podremos aplaudir, si existe, la “novedad”.
En 1865 se estipulaba que todas las trabajadoras sexuales debían estar inscritas en el Registro de Mujeres Públicas. Se les entregaba una credencial con fotografía en la que debían aparecer datos como la edad, sitio de procedencia, estado civil, si había tenido hijos, en dónde ejercía, bajo el mando de quién y cuánto cobraba; en consecuencia se le asignaba una de tres categorías y un impuesto que debía pagar anualmente al momento de su reinscripción.
La propuesta del PRD también establece la creación de un registro para tener un censo oficial de sexoservidoras. Aunque no sabemos cómo se van a manejar las categorías, porque la diferencia de clase también es obvia en este gremio. No podemos comparar el poder adquisitivo de las que laboran en los exclusivos antros de Insurgentes, con las que ejercen en las calles de La Merced. Aclarar este punto nos ayudará a comprender a quién va a servir esta ley; porque la ley es igual para todos, pero las diferencias socioeconómicas hacen que los beneficios no se repartan de manera equitativa.
En los días del imperio, las prostitutas tenían la obligación de presentarse a un reconocimiento pericial dos veces por semana. De encontrarse alguna enfermedad venérea no se les renovaba el permiso y eran obligadas a dejar de ejercer. Pero si continuaban trabajando sin el certificado médico, se convertían en “clandestinas” y eran llevadas a la cárcel por 3 meses. Además, en caso de resultar enfermas, el Artículo 43 estipulaba: “Todas las mujeres públicas serán curadas gratis en establecimientos públicos”. La propuesta del PRD no dice qué organismo se encargará de hacerles pruebas del Virus del Papiloma Humano antes de que se convierta en cáncer cérvicouterino o quién cubrirá los gastos en antiretrovirales en casos de VIH positivo. En este aspecto, la legislación del siglo XIX se presentaba mucho más generosa.
Con respecto a la edad, el código imperial prohibía el ejercicio de la prostitución a las menores de 15 años. A las pequeñas infractoras se les llevaba a casas de corrección “debido a la disciplina insuficiente de los padres o tutores”, donde se les daría vivienda, educación y se les enseñaría un arte. En la reciente propuesta, la prostitución sólo se puede ejercer desde los 18 años, pero en ningún momento nos dice qué se hará con los miles de menores que viven atrapados en el mundo de la prostitución. Qué institución se hará cargo de ellos, de qué forma y qué les ofrecerá, todavía no está definido.
Otra diferencia radica en que la legislación de 1865 determinaba las obligaciones de las dueñas o madrotas, quienes tenían la obligación de alimentar y vestir bien a la empleada, y ofrecerle los implementos para mantener los buenos hábitos de higiene. En caso de agredir o retener a alguna mujer por la fuerza, serían encerradas por delitos de “rufianería y violencia”.
Las matronas debían impedir escándalos en la casa y estaban en la obligación de reportar la presencia de cualquier hombre que estuviese ebrio, drogado o armado. Además, debían ser puntuales informando a Salubridad cuántas mujeres trabajan para ella y de qué categorías; después pagaba un impuesto y le daban un recibo que debía tener a la mano porque la policía hacía numerosas visitas y sin aviso previo.
En el caso de la propuesta contemporánea, se habla de castigar con cárcel a los explotadores, pero no se estipula cómo se castigará a los tratantes que, amafiados, representan un fuerte aparato de poder. Algunos legisladores podrán pensar, ingenua y románticamente, que la emisión de una ley otorgará “libertad” a las sexoservidoras y las redimirá de su triste vida. Pero si no se toman medidas sobre un conocimiento riguroso del fenómeno, difícilmente llegarán a la realidad.
También hay similitudes entre ambas propuestas. El primer reglamento ordenaba al Departamento de Salubridad crear las zonas de tolerancia en ciertos cuadrantes de la ciudad. Debían estar alejadas de escuelas, iglesias, hospitales y conventos, preferiblemente en áreas con callejones poco transitados. Además, las ventanas tenían que esconder pudorosamente lo que tenía lugar en sus recámaras. En la actualidad, según la propuesta del PRD, esta tarea le correspondería a las autoridades delegacionales, pero según los representantes del PAN, la creación de estas zonas es una medida anticonstitucional.
Si las meretrices de aquél México monárquico hubiesen querido abandonar su trabajo, el gobierno ofrecía la creación de una Casa para Mujeres Arrepentidas, donde se les daría vivienda, alimentación y una formación en áreas como encuadernación, cocina mexicana, española y francesa y elaboración de telares, entre otras artes.
A las mujeres “arrepentidas” del México actual que decidan cambiar de oficio, la legislación les ofrece las siguientes facilidades: créditos, capacitación para obtener empleo e inserción en el mercado laboral, con algunos estímulos fiscales a las empresas que las contraten. Sin embargo, no tenemos idea de cómo tendrá lugar esta incorporación ni qué institución se encargará de cumplir tan loable propuesta. El Reglamento de Maximiliano jamás lo logró, porque la Casa sugerida nunca se construyó.
Sin lugar a dudas, detrás de cada propuesta legislativa hay intereses claramente definidos. Cuando el archiduque Maximiliano optó por regular el ejercicio de la prostitución, buscaba proteger a las tropas que estaban en medio de la guerra con los liberales. Se dice que en el ex Convento de Santa Clara (Tacuba esquina con Bolívar), se acuartelaron los soldados provenientes de Francia y Bélgica. Pero no estaban solos: en las accesorias del viejo convento vivían hasta 58 sexoservidoras. De modo que el reglamento buscaba establecer un férreo control sobre esas mujeres consideradas como la amenaza del proyecto político-militar.
Después de la ejecución del archiduque y el empoderamiento de los liberales, en el gobierno de Don Porfirio hubo legislaciones con características similares en varios estados de la República y se llevó un registro estadístico detallado. Si le creemos al doctor Lara y Pardo, autor de La prostitución en México (1910), en 1908 habían 10 mil prostitutas en una ciudad con 500 mil habitantes.
Las fuentes usadas por el PRD estiman que en la ciudad de México hay 40 mil, entre hombres y mujeres, en el oficio actualmente. Si este dato fuera cierto, la ciudad creció más de 20 veces en un siglo y la prostitución sólo cuatro. Es fácilmente demostrable que la cifra de la bancada del sol azteca no refleja la realidad del problema.
El problema tuvo y tiene dos caras: la explotación de menores, la trata y las violaciones, es decir, la vulneración de sus más elementales garantías individuales. Pero la otra es la rentabilidad de un negocio con fuertes mafias que se convierte en una fuente de empleo para miles de mujeres, algunas bien pagadas y otras en cuasi esclavismo… como en todo gremio.
Un verdadero negocio que pudo haber llamado la atención de los asesores de Felipe Calderón en su nueva reforma fiscal, porque al convertir la prostitución en un trabajo regular, estas profesionales tendrían que darse de alta en Hacienda y pagar un impuesto. La prostitución es una lucrativa “empresa” que involucra diversos intereses económicos y políticos; razón por la que nadie le consultó a las sexoservidoras qué aspectos de su oficio les interesa “reglamentar”. Habremos de estar pendientes de los rumbos que tome esta discusión.
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