El 23 de octubre de 1977, con múltiples puñaladas fue encontrado el cadáver de Juan René Muñoz Alarcón, 34 años, ex militante del Partido Socialista quien tras el golpe militar de 1973 se había transformado en colaborador de los aparatos represivos de la dictadura.
Pocos meses antes, Muñoz Alarcón había tratado infructuosamente de ser escuchado por el sacerdote Cristián Precht, en la Vicaría de la Solidaridad. Deseaba entregar un culpable testimonio de su paso por la Dina. En las semanas siguientes al golpe de Estado, había sido conducido encapuchado al Estadio Nacional para reconocer a militantes y dirigentes del PS y de otros partidos de la Unidad Popular. Más tarde cumplió ese mismo papel en las calles, a bordo de camionetas de las brigadas operativas del coronel Manuel Contreras.
Mucha gente había sido torturada y asesinada por su culpa. En la Vicaría de la Solidaridad lo escucharon, pero no le creyeron. Dejó entonces una grabación donde, con voz trémula, relataba detalles del funcionamiento de los aparatos represivos y afirmaba que en la Colonia Dignidad permanecían detenidas 112 personas, las que eran sometidas cotidianamente a crueles torturas.
En su testimonio, Muñoz Alarcón aseguraba que en el fundo El Lavadero existía una central de comunicaciones para enlazarse con todos los agentes y colaboradores que la Dina mantenía en el exterior.
Hasta entonces, los chilenos sólo conocían de algunas fugas, denuncias de malos tratos y de ciertos extraños hábitos de vida de los colonos alemanes avecindados desde comienzos de los años 60 en la zona de Parral, dirigidos por un enigmático pastor bautista llamado Paul Schäfer. Nada sabían, en cambio, sobre el papel que Colonia Dignidad había desempeñado durante el régimen de la UP como centro de apoyo logístico de Patria y Libertad (PyL) y de otros conjurados en contra del gobierno del presidente Salvador Allende. Allí se refugió Roberto Thieme, el jefe operativo del movimiento, tras simular que la avioneta que conducía rumbo a Argentina se había estrellado. Allí aterrizaban también los despachos de armas y explosivos que los miembros del frente exterior de PyL, distribuidos al otro lado de la cordillera, enviaban a territorio nacional para intentar derrocar a la UP.
Por aquellos años los dirigentes de la Colonia se esforzaron por mantener un perfil muy bajo. Incluso no pocos dirigentes de Izquierda los miraban con cierta simpatía, convencidos que en las más de 15 mil hectáreas que habitaban se practicaba una especie de socialismo comunitario, con innovadoras relaciones de trabajo. En el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), en tanto, algunos fervientes partidarios de la reforma agraria reclamaron por los privilegios que tenían los colonos alemanes, a quienes se les permitía importar todo tipo de maquinarias e insumos sin pagar impuestos y, además, se les entregaba apoyo del Estado para su manutención.
Schäfer y sus colaboradores más cercanos empezaron a tejer desde esos años un manto de protección para ocultar sus actividades secretas. Empresarios agrícolas, políticos de derecha, inmigrantes alemanes, miembros del Poder Judicial, periodistas y oficiales del ejército, entre otros, fueron contactados, halagados, agasajados y favorecidos por los colonos alemanes.
Tras producirse el golpe militar, Schäfer vio la oportunidad de consolidar definitivamente su bastión y decidió prestar toda su ayuda a las faenas represivas de la Dina. Puso a disposición de Manuel Contreras todos sus contactos en Alemania y en otros países de Europa y Sudamérica.
En la década de los 80, varios medios de prensa alemanes y las revistas opositoras chilenas empezaron a dar cuenta poco a poco de las sospechas que recaían sobre Colonia Dignidad. Los rumores daban cuenta de la existencia de sofisticados laboratorios para experimentos militares, de una búsqueda casi frenética de materiales radioactivos, de insólitas prospecciones en los ríos vecinos al fundo y en los contrafuertes cordilleranos, de comunidades mapuche que lucían el pelo blanco producto de la contaminación con uranio...
Cualquier intento de desconocidos por acercarse a los terrenos del fundo era reprimido por sus moradores. Modernos equipos de vigilancia electrónica, así como una férrea red de protección organizada entre los lugareños, impedían aproximarse al vasto territorio ocupado por los alemanes. Poco a poco, sin embargo, comenzaron a surgir los datos reales de lo que allí acontecía.
El caso que entreabrió las puertas de la verdad fue la detención de un parralino, estudiante de medicina de la Universidad de Chile y militante del MIR, identificado como Alvaro Vallejos Villagrán, apodado “loro Matías”. En la clandestinidad trabajaba con Augusto Carmona, miembro del comité central del MIR.
Un piquete de agentes de la Dina, encabezado por Osvaldo Romo, llegó a su casa el 20 de mayo de 1974 llevándoselo con rumbo desconocido. En los días siguientes fue visto por otros detenidos en Londres 38 y en Cuatro Alamos, pero su rastro se perdió definitivamente tras ser conducido a Colonia Dignidad.
Nueve meses después, el 2 de febrero de 1975, agentes de la Dina secuestraron desde la base naval de Talcahuano, donde se encontraba detenido, a Enrique Peebles, alumno del último año de medicina de la Universidad de Concepción, militante del MIR. Lo subieron a una camioneta donde viajaba amarrado Erick Zott, otro mirista, y una mujer que no logró identificar, pero que años después reconocería como Marcia Merino, la “flaca Alejandra”.
Los dos hombres fueron conducidos a la Colonia Dignidad, donde se les sometió a tortura con electricidad. Pocos días después fueron liberados, viajaron a Europa y en 1986 entregaron sus testimonios a Amnistía Internacional (AI), entidad que los dio a conocer a la revista germana Stern. Los dirigentes de Colonia Dignidad decidieron querellarse contra AI y el semanario germano, aumentando el interés sobre el caso.
“Recibimos al ‘loro Matías’ esposado, en Cuatro Alamos. El quería llevarse algunas cosas personales, pero el mayor que lo conducía, que se llamaba Fernando o Fernández, o algo semejante, le dijo: ‘Eso no será necesario. Ya no lo necesitarás’”. Así contó, el 30 de septiembre de 1979, ante un tribunal en Bonn, Alemania, el ex agente de la Dina Samuel Fuenzalida el momento en que Vallejos Villagrán fue llevado a la Colonia Dignidad.
Fuenzalida ingresó al ejército en 1973 y fue destinado al regimiento de Calama. Según su testimonio, pronto se le indicó que iría a trabajar bajo las órdenes del coronel Manuel Contreras en la formación de la Dina.
Fue destinado a la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM) donde permaneció hasta comienzos de 1975. Luego le correspondió colaborar en labores de soplonaje hasta septiembre de ese año. Viajó a Argentina y de ahí a Europa, donde reapareció para declarar en Bonn en la disputa legal que sostenían Colonia Dignidad y Amnistía Internacional.
“Vamos a llevar al ‘loro Matías’ donde los alemanes”, le dijo el mayor a quien Fuenzalida recordaba con el nombre de Fernando, y a quien individualizó como jefe de la Dina para la zona de Ñuble. A la entrada del fundo El Lavadero la delegación de la Dina y su detenido era esperada por dos alemanes que estaban en un automóvil Mercedes Benz azul, en el cual el joven mirista fue conducido al interior del predio. Samuel Fuenzalida no olvidó el rostro de uno de los alemanes, a quien el oficial de la Dina llamaba “profesor”. En el tribunal de Bonn lo reconoció, años más tarde, como Paul Schäfer.
El testimonio del ex agente señala que desde que Vallejos fue subido al Mercedes Benz no lo volvió a ver. Contó que él y el ordenanza del oficial fueron llevados a un comedor. Luego llegaron a ese lugar el oficial y Schäfer. Recuerda que éste último, que ingresó con un perro ovejero alemán negro, hizo un gesto con sus manos “que no podía indicar sino que el detenido estaba muerto”. En su declaración, Fuenzalida agregó que en la Dina se sabía que quienes morían en Colonia Dignidad eran sepultados cerca de la cordillera.
A fines de 1992, tras conocerse algunas declaraciones proporcionadas a la Comisión Rettig, los familiares de Alvaro Vallejos Villagrán presentaron una querella por secuestro ante el Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago. Su titular, el juez Lientur Escobar, avanzó rápidamente en las investigaciones.
En diciembre, el magistrado ordenó detener y someter a proceso al ex jefe de la Dina en la zona sur, coronel (r) Fernando Gómez Segovia, egresado de la Escuela Militar en 1958 como oficial de infantería y que en 1970 hizo un curso en radio, televisión y electrónica. También agregó a su currículum un curso de administración de personal en la Academia de Guerra. Más tarde realizó un postgrado en Inteligencia, en Brasil, y un seminario sobre satélites en el Comando de Telecomunicaciones.
Alentado por las diligencias del juez Lientur Escobar, el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) presentó en el mismo juzgado una denuncia por 21 desapariciones en Parral, entre 1973 y 1974, casos que estaban radicados en el Juzgado de Letras de esa ciudad y que no habían avanzado. Los casos de desaparecidos en la zona llegaban a la treintena y se habían originado inmediatamente después del golpe.
Entre el 12 y el 20 de septiembre de 1973 cuatro hombres fueron detenidos por carabineros de Parral y conducidos a la cárcel de la ciudad. Se trataba de Hugo Soto Campos, 18 años, estudiante; Aurelio Peñailillo Sepúlveda, 32 años, jubilado por invalidez; Oscar Saldías Daza, 22 años, estudiante y, Luis Evangelista Aguayo Fernández, 21 años, inspector del liceo. El 26 de septiembre de 1973 el libro de novedades del recinto penal señalaba que por orden del gobernador departamental, Hugo Cardemil, fueron entregados a personal del ejército los cuatro detenidos y un quinto que luego fue devuelto al centro de reclusión.
Entre septiembre y octubre las desapariciones prosiguieron. El 23 de octubre siete detenidos fueron llevados por una patrulla a “declarar” a la fiscalía militar. De ellos no se volvió a saber. Los nombres consignados en los registros de la cárcel de Parral son: Claudio Jesús Escanilla Tobar, 16 años, lustrabotas; Raúl Alfonso Díaz Mesa, 23 años, obrero; Ireneo Alberto Méndez Hernández, 22 años, socialista; José Ignacio Bustos Fuentes, 52 años, comerciante comunista; Manuel Eduardo Bascuñán Aravena, 23 años, estudiante socialista; Oscar Abdón Retamal Pérez, 19 años, estudiante socialista y, Roberto del Carmen Romero Muñoz, 23 años, obrero.
También en octubre de 1973 desaparecieron desde la cárcel de Parral otras cuatro personas: Luis Alberto Yáñez Vásquez,19 años, estudiante, militante del MIR; José Hernán Riveros Chávez, 27 años, obrero de la construcción; Víctor Julio Vivanco Vásquez, 19 años, estudiante, miembro del MIR y, Luis Enrique Riveros Cofré, 21 años, socialista.
Las órdenes del gobernador para trasladar presos a recintos militares, que significaron la desaparición de los detenidos, se repitieron en la localidad de Catillo. Ahí las víctimas fueron Roberto Torres Aravena, 58 años, ingeniero químico; Miguel Rojas Rojas, 52 años, obrero agrícola, socialista; Gilberto Rojas Vásquez, 28 años, carpintero, militante comunista y, Ramiro Romero González, 28 años, dirigente campesino, socialista.
La represión en Parral siguió en 1974. El 28 de julio, Carabineros detuvo a Hernán Sarmiento Sabater y Arnoldo Vivian Laurie Luengo, quienes fueron traslados a Londres 38, donde se les perdió el rastro. Más tarde corrieron la misma suerte José Luis Morales y Juan Francisco Ponce González. Entre el 18 y el 25 de octubre desaparecieron los obreros agrícolas José Apolinario Muñoz, 33 años; Edelmiro Valdés Sepúlveda, 42 años; Alcibíades Valenzuela Retamal, 23 años; Benedicto de la Rosa Sepúlveda Valenzuela, 64 años; Armando Arnoldo Pereira Merino, 49 años; Luis Alcibíades Pereira Hernández, 31 años y, Rolando Antonio Ibarra Ortega, de 32 años. Todos los indicios apuntan a que fueron conducidos a Colonia Dignidad, donde habrían sido ejecutados tras someterlos a torturas.
A comienzos de 1993, el juez Lientur Escobar encargó reos a Hugo Cardemil Valenzuela, coronel de ejército en retiro y gobernador de Parral en 1973; a Pablo Caulier Grant, coronel de Carabineros en retiro y gobernador de la misma ciudad en 1973 y 1974; y a los ex sargentos de Carabineros Diógenes Toledo Pérez y Luis Alberto Hidalgo, acusados de ser autores de secuestro y asociación ilícita.
De Fernando Gómez Segovia, en tanto, el magistrado señaló que “en su calidad de jefe de la Dina, facilitó los medios, ya sea información o recintos de detención para personas contrarias al gobierno establecido de la época, como asimismo se vinculó con residentes de Colonia Dignidad, lo que permite al tribunal atribuirle una calidad de cómplice en los delitos de secuestro y desaparición de Arnoldo Laurie Luengo y Hernán Sarmiento Sabater, y además autor del delito de asociación ilícita, por cuanto reconoce que sus subordinados actuaban con chapas, e ignora sus identidades, y porque Colonia Dignidad ha sido señalada por los habitantes de Parral y organismos internacionales como centro de detención y tortura de la Dina, de la cual Gómez Segovia era el jefe”.
La Dina ocupaba en Parral una casa ubicada en calle Carrera Pinto 262, cedida por la Colonia Dignidad. En sus dependencias vivían Gómez Segovia y uno de sus lugartenientes, el oficial de ejército Eduardo Guy Neckelmann S., compañero de promoción en la Escuela Militar de Rolf Wenderoth Pozo, Augusto Deichler Guzmán y Nelson Luvvece Massera, oficiales que tras el golpe militar se incorporaron a la Dina. Neckelmann hablaba alemán y había cumplido algunas tareas financieras encargadas por Manuel Contreras. También realizaba misiones de hostigamiento a representantes de la Iglesia Católica.
La casa que la Dina tenía en calle Carrera Pinto, en Parral, desde comienzos de los años 90 fue ocupada como sede de la Asociación Nacional de Amigos de la Colonia Dignidad.
Al finalizar febrero de 1993 llegó hasta el despacho del juez Lientur Escobar uno de los colaboradores de la Dina en Alemania. Se trataba de Wolf Von Arnswaldt, ex cadete de la Escuela Militar que había abandonado Chile en 1971 y que se encontraba trabajando para LAN, en Francfort.
Arnswaldt relató que en 1974 se apersonó en las oficinas de LAN uno de sus ex compañeros en la Escuela Militar, Christopher Willike, quien le dijo que trabajaba para el gobierno militar. Poco tiempo después ese antiguo camarada le presentó a Alfred Schaak, representante legal de Colonia Dignidad en Alemania y muy cercano a Paul Schäfer. En los tres años siguientes, Arnswaldt recibió periódicamente unas maletas que le entregaba Schaak para ser enviadas a Chile, a Colonia Dignidad. En Santiago las maletas eran recibidas por Alfred Matus, uno de los encargados de Dignidad en la Región Metropolitana, quien tenía oficinas en una casona en la calle Campos de Deportes.
Luego, la Dina encargó a Arnswaldt la creación de una “oficina periodística” en Francfort, desde la cual se recogía información sobre los exiliados chilenos en Alemania. A cargo de esa empresa de pantalla quedó Angélica Radman, hermana de otro hombre que también trabajaba para Paul Schäfer.
Hoy parece claro que el ex líder de la Colonia Dignidad, detenido después de nueve años de búsqueda acusado también de abusar sexualmente de niños confiados a su cuidado, fue un entusiasta colaborador de la Dina y facilitó las instalaciones de Colonia Dignidad para la práctica de la tortura y la desaparición de personas.
Manuel Contreras llevó a su hijo al fundo El Lavadero para que fuera protegido por los colonos alemanes mientras él se dedicaba a cazar partidarios del gobierno de Allende. Hasta allí también llegaron los más diversos personeros del régimen militar, para conocer los “talentos” de los colonos y agradecerles sus servicios en la “cruzada” contra el marxismo.
Esos contactos les permitieron no ser molestados durante casi dos décadas, hasta que tras el retorno a la democracia, en 1990, las autoridades decidieron investigar las tropelías ocurridas al interior del fundo El Lavadero. Surgieron entonces las redes de protección durante tanto tiempo tejidas.
En 1991, todos los senadores de la derecha, excepto Sebastián Piñera, acudieron en ayuda de Paul Schäfer para impedir que se revocara la personalidad jurídica de Colonia Dignidad. Ellos fueron Sergio Onofre Jarpa, Beltrán Urenda, Sergio Diez, Ignacio Pérez Walker, Sergio Romero, Francisco Prat, Mario Ríos, Hugo Ortiz de Filippi, Bruno Siebert, Jaime Guzmán, Arturo Alessandri, Ricardo Martin, Olga Feliú, Sergio Fernández, Santiago Sinclair y William Thayer.
En septiembre de 1993, diez miembros de la Corte Suprema fueron recusados para fallar en un asunto que afectaba a la Colonia, debido a sus reiteradas opiniones a favor del reducto alemán. Ellos eran Servando Jordán, Enrique Zurita, Roberto Dávila, Lionel Beraud, Arnaldo Toro, Efrén Araya, Marco Aurelio Perales, Germán Valenzuela Erazo, Hernán Alvarez y Oscar Carrasco.
En 1997, La Nación reveló que la senadora designada Olga Feliú, casada con el abogado Waldo Ortúzar, ex abogado integrante de la Corte Suprema, había realizado labores profesionales en defensa de los jerarcas de Villa Baviera. Incluso aparecía gestionando la entrega de un niño chileno dado en adopción al entonces segundo hombre de la colonia, el doctor Hartmut Hopp. Y así sumaban y seguían.
Ministros de la dictadura militar como Sergio Fernández, Mónica Madariaga y Jaime del Valle, se transformaron en abogados o consejeros legales de Schäfer y sus hombres; parlamentarios de la UDI, como Hernán Larraín, actual presidente del Senado, y de RN acudían presurosos a defender a los colonos, intentado transformarlos en víctimas cuando en verdad habían sido implacables victimarios. Un ex trabajador de Colonia Dignidad, José Vedder Veuhoff, secuestrado desde los nueve años en el fundo de los alemanes, denunció que el senador Hernán Larraín era uno de los políticos que prestaba ayuda a Schäfer. En una oportunidad, dijo Vedder quien consiguió escapar, Larraín y el entonces senador Bruno Siebert -también de la UDI- se hicieron presentes en la colonia para pedir que los colonos depusieran una huelga de hambre en protesta por los allanamientos policiales, pero que renovaran su juramento de lealtad a Schäfer y a los nuevos jerarcas de la colonia (ver PF 564).
El arresto de Paul Schäfer en Argentina abre ahora una oportunidad para aclarar numerosas interrogantes sobre lo ocurrido durante casi cuarenta años en las misteriosas comarcas del fundo El Lavadero. Ello, no obstante las numerosas dudas que surgen sobre la operación periodístico-policial que permitió su ubicación y captura. Dudas que se acrecientan al observar que los nuevos dirigentes de Colonia Dignidad son los mismos que durante muchos años fueron incondicionales colaboradores del hoy anciano y enfermo ex jerarca detenido
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