Reparación política (y no económica) desde el Estado

Dos contextos diferentes, absolutamente distintos, rodean al aniversario número 30 del golpe militar y al de hace diez años, cuando se cumplieron dos décadas del inicio de la larga noche genocida. Aquella vez la Asociación Madres de Plaza de Mayo también había dispuesto un recital musical y un discurso de su Presidenta a la misma hora en que fue pronunciado el primer comunicado de la Junta militar. “Encuentro de rock para contar”, llamaron las Madres a su actividad, que fue igualmente multitudinaria. La diferencia de contexto se encuentra en las decisiones oficiales. Carlos Corach era el Ministro del Interior de una administración política, la de Carlos Menem, que hacía sólo un año había logrado su reelección. El menemato estaba en su apogeo. La derecha, cebada y exultante. Tanto, que Corach pretendió impedir el acto de las Madres invocando que ellas no habían pedido permiso para ocupar la Plaza de Mayo ni solicitado protección policial. Las Madres, claro, desobedecieron soberanamente la prohibición y el acto se desarrolló normalmente. Fue un hecho político notable, que inició una sucesión de actos para el 24 de marzo de cada año siguiente, cada uno más concurrido que el anterior.

A treinta años del golpe, las Madres de Plaza de Mayo lucen victoriosas. Caminan a paso firme, como cabalgando. Son serias y cada vez es más pronunciada su autoridad referencial en las luchas populares. Definitivamente, demostraron tener razón al oponerse a todas las iniciativas reparatorias ofrecidas desde el Estado durante estos años. Las Madres observaron que aquellas eran políticas del chantaje, de la deshonra, del individualismo. Desde su abrupta aparición en las calles, sin demasiada experiencia política previa, casi recién salidas de la cocina de sus casas, las Madres ya advirtieron que su lucha iba a ser larga y que no debían atenuarse ante el primer guiño por parte del Estado. El alentador viraje emprendido por el presidente Néstor Kirchner puso en negro sobre blanco a todos los gobiernos anteriores. Desde el día que el actual mandatario, recién llegado a la Casa Rosada, descabezó a las cúpulas militares, comenzó una prolongada lista de hechos políticos de gran relevancia histórica y simbólica, que laurea la posición sostenida arduamente por las Madres en contra de la reparación económica, los parques de la memoria, la exhumación de cadáveres, la CONADEP.

Turbada y conmovida, entonces, asistió la sociedad a los días previos al 30º aniversario del golpe militar genocida de marzo de 1976. Actos en repudio a los asesinos y de reivindicación de los desaparecidos, se extendieron por todas las instancias sociales. En escuelas, sindicatos, universidades, cines, diarios y canales de televisión que hasta ayer fueron cómplices de la dictadura, el análisis del brutal genocidio, desde sus motivaciones hasta sus resultantes, ocupó un lugar central. Discursos en los ministerios, plaquetas en el Colegio Militar de la Nación. Hebe de Bonafini envuelta (abrazada, como ella poetiza) en su pañuelo blanco, cantando el himno en las narices de los altos mandos castrenses. El mismísimo Estado haciéndose cargo radicalmente de su responsabilidad en la historia reciente del país. Y sin hipocresía. He ahí, precisamente, la turbación, el espasmo, la sorpresa.

Aunque sorpresa, en verdad, no es la palabra exacta. La administración política que hoy ejerce el gobierno, no promueve especulativamente, ni de modo casual, tantos actos recordatorios. Esta metodología configura una política de Estado que ha sido medular desde el inicio de la gestión del presidente Néstor Kirchner, allá por mayo de 2003. No hay asombro, entonces, sino coherencia, vínculo, ligazón.

Existe una continuidad indiscutible y saludable entre la expropiación de la ESMA a la Marina de Guerra argentina en 2004, y la reciente declaración de feriado nacional inamovible para cada 24 de marzo. Tres días antes del aniversario, Hebe disertó en una dependencia estatal junto a la ministro de Defensa, Nilda Garré, y frente al Jefe del Ejército, General Bendini, quien no tuvo otra opción que escucharla atentamente y oírla sospechar en forma airada de las “autocríticas” militares. El discurso del presidente Kirchner en el Colegio Militar, en el que volvió a reivindicar a los victimizados por la dictadura (desde desaparecidos hasta exiliados) y señaló la matriz económica y de clase que motivó la represión, identificándola en la persona de José Alfredo Martínez de Hoz, no es un mero detalle sin costo político alguno, como le inflingen los contreras por izquierda. El poder militar ha sido, históricamente, el brazo armado mejor dispuesto de la oligarquía autóctona, financiera a veces, vacuna otras. Por ello, la actual política oficial en derechos humanos redunda en hechos gratificantes y de profunda significancia política e histórica, que se convierten en verdaderos hitos en la lucha popular por la libertad y contra la tiranía. Configuran un paso decisivo en el largo derrotero de quienes hace largo rato que pugnan contra la impunidad y sus variadas formas: la teoría de los dos demonios, la memoria impolítica, el olvido a secas.

Asimismo, dan la razón a las Madres en sus planteos más trascendentales, formulados durante sus 29 años de lucha bajo las peores condiciones coyunturales y casi siempre en soledad. Quienes estuvieron de acuerdo en cobrar las indemnizaciones económicas pagadas desde Menem hacia delante en bonos cotizables en la Bolsa de Comercio, lo hicieron argumentando que el resarcimiento monetario significaba el reconocimiento estatal del genocidio. Y se equivocaron. Se mostraron ofendidos cada vez que las Madres les enrostraron haberse prostituido, pero ahora debieran reconocer que ellas objetaban en la dirección correcta. La continuidad de actos y recuerdos sinceros y profundos, sí conforma la consideración estatal que se exigía, y no el pago de vergonzantes reparaciones patrimoniales. Ésta sí es la reivindicación histórica y política que se demandaba al Estado, sin las palabras “pacificación” y “reconciliación” de por medio, y no la profusión de fallutos homenajes póstumos. Humillar al partido militar es ordenarle públicamente, con un gesto austero, al Jefe del Ejército que descuelgue los cuadros de los genocidas Videla y Bignone, y no las exhumaciones de cadáveres, que sólo pretendieron hacer una instalación de la muerte y del horror para sugerir la desmovilización popular. Ahora sí se advierte claramente dónde está la hipocresía estatal de la CONADEP, y dónde la verdad histórica de los cambios en los planes de estudio para la formación castrense. Pasaron treinta años, pero drásticamente, la Aparición con Vida exhortada por las Madres derrotó al Nunca Más de Sábato y la Cámara Federal.

Aún falta el Poder Judicial

No obstante, resta aún mucho camino por recorrer y variadas injusticias por desandar. Revelar la oscura y siniestra trama de complicidades con el genocidio es una tarea compleja, ardua, pero necesaria. Kirchner señaló valientemente que todavía falta la autocrítica de los sectores de la prensa; que aún no han tenido castigo los grupos económicos que reclamaron el golpe y se beneficiaron con el modelo instalado por la dictadura; que la Iglesia también estuvo implicada; que desde algunos partidos políticos se sostenía que Videla era un general democrático. Le faltó a Kirchner mencionar que aún no ha sido inspeccionado el rol del Poder Judicial de la Nación.

A la Justicia el presidente sólo le reclamó declarar inconstitucionales los indultos, pero también debe exigírsele su profunda reconversión a los tiempos democráticos. El estamento de los jueces permanece casi intacto y su transformación sigue siendo un tema pendiente de la flaca legalidad argentina. El reconocimiento a los trabajadores judiciales desaparecidos, entre ellos un Defensor Oficial, sigue viniendo de parte del sindicato de empleados y no desde la más alta investidura del corpus jurídico. La actual composición del Consejo de la Magistratura apenas si publicó una solicitada el 24 de marzo, en la que tibiamente declara la inconstitucionalidad del golpe militar. Suena a risa, pero es la más purita verdad. La declaración lleva la firma de todos los representantes políticos (diputados, senadores, Poder Ejecutivo), abogados y académicos, pero las de sólo dos de los cuatro jueces. Uno de los no firmantes es, justamente, el que debiera ser más importante: el Presidente del Cuerpo, que también lo es de la Corte Suprema, Enrique Petracchi; el otro es Abel Cornejo, juez federal de Salta, célebre por reprimir salvajemente cada una de las movilizaciones de los desocupados de General Mosconi y Tartagal. Contingencias de la justicia argentina. Más allá de las firmas, el texto consensuado entre 17 de los 20 miembros, no hace ni una sola mención a la triste actuación de los magistrados durante la dictadura, que convalidaron jurídicamente la mayor tragedia nacional, archivando hábeas corpus, revalidando la existencia de prisioneros políticos y mirando hacia otro lado ante las evidencias de la muerte clandestina y el horror. Y las Madres, claras, perciben esa imperiosa reformulación que debe hacerse del Poder Judicial. No en vano Hebe volvió a subrayar en su discurso del 24 de marzo, que aún permanecen en funciones más de 400 magistrados de la dictadura. “A ellos también tenemos que sacarlos, no con Juicio Político: hay que echarlos de un plumazo”, exclamó. No sin agudeza ellas exigen cárcel a los jueces genocidas y otros jueces para la democracia.

Las Madres han demostrado estar acertadas en sus previsiones y enunciados políticos. El treinta aniversario del golpe las encuentra vencedoras y lúcidas, claros testigos de la eficacia de no claudicar ni ante el más infausto de los vaticinios. Apasionadamente tercas de amor y de verdad, se impusieron. El reconocimiento les llega justo a tiempo: a treinta años del golpe, a casi 29 años del inicio de su gesta, bajo la sabia luz de su ejemplo. El goce, sin embargo, no las apolilla. El enemigo palidece. El pañuelo blanco ya está alistándose para la próxima contienda.