Reporteros Sin Fronteras acude en auxilio de Dasquié y Brisard

Reporteros Sin Fronteras acude en auxilio de Dasquié y Brisard El 31 de octubre de 2006, Guillaume Dasquié y Jean-Charles Brisard publicaron en diarios importantes de la prensa europea un documento en el que presentaban sus excusas a la familia Ben Mafhouz por las acusaciones injustas en su contra que ambos habían emitido en el libro La Vérité interdite [La Verdad prohibida. Nota del Traductor.] y en el informe Le Financement du terrorisme [El financiamiento del terrorismo. Nota del Traductor.] (este último firmado solamente por J.-C. Brisard). Conforme a los términos de un acuerdo entre abogados, las excusas permitían a ambos autores evitar fuertes condenas por difamación. La Red Voltaire decidió entonces hacerse eco de dichas excusas y señalar el replanteo que estas implican para las alegaciones anteriormente emitidas en los trabajos de estos autores, considerados expertos mediáticos en terrorismo, cuyas afirmaciones, ahora oficialmente desmentidas, contribuyeron ampliamente a presentar el «peligro islamista» en la prensa dominante de Occidente. Demostrábamos así que, lejos de tratarse de un error aislado, la difamación contra los Ben Mafhouz era parte de un plan mediático tendiente a poner en escena un supuesto financiamiento saudita de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Sin embargo, una campaña de relativización de dichas excusas se ha puesto rápidamente en marcha. El 3 de noviembre de 2006, Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresó indignación por la publicación de las excusas. El secretario general de RSF, Robert Menard, declaró: «Es una novedad inquietante (…) Eso quiere decir que usted va a poder emprender acciones judiciales contra alguien en un país que tenga una legislación que le sea favorable. Que después usted podrá comprar espacio en los periódicos de un país donde no hubo nunca acción judicial ni condena. Hace 20 años que dirijo RSF y nunca he vista nada parecido». O sea, pasando por alto el problema esencial, que era el desmentido de gran parte de las informaciones sobre «el terrorismo internacional», RSF prefiere presentar el asunto como un grave ataque a la libertad de prensa. Es por consiguiente a partir de esa perspectiva que la prensa dominante comentará en lo adelante las excusas de Dasquié y Brisard.

Ante tanta mala fe, se hace necesario recordar ciertos elementos sobre este caso. Primeramente, es importante observar que, al contrario de lo que se dijo, los principios del derecho que tienen que ver con la prensa son exactamente los mismos en Francia y en el Reino Unido (excepto únicamente en la cuestión del respeto de la vida privada, que no es el tema en este caso) así como en todos los países firmantes de la Convención Europea de Derechos Humanos. Sin embargo, la aplicación de estos principios es mucho más meticulosa en el Reino Unido, donde los procesos judiciales sobre el tema son a la vez mucho menos numerosos y mucho más largos. Las sanciones británicas son también mucho más severas. Si Dasquié y Brisard fueron objeto de duras condenas por parte de la justicia británica no fue por causa de una formulación desafortunada o de una información secundaria sino porque la tesis expuesta en su libro tenía un carácter difamatorio. Veamos el resumen de dicha tesis tal y como aparece enunciado en la contraportada de la edición francesa del mencionado libro: «[Esta investigación] va a las profundidades de la galaxia de Osama Ben Laden y de sus aliados, sacando a flote la figura de poderosos financieros [los Ben Mahfouz], a la vez socios de Occidente y tesoreros del terror» [En francés: «[Cette enquête] plonge en profondeur dans la galaxie d’Oussama Ben Laden et de ses alliés, faisant émerger la figure de puissants financiers [les Ben Mahfouz], à la fois partenaires de l’Occident et argentiers de la terreur»]. Sin embargo, los autores fueron incapaces de sostener dicha acusación y no pudieron probar que los Ben Mahfouz hayan financiado a Al-Qaeda.

Por otro lado, Dasquié et Brisard no fueron condenados por un tribunal de excepción de una dictadura sino por un tribunal ordinario británico. Y, según la propia asociación RSF, el Reino Unido ofrece a los periodistas más garantías que la misma Francia (en la clasificación de los países que más respetan la libertad de prensa, RSF otorga al Reino Unido la posición 27 mientras que Francia aparece en el lugar 35). Además, es preciso señalar que el Reino Unido ha afirmado acuerdos con numerosos Estados anglosajones de forma tal que las decisiones de la justicia británica en un caso de difamación tienen carácter ejecutorio en todos esos países y viceversa. Y, finalmente, como la familia Ben Mafhouz dispone de propiedades en territorio británico, donde el libro fue puesto en venta y suscitó numerosos comentarios en la prensa británica, no tiene nada de extraño que esa familia haya decido emprender sus acciones legales precisamente en Londres.

Invitado al programa J’ai mes sources, de la radio estatal France Inter, el 6 de noviembre de 2006, uno de los autores de La Vérité interdite , Guillaume Dasquié, afirmó que la condena se debió solamente a ciertas particularidades del derecho británico y que no fue él quién redactó y pagó los espacios publicitarios [en los que fueron publicadas las excusas], ocultando sin embargo el hecho de que estos llevan su firma. Oyendo a Dasquié, parecería que el contenido de las excusas que firmó no merece credibilidad ni atención y que sólo hay que ver en ellas el capricho de una familia de millonarios de conducta turbia. Esa manera de ver las cosas tendrá sin dudas muchísimo éxito entre quienes incorporaron a sus propios análisis las acusaciones difamatorias de Dasquié y Brisard y que siempre van a preferir esa interpretación de los hechos antes que poner en duda el sacrosanto cliché de la «guerra contra el terrorismo». Después de todo, aunque la justicia francesa lo condenó por difamación después de la publicación de su panfleto contra L’Effroyable imposture de Thierry Meyssan, Guillaume Dasquié no perdió por eso su estatus de «experto» ante los medios de difusión, que simplemente ignoraron el veredicto de la justicia.