Represión contra el pueblo

Una cosa es hablar de la democracia y otra ejercerla. Lamentablemente se ha transformado en una palabra vaciada de contenido.

Las graves violaciones de los derechos humanos contra el pueblo de Andalgalá en la provincia de Catamarca, dejan al descubierto el saqueo, la destrucción del medio ambiente, la contaminación de los ríos y el despojo de los derechos del pueblo, con la complicidad del gobierno provincial y del gobierno nacional, y cómplices son las empresas mineras como la Alumbrera y Agua Rica, que buscan sus intereses económicos y no respetan el derecho del pueblo.

La resistencia y movilización de las organizaciones populares en Andalgalá, como la Asamblea del Algarrobo, reclaman sus derechos como ciudadanos, para que no se destruya su hábitat y condiciones de vida.

El gobierno no busca solucionar el problema, ni respetar el derecho del pueblo; su respuesta es la violencia policial y de la gendarmería para reprimir y encarcelar a quienes defienden sus derechos y se oponen a la explotación, al saqueo y la contaminación provocada por las empresas mineras.

El intendente de Andalgalá amenazó al pueblo con llegar a matar si es necesario, para imponer los intereses de la empresa minera y del gobierno, sumándose la complicidad del juez y la fiscal que autorizaron la represión contra las organizaciones sociales movilizadas. Los manifestantes fueron golpeados y detenidos; algunos hospitalizados por los golpes recibidos. Las autoridades tratan de imponer el terror y la persecución a la población.

Hacemos un llamado urgente a los organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, sindicatos, iglesias, tanto a nivel nacional como internacional:

 Reclamamos: la inmediata suspensión de las medidas de expulsión contra el pueblo de su lugar originario, para beneficiar a la empresa minera.

 Exigimos sancionar a quienes autorizaron la represión contra el pueblo, y solicitamos la destitución por faltas graves de funcionarios públicos, al intendente, juez y la fiscal.

 Reclamamos al gobierno de la Provincia de Catamarca la inmediata suspensión de las medidas tomadas contra el pueblo de Andalgalá, y al gobierno Nacional que asuma la decisión política de una nueva ley de minería, que contemple la responsabilidad y protección del medio ambiente y el derecho del pueblo, hoy vulnerado por una ley inmoral e injusta que privilegia los intereses de las empresas mineras sobre la vida del pueblo.

 Hacemos responsable de los daños causados al pueblo de Andalgalá a las autoridades del gobierno de Catamarca, al intendente, al juez y la fiscal, como a las fuerzas de seguridad que provocan mayor inseguridad y actúan contra el pueblo.

 El Ministro del Interior de la Nación debe intervenir para evitar daños contra la población y el medio ambiente.

El problema que vive el pueblo de Andalgalá no es un hecho aislado en la situación que vive el país en diversas provincias, sometidas a políticas de explotación y daños al pueblo para beneficiar a las empresas la Alumbrera y la Barrick Gold, entre otras.

Debemos recordarles a los gobernantes que están en sus cargos para servir al pueblo y no para servirse del pueblo y estar al servicio de intereses extranjeros.

A los pobladores, asambleas y organizaciones sociales quiero expresarles toda la solidaridad y apoyo y que continúen la resistencia en la esperanza por la vida y el derecho que como pueblo los asiste en forma indelegable.