Retorno a Copala

Fidelfia tiene 12 años; su hermana, 14. La mayor es tímida, apenas habla; entrelaza y desata sus dedos, mientras Filadelfia denuncia con voz clara y fuerte. Se nota el carácter, la fuerza, también la desesperación: “Es que mis hermanitos no tienen nada. Mi papá no puede trabajar por el balazo en la cabeza. Mi abuela tampoco: se lastimó un brazo al salir por el monte. Por eso, nosotros les mandamos dinerito, pero no nos alcanza para todos”.

Para la niña triqui, no hay más opción que trabajar, tejer todo el tiempo, todos los días. Las diademas que elabora apenas si le dan para comer y mandar un poco de “dinerito” a Yosoyuxi –la comunidad vecina de San Juan Copala, de donde escapó con su familia el año pasado.

Teresa Ramírez Sánchez, mujer triqui, de 32 años de edad, era la madre de Fidelfia. Fue asesinada al pie de la carretera el 19 octubre de 2010. Apenas había salido de la tierra que la refugiaba, una bala atravesó su espalda. Su esposo y padre de seis hijos, Jordán Ramírez González, libró la muerte, pero ahora padece enfermedades, hambre, desempleo, la orfandad de su familia y la suya.

“Allá teníamos todo: ropa, huaraches. Mi papá sembraba frijol, maíz, quelite, también guayabas y duraznos; con eso comíamos. Ahora comemos lo que se puede”, dice la niña ataviada con un huipil rojo que le tejió su abuela.

Fidelfia va de una oración a otra, trata de decir todo, que nada se le olvide. Ella quiere regresar a su casa. “Nos salimos de Copala porque los del MULT [Movimiento de Unificación y Lucha Triqui] y la Ubisort [Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui] nos disparaban”.

“Teníamos miedo. Nos prestaron una casa en Yosoyuxi; ahí nos quedábamos. Pero nacimos en Copala. Nos acostumbramos a vivir ahí, ahí pensamos que es nuestro único hogar. Mi mamá era buena, trabajadora, nos quería”, dice.

A Fidelfia y a sus hermanos se les acabó todo: la tranquilidad, la alimentación precaria, pero asegurada al día; la escuela, la familia, la infancia. “Desde que mi mamá murió, nos tuvimos que venir a México, con mi tía, a vender diademas”, relata.

Como la familia de Filadelfia, otras 300 (más de 1 mil personas) salieron huyendo de las balas, las violaciones sexuales, los golpes y el saqueo en San Juan Copala, centro ceremonial de la región triqui en Oaxaca. En ese lugar se desató una guerra silenciosa comandada por paramilitares.

Desde noviembre de 2009, los habitantes que exigían autonomía para el municipio de San Juan Copala –hombres, mujeres, niños y ancianos– viven asilados en el zócalo de su propio estado o el de la ciudad de México. Salieron poco a poco, mes tras mes, en espera de que todo terminara pronto.

Ahora, viven en “plantones” donde padecen la incertidumbre, la zozobra, el hambre y el abandono de los gobiernos. También llegaron a Guadalupe Tilapa, Yosoyuxi, Santa Cruz Tilapa, Agua Fría, pueblos vecinos en los que encontraron un amparo.

La indiferencia

Los portones de Palacio Nacional, cerrados. En el mástil no había bandera que ondeara ante su paso. Soldados y policías los miraban de reojo, como negando a su propio pueblo. Algunos con sorna, indiferencia o incomprensión. Llegaron los indios, los desplazados. Los triquis habían arribado a la plancha del zócalo capitalino después de cinco días de recorrer carreteras y caminos. El fin: intentar el regreso a su comunidad.

Alzaban cinco mantas con la exigencia de justicia y respeto para su pueblo. Gritaron consignas que parecían irse al vacío. Hubo eco sólo entre ellos y sus acompañantes. Son los desplazados de San Juan Copala que marcharon con la misma fuerza bajo una pertinaz lluvia o a los rayos del sol. Ellas, ataviadas con su huipil de estambre rojo y listones de colores, que se levantan a la menor provocación del viento.

Las mujeres que encabezan la Marcha del Color de la Sangre –como se le llamó a esta manifestación de los indígenas del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente– fueron escoltadas por sus hombres, maestros, obreros, campesinos.

No hubo cámaras de video que transmitieran a nivel nacional el conflicto que ha dejado a más de 300 familias sin vivienda, sin tierras donde sembrar. Tampoco, micrófonos que llevaran a las estaciones de radio la problemática.; pero sí, escasas plumas, que parecía no tener espacio en sus medios. Nada se publicó, nada se dijo, como si nada pasara.

Acompañados por la sociedad civil, los campesinos, los despojados del empleo, sus bienes. Unas 500 personas rodearon la plaza principal para exigir justicia y el esclarecimiento de la muerte de Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y Jiry Jaakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés, asesinados el 27 de abril de 2010 en la comunidad La Sabana cuando pretendía entrar la primera caravana de paz a la zona.

Justicia, también para Timoteo Alejandro Ramírez, líder triqui de la comunidad de Yosoyuxi e impulsor del Municipio Autónomo de San Juan Copala, ejecutado con Tleriberta Castro, su esposa, el 20 de mayo de 2010. Justicia para los más de 20 muertos que ha dejado el asedio paramilitar en la zona. Justicia para las mujeres violadas; para los desplazados que ahora quieren regresar a su tierra.

Triquis en el DF

Llegaron la madrugada del 25 de mayo. Habían pasado por Oaxaca, Puebla y el Estado de México. Recorrieron universidades, campos, urbes. Acamparon donde les abrieron las puertas, donde también hay problemas, donde se busca la unión.

En el Distrito Federal, pernoctaron en las casas semidestruidas que ha dejado la obra de la Supervía, en la colonia La Malinche, delegación La Magdalena Contreras. Como en un campo de batalla, los niños jugaban entre los escombros. Allí, se prepararon 30 kilos de maíz para pozole, se escucharon discursos, se bailó. Fueron recibidos por los integrantes del Frente Amplio contra la Supervía Poniente, quienes se oponen a la construcción privada de capital español que impulsa el gobierno de Marcelo Ebrard al Sur de la ciudad.

Un día antes habían estado en la Universidad Autónoma de Chapingo y en el pueblo de San Salvador Atenco, donde Ignacio del Valle, líder de los campesinos de esta comunidad, les entregó un machete como símbolo de resistencia.

En La Magdalena Contreras, Rafael Martínez, vocero del Frente Amplio contra la Supervía Poniente, dice que “el desplazamiento de las personas no sólo se está dando en las comunidades indígenas en toda la República, sino también en las ciudades, con el propósito de realizar grandes obras. Cuando los gobiernos ya no funcionan, creemos que ya no importa a quién se le pega. Hoy en día lo hacen con la gente del Municipio Autónomo de San Juan Copala, pero también lo hacen aquí. Es importante tener este vínculo para ver cómo podemos hacer esta lucha frontal”.

Timoteo sigue

Se va terminando el recorrido. Una centena de mujeres triquis se enfilan en dos grupos, levantan las fotografías de sus muertos. Ahí va Bella Alejandro, hija del líder triqui Timoteo Alejandro. Grita, sonríe, comparte con sus compañeras la consigna “¡Gabino, Gabino, castigo a los asesinos!”.

“De mi padre aprendimos mucho; nos enseñó a apoyar a las personas y a ser solidarios. Nos decía que debíamos compartir todo. Le importaba mucho la gente de San Juan Copala y a las de las otras comunidades también. Daba su propia vida por ellos; la dio, lo hizo.

“Nos enseñó a cuidar a las mujeres. Nos mandaba a aprender de los derechos de las mujeres con Bety Cariño. Lo que más nos ha dolido de todo esto es que los de la Ubisort y del MULT no sólo han asesinado a los hombres, también han violado a las mujeres. Eso es un horror. Mi padre nunca quería eso”, recuerda la joven de 18 años.

Bella creció en Yosoyuxi; ahora vive en todas partes. Después del asesinato de su hermano, su padre y la esposa de éste, nada es seguro. Va de un estado a otro en busca de trabajo, de sustento. Supo de esta marcha mientras se conmemoraba un año de la muerte de Timoteo en su comunidad.

“A veces no sé qué hacer; no tengo ganas de nada, me siento muy triste. Pero, como un día dijo mi padre, así es la vida. Lo que tengo ahora es a su gente; por eso estoy aquí”, dice.

La autonomía

La calle 5 de Mayo, en el centro histórico de la ciudad de México, es el escenario donde los reclamos, los machetes y la fuerza se combinan. Ahí van los triquis, también los opositores a la Supervía, los adherentes a La Otra Campaña y los universitarios.

Ahí va Ignacio del Valle, excarcelado el 1 de julio de 2010 luego de permanecer cuatro años y 27 días recluido en el Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano por el delito de secuestro equiparado.

También, Ángel Benhumea, padre de Alexis Benhumea Hernández, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México asesinado en 2006. El joven fue herido en la cabeza por un proyectil de gas lacrimógeno durante los hechos violentos del 4 de mayo en San Salvador Atenco.

Con el machete en alto, Ignacio del Valle habla de la autonomía que exige San Juan Copala: “Quien en su boca tiene la palabra autonomía es porque encierra una actitud de conciencia revolucionaria. Plantea la no dependencia, la libertad, la democracia. Quizá en una forma que pareciera rudimentaria, es lo que significaría en un país la soberanía, la libertad de decidir el futuro de una comunidad.

“Conseguir la autonomía no es fácil, es todo un proceso de conciencia de quienes esgrimen en su voz esa forma de querer vivir diferente. La diferencia está en reconocernos como pueblo, en fincar un futuro que emerja de la decisión de cada uno de los ciudadanos. Esto es consecuencia de que el sistema ha llegado a un punto de crisis, en donde ya no se enmascara, reprime a la gente que protesta”, dice.

Medidas cautelares ineficaces

Desde septiembre de 2010 se han pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la seguridad y protección a más de 1 mil habitantes de San Juan Copala y las comunidades aledañas.

Sin embargo, Priscila Rodríguez Bribiesca, abogada responsable de la solicitud al organismo interamericano, dice que “el gobierno mexicano no ha hecho nada en estos nueve meses que lleva de desplazamiento, pese a que la CIDH ordenó al gobierno mexicano entablar reuniones semanales con los primeros 135 beneficiarios de estas medidas cautelares”.

El pasado 24 de mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también emitió una serie de recomendaciones, entre las que destaca: “Se tomen las medidas inmediatas que se consideren pertinentes para lograr la efectiva restitución de los derechos humanos a la seguridad pública, a la educación, a la protección de la salud y al libre tránsito de los habitantes de San Juan Copala, Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, con el propósito de preservar el orden en la comunidad, sentar las bases para la consecución de una convivencia social armónica perdurable; y garantizar la no repetición de estos actos violatorios de los derechos humanos y se remitan a este organismo nacional las constancias que acrediten su cumplimiento”.

Las recomendaciones fueron dirigidas al gobernador Gabino Cué Monteagudo, a la diputada Eufrosina Cruz Mendoza –presidenta de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso oaxaqueño–, y a los integrantes del Ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, dice a Contralínea que, con ello, “estamos acompañando por segunda ocasión a los miembros de la caravana que proceden de San Juan Copala. También que se puedan abrir los canales institucionales para dotar de garantías adecuadas a todos los miembros de la comunidad y que puedan ejercer plenamente sus derechos, sobre todo vivir con la seguridad adecuada”.

La CNDH ordena que se instrumenten las acciones “necesarias para garantizar el retorno de los pobladores que, con motivo de la inseguridad que prevalece en San Juan Copala, abandonaron sus domicilios; así como impulsar el desarrollo regional, con el propósito de fortalecer la economía local y mejorar las condiciones de vida de todos sus habitantes”.

Para el organismo defensor de los derechos humanos, es necesario que se “instruya a quien corresponda para que se repare el daño a las víctimas del presente caso, con motivo de la actuación irregular de los servidores públicos del Estado, tendientes a reducir los padecimientos que presenten en cada situación en particular a través del tratamiento médico y sicológico que sea necesario parar establecer su salud física y emocional”.