Retos y desafíos sobre las minas antipersonal en Colombia

Desde la década de los 70, especialmente en el departamento de Santander, los colombianos nos asomamos a la tragedia que producen las minas antipersonal. Esta arma se convirtió en una amenaza cotidiana en especial para los campesinos del Municipio de San Vicente de Chucurí quiénes fueron observando como sus vecinos quedaban mutilados y con ello se frustraban sus ambiciones de tener un desarrollo personal, social, económico, digno y adecuado. Niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos sufrieron los rigores de esta arma y con ello, sumaron a la historia del pasado de su región -colmada de hechos de violencia- la tragedia de la mutilación corporal, la imposibilidad de una vida social plena y la disolución de sus entornos sociales y familiares.

Para esta época -especialmente en Europa y los Estados Unidos- crecía una movilización ciudadana que promovía el acuerdo entre los Estados para que se abandonara el uso, fabricación, comercialización, desarrollo tecnológico y la transferencia de minas antipersonal. Este acuerdo es lo que hoy conocemos como Convención de Ottawa, suscrita en 1997 por la comunidad de naciones para proscribir las minas antipersonal MAP y limpiar todos los territorios sembrados con ellas.

En 1997 el Gobierno de Colombia poseía una planta de producción de minas antipersonal MAP en las instalaciones dela Industria Militar -Indumil- y el ELN era usuario permanente de las minas, las fabricaba de manera artesanal en sus campamentos y logró “posicionar” el nombre de las “minas quiebrapatas”.

A pesar de las innumerables solicitudes de información hechas al Ministerio de la Defensa y al Minist erio de Relaciones Exteriores por parte de la Campaña Colombiana Contra Minas CCCM [1], el Monitor de Minas Terrestres -Landmine Monitor LMM [2]- por sus siglas en ingles- y la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres ICBL, hasta la fecha, no ha sido posible identificar el número de minas producidas por Colombia y la fecha de inicio de las actividades de producción de esta arma.

Colombia firmó el tratado de prohibición de minas el 3 de Diciembre de 1997, lo ratificó el 6 de Septiembre de 2000 y se convirtió en Estado Parte el primero de Marzo de 2001, La implementación nacional de la legislación, Ley 759, entró en vigencia el 25 de Julio de 2002. El observatorio de Minas de la Vicepresidencia de la República es la agencia estatal encargada de integrar el trabajo de acción contra minas y es la secretaría de una comisión interministerial nacional de acción contra minas. Colombia a pesar de haber creado un Observatorio de Minas antipersonal aún no posee un sistema de información y una cultura de reporte de accidentes por parte de las autoridades locales.

Uso de minas antipersonal

Los Actores Armados No Estatales –ANE- particularmente las FARC, continúan usando minas antipersonal. El ELN es también usuario de las mismas. En regiones del departamento de Nariño como Ricaurte, se ha informado por miembros de las comunidades sobre uso de esta arma por parte de los nuevos grupos armados surgidos luego de las desmovilizaciones y el desarme de los grupos paramilitares.

En zonas como el Vaupes, Magdalena y algunas regiones del sur de Bolívar, se han presentado denuncias de las comunidades sobre uso de minas antipersonal por parte del Ejército nacional. El Ministerio de la defensa ha respondido estas acusaciones indicando que las Fuerzas armadas están usando minas no prohibidas por la convención, como la tipo Claymore.

Las FARC y el ELN aceptan usar minas y lo justifican indicando, en el caso de las FARC que no poseen aviones ni los medios técnicos desarrollados que tiene las fuerzas armadas oficiales para enfrentarlas, afirman que no hacen un uso indiscriminado de ellas y que no las siembran en zonas de riesgo para la población no combatiente; en el caso del ELN, señalan que adelantan acciones de información a las comunidades para que conozcan el riesgo en las zonas sembradas con minas y muestran su disposición para adelantar acciones que reduzcan el impacto en las comunidades afectadas y limpiar territorios que fueron sembrados por sus integrantes en regiones como el sur de Bolívar o en Samaniego en el Departamento de Nariño.

Producción y destrucción de arsenales

La producción oficial de minas antipersonal cesó según fuentes del Ministerio de la Defensa el 18 de noviembre de 1999. La destrucción de aquellas que están en poder de las fuerzas armadas se inició en junio de 2003 y culminó en Agosto de 2004. Se destruyeron en total 18.531 minas. Recientemente el Gobierno anunció la destrucción de 100 minas en propiedad de la Fuerza aérea que se habían guardado para entrenamiento. Esta actividad se adelantará el próximo 27 de Septiembre en la base de Palanquero, Municipio de Puerto Salgar departamento de Cundinamarca.

Mecanismos de protección

La Convención de Ottawa contempla obligaciones a cumplir por parte de los Estados y dirigidas a proteger los derechos de los sobrevivientes de accidentes con MAP. En Colombia estos derechos no se cumplen y salvo excepciones hay una satisfacción de las familias o de los afectados.

El espacio de atención a los sobrevivientes exige una política y una practica institucional que cumpla con los criterios internacionales y con las propias normas nacionales de protección a víctimas del conflicto armado.

Además del problema que significan las minas antipersonal, la Campaña Colombiana Contra Minas CCCM viene registrando como un problema mayor el que se presenta con la Munición Sin Explotar MUSE: Como MUSE nos referimos a aquellos proyectiles explosivos que no explotan luego de ser lanzados en medio de los combates y que se convierten en riesgo para quienes los encuentran en los caminos o regados en zonas de cultivo; la responsabilidad de estos remanentes de guerra la tienen todos los actores involucrados en el conflicto armado. En concreto nos referimos a las granadas de mano, las granadas de mortero, las bombas arrojadas desde los aviones, los obuses o proyectiles de los cañones, en departamentos como el Cauca, las MUSE son un mayor problema que las minas.

¿Cómo ser efectivos en la acción contra minas en la Colombia de hoy?

La acción contra minas exige con urgencia la articulación de todos los actores. Brindar asistencia médica de urgencia a las víctimas, garantizar la rehabilitación física y sicológica de los sobrevivientes, adelantar programas que garanticen la reintegración socioeconómica a las personas, educar en prevención de accidentes y reclamación de derechos a las comunidades en las regiones afectadas por las minas y la munición sin explotar, son las obligaciones del Estado colombiano al firmar la convención de Ottawa. El monitoreo al cumplimiento de sus obligaciones es una tarea de los ciudadanos al tiempo que promover el que -dadas las circunstancias de ser un país en conflicto armado interno- se suscriban acuerdos entre el Gobierno y los Actores Armados No Estatales –ANE- para que se ponga fin a las minas y se limpien los territorios contaminados.

Se requiere que el Gobierno nacional escuche las demandas de la sociedad en este sentido. Frente al proceso de negociación entre el Gobierno y los grupos de autodefensa -o paramilitares-, el Gobierno hizo caso omiso a las peticiones que la CCCM planteó para que el tema de minas se incluyera en la agenda. Ello ha significado que en la zonas abandonadas por los grupos paramilitares no se adelantaron acciones de limpieza de minas; el tratamiento a los integrantes de los grupos paramilitares que se encontraban mutilados por las minas no se ha garantizado y posterior a la desmovilización se han encontrado “caletas” o depósitos clandestinos con cifras importantes de minas, como la encontrada en el departamento del Meta en febrero de este año, que fue adjudicado por las autoridades al bloque “Centauros”.

Los retos de Colombia pasan por articular la acción de la sociedad y la institucionalidad para atender los riesgos ya existentes y a las víctimas identificadas hasta la fecha en número de 6000; se requiere de generación de procesos de fortalecimiento de organizaciones de sobrevivientes que propicien una lucha coordinada por el cumplimiento de sus derechos como víctimas del conflicto armado.

Ahora bien, si queremos detener la siembra de nuevas minas y evitar que se extienda en el territorio nacional el uso de esta arma, el único camino eficiente antes del fin de la guerra es la generación de “Acuerdos humanitarios sobre Minas” entre el Gobierno, las FARC y el ELN.

El reto está planteado.