Revés a la mafia de los derechos humanos

Mafia de Derechos Humanos sufre un revés, pero sigue a la ofensiva

Patricia Cervantes madre de Neyra Azucena Cervantes la jóven que desapareció en la ciudad de Chihuahua, México el 13 Mayo 2003.

Foto Amnistía Internacional

En el 2000, cuando Vicente Fox ganó la presidencia de México, su asesor publicitario mejor pagado, Dick Morris, que encontró empleo en México no obstante que Bill Cinton lo había despedido por corrupto de la Casa Blanca, estableció la agenda de prioridades de Fox, entre ellas acabar con lo que llamó la «cleptocracia» que infestaba el viejo régimen. Azuzados por bribones como Morris y con el objeto de debilitar al Estado Nacional y lograr la privatización de PEMEX, la mafia de derechos humanos se aprestó a buscar la forma de saldar lo que denominaban «cuentas con el pasado».

Aunque el ala más radical de la mafia de los derechos humanos, la que representa, Human Rigths Watch (patrocinada por el banquero George Soros) quería acciones explosivas y drásticas creando una Comisión de la Verdad, a ejemplo de lo que se hizo en Argentina y otros países de América del Sur, el gobierno decidió formar una Fiscalía Especial para movimientos sociales y políticos del Pasado, a cargo de Ignacio Carrillo Prieto.

El jueves 22 de julio, después de dos años de trabajo, el fiscal presentó a un juez su expediente contra el ex-presidente Luis Echeverría y 11 ex funcionarios de su gobierno, acusándolos del absurdo y desmedido cargo de «genocidio» por el caso de la manifestación estudiantil del 10 de junio de 1971, donde resultaron muertos y heridos varios estudiantes. Menos de 48 horas después, el pasado 24 de julio, el juez de distrito en materia penal, César Flores, le dio un sonado revés a la Fiscalía cuando se negó a extender la orden de aprehensión contra el expresidente y sus funcionarios, por considerar que «ya prescribieron» los supuestos delitos.

El Cardenal Primado de México, Norberto Rivera sostuvo que aun cuando no ha concluido el proceso, es de apreciar que ahora sí haya una real autonomía e independencia del Poder Judicial en México y pidió a la ciudadanía ser capaz y tener el valor para llegar a la reconciliación y «no quedar atrapados en el pasado».

Mientras que nadie justifica lo ocurrido en esa ocasión y todos desean que algo así no ocurra nunca en el futuro, hay fuertes discrepancias políticas y jurídicas de que en el caso que se analiza, se tipifique el «genocidio», porque de acuerdo con el Código Penal Federal «comete el delito de genocidio el que con el propósito de destruir total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetrase por cualquier medio delitos contra la vida de los miembros de aquellos, o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo», y eso definitivamente no ocurrió en los acontecimientos en cuestión.

Expertos en genocidio, como el periodista José María Pérez Gay, sostiene que «Desde un principio, el fiscal Ignacio Carrillo Prieto entró en un callejón sin salida. Luis Echeverría no es Heinrich Himmler ni, mucho menos, Pol Pot. Resulta imposible tipificar el delito de genocidio, fundamentar el exterminio total o parcial de uno o más grupos nacionales en la represión del 10 de junio, mucho menos por su pertenencia a instituciones de educación superior».

Según el periódico Christian Science Monitor, (lamentándose de la falta de castigo para los responsables de «violar» los derechos humanos) George Grayson, un académico especializado en México sostiene «qué lo sucedido en 1971 en México no es comparable con el Holocausto» y se pregunta además por qué Fox se lanza contra el blanco incorrecto, como «un ex presidente de 82 años», en vez de usar toda su energía en solucionar el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez o acabar con los cárteles de las drogas, crímenes que están ocurriendo hoy. De acuerdo con ese periódico, se sospecha que quienes han querido fincar el caso en la acusación de «genocidio» pretenden elevar su causa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica o a la Corte Penal Internacional.

Campaña para hacer recordad el triste final de miles de seres humanos que desaparecen cada año y en toda impinidad.

Foto D.R.

Sin embargo, según el analista Julio Pomar, «Prevalece la percepción clara, muy clara, de que es una derrota de Fox y las derechas que lo acompañan. Una derrota, para abundamiento, del método judicial-criminal para dirimir cuestiones políticas. Sólo bastó que un juez pensara con responsabilidad y seriedad en su papel social y jurídico, para que quedara desmoronado el tinglado de linchamiento público contra priístas, contra el PRI y, sobre todo, contra uno de los ex presidentes más nacionalistas que ha tenido México en todo el siglo XX».

Expuestas las entrañas de la «piratería» en las telecomunicaciones en Brasil

Las revelaciones divulgadas en un una serie de reportajes del periódico Folha de São Paulo y otros órganos de la prensa brasileña, sobre las operaciones de espionaje de la empresa de investigaciones internacional Kroll Associates, que enfocaba incluso a autoridades del poder ejecutivo en Brasil, para tratar de favorecer al Grupo Opportunity (un parapeto del Citigroup) en su disputa por el control de Brasil Telecom contra la empresa Telecom Italia, desnudaron de un golpe las implicaciones del desmantelamiento de las funciones vitales del Estado nacional, emprendidas desde finales de la década de 1980, que afectan al aparato de seguridad nacional.

Como ocurrió en otros países iberoamericanos que han tenido regímenes militares, y se intenta actualmente en México, en Brasil, el adviento de las tesis «globalistas» sobre el «Estado mínimo», la «eficiencia» del sector privado y otras incompetencias palpables, se acompañó de una activa campaña para desacreditar a las Fuerzas Armadas y todas las actividades relacionadas con ellas, evidentemente, entre ellas también las actividades de inteligencia.

De esta manera, la eliminación del Servicio Nacional de Informaciones (SNI) dispuesta por el entonces presidente Fernando Collor de Mello, con el aplauso y complacencia de varios sectores de la prensa y de la opinión pública, lanzó las actividades de inteligencia al limbo del que todavía no puede salir, perjudicadas por la falta de una política clara, la escasez de recursos humanos, materiales y presupuéstales aunada a la incomprensión generalizada sobre su importancia para el país.

En el vacío provocado por la mínima presencia del Estado, se observó una proliferación de actividades privadas en el sector y la exacerbación de un ambiente de «ley de la selva» corporativa, que predomina en gran parte de las actividades empresariales, especialmente aquellas vinculadas a las privatizaciones de las empresas estatales brasileñas. En este clima, semejante a la de corsarios ávidos de distribuirse el botín de la ‘piratería’, surgieron en el país centenas de empresas de «inteligencia competitiva», un eufemismo del espionaje y contra espionaje empresarial, actividades que en muchas empresas pasaron a ocupar un lugar más relevante que la buena administración y la planeación estratégica. asimismo, grandes empresas internacionales del sector, como la Kroll Associates, Control Risks Group y otras, se apresuraron a abrir sucursales brasileñas para explotar un promisorio mercado.

Como parte de esta misma tendencia, se transfirieron varias funciones del Estado a organismos no gubernamentales (ONGs), muchos de los cuales están vinculados a intereses extranjeros, especialmente en las áreas de política ambiental e indigenista (Fondo Mundial para la Naturaleza-WWF, Instituto Socioambiental-ISA, etc.); en el combate a la corrupción (Transparencia Internacional) y en el área de seguridad pública (Movimiento Viva Río y otras). De ahí que no sea extraño que los intereses representados en esas ONGs y las empresas de seguridad se entrelacen, no solamente entre sí, sino también con las políticas de gobiernos extranjeros hacia Brasil, que, en última instancia, tratan de favorecer la actuación de sus propias empresas en el país.

Lo más grave, en el caso de la contratación de la Kroll Associates por la Brasil Telecom, no fue sólo la ilegalidad de algunas actividades de la empresa de investigaciones, sino la extensión de la red de intereses que emergió con el caso, que excede con mucho una mera disputa empresarial y presenta preocupantes ramificaciones que afectan a los poderes Ejecutivo y Judicial, además de colocar en jaque la propia privatización del estratégico sector de telecomunicaciones.

México otorgó a los bancos más que un «Plan Marshall»

El lunes 26 de julio, el gobierno mexicano dio a conocer la escalofriante noticia de que el costo actualizado de los programas de rescate bancarios sería equivalente a 18 por ciento del producto interno bruto (PIB), es decir, un billón 215 mil millones de pesos, o 110 mil 508 millones de dólares, cuando en su momento el director del Banco de México, dijo que tales costos nunca serían superiores al 5 por ciento del PIB.

Este pasivo supera incluso el saldo actual de la deuda externa pública contratada por el país en toda su historia, que ahora es de 78 mil millones de dólares, pero que históricamente nunca llegó a los 110 mil millones. Por eso, el periódico La Jornada en su edición del pasado 28 de julio, comentó indignado que las cifras equivalen al «gasto de reconstrucción de Europa occidental luego de la Segunda Guerra Mundial», y agregó, «ese monto es similar a los 120 mil millones de dólares que están desembolsando los Estados Unidos para financiar la actual invasión a Irak. El rescate del sistema bancario tiene el costo de una guerra, que deberá ser pagado en momentos en que el país enfrenta una crisis de seguridad social por falta de recursos para financiar sus sistemas de pensiones».

Esta sangría financiera para pagarle a los bancos comenzó en diciembre de 1994 cuando se produjo la devaluación del peso mexicano, de cuyas consecuencias el país entró en una espiral de colapso económico que no ha tocado fondo. Durante 1995, de acuerdo con el entonces Presidente Ernesto Zedillo, México hizo pagos por más de 70 mil millones de dólares, de los cuales 30 mil millones, se destinaron a pagar los bonos nominados en dólares de la deuda interna del gobierno.

Deuda adquirida por el gobierno saliente de Carlos Salinas de Gortari. Los TESOBONOS, al devaluarse la moneda se convirtieron de facto y de jure en deuda externa, y se pagaron puntualmente y en su totalidad durante 1995.

Conjuntamente, en ese año, la cartera vencida de los bancos nacionales que ya era muy grande, creció súbitamente, pues la devaluación o bien duplico adeudos en dólares o cuadriplicó las tasas de interés. Los bancos se fueron a la bancarrota y con ellos, el gobierno debió reconocer la bancarrota misma de las políticos neoliberales.

Por el contrario y bajo la presión del Tesoro de los Estados Unidos (que se aprestaron a canalizar 50 mil millones de dólares como emergencia para que México no suspendiera los pagos de la deuda externa), el gobierno mexicano asumió internamente los inmensos pasivos de la banca nacional —en vez de canalizar créditos y programas de salvamento de los deudores para que siguiera funcionando la economía nacional, lo que eventualmente ayudaría a los deudores a pagar gran parte de sus deudas, decidieron dejar hundir a dichos deudores— y convirtieron en deuda pública las carteras vencidas.

El gobierno se encargó de maquillar el cadáver de un sistema bancario quebrado, que se vendió poco tiempo después a los grandes consorcios internacionales, BBVA, Santander, Scotiabank, CityBank, HSBC, etc. El país se quedó sin bancos, pero la deuda de dichos bancos, se quedó en el país, y se convirtió en deuda del gobierno federal. A eso se llamó Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, actualmente extinto por la reciente reconversión a deuda publica de los pagarés que en su momento emitió. Pero aunque nominalmente muerto, continua succionando la sangre de la economía mexicana.

En Bolivia, ni carteles petroleros, ni carteles de drogas

El referéndum convocado por el gobierno de Bolivia para decidir el rumbo de la política energética del país, realizado el 18 de julio pasado, abrió la posibilidad de que el Estado retome el control de sus ricos recursos energéticos, perdido durante los años de gobiernos neo liberales. La población boliviana no siguió la orientación de los grupos radicales, que promovían un boicot al referéndum, y se pronuncio para que en el futuro los recursos naturales sean puestos al servicio del bien común, y no al de los intereses de las empresas extranjeras que explotan el petróleo y el gas natural boliviano.

Los resultados del referéndum respaldaron, básicamente, la propuesta del gobierno del presidente Carlos Mesa para aumentar la presencia del Estado en las exportaciones de petróleo y gas natural. A pesar de la abstención de cerca de 40%, el gobierno tendrá mejores condiciones, junto con el Congreso para reformular la Ley de Hidrocarburos y reestructurar la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), además de mejorar su participación en las ganancias de las exportaciones, actualmente en alrededor del 18%.

El creciente apoyo popular al gobierno de Mesa es también un golpe al ímpetu de los «separatistas» internos y externos, que impulsan una Bolivia dividida en grupos étnicos o económicos, de acuerdo con los intereses de cada grupo. Por un lado las «multitudes» (a las que se refiere el filósofo terrorista italiano Antonio Negri) que movilizan dirigentes indígenas radicales, como Felipe Quispe -vinculado a las redes narcoterroristas- pregonando la creación de una «nación aymará», que trabajó con ahínco para boicotear el referéndum. Por el otro, los grupos neoliberales que bailan al son de la delirante agenda de los «neoconservadores» de Washington, interesados en el control de los recursos energéticos bolivianos.

Un ejemplo de tal agenda es el articulo de uno de los principales investigadores del American Enterprise Institute (AEI), Mark Falcoff, intitulado «¿Los últimos días de Bolivia?» recientemente divulgado en la sección Latin American Outlook del AEI. En el texto, Falcoff amenazaba al país con sufrir una desintegración política si no se doblega a los designios de sus pares, y continúa negándose a vender gas natural a Chile, además de amenazar «repudiar antiguos contratos con compañías de energía internacionales».

Tal proceso, dice él, podría conducir a la «primera gran alteración del mapa político sudamericano en más de un siglo», con la división del país en dos naciones distintas: «la República de Santa Cruz» integrada por los departamentos (estados) productores de gas -Santa Cruz, Tariuja, Pando y Beni; y el resto, la «república de las drogas y la política», formada por los departamentos del altiplano, donde la producción de coca es una de las principales actividades «económicas». La así designada «República de Santa Cruz», afirma, mantiene magnificas relaciones con Chile.

Lo que se ha mostrado durante el último año es que luego de la caída del neoliberal Sánchez de Lozada es que Bolivia se encuentra entre la espada de los intereses de los carteles energéticos y la pared de los carteles de la droga, visión que confirman los insultantes comentarios de los neoconservadores.

Para escapar definitivamente a esta trágica dinámica es necesario que la nación tenga éxito en utilizar sus enormes riquezas naturales, como el gas, los minerales y sus áreas agrícolas para promover un proceso de industrialización, valiéndose también de su importante ubicación regional dentro del proyecto de la integración sudamericana. La estabilidad y desarrollo de Bolivia es de interés de todas las naciones de América del Sur.