Robert Ménard, de Reporteros Sin Fronteras, sigue los pasos de Washington y legitima la tortura

Robert Ménard (centro) y los torturadores de la prisión de Abou Ghraib, Bagdad, Irak. (Photomontage).
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Robert Ménard, el secretario general de la organización parisina Reporteros Sin Fronteras (RSF) desde 1985, es un personaje sumamente mediático que pretende defender “la libertad de prensa” y se encubre con un discurso humanista bastante apreciado por la opinión pública. Gracias a la colusión de los medios, Ménard se ha convertido en un personaje ineludible en el mundo de la prensa.

No obstante, sus acciones no suscitan la unanimidad. La flagrante falta de imparcialidad de la que da pruebas RSF ha sido estigmatizada muchas veces. La organización francesa, financiada por corporaciones económicas y financieras así como por Estados Unidos, como reconoció públicamente su secretario general, ha llevado a cabo campañas mediáticas curiosamente similares a la agenda política de la Casa Blanca. Así RSF, con el pretexto de defender la libertad de prensa, se ha ensañado reiteradamente con Cuba [1], apoyó el golpe de Estado contra el presidente venezolano Hugo Chávez en abril de 2002 [2], aprobó implícitamente la sangrienta invasión de Iraq en 2003 [3] y legitimó el golpe de Estado contra el presidente Jean-Bertrand Aristide en Haití [4]. Ahora, RSF lleva a cabo una campaña mediática espectacular contra China y los juegos olímpicos de Pekín [5].

Ver video sobre la ONG (Organizacion No Gubernamental) y asociación francesa Reporteros Sin Fronteras
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La proximidad ideológica entre RSF y la administración Bush es evidente hasta el punto de que uno se pregunta cuáles son realmente los verdaderos objetivos de Robert Ménard. Los escándalos de Guantánamo, Abu Ghraib y las cárceles secretas de la CIA a lo largo y ancho del mundo han demostrado que las tropas estadounidenses no vacilan en utilizar la tortura para conseguir sus propósitos. El conjunto de la comunidad internacional ha condenado unánimemente estos métodos inhumanos e injustificables.

En octubre de 2006 el Congreso estadounidense dio paso y aprobó un proyecto de ley que legaliza la tortura, en flagrante violación de los principios mismos de la democracia. La mayoría republicana así como varios demócratas electos de la Cámara de Representantes y del Senado autorizaron el uso de pruebas conseguidas bajo tortura contra el “combatiente enemigo ilegal”. El texto, titulado “ley de comisiones militares, 2006”, reconoce la existencia de tribunales secretos para juzgar a cualquier extranjero sospechoso de atentar contra los intereses de Estados Unidos. El reo no podrá disponer de un abogado ni conocer los cargos que pesan contra él. Además, las pruebas presentadas en su contra podrán permanecer secretas. Por supuesto, podrá también estar detenido sin derecho a reclamar ser presentado ante un juez, y todo ello indefinidamente. No podrá denunciar la ilegalidad de su detención ni las torturas de las que haya sido víctima [6].

La ley también confiere al presidente estadounidense “la autoridad [para] interpretar el significado y la aplicación de las convenciones de Ginebra”, que prohíben la tortura. Éstas no podrán invocarse “como fuente de derecho ante ningún tribunal de Estados Unidos”. La sección V de la legislación estipula que “nadie podrá invocar las convenciones de Ginebra ni ninguno de los protocolos en cualquier acción de habeas corpus o cualquier otro acto civil o diligencia judicial en los cuales Estados Unidos, un funcionario en activo o no, un empleado, un miembro del ejército o cualquier otro agente de Estados Unidos forma parte como fuente de derecho”. Además, “ningún tribunal, ningún juez tendrá el poder de escuchar o tomar en consideración una demanda en asignación de habeas corpus que introduce un extranjero (o en su nombre) que está o ha sido detenido por Estados Unidos y que ha sido considerado como correctamente detenido como combatiente enemigo o pendiente de esta calificación” [7].

No sólo esta ley liberticida, de esencia totalitaria, representa una amenaza para cualquier ciudadano del mundo que no se beneficia de la nacionalidad estadounidense, sino que otorga una impunidad total a los responsables de tratamientos crueles, inhumanos y degradantes. La Unión Europea y Francia en particular han mantenido un silencio escandaloso con respecto a esta legislación. ¿Qué hubiera pasado si China, Cuba, Irán, Rusia o Venezuela hubieran adoptado semejante ley? ¿Quién puede aún hablar, en referencia a Estados Unidos, de modelo de democracia?

Durante el programa de radio“Contre-expertise” presentado por Xavier de la Porte en France Culture el 16 de agosto de 2007, de 12:45 a 13:30h., Robert Ménard, el autoproclamado defensor de los derechos humanos y los periodistas, siguió los pasos de su mecenas y legitimó el uso de la tortura, pronunciando palabras extremadamente preocupantes. Evocando el asesinato del periodista estadounidense Daniel Pearl, subrayó que era legítimo torturar a los sospechosos para salvar la vida de inocentes, retomando la argumentación de las más espantosas dictaduras y, desde luego, de la administración Bush [8].

Ménard va más lejos ya que legitima incluso la tortura contra los miembros de las familias de los secuestradores, o sea contra inocentes. “Si mi hija fuera secuestrada, no habría ningún límite, se lo digo, se lo digo, no habría ningún límite para la tortura”. He aquí un extracto de las palabras que pronunció el secretario general de RSF:

“La policía pakistaní secuestra a las familias, me oyen, a las familias de los secuestradores y tortura a estas familias de los secuestradores para conseguir informaciones.

Van a conseguir informaciones. Llegarán demasiado tarde para salvar a Daniel. ¿Saben cómo fue degollado y en qué condiciones...?

¿Dónde nos detenemos? ¿Aceptamos esta lógica que consiste en… ya que podríamos hacerlo en algunos casos “ustedes secuestran, nosotros secuestramos; ustedes maltratan, nosotros maltratamos, ustedes torturan, nosotros torturamos...?”.

¿Qué justifica...? ¿Acaso para liberar a alguien, podemos ir hasta allí? Es una verdadera pregunta.

Eso es la vida real, es eso, lo que acaba de decir François: ya no estamos en las ideas, es la guerra, ya no se trata de principios. Yo no sé qué pensar. Porque esto ocurre a Marianne Pearl, no digo, no digo que se equivocaron porque ella pensó que era adecuado hacerlo, que había que hacer eso, que había que salvar a su marido, estaba embarazada... por el bebé que iba a nacer, todo estaba permitido.

Y había que salvarlo absolutamente y si había que arremeter contra cierto número de personas, había que arremeter contra cierto número de personas, arremeter físicamente contra ellos, entienden, amenazándolos y torturándolos, aunque tengamos que matar a algunos.

No sé, estoy perdido, porque en algún momento no sé dónde hay que detenerse, dónde hay que poner el freno. ¿Qué es aceptable y qué no es aceptable? Y al mismo tiempo, para las familias de los que fueron secuestrados, porque muchas veces son nuestros primeros interlocutores, en Reporteros Sin Fronteras; legítimamente, yo, si mi hija fuera secuestrada no habría ningún límite, se lo digo, se lo digo, no habría ningún límite para la tortura”.

¿Cómo se puede pretender que se defienden los derechos humanos cuando se justifica una práctica tan abominable e inhumana como la tortura? ¿Qué queda de la credibilidad de Robert Ménard y Reporteros Sin Fronteras –los dos están tan íntimamente vinculados que es imposible de hecho disociarlos– cuando legitiman lo injustificable? El secretario general de RSF mostró su verdadero rostro. No defiende la libertad de prensa sino las prácticas odiosas de la CIA. Pero, ¿acaso es sorprendente cuando se sabe que es financiado por la National Endowment for Democracy [9], que no es más que una oficina pantalla de la Agencia según el New York Times? [10].