El Servicio Paz y Justicia en América Latina, a través de su Presidente Internacional y de su Coordinación Latinoamericana manifiestan su más profunda consternación ante la decisión del Poder Ejecutivo de declarar estado de excepción en los departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay, Presidente Hayes y Alto Paraguay.
La sombra de los horrores perpetuados en el pasado reciente, que aún se proyecta sobre los pueblos de nuestra región, no escapa por cierto a la hermana República del Paraguay.
Resulta particularmente alarmante que un país que aún procesa el duelo de las secuelas producidas por el accionar militar en el marco del terrorismo de Estado y
las dictaduras posteriores, ahora en plena etapa de fortalecimiento democrático, apele
a decisiones que violentan el marco constitucional.
El estado de excepción, previsto en el artículo 288 de la Constitución de la República del Paraguay, puede ser declarado por el Poder Ejecutivo “En caso de conflicto armado internacional, formalmente declarado o no, o de grave conmoción interior que ponga en inminente peligro el imperio de esta Constitución o el funcionamiento regular de los órganos creados por ella...”.
A través de nuestro Secretariado Nacional el SERPAJ Paraguay, las redes y plataformas de las que forma parte, CODEHUPY, PIDHDD – Capítulo Paraguay, así del seguimiento de la situación socio-política que los distintos medios de prensa informan, corroboramos que el país no atraviesa en este momento, ninguna situación de conflicto armado internacional con ningún país, ni conmoción interior alguna que haga peligrar la institucionalidad del Estado.
Desde nuestra identidad noviolenta y nuestra misión inspirada en una Cultura de Paz desde la perspectiva de los Derechos Humanos, repudiamos la medida tomada, que no argumenta los hechos ni razones que llevaron a tomarla, además de no especificar su alcance en relación a las libertades y derechos que serán afectados y/o restringidos.
Entendemos además que, una solución militar para un conflicto de orden social jamás puede arrojar resultados positivos. Los Estados modernos, republicanos y democráticos están dotados de una institucionalidad específica que define claramente las fronteras y competencias de funciones tales como la Seguridad y la Defensa de una nación.
Dotar a las Fuerzas Armadas de la potestad de actuar en escenarios de seguridad interna en el país, refleja un retroceso en el camino hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho de la hermana República del Paraguay.
Apelamos a la sensatez del Poder Ejecutivo para que revea la decisión tomada, a la luz de las garantías que el Estado debe proporcionar a toda su población, respecto al cumplimiento de sus obligaciones en materia de Derechos Humanos, máxime en las regiones a las que afectará la medida, desde hace largo tiempo criminalizadas y objeto de operativos de seguridad desmedidos y con reiterados y probados casos de arbitrariedad y abuso policial.
Porque “un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo”.
SERPAJ América Latina llama a la comunidad paraguaya y a la internacional a sumarse en esta exigencia y exhorta al gobierno a garantizar el proceso de Justicia para las personas particulares que actúan al margen de la ley, conforme al régimen legal ordinario
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Autores: diplomáticos, economistas, geógrafos, historiadores, periodistas, militares, filósofos, sociólogos… 
