¿Sindicatos de paramilitares?

¿Cómo trabajan los sindicatos de trabajadores bajo dominio paramilitar? Es una inquietud que queremos compartir con los lectores.

En regiones como el Magdalena Medio los paras optaron por lo más expedito: exterminar a los líderes sindicales que no se sometieran a sus mandatos, destruir la organización e implantar en las empresas la forma que querían sus dueños: la contratación de mano de obra a través de las Cooperativas de Trabajo Asociado. Los propios sindicatos fueron invitados a participar en tales cooperativas y olvidarse del embeleco sindical. Así fueron desmanteladas las conquistas laborales y políticas de los asalariados de la palma. Pero en la región bananera de Urabá, la principal del país, ocurrió algo diferente. Los paramilitares, victoriosos después de desalojar de posiciones clave a la guerrilla de las Farc, y beneficiados por el desastre que ella provocó sobre la economía regional y el mismo sindicato del banano—al cual sumió en el peor martirologio que haya soportado organización sindical alguna del país—, optaron por dejar con vida la organización sindical, entonces bajo la orientación del EPL, que de propulsor de la violencia se convirtió en partidario de cesar la guerra y reinsertarse a la vida civil. Esos reinsertados tienen el mérito de haber impedido el exterminio total de las organizaciones populares de Urabá.

Por eso hoy puede hablarse de sindicalismo en esa región del país. Con esta paradoja: mientras en las regiones del sur del país controladas por las Farc el grueso de los sindicatos agrarios dejó de operar y desapareció del debate de las ideas, en Urabá y la antigua Zona Bananera de Santa Marta, bajo estricto control paramilitar, el sindicalismo sigue en marcha e incluso da oportunidad a la disidencia política. Allí tiene sede el Sindicato de Trabajadores dela Industria Agropecuaria (Sintrainagro), cuyos principales componentes son los asalariados del banano, y allí viene ocurriendo un fenómeno de supervivencia política que conviene conocer.

Nos referimos a los esfuerzos que hacen los trabajadores para contribuir a mantener e incluso ampliar el empleo productivo en las condiciones de competencia desigual del mercado internacional y precarización del contrato de trabajo impuestas al país por el capital multinacional y que han afectado al conjunto de la industria bananera latinoamericana. En enero de 2005 tuvo lugar en Apartadó un foro convocado por Sintrainagro para debatir el problema de la baja del dólar y el alza de aranceles en la UE para el banano latinoamericano. Asistieron unos tres mil trabajadores regionales y el acto se cumplió en el Parque de los Encuentros, de cara a la población. Allí el sindicato presentó al gobierno nacional “una propuesta de acuerdo regional por la salvación de la agroindustria bananera”, destinado a evitar nuevos despidos masivos y cierres de fincas. La respuesta de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) fue la de proponer a sus empleados que si de verdad querían ayudar prescindieran de sus demandas laborales.

Los 17.600 asalariados de sus 320 fincas de la región debían presentar un nuevo pliego de peticiones a fines de marzo de 2006, pero el 17 de febrero anterior Augura se les adelantó con un contrapliego que incluía: no incremento salarial, eliminación del sistema de pagos diferenciales por escalas de producción, congelación de aportes al Fondo de Vivienda y revisión de precios unitarios de varias labores. Todo ello en medio de anuncios de nuevos cierres de fincas.

Los trabajadores pidieron a la OIT que vigilara las negociaciones del pliego y dieron a conocer datos reveladores. Augura posee cultivos en la región de Urabá y en los departamentos de Magdalena, La Guajira , Cundinamarca, Quindío y Risaralda. En 2005 sus empresas urabeñas exportaron 16,26% más en volumen y 23,11% más en valor que en 2004, mientras en el mismo lapso las siembras aumentaron en 980 hectáreas y la producción en un 29,11%. El 42% de los que cumplen la “jornada especial” (laboran solo los días de corte y empaque) no alcanzan a ganar el salario mínimo pactado. Los consumidores europeos pagan diez dólares por kilo de banano y las empresas comercializadoras del mismo en Colombia pagan apenas 3,90 por caja de veinte kilos, además de que desde hace tres años todas reciben subsidios del Estado para morigerar los efectos de la revaluación del peso colombiano.

Después de cincuenta y tantos días de negociación y ya al borde de una huelga votada por la inmensa mayoría del personal, los bananeros lograron concertar con sus empleadores una nueva convención de trabajo. Es a tres años y rige desde el 1º de abril de 2006: incremento salarial de 6,5% para el primer año, el IPC para el segundo y el IPC más 1,5 puntos para el tercero, y aumento en los fondos sociales y de educación, cultura y deportes.

¿Cómo fue posible eso? Además de la unidad en sus filas, por la solidaridad social que el sindicato ha logrado formar en su entorno, como ya lo habían hecho en los años sesenta los sindicatos orientados por los comunistas en muchas regiones del país. Con la colaboración de las alcaldías de los cinco principales municipios de Urabá, en manos de los “Esperanzados”, Sintrainagro se ha convertido en una organización social prestigiosa en la región. Participa en proyectos de empresas autogestionarias de los trabajadores adelantados por la cooperativa financiera Confiar y la Fundación Confiar, de Medellín. Maneja por autogestión una IPS, una papelería y un centro de materiales de construcción apoyado en una fábrica de baldosas. Sus cooperativas financieras tienen como fin facilitar crédito a microempresarios. Dirige un fondo de vivienda y una escuela de educación formal para trabajadores. Participa en el financiamiento del 50% de la IPS Salud Darién, cuyo restante es aportado por Sol Salud, de Bucaramanga, y otras empresas. Sus clientes son los 17.000 trabajadores del banano. Tiene convenio con el Dane para estudiar los costos de la canasta familiar en Apartadó, Chigorodó, Carepa y Turbo (así Augura no puede alegar que sus peticiones no tienen fundamento).

A través del Sena, el sindicato participa en diversos planes encaminados a promover el desarrollo económico de Urabá, como pudo apreciarse en la cuarta Feria de Emprendimiento realizada a mediados de mayo pasado en Apartadó, en la que los productores regionales presentaron setenta propuestas. Para el Sena Sintrainagro es un sindicato ejemplar en el país, que ha cumplido varios proyectos sociales conjuntos en la región y se apresta a recibir nuevas contribuciones para la oferta de oportunidades de empleo a jóvenes paramilitares desmovilizados. Y en el plano de la solidaridad internacional, Sintrainagro es la niña mimada de la poderosa Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (Uita), señalada por la izquierda latinoamericana como aliada de grandes empresas (entre ellas Coca Cola).

Incluso nuevos vientos políticos parecen soplar en las filas sindicales bananeras. No solo es que los empresarios no han logrado eliminar la controversia de capital y trabajo sino que entre los asalariados se fortalece la tendencia hoy predominante en las agremiaciones de trabajadores del mundo: no dejarse arrebatar ventajas sociales y laborales adquiridas antes de la actual era de la globalización de la economía. Señal de eso es que en la pasada campaña presidencial una asamblea de Sintrainagro se pronunció por el apoyo a Gaviria. A los dos miembros del sindicato que pertenecen a la dirección de la CUT les pasó lo mismo.

Claro que no toda esta historia tiene color de rosa. Ninguna historia es aplanada. En las elecciones para Congreso de marzo pasado el actual presidente de la organización, Guillermo Rivera, ex directivo nacional de la CUT y ahora declarado uribista, fue candidato a la Cámara por Convergencia Ciudadana, de Luis Alberto Gil, jefe de una red mafiosa que trafica con dineros públicos y votos a través de varias ONG, ARS y EPS y que está bajo investigación judicial. Convergencia es el grupo que fue expulsado del Partido de la U y rechazado por Cambio Radical, ambos reconocidas agrupaciones del Presidente.

En los años 80 Gil fue militante del M19 y presidente del sindicato de educadores de Santander. El “Tuerto”, como le decían, está en el negocio de la salud en Urabá desde que el ISS abandonó la prestación de sus servicios en esa época. Su ligazón con la salud tiene origen en el Fondo Prestacional del Magisterio, que acababa de ser creado y para el cual los dirigentes de Fecode impusieron la funesta facultad de contratar los servicios de salud con entidades privadas, las famosas IPS. El sector democrático se opuso argumentando que el responsable de la prestación de la salud era el Estado, pero fue derrotado, y la tronera para los negociados y torcidos se abrió en seguida. La forma más elemental es esta: el interesado (dirigente sindical, familiar, amigo, abogado, etc.) se presenta a una IPS y le dice: “Le ofrezco cinco mil afiliaciones”. Si el honorable señor gerente acepta, la respuesta del goloso es obvia y universal: “¿Y cómo voy yo ahí?”. El resto del cuento lo saben todos. Téngase presente que el magisterio estatal se compone de alrededor de 300.000 personas... Por eso en la vida hay tantos vivos y tan pocos giles.