La nueva Constitución recoge buena parte de las propuestas de cambios por las que han luchado los trabajadores y los pueblos del Ecuador. Es una Constitución democrática, construida con un amplio debate (más de 5 000 organizaciones han presentado sus propuestas a este organismo) y con un contenido anti neoliberal que apunta a democratizar la vida económica social y política del país.

Estamos ante una nueva batalla contra las fuerzas más retrogradas del país, que pretenden detener los avances hasta aquí alcanzados. Es por ello que aquí queremos señalar algunas razones para decir SÍ en el referéndum.

SÍ, porque el país recupera la SOBERANÍA EN RECURSOS NATURALES Y ÁREAS ESTRATÉGICAS, el agua, los minerales, los hidrocarburos, la biodiversidad, son propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado. La energía, las telecomunicaciones, las vías de comunicación, los recursos naturales no renovables, la biodiversidad, el patrimonio genético, el agua, el espectro electromagnético y el espacio radioeléctrico, son sectores estratégicos bajo el control exclusivo del Estado.

SÍ, porque se reconoce al agua como un derecho humano, y por lo tanto su gestión no podrá ser privatizada.

Se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras, caso Base de Manta.

Se condena toda forma de imperialismo y colonialismo y se reconoce el derecho de los pueblos a la resistencia y liberación de toda forma de opresión.

Se podrá pedir la realización de una consulta popular para que se aprueben o no los Tratados Internacionales.

Se promoverá la integración latinoamericana frente a la globalización y el impulso de la Organización de Estados Latinoamericanos y del Caribe.

SÍ, porque el Ecuador contará con SOBERANÍA ECONÓMICA Y MONETARIA. El Estado puede declarar la ilegitimidad de la deuda externa; esto le obliga a demandar su ilegalidad y ejercer el derecho de repetición. Las responsabilidades civiles, penales y administrativas de quienes contrajeron deudas ilegítimas a nombre del Estado, serán imprescriptibles.

Se prohíbe estatizar deudas privadas y conceder garantías de deudas privadas por parte del Estado.

Los Convenios que comprometan al Estado con organismos financieros internacionales deben pasar por la Asamblea Nacional.

No podrán celebrarse Convenios que sometan al país al arbitraje internacional con las empresas trasnacionales.


SÍ, porque la nueva Constitución reconoce y garantiza la SOBERANÍA ALIMENTARIA como un derecho de los pueblos
para definir sus propias políticas agropecuarias, pesqueras, alimentarias, de tierras y agua, orientadas a alcanzar la autosuficiencia alimentaria. El Estado garantizará la alimentación saludable y suficiente.

Promoverá la producción agroalimentaria y pesquera, apoyándose en las pequeñas y medianas unidades de producción, fomentando las cooperativas de producción y creando sistemas de distribución y comercialización.

Se protegerá a la población de alimentos contaminados con agrotóxicos; se declara al país libre de semillas y cultivos transgénicos; Se regulará la producción de agro combustibles que puedan afectar la alimentación.

SÍ, porque se garantiza el BIENESTAR DE LOS PUEBLOS, se considera la SALUD como un derecho humano y social de responsabilidad obligatoria e ineludible del Estado y destinará el 4% del PIB para el Sistema de Salud Pública.

SÍ, porque la EDUCACIÓN es reconocida como un derecho irrenunciable y un deber inexcusable del Estado, que asume la obligación de fortalecer la educación pública, priorizando el mejoramiento permanente de su calidad y la ampliación progresiva de su cobertura, y que garantizará el 6% del PIB.

Sí porque se establece que la educación pública y gratuita en todos los niveles.

Se reconoce la autonomía universitaria, la participación de docentes, estudiantes y trabajadores.


Si, al TRABAJO; se prohíbe la tercerización, intermediación y trabajo por horas y toda forma de precarización del trabajo.
Los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles.

Sí, porque se garantiza el derecho y la libertad de organización; la vigencia de la contratación colectiva y el derecho a la huelga. El incumplimiento y fraude de los empresarios en materia laboral serán penalizados y sancionados.

Se amplía los derechos reproductivos en lo laboral incluido la licencia por paternidad y la prohibición del despido de mujeres por razones de gestación o maternidad.

Sí, porque se reconoce el carácter plurinacional del Ecuador, reafirmando el carácter unitario del Estado.

Se reconoce el derecho al voto de los integrantes de la Fuerza Pública, el derecho al voto a los jóvenes desde los 16 años, en ambos casos serán facultativos. Los jóvenes que tengan 20 años, pueden ser candidatos a asambleístas, consejeros y concejales; con 18 años a las juntas parroquiales.

El Estado impedirá el oligopolio y monopolio en la propiedad de los medios de comunicación y la asignación equitativa de las frecuencias privilegiando el interés público sobre el privado. Se prohíbe la vinculación de los medios de comunicación con grupos financieros.

Se establece la revocatoria del mandato para todos los dignatarios de elección popular.

Se reconocen todas las formas de organización como expresión de la soberanía popular, para incidir en el poder público y el control social de todos los niveles de gobierno.


Se reconoce a los trabajadores autónomos y comerciantes minoristas como un sector productivo.
Por tanto sujetos del derecho al trabajo y a la protección social del Estado (seguridad social, crédito, capacitación). Se prohíbe cualquier forma de confiscación de sus instrumentos de trabajo, mercancías.

SI, a una ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRODUCTIVA como un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario. Social y solidario.

Se fortalecerá la producción nacional, la investigación científica y tecnológica.

Se recupera el papel del Estado en la planificación, control y promotor de la economía, a través del Plan Nacional de Desarrollo; se democratizará el crédito. Las instituciones financieras populares o solidarias recibirán tratamiento diferenciado y preferencial del Estado.

Se reconoce la propiedad social, cooperativa, comunitaria, estatal y mixta; Se prohíbe el latifundio, la concentración y acaparamiento de tierras.

La propiedad privada tiene que cumplir su función social y ambiental.