Sonora Proyecta, la caja chica de Bours

Hermosillo, Sonora. En contravención de la normatividad y con el respaldo de legisladores priístas y perredistas, el gobernador Eduardo Bours Castelo pretende crear uno o varios fideicomisos privados para administrar, durante tres décadas, 114 mil millones de pesos provenientes del cobro de tres impuestos y colocar deuda en la Bolsa de Valores por 10 mil millones de pesos.

De acuerdo con información oficial del gobierno sonorense, los 10 mil millones de pesos, que constituyen el Plan Sonora Proyecta (PSP) y que se obtendrán por la contratación de deuda en el mercado financiero, se usarán de la siguiente forma: 5 mil 200 millones para pagar la deuda actual; 4 mil millones para infraestructura en los municipios, y 800 millones para el pago de los colocadores de bonos y de la fiduciaria Banorte.

Respecto de los miles de millones de pesos que también se administrarán a través de uno o más fideicomisos privados relacionados con el PSP, el diputado Florencio Díaz Armenta, coordinador de la bancada panista en el Congreso local, explica que éstos servirán para garantizar el pago de la deuda contratada en el mercado financiero.

La administración de Bours Castelo se compromete a utilizar los impuestos provenientes del 2 por ciento sobre la nómina, los automóviles nuevos y las revalidaciones de placas y licencias de manejo, señala el legislador. “Nosotros analizamos el monto de los recursos provenientes de estas cargas impositivas y lo proyectamos a 30 años, que es la duración del fideicomiso no público, y encontramos que estaría recibiendo un total de 114 mil millones de pesos”.

Para aprobar el PSP fue necesario que el Congreso local reformara la Ley de Deuda Pública, cuyo principal cambio se registró en el artículo 19 bis, el mismo que faculta la creación de varias figuras fiduciarias privadas y, por tanto, no sujetas a la ley:

“Los entes públicos podrán afectar en fideicomiso sus bienes, tangibles o intangibles, así como las cantidades que perciban por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, sus respectivos accesorios, así como las participaciones, incentivos y demás ingresos, mediante la celebración de contratos de fideicomiso denominados fideicomisos de financiamiento, los cuales no constituirán fideicomisos públicos paraestatales en términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Sonora ni fideicomisos públicos paramunicipales en los términos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal”, indica dicho artículo.

Agrega que “su operación interna será ajena a la normatividad aplicable a la administración pública estatal o municipal y se sujetarán a lo previsto en el propio contrato de fideicomiso y en las disposiciones mercantiles, financieras y bursátiles que correspondan. Los fiduciarios de los fideicomisos de financiamiento, a su vez, podrán afectar el patrimonio del fideicomiso de financiamiento respectivo a otros fideicomisos, los cuales también serán considerados fideicomisos de financiamiento para los propósitos de esta Ley”.

El fraude

Opositores al PSP advierten que el esquema fiduciario podría derivar en un fraude contra las finanzas públicas estatales: la ambigua redacción que se le dio a la reforma posibilitaría al gobierno estatal a evadir la reintegración de los remanentes al erario, a pesar de que éstos –dicen– son recursos públicos que podrían superar los 100 mil millones de pesos.

Guillermo Noriega, presidente de la asociación civil Sonora Ciudadana, explica que, en el PSP, ésos son los recursos que están en duda: “El problema es que el fideicomiso decidirá si quiere o no regresar los remanentes de esa caja chica, bastante grande y discrecional, porque esos recursos no estarán ni presupuestados ni habrán pasado por el Legislativo”.

Rommel Rosas, también integrante de dicha asociación, detalla que el propio PSP establece que, una vez concluida la vigencia del fideicomiso, los remanentes pueden regresarse a la Secretaría de Hacienda. “Ese ‘puede’ es el problema jurídico, porque la palabra implica interpretación: ‘te lo doy, si quiero’. La ciudadanía y el Legislativo estatal deberán poner la lupa sobre esos remanentes: el fideicomiso puede tener mucho dinero, sobre todo por los intereses que va a generar en la Bolsa de Valores”.

Sobre este punto, el diputado Díaz Armenta señala que “es mucho más el dinero que se va a manejar por concepto de impuestos, 114 mil millones de pesos, que la deuda que estará contrayendo el estado, por 10 mil millones de pesos. Hay un remanente que se va a ir quedando en el fideicomiso privado que, de acuerdo con lo que se aprobó, se podrá reintegrar. Se tenía que estipular como ‘deberá’, porque el ‘podrá’ es optativo. El fideicomiso puede decir que no está obligado”.

Recurso ante la Corte

Para frenar las operaciones bursátiles que colocarían a Sonora como la entidad federativa con mayor deuda pública respecto de su crecimiento económico y que podrían constituir un fraude, legisladores del Partido Acción Nacional –acompañados por la diputada perredista Petra Santos– promueven un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La legisladora Santos explica que una de las irregularidades más evidentes corresponde a la contratación de deuda para pagar deuda. “El artículo 117 de la Constitución dice que nadie puede pedir dinero para pagar una deuda, sin embargo, el gobernador Bours sí lo está haciendo. Él dice que no es deuda sino que es la bursatilización del programa, pero 5 mil 200 millones los va a destinar al pago de deuda”.

La diputada perredista expone que “tenemos confianza, porque éste se parece al asunto de Aguascalientes, donde la Suprema Corte rechazó las reformas. Pero en política las cosas cambian”.

El 7 de agosto pasado, la SCJN invalidó el artículo de la Ley de Ingresos el ejercicio 2007, que facultaba al gobierno de Aguascalientes a contratar deuda hasta por 2 mil millones de pesos, por medio de la colocación de bonos en el mercado bursátil.

El legislador sonorense Díaz Armenta dice que lo que se impugna ante la SCJN es el artículo 19 bis, que se aprobó con la reforma a la Ley de Deuda Pública: pues éste creará fideicomisos de financiamiento no públicos. Su operación interna será ajena a la normatividad aplicable a la administración pública estatal o municipal. Así lo dice textualmente, ni siquiera lo matizan, porque tienen necesidad de hacerlo así para que no sean públicos.

Añade que “en un acto de responsabilidad acudimos a la Suprema Corte para impugnar las leyes que consideramos violatorias de la Constitución: cómo es posible que los impuestos que pagamos los sonorenses ahora vayan a una entidad privada. Los recursos los deben manejar funcionarios públicos”.

Indica que “son 114 mil millones de pesos en manos de un ente ajeno al gobierno, que no rinde cuentas, que no es transparente porque no está obligado por el Instituto de Fiscalización estatal ni por la Ley de Acceso a la Información. Al estar cubierto por el secreto bancario, no tenemos manera de controlarlo y por tanto no es de nuestra confianza. Ésas son las causas por las que cuestionamos el Plan Sonora Proyecta”.

Díaz Armenta espera que el recurso se resuelva lo antes posible, pues “la incertidumbre no es buena. Por el bien del estado pensamos que se va a resolver a favor de lo que planteamos y quisiéramos que fuera antes de diciembre, así ajustaríamos en el presupuesto lo necesario para que las obras siguieran su marcha pero transparentes, sin deuda”.

Aspe, detrás del negocio

De acuerdo con el extinto periódico local Cambio, el diseño del Plan Sonora Proyecta corrió a cargo de Protego Asesores, la empresa presidida por el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella.

Sobre esto, la diputada Petra Santos indica que “Pedro Aspe fue el que hizo todo el proyecto: él ha invertido muchos millones para presentar el PSP”. Agrega que se trata de la empresa de Pedro Aspe que se ha encargado de andar en los estados, incluido el Distrito Federal.

Para Aspe Armella, la administración de recursos públicos a través de fideicomisos privados no es nueva: en su calidad de secretario de Hacienda, permitió que en 1993 su subordinado Francisco Gil Díaz, entonces subsecretario de Ingresos, creara y controlara un esquema fiduciario y empresarial de carácter privado destinado a la recaudación del Derecho de Trámite Aduanero (DTA).

Como lo ha informado Contralínea, dicho esquema operó hasta diciembre del año pasado a través del fideicomiso Aduanas I y la empresa Integradora de Servicios Operativos, S.A. (ISOSA), ambos acusados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de causar millonarios daños al erario.

Y es que para la ASF, el Aduanas I, ISOSA y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) son responsables de quebrantar 10 mil 183 millones de pesos al patrimonio público. El máximo órgano de fiscalización del país señala, en varias investigaciones, que los daños se cometieron en los cuatro primeros ejercicios de la administración de Vicente Fox: 4 mil 561 millones en 2001, 2 mil 200 millones en 2002, 2 mil 585 millones en 2003 y 836 millones 346 mil pesos en 2004.

La Auditoría detalla que el SAT omitió enterar los recursos obtenidos por el cobro del DTA a la Tesorería de la Federación, mismos que se depositaron irregularmente en el Fideicomiso Aduanas I hasta mediados de 2004, cuando por órdenes del presidente Fox se creó el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera.

Ahora, la empresa de Aspe Armella recomienda al gobierno de Bours Castelo crear uno o varios fideicomisos privados para administrar fondos públicos. Ésta no es la primera vez que Protego Asesores opera en Sonora: de acuerdo con el boletín de prensa DG1007/04, del 7 de octubre de 2004, a inicios del actual gobierno sonorense dicha consultora se encargó de armar el redimensionamiento de la deuda pública estatal.

Hace tres años, al presentar esa estrategia, el gobernador priísta declaró: “Afortunadamente tengo amistad con Pedro Aspe e invitamos a Protego después de consultar, después de ver diversas opciones, y nos convencimos que en ese tipo de trabajo Pedro era la gente con la que debíamos trabajar”.

Respecto de los nuevos negocios del exsecretario de Hacienda en Sonora, Petra Santos dice que “él gana en las asesorías, en el trabajo que hace la consultora”. Según lo documentado por Cambio, parte de los 800 millones de pesos destinados a cubrir los gastos de las colocadoras de deuda y la fiduciaria se entregarían a Protego Asesores.

El negocio es muy rentable. Según el diputado Díaz Armenta, de los 10 mil millones de pesos contratados en el mercado financiero, el 8 por ciento (800 millones de pesos) se destinará al fondo de reserva y a las comisiones para los colocadores de bonos. “La nueva deuda de 10 mil millones de pesos sería la transacción de deuda bursátil más grande en la historia de nuestro país emitida por un gobierno estatal, pondría a Sonora en primer lugar en deuda bursátil”.

Agrega que “sin duda hay buenas comisiones”, pues 800 millones de pesos es mucho dinero. “Hay maestros que piden homologación de sueldos y con menos dinero se resuelve. Con 500 millones podemos reparar todas las escuelas del estado, hay muchas cosas que se pueden hacer con ese dinero que el gobernador está entregando con tal de sacar 4 mil millones para hacer obra”.

Sobre el costo financiero de los bonos, Díaz Armenta advierte que en términos financieros éste no es buen negocio: al hacer el análisis sobre cuánto va a ser entre intereses, gastos, comisiones, pago de seguros y todo lo que se agregue, respecto de lo que se pagaría con la deuda actual hasta que se venza y cuánto se pagará con los bonos, nos dimos cuenta que el costo es 20 por ciento más caro.

La administración de Eduardo Bours argumenta que la diferencia es pasarlo de 15 a 30 años y que los abonos son más pequeños. No hay que ser expertos para saber que eso es lógico, pero que los intereses, las comisiones, los seguros van a ser más altos, explica.

Recursos extras

Con la reforma fiscal aprobada en septiembre pasado por el Congreso de la Unión, en los próximos dos años Sonora recibirá recursos federales extras por 5 mil millones de pesos, reconoce Reynaldo Millán Cota, legislador perredista local que estuvo a favor del PSP.

No obstante que admite que esos recursos se podrían invertir en las obras del PSP sin la necesidad de endeudar al estado, el diputado –quien rechazó las reformas sólo porque el Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática se lo ordenó– justifica que los recursos bursátiles “llegarán antes”.

El panista Díaz Armenta disiente de esta posición y agrega que en los cuatro primeros años de gobierno Bours ha tenido recursos suficientes: “nada más en 2006 tuvo 3 mil 100 millones de pesos extraordinarios, provenientes de los excedentes del petróleo no presupuestados, y que los gastó a su libre discreción.

El legislador dice que en 2004 y 2005 también tuvo recursos extraordinarios que, sumados a los del año pasado, ascienden a 6 mil 600 millones de pesos. “El gobernador ha tenido recursos y no ha sido capaz de llegar a las grandes ligas. Queremos saber por qué no lo hizo en los tres primeros años del gobierno, sin necesidad de endeudarnos y dejarnos comprometidos por 30 años”.

Para Díaz Armenta, “con la reforma fiscal aprobada, a Sonora le van a tocar 2 mil 500 millones de pesos por año, es decir que en 2008 y 2009 el gobernador va a tener 5 mil millones de pesos en recursos que no tenía considerados recibir, entonces ya no va a ser necesario que nos endeudemos. Si vamos a tener estos 5 mil millones por qué está encaprichado, obsesionado con endeudarse, si ya tiene el dinero”.

Revista Contralínea / México Fecha de publicación: Noviembre 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 90