TLC: aquí no hay negociación sino imposición

Quien quiera convencernos de que con la firma del TLC don Juan Pilatasig podrá exportar sus papas a los Estados Unidos, y que Alirio Piguave podrá hacer lo mismo con sus sandías, está totalmente fuera de foco. El TLC está pensado únicamente para un puñado de empresarios, que significan el 30% del total de agroexportadores del país, y que exporta los denominados “productos no tradicionales”, como las flores, los mangos, las piñas, el brócoli y el palmito. Son ellos los que necesitan el TLC, para que el ATPDA (Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga) no concluya este año.

El ATPDA es una concesión del Gobierno de los Estados Unidos para que más de 6 000 productos no tradicionales (de los cuales Ecuador ha usado menos del 10% del cupo) ingresen de los países andinos sin aranceles, a cambio de que se involucren en las políticas norteamericanas contra el narcotráfico, que todos sabemos incluyen una visión de combate al ‘narcoterrorismo’ y a la ‘narcoguerrilla’.

El 70% de productos exportables restante (banano, café, cacao, té, pimienta, etc.), no requiere de ningún TLC para poder ingresar a los Estados Unidos, porque ya entran libremente con las normativas de la Organización Mundial de Comercio. Esta es una primera gran verdad que quienes negocian el TLC no dicen.

Lo único que logrará el Gobierno al firmar el TLC, además de beneficiar a este puñado de empresarios, es sacrificar al sector agroalimentario ecuatoriano, volviéndolo dependiente de los Estados Unidos, algo que países hoy desarrollados como los de Europa ya conocieron después de la Segunda Guerra Mundial y a lo que tuvieron que combatir con medidas proteccionistas y de estímulos a la producción. Hablamos, claro está, de la siembra de productos hoy llamados estratégicos en esos países: los cereales como el arroz, oleaginosas, lácteos y cárnicos.

Eliminar las protecciones

Los Estados Unidos enfrentan hoy una grave crisis agrícola, una crisis de sobreproducción, de falta de realización de los productos en el mercado. Esto porque desde el siglo XIX experimentó una ampliación del área cultivada, gracias a la difusión de los avances técnicos en esta materia. Los monetaristas decían que los excesos de este tipo se regularían vía precios, pero esta tesis no funcionó, por lo que desde 1929 se vieron obligados a establecer una política de intervención en el mercado, todo en función de evitar que se siga expandiendo la producción. Pero hasta hoy no lo han logrado. Por ello, a los Estados Unidos le interesa colocar esos excedentes en nuevos mercados. En este contexto, los TLC con los países andinos, luego de fracasada la intención de formar el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), es una necesidad impostergable para el coloso del Norte.

En Ecuador, durante el período desarrollista, desde los años 70 hasta inicios de los 80, se produjo un proceso de modernización de la agricultura en los productos estratégicos: arroz, maíz duro, soya, algodón, caña de azúcar, leche, carne, etc., y estaba acompañado de una política de elevados aranceles a las importaciones, como una forma de proteger esa producción. A esto se sumaba una política de precios oficiales, como lo hacen hasta hoy los estados modernos en Europa; existía comercialización estatal, alta investigación científica, transferencia de tecnología, crédito subsidiado y abundante, que llegaba también a los campesinos. Al aplicarse el neoliberalismo en el Ecuador, desde la década de los 80, pero particularmente desde el año 1995, estos aranceles altos se cambian a franja de precios, y con ello toda la política de protecciones e incentivos a la producción nacional murió.

La franja de precios se implementa en el Ecuador al amparo de la Comunidad Andina, debido a la enorme vulnerabilidad de los precios a nivel internacional. Se estableció entonces una franja con precios fijos, con un piso, debajo de la cual no eran posibles las importaciones. Actualmente, si alguien quiere importar un producto, y el costo es menor al precio piso establecido en la franja, está obligado a igualarse a la franja, pagando los impuestos correspondientes. Entonces, el propósito de los Estados Unidos con el TLC es eliminar esa franja de precios y por ende, la protección de los productos de consumo estratégicos, que representan más del 80% del área cultivada en nuestro país.

Si se firma el TLC, desde el momento mismo en que entre en vigencia, estos productos tendrían una cuota fija de importación con cero impuestos. Se dice que el equipo negociador ofrece a los Estados Unidos una cuota máxima de 3 000 toneladas métricas de arroz. Por sobre esa cuota, según la oferta de Ecuador, se establecerían aranceles (impuestos) que irían disminuyendo en un lapso de 20 años hasta llegar a cero. Estados Unidos, sin embargo, se mantenía en su exigencia de que la cuota sea de 28 mil toneladas del grano.

Este tira y afloja, según trascendió hasta el cierre de la edición, había empantanado las negociaciones, aunque se decía que el plazo máximo para cerrarlas era el 3 de abril.

En el caso del maíz, la delegación norteamericana exigía una cuota por sobre las 400 mil toneladas, cuando Ecuador solo planteaba dar un cupo de 200 mil.

Los estadounidenses pedían además un contingente mayor a 250 mil toneladas para exportar al Ecuador torta de soya (materia prima básica para la industria avícola), mientras que la oferta nacional era permitir sólo 160 mil toneladas.

Según el Consejo Nacional de Salud (CONASA), “del total de fincas dedicadas a cultivos transitorios o de ciclo corto del Ecuador, el 12% corresponde a fincas arroceras (80 000 fincas), es decir cerca de medio millón de personas dependen de la producción de arroz; y el área cultivada (350 000 ha.) con este bien representa nada menos que el 28% de la superficie de ciclo corto. Pero además, el 80% de las fincas arroceras son de campesinos, que tienen menos de 20 has. Este es el sector que será más perjudicado por este huracán del TLC”.

Queda ver qué mismo hará el Gobierno, que ya ha demostrado debilidad y una gran indecisión luego de las jornadas de protesta de los sectores populares e indígenas, quienes han anunciado que continuarán con sus acciones hasta lograr su cometido: impedir la firma del TLC.