Desde el año 2006, Argentina dejará de vender gas natural a Chile y entonces las termoeléctricas que dan luz a más de diez millones de chilenos quedarán sin energía. El año pasado ya se sufrió un apagón que dejó en tinieblas a Chile. Hoy más que nunca el país vecino necesita el gas que se produce en Tarija. Las transnacionales se lo llevarán a precio de gallina muerta con el pretexto de vender el combustible a California.
El pasado jueves, 11 de septiembre, el ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín declaró que hasta el momento ninguna empresa en California ha formalizado su pretensión de comprar gas natural de Bolivia [1]. El ministro boliviano confirmó que California todavía considera otras cuatro ofertas, además de la boliviana, por parte de los proveedores peruanos de Camisea, así como de exportadores gasíferos de Australia y del norte del Japón; ofertas a las que se suma el gas de Alaska en el propio territorio estadounidense. En otras palabras, la tan mentada venta de gas a California es una posibilidad todavía remota, al menos en lo inmediato. Es un bluff eso de que si Bolivia no se apresura en definir la exportación, el país perderá el mercado norteamericano.
El mito de la venta de gas a California surgió a mediados del año 2001, durante la presidencia del adenista Jorge Quiroga Ramírez, cuando «un conjunto de trasnacionales que controlan el campo Margarita (Tarija), que es el campo con las mayores reservas de gas en Bolivia, planearon exportar gas natural a los Estados Unidos con el proyecto Pacific LNG» [2].
El consorcio Pacific LNG, que recibirá las ganancias por vender el gas boliviano, está formado por tres multinacionales a las que lideriza Repsol-YPF, asociada con British Petroleum y su subsidiaria Panamerican Gas. La compañía encargada de «comprar» el gas boliviano en California sería el grupo Sempra. Sin embargo Pacific LNG y Sempra no han cerrado trato alguno de compra-venta mientras el gobierno boliviano no defina «por dónde» saldrá el gas hacia ultramar.
Pero el único y verdadero interesado en hacerse del gas boliviano es Chile. Es decir, nuestro energético no irá a California «por Chile», sino, sencillamente llegará «a Chile» y punto. No hay otro proyecto a corto plazo.
Estamos en condiciones de afirmar que la supuesta venta de gas a California es una mera «cortina de humo» que confunde al país encubriendo el hecho de que son las trasnacionales asentadas en Chile las que buscan precipitar ese negocio a toda costa.
No era casual que cuando se conformó Pacific LNG, la primera presión ejercida por este consorcio que detenta el control del campo Margarita, fue para inducir a la construcción del gasoducto hacia el puerto chileno de Mejillones. Era obvio: Repsol-YPF, líder de Pacific LNG, constituida con capitales norteamericanos, españoles y argentinos, es socia de la estatal chilena Empresa Nacional del Petróleo (ENAP); y además la misma Repsol es socia mayoritaria de la comercializadora Lipigas, que controla casi el 50% del mercado de gas licuado en Chile [3].
Por su parte, Sempra Energy International, que supuestamente llevará el gas a California, es una operadora de servicios de gas natural y energía eléctrica que controla un mercado de 2.6 millones de usuarios en Argentina, Chile, México, Perú y Estados Unidos. En Chile, Sempra y PSEG Global son propietarios conjuntos de Chilquinta Energía S.A., la tercera distribuidora de electricidad más grande de aquel país, después de Endesa y Enersis. «Chilquinta Energía y sus filiales brindan servicios a 470 mil usuarios en el centro de Chile. Las dos socias estadounidenses también son propietarias de Energas S.A., que distribuye gas natural domiciliario a 34 mil usuarios de Chile» [4].
Tanto Repsol como Sempra están ligados a la compañía chilena Gas Atacama que encabeza el potentado croata Andrónico Luksic Abaroa [5]. Gas Atacama alimenta sus termoeléctricas con el combustible importado de Argentina, con lo que suministra energía eléctrica a todo el norte chileno; y en el 2001 se adjudicó la provisión de energía eléctrica para la mina boliviana de San Cristóbal, situada al sur de Potosí.
La pretensión chilena de trasvasar el gas boliviano a su territorio no es nueva. Ya se intentó poner en marcha este negocio en 1994, durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada, cuando la estatal chilena ENAP quizo tentar a su similar boliviana YPFB para adjudicar a Gas Atacama la construcción de un gasoducto entre Tarija y Mejillones.
Este primer intento fracasó ante un contundente pronunciamiento de rechazo emitido por las Fuerzas Armadas. Fue entonces cuando se tuvo que inventar la triquiñuela de aparentar que la pioridad sería California y no Chile.
En el mejor de los casos, debido a que Pacific LNG y Sempra dejarán para Bolivia una ganancia de sólo el 18 por ciento sobre el precio en boca de pozo, lo más probable es que estos consorcios tendrán ventajas para vender gas a México o a Estados Unidos como gas chileno y no boliviano, ya que ambos grupos podrán controlar ese negocio, con soberanía propia, desde el puerto de Mejillones [6].
Teóricamente, Pacific LNG exportaría en 20 años un total de 9,26 trillones de pies cúbicos (TCF sigla en inglés), es decir que se vaciará un 47% de la reserva gasífera existente en el campo Margarita (13,42 TCF).
Según este proyecto, 6.26 TCF estarían destinados a Estados Unidos y México (donde el comprador es inexistente), y sólo 3 TCF se quedarían en Chile. Sin embargo, esa relación tiende a invertirse drásticamente puesto que Argentina, antigua proveedora de gas natural a las termoeléctricas chilenas, dejará de suministrar ese energético a partir del año 2006. El pasado 31 de agosto, El Mercurio de Santiago reveló una decisión del gobierno argentino para suspender el suministro de gas natural a Chile, lo cual desató una ola de pánico en todas las regiones del país trasandino que alimentan su red de termoeléctricas con aquel energético. El gobierno de Kitchner ha decidido priorizar el consumo interno de aquel recurso natural.
El sistema interconectado chileno depende en gran parte de la energía termoeléctrica que se genera a partir del gas.
La crisis energética chilena ya había estallado en enero del 2002, cuando el gobierno de Duhalde intentó gravar la exportación gasífera a Chile con un nuevo impuesto que paralizó las inversiones de las petroleras y transportadoras extranjeras que operan en suelo argentino. Además, la pesificación de la moneda argentina, antes dolarizada, incidió notablemente en el incremento de tarifas de consumo eléctrico al modificarse el precio del gas natural. Dicho ajuste tarifario, según se estima, llegará a un 40% sobre las tarifas actuales.
Ese mismo año, poblaciones que abarcan desde Taltal en el norte y Chiloé en el sur de Chile, sufrieron un apagón masivo que dejó sin luz a más de 10 millones de chilenos, debido a una huelga de trabajadores de la provincia argentina de Neuquén, quienes cerraron las válvulas del gasoducto como parte de sus movilizaciones reivindicativas [7]. Desde entonces la población chilena vive con el temor constante de nuevos apagones.
El Mercurio denunció asimismo que el gobierno de Lagos envió una comisión de emergencia a Buenos Aires para lograr que los voceros del presidente Kitchner se abstengan de publicar la decisión argentina de restringir la venta de gas a Chile, a fin de evitar que cunda el pánico.
El problema se agrava para Lagos desde el momento en que el acelerado crecimiento económico de Chile repercute en un incremento de la demanda de energía eléctrica (y de gas natural por ende) en proporciones que aterran a las autoridades de Santiago. A ello se suma la disminución de lluvias (como efecto del fenómeno de El Niño) que debilitaron ostensiblemente los precarios sistemas de energía hidroeléctrica.
En un informe que la Comisión Nacional de Energía del gobierno de Santiago elaboró tras la misión chilena en Buenos Aires, citado por El Mercurio, se plantea que «si la economía crece entre 3,5 y 5,5% entre los años 2003 y 2007, la demanda eléctrica lo hará a un ritmo de 7%, con lo que bastará que se presenten ’años de hidrología medianamente seca para que la situación de abastecimiento se torne frágil a crítica’. Pero si tal como adelanta Meteorología se declara una sequía, el informe sentencia que ’se experimentará déficit de energía entre octubre y diciembre de ese año (el de la sequía)’. Además, si la energía se hace escasa naturalmente su precio subirá».
Dicha comisión calculó que el costo marginal promedio que actualmente es de 2,2 centavos de dólar por kilowatt/hora llegará a rangos de entre 5 y 25 centavos de dólar. «La ex secretaria ejecutiva de la CNE, Vivianne Blanlot, explica que el peor escenario sería el de dos años secos consecutivos: 2005 y 2006, pues tendríamos racionamientos diarios desde agosto de 2005 hasta febrero de 2007».
En ese marco, el gobierno de Chile se verá obligado a construir en los próximos 20 años (plazo que coincide con la duración del proyecto Pacific LNG) al menos 30 nuevas centrales termoelécticas, además de impulsar investigaciones para obtener alternativas energéticas que, como la eólica, geotérmica, biomasa o solar, por hoy resultan onerosas para cualquier economía. Asimismo, Chile ve como una opción mediata incursionar en la generación de energía nuclear, para lo cual ha suscrito convenios bilaterales con Japón y Corea del Sur [8].
Pero lo que más a mano le queda a Chile es el gas de Tarija. El pasado 3 de septiembre, la periodista Carla Paz Vargas, de El Deber de Santa Cruz, publicó una entrevista con el gerente de Gas Atacama, Rafael Araneda, quien reconoció que la demanda de gas en su país se incrementará en los próximos años de 18 a 42 millones de metros cúbicos diarios [9].
Araneda admitió que «es obvio» que Bolivia tiene el energético que Chile necesita para seguir desarrollando se voraz economía. «Estamos absolutamente disponibles para traer gas de Bolivia», dijo el funcionario chileno. «Además, está la exportación a California que beneficiará a los bolivianos», agregó con irónico desparpajo.
En septiembre del año 2001, Gas Atacama, la empresa que actualmente trasnporta el gas argentino hacia el norte chileno mediante un gasoducto cercano a Tarija, "ganó" una licitación internacional lanzada por el consorcio estadounidense Apex Silver Mines Limited para proveer energía eléctrica a la mina de San Cristobal, ubicada en Potosí, durante 17 años.
El contrato entre Gas Atacama y San Crstóbal es ilegal mientras no exista una aceptación por parte del Gobierno boliviano mediante un decreto expreso. Sin embargo esa ratificación está en vísperas de ser aprobada en el marco de un Tratado de Libre Comercio (TLC) que los presidentes Sánchez de Lozada y Ricardo Lagos suscribirían a más tardar en noviembre de este año.
Gas Atacama, una filial del Grupo Luksic en sociedad con Endesa Chile, construirá un sistema de transmisión que unirá su actual línea desde Iquique, a 1.847 kilómetros al norte de Santiago, hasta la mina situada al suroeste de Bolivia. Según informó el Gerente General de Gas Atacama, Rudolf Araneda, el proyecto requerirá de una inversión de más de 60 millones de dólares [10].
Endesa (Gas Atacama-Luksic) es socia del Banco BBVA, el cual a su vez es accionista de Repsol-YPF que lideriza el grupo Pacific LNG.
Gas Atacama se adjudicó el negocio para venderle electricidad a San Cristóbal (energía que será generada a partir de Gas Natural), no obstante que en Bolivia existen condiciones para el suministro local de energía hidroeléctrica.
En 1999, las generadoras Cobee/Guaracachi ofertaron la venta de energía a San Cristóbal a través del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Esta propuesta contemplaba el tendido de una línea eléctrica de 230 kilovoltios entre Cochabamba-Sucre y Sucre-Potosí-Punutuma, la que sería financiada por los usuarios del SIN. Sin embargo, la Superintendencia de Electricidad sólo autorizó la construcción de la línea entre Cochabamba-Sucre y pidió a Cobee/Guaracachi el cambio del trazo de la línea Sucre-Potosí-Punutuma, favoreciendo de ese modo a Gas Atacama.
Apex Silver es un consorcio con sede en las Islas Caimán que realizará una inversión de 428 millones de dólares para explotar una reserva de 240 millones de plata con altos contenidos de zinc y plomo.
El grupo Luksic ha negociado su participación en este consorcio norteamericano que también participaría de las ganancias en varios proyectos mineros que el empresario chileno posee en el norte de su país. Una de esas minas, La Escondida, tiene entre sus socios al actual presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, según una denuncia publicada por el periodista y ex legislador Andrés Soliz Rada.
[1] Declaraciones de Sánchez Berzaín a Fides-Cochabamba, reproducidas en el informativo matinal «La Hora del País» el 12 de septiembre.
[2] Marco Gandarillas y María Lohman: «No a la venta de gas a Estados Unidos», CEDIB, julio del 2002.
[3] Repsol y la estatal chilena ENAP se asociaron en diciembre del 2000, pocos meses antes de la creación de Pacific LNG. La compra de Lipigas por parte de Repsol se realizó en julio del 2000. Ver AméricaEconómica.com.
[4] Ver la página web de Sempra
[5] Recordemos que Andrónico Luksic es también propietario de Antofagasta Holding, que comercializa agua potable en el norte chileno usando los recursos de los manantiales bolivianos del Silala. Luksic es también dueño del ramal ferroviario Antofagasta-La Paz administrado por el grupo McLean Abaroa. Y es además propietario de los más grandes yacimientos de cobre en el norte chileno.
[6] El megapuerto de Mejillones, proyecto en cuya inversión participan Sempra y Gas Atacama, podrá mover buques de gran calado «Panamax», únicos en el mundo, que son fabricados por una compañía naviera perteneciente a la secta Moon (ver nuestro informe de El Juguete Rabioso #67, octubre-noviembre del 2002).
[7] «Nuestro sistema energético es vulnerable y puede entrar en crisis» El Mercurio de Chile, agosto 31 del 2003.
[8] Boletín de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Nro 7, Santiago de Chile, julio del 2003.
[9] «Chile confirma interés de comprar gas boliviano», El Deber, Santa Cruz, septiembre 3 del 2003.
[10] Agencia EFE, 7 de septiembre del año 2001
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