Es innegable que la revolución bolivariana ha descubierto una serie de potencialidades y capacidades del pueblo venezolano para el ejercicio democrático. Visto desde la oposición o desde el proceso bolivariano, el pueblo decidió participar.
Es innegable que la revolución bolivariana ha descubierto una serie de potencialidades y capacidades del pueblo venezolano para el ejercicio democrático. Visto desde la oposición o desde el proceso bolivariano, el pueblo decidió participar. Son parte de nuestra cotidianidad hechos formidables y excepcionales como marchas de miles de miles de personas, cerca de la mitad de la población de Venezuela está incorporada dentro del sistema educativo (vía educación formal y/o misiones), existe una voluntad de participación masiva en procesos refrendarios y elecciones, (hay casi dos millones de nuevos electores inscritos), se incrementa exponencialmente la participación en cooperativas, círculos bolivarianos, mesas técnicas de agua, medios comunitarios, consejos locales de planificación, comités de tierras urbanas y rurales, movimiento de las misiones sociales, ruedas de negocios, Organizaciones no gubernamentales (ONG) e incluso Organizaciones Contra Gubernamentales (OCG) [1], entre otras formas organizativas de participación. Para algunos se trata de "participación popular" (término más usado por el chavismo) para otros de "participación de la gente [2]" (más usado por la oposición).
Cualquiera sea el signo ideológico de esta participación, sabemos que Venezuela ha dejado de ser el país apático y represor de la IV República, con su de lenguaje político críptico y excluyente. Esta participación masiva instituye necesariamente el germen de más y mejores prácticas democráticas.
Los contenidos antidemocráticos -violencia, intolerancia, paramilitarismo, racismo, golpismo, fraude- que han traumatizado a no pocos venezolanos están siendo decantados, repudiados, desechados lentamente por la misma sociedad. De manera silenciosa se ha venido afirmando la vocación democrática de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Desafortunadamente la violencia mediática, la falta de balance de casi todos los medios y la corrupción parecieran ser los males antidemocráticos más difíciles de erradicar.
En la República Bolivariana de Venezuela el pueblo insurgió para dejar de ser espectador, conciente de que no basta con delegar su poder soberano, se dio a sí mismo una Constitución que consagra el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a participar en los asuntos públicos -no sólo a través de representantes elegidos- sino directamente. Me refiero a la democracia participativa y protagónica en la que las comunidades, conjuntamente con las autoridades locales, tienen el derecho- y el deber- de formular, ejecutar, controlar y efectuar seguimiento a las políticas públicas.
Este cambio representa un salto cualitativo para la vida social y política del país. La Democracia participativa (artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) plantea un nuevo paradigma para el ejercicio de la democracia. Ya no se trata de un momento (el sufragio), sino de una actividad permanente de construcción social que exige proactividad, formación, planificación, capacidad de negociación, consulta del pueblo o de la gente, y participación y seguimiento por parte de todos los ciudadanos. La democracia participativa implica un cambio de cultura en la conciencia del pueblo, su ejercicio exige centrar la acción en una ética de continuo crecimiento individual y colectivo.
Por supuesto no se trata de darle vida a un simple cambio operacional sino de instaurar en la práctica una nueva visión del poder popular en los niveles local, regional, nacional e, incluso, internacional.
Para desarrollar este paradigma revolucionario de la democracia participativa y protagónica, la Asamblea Nacional aprobó en el 2002 una ley bastante avanzada (aunque ciertamente perfectible en cuanto la visión de una planificación participativa integral del pueblo para la nación), me refiero a la ley de los Consejos Locales de Planificación Pública.
Esta ley plantea la instauración de una nueva institucionalidad o consejos locales que desmitifica la planificación como actividad de expertos, estableciendo que es el pueblo organizado el que debe decidir y direccionar, conjuntamente con los representantes elegidos y funcionarios públicos, en qué se invertirán los recursos, así como el cómo, el dónde, el cuándo y el cuánto debe hacerse.
Los Consejos de Planificación deben ser la columna vertebral del gobierno del pueblo. Los Consejos de Planificación (Consejos Locales de Planificación Pública, los Consejos Parroquiales y los Consejos Comunales) [3] son instancias todas creadas para la planificación integral de los gobiernos locales, coordinados regionalmente por los Consejos Estadales y nacionalmente por el Consejo Federal de Gobierno [4].
El plan de gobierno local debe responder a las necesidades reales de las poblaciones locales; si el pueblo se organiza, los alcaldes ya no pueden decidir invertir unilateralmente los dineros públicos en aceras, brocales y cloacas cuando la comunidad organizada exige salud y escuelas. El presupuesto debe ser el plan de gobierno local en números y no un ejercicio de los técnicos y expertos financieros que guarda insuficiente relación con las demandas de las comunidades o lo que se tiene planificado hacer.
Así, en la actualidad el movimiento de los CLPP debe luchar por fortalecerse integralmente. Fortalecerse en lo técnico-político para planificar y formular políticas públicas (mapa de necesidades del municipio, banco de proyectos y de recursos humanos y técnicos del pueblo organizado) en torno a necesidades prioritarias en los ámbitos de salud, educación, empleo, vivienda seguridad, etc. Pero, principalmente, fortalecerse en lo político para enfrentar una cultura del ejercicio representativo del poder, de la ineficacia, de la ineficiencia, que niega los poderes creadores del pueblo para asegurar intereses personales, o de grupos de poder y la continuidad del supra-partido de la corrupción.
Paralelamente, el pueblo organizado no debe olvidar que existe el riesgo de que el ultrademocratismo paralice la acción, que el arte de gobernar implica generar sinergias, aprender a ordenar las prioridades, diagnosticar, consultar, sistematizar proyectos y ejecutar. De manera análoga los representantes elegidos (alcaldes y gobernadores) deben desaprender la cultura de la democracia representativa y facilitar este ejercicio de soberanía, promover realmente la corresponsabilidad en el proceso de toma de decisiones. Joseph Stiglitz, el ex-asesor del Banco Mundial, señala que la principal causa del fracaso de los proyectos de desarrollo multilateral en los llamados países del tercer mundo fue la falta de consulta a las comunidades locales. Ello evidencia que el pueblo posee un conocimiento de la realidad indispensable e insustituible, y que el conocimiento técnico debe ser puesto a su servicio.
La corrupción en Venezuela es un monstruo de mil cabezas, uno de los principales retos de todos los poderes públicos. La participación del pueblo, en su función planificadora, contralora y veedora puede ayudar a eliminar -o disminuir en gran medida- este otro mal antidemocrático. En especial si el pueblo decide, conjuntamente con las autoridades locales, cuáles son los proyectos en los que se deberá invertir los dineros públicos. Si el pueblo, organizado en cooperativas y microempresas, ofrece bienes y servicios de calidad al gobierno local, y supervisa la transparencia de los procesos de licitación, el gobernante elegido no puede invertir en lo que le venga en gana, ni con quien le venga en gana.
Parte importante del fenómeno de la corrupción en Venezuela tiene que ver con la malversación. Hemos sido menos vigilantes del destino de los dineros públicos porque hemos tenido un permanente ingreso petrolero. No obstante esta falta de transparencia en el manejo de los presupuestos está llamado a cambiar. Si los Consejos del Pueblo definen un presupuesto participativamente, y exigen el cumplimiento de los proyectos planificados, las posibilidades de cambiar los destinos de los dineros públicos se reduce significativamente.
El empoderamiento del pueblo exige estar vigilantes,, implica armarse de herramientas para forjar una cultura anticorrupción. El sistema de justicia debe responder a las exigencias de la nueva democracia participativa y protagónica y castigar con contundencia al que se apropie fondos públicos, y con ello perjudique los proyectos, y la posibilidad de bienestar del pueblo. Ante un mal tan enraizado hay que actuar con firmeza, con voluntad política, sin complicidades, e imponer penas ejemplarizantes y proporcionales al daño causado al colectivo.
La participación del pueblo en los asuntos públicos, me refiero a una participación cooperativa, empoderada de herramientas técnicas, conocimiento del presupuesto y ejercicio permanente del control social, donde los alcaldes y gobernadores sean líderes-facilitadores del ejercicio soberano del poder popular en la concepción de los planes, en la ejecución con participación de las instituciones del poder organizado (cooperativas, microempresas, etc.) es la única garantía de superación del problema de la corrupción.
Durante los últimos tiempos el pueblo venezolano ha demostrado una gran madurez y visión política ante golpes de estado, guerra mediática y otras difíciles pruebas. Por ahora el mayor reto de pueblo venezolano radica en la organización. Estos tiempos de revolución no son para agotarse en marchas y contramarchas, firmas y contra-firmas: la plataforma de los Consejos Locales de Planificación Pública nos ofrece la oportunidad de avanzar hacia formas superiores de organización social.
La revolución bolivariana corre el riesgo de no ser sostenible en el tiempo si depende tanto de una sola persona, porque más que un SÍ o un NO la revolución exige transformar y crear la institucionalidad a fin de resolver con eficacia y eficiencia los problemas de las comunidades mediante la participación directa de la gente, del pueblo. Hay que dar más poder al pueblo si queremos marchar hacia una sociedad de nuevo tipo, hacia un nuevo y mejor modelo de democracia. Por ello, desde la plataforma organizativa Conexión Social enfatizamos que hay que avanzar en lo organizativo hacia un verdadero protagonismo del pueblo en la toma de decisiones soberanas.
[1] Las organizaciones contra-gubernamentales son parte del fenómeno de las nuevas instituciones en Venezuela, surgieron al fragor de la lucha antichavista y adoptaron legalmente la figura de Organizaciones No Gubernamentales. Su práctica nos dice que su misión cardinal no es de orden social sino más bien político: sacar a Chávez de la presidencia.
[2] Aspiramos a que estas instituciones no desaparezcan sino que asuman en un momento no lejano sus misiones sociales para fortalecer el tercer sector de la economía
[3] Según el artículo 182 de la CRBV y el MPD los CLPP son instancias encargadas de promover la participación organizada del pueblo en los procesos de formulación , seguimiento, control y evaluación que constituye la planificación participativa a ser desarrollados a nivel del municipio donde el alcalde o alcaldesa tiene la responsabilidad de presidirlo y de formular el Plan de Desarrollo Municipal.
[4] De acuerdo con el artículo 185 de la CRBV son los órganos encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización
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Autores: diplomáticos, economistas, geógrafos, historiadores, periodistas, militares, filósofos, sociólogos… 
