Sólo cuando las despidieron sin pagarles su sueldo y se fueron agotando los medios para conseguir que el empleador cumpliera este compromiso, las trabajadoras temporeras del packing Santa Ana Export, de Requínoa (VI Región), se atrevieron a contar la forma en que habían sido tratadas.
Laboraban de 12 a 14 horas diarias, seleccionando ciruelas, de pie y encadenadas a la mesa de trabajo, para que no fueran al baño. Tal cual. Con dos cadenas, una circundando la cintura y otra, en las piernas.
“De Rancagua eran 50, 30 de Graneros y 20 de Requínoa. La mayoría mujeres y todas trabajaban en las mismas condiciones. Además, contaron que lo más terrible era un jefe acosador sexual con todas las mujeres, sin importarle la edad que tuvieran”, denuncia Juana Carvajal, dirigenta de la Federación Campesina Bernardo O’Higgins, de Rancagua. Habían llegado al packing en abril del año pasado y soportaron en silencio este trato humillante por no perder la posibilidad de un salario que nunca llegó. Sólo les dieron un anticipo. La mayor parte de ellas fue “enganchada” por contratistas y, como sucede en la mayoría de estos casos, nunca tuvieron contrato. Eso facilitó el despido sin pagarles un peso.
Juana Carvajal, recibió el testimonio de las temporeras cuando acudieron a la Federación para pedir asesoría ante la Inspección del Trabajo. “Hubo varios comparendos, pero el contratista jamás reconoció que hubo una relación laboral, menos el representante de la empresa (Leo Romeu). Entonces, el caso quedó botado, porque había que poner una demanda y no teníamos abogado ni plata. Recurrimos a las autoridades para ver si podían presionar a la empresa para que cancelara los sueldos. Fue ahí cuando ellas empezaron a contar cómo trabajaban. Mucha gente se espantó. Tuvimos una entrevista con el seremi del Trabajo, Rodrigo Vergara, y no lo podía creer”, relata la dirigenta. Sin embargo, cuando le pidieron ayuda para conseguir un abogado, éste las envió a la Corporación de Asistencia Judicial. “Hemos tenido pésimas experiencias en la Corporación, así que le dijimos al seremi que si no se solucionaba luego el problema de estas trabajadoras, a la prensa”, recuerda Juana Carvajal. Pero como no pasó nada, dieron una entrevista a El Rancagüino en el mes de octubre.
El diario estaba preparando un reportaje sobre los temporeros y la supuesta mejoría de su situación, con los nuevos tratados de libre comercio. “Ahí quedó la escoba -dice la dirigenta sindical-. A mí me llamó Luis Sepúlveda, director regional del Trabajo, y me dijo que ‘las dirigentas polémicas duran poco en sus cargos...’, que no debería haber llevado a las mujeres a la prensa, porque eso no era real, que no podía ser que las temporeras hayan estado trabajando encadenadas. Le expliqué que simplemente dijimos lo que ellas mismas relataron.
Han pasado cuatro intendentes y ninguno nos ha querido recibir como organización campesina. Tampoco el intendente actual, Carlos Bravo. Lo único que hizo la Dirección del Trabajo fue fiscalizar a la empresa Santa Ana. Y resulta que entre 2003 y 2004 le habían aplicado como diez multas, por lo cual ya deberían haberla cerrado. Había mucha gente a la que no le habían cancelado los sueldos, pero recién la clausuraron ahora, debido a esta denuncia. Lo lamentable es que esto salió a luz porque no se le habían pagado los sueldos a las trabajadoras, no por un tema de dignidad humana”.
Después de la denuncia en la prensa, a las ex temporeras de Santa Ana Export les llegaron anónimos con amenazas, que se supo provenían de los contratistas. “Ellas no quisieron seguir dando entrevistas, porque dijeron que se estaban arriesgando a tener más problemas, no les darían trabajo y tampoco conseguirían que les pagaran los sueldos adeudados”, añade Juana Carvajal.
La dirigenta de la Federación Campesina Bernardo O’Higgins relató este impactante caso en una acción-denuncia sobre las condiciones laborales de las temporeras que se realizó en la Plaza de Armas de Rancagua, el 14 de diciembre, con participación de diversas organizaciones de la zona, Santiago y Melipilla. En esta oportunidad, dirigentes de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) de la VI Región, dijeron que también han recibido denuncias que parecen provenientes de una historia de ciencia ficción. “Cajeras de supermercados dicen que las hacen trabajar con pañales... para que no pierdan tiempo en ir al baño-señaló Alejandro Pujá-. Pero no hay gente que se atreva a dar testimonio, porque tienen miedo de perder su trabajo”.
El trato indigno; la inexistencia de contratos laborales; los salarios cada vez más reducidos, debido a la mediación de contratistas que se quedan con la mitad del salario; jornadas extenuantes; falta de higiene, de baños y agua potable en los lugares de trabajo, y el riesgo de sufrir graves enfermedades debido al contacto o exposición obligada a plaguicidas durante la jornada laboral, fueron parte de las denuncias efectuadas por las dos organizaciones citadas y por dirigentes de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina (RAP-AL), del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca), el sindicato Martralipo, de Pomaire, y “Rodrigo ayuda”, organización de la comuna de Melipilla que agrupa a familiares de niños nacidos con malformaciones a causa de la exposición de sus padres a agrotóxicos mientras trabajan en faenas agrícolas. La acción-denuncia tuvo como eje una muestra de réplicas de fetos malformados del artista Juan Verdejo, expuesta al público en la plaza central de Rancagua.
Tanto el incumplimiento de las escuálidas leyes laborales como la inoperancia de las autoridades y la falta de fiscalización de las entidades del Estado, que afectan en forma especial a los temporeros agrícolas, serán denunciados por estas agrupaciones ciudadanas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y entidades de consumidores de Europa y Estados Unidos, para que sepan a qué costo se producen las frutas chilenas que se exportan a sus países.
Las mujeres y los niños son los que se llevan la peor parte. En la temporada de cosecha, que coincide con las vacaciones escolares, menores de hasta siete años trabajan junto a sus padres y otros familiares en las mismas condiciones que los adultos. Un estudio efectuado en la VI Región por la doctora Angélica Moreno y otras especialistas en salud constató que el setenta por ciento de los niños de entre 7 y 16 años de los colegios de Coínco se integran al trabajo de temporada durante el verano. “Nos hemos reunido muchas veces con las autoridades por el tema del trabajo infantil, que está penalizado por la ley, pero no se toman las medidas que corresponden -dice Juana Carvajal-. La verdadera solución es que les mejoren los sueldos a los papás para que los niños no tengan necesidad de trabajar para ayudar en sus casas o juntar plata para comprar sus útiles escolares”. Si todo esto ocurre sin que se oficialice la “flexibilización” laboral pretendida por los empresarios y sectores de la derecha y de la Concertación, ¿qué sucederá después?
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