Tras dos décadas de figurar como un alumno aplicado del FMI, Bolivia se propone seguir los pasos de Argentina y de Brasil y liberarse del corsé que impone este ente multilateral, aunque aún no le adelantará el pago de sus 13,9 millones de dólares de deuda.
El equipo económico del presidente Evo Morales, del izquierdista Movimiento al Socialismo, anunció que no renovará su acuerdo financiero con el FMI (Fondo Monetario Internacional), tomando igual rumbo que Buenos Aires y Brasilia, aunque en esos casos fue cancelando por anticipado sus respectivos adeudos.
Con la popularidad que alcanza a 80 por ciento de los consultados en varias encuestas y con una postura contraria al neoliberalismo imperante en los años 90, Morales pretende cerrar el ciclo de 20 años de dependencia de este organismo de crédito multilateral y sus postulados en materia económica para el mundo en desarrollo.
El amplio respaldo obtenido en las elecciones del 18 de diciembre, cuando Morales ganó el gobierno con 53,7 por ciento de los votos, abrió el espacio para adoptar una medida económica de esta naturaleza, dijo a IPS Javier Gómez Aguilar, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario.
Además es propicio el momento elegido por La Paz, con el FMI acusado de ser el responsable principal de las crisis financieras que se sucedieron en el mundo desde 1997, como el colapso de 2001 en Argentina, de donde el ente levantará sus oficinas próximamente luego de que ese país pagó por anticipado a fines de año sus 9.800 millones de dólares de deuda.
Brasil también abonó en diciembre sus 15.440 millones de dólares adeudados, al tiempo que Turquía canceló parte de sus compromisos, todo lo cual llevó al presidente del FMI, Rodrigo Rato, a proponer una dosis de su propia medicina, es decir fuertes recortes en el funcionamiento de la entidad.
Pero hasta ahora, la negativa boliviana a renovar un acuerdo sólo es un "mensaje político", en tanto no se cambie la orientación de la política económica trazada por el FMI, entiende Gómez Aguilar.
El ministro de Planificación, Carlos Villegas, explicó en rueda con la prensa internacional que el gobierno cuidará el equilibrio macroeconómico y que aprovecha la situación económica internacional y la bonanza de los precios de los productos básicos.
"Esta coyuntura favorable nos permite tomar una decisión: no vamos a romper con el FMI, pero tampoco vamos a firmar con ese organismo ninguna carta de intenciones", afirmó el ministro. De ese modo habrá libertad para implementar políticas económicas al servicio de los sectores sociales y no sólo para mantener indicadores estables, añadió.
Gómez Aguilar es partidario de esa estrategia y expresa que "la estabilidad de la economía no puede estar separada de la microeconomía, la protección al trabajo y del respaldo al aparato productivo".
El experto propone un agresivo manejo de la economía, con un margen de mayor flexibilidad para la inflación y una baja en las tasas de interés, que permitan el acceso de los productores al crédito.
Junio de 1986 marcó la reanudación de la asistencia del FMI a Bolivia, que comenzaba a dar los primeros pasos tras la tormentosa época en que la inflación llegó a 25.000 por ciento anual y los demás indicadores se habían disparado al mismo alocado ritmo, que prácticamente arrasó con la economía.
La estampida de los precios se frenó con la política de "shock" impuesta por el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro, en su tercer y último gobierno de 1985 a 1989, liberando el mercado de bienes y recortando el gasto público, lo cual condujo a la transferencia de pequeñas empresas estatales a las regiones y el despido de unos 30.000 empleados públicos.
Desde entonces, según los datos proporcionados por el Banco Central a IPS, el país se acogió a seis programas del FMI, con el desembolso consecuente de 891 millones de dólares. Empero, pagos anteriores y la condonación de deuda lograda a fines de 2005 han reducido el monto de su compromiso con el ente a sólo 13,9 millones de dólares.
La Paz no expresó, a todo esto, su predisposición de pagar por adelantado esta obligación. Entre otros desafíos, el gobierno que asumió en enero se ha comprometido a abatir la pobreza que afecta a 67 por ciento de los 9,2 millones de bolivianos, según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas.
Con una moneda estable, una inflación de 4,91 por ciento en 2005 y reservas internacionales netas de 2.100 millones de dólares y en ascenso, la macroeconomía es el lado opuesto de la gran deuda social que ha provocado hasta ahora el recurrente clima de incertidumbre política.
Los ahorristas confían más en la moneda nacional, el boliviano, y sus depósitos en los bancos privados alcanzan a unos 3.000 millones de dólares, frente a los escasos 275 millones durante la primera mitad de los años 80, según estudios realizados por la Unidad de Análisis de Políticas Económicas.
Uno de los constructores y vigilantes de esa estabilidad de los grandes números económicos es el presidente del Banco Central, Juan Antonio Morales, próximo a dejar el cargo tras 11 años de que fuera impuesto por el Congreso legislativo.
Para este funcionario, el anuncio del gobierno de su homónimo es "un tanto riesgoso", debido a la dificultad de obtener el respaldo de países donantes y organismos internacionales que confían en la calidad de monitoreo del FMI.
"El acuerdo con el Fondo no es tan importante por el dinero que nos pueda dar, que nunca fue grande, sino por la aprobación de las políticas que se están implementado", explicó.
Mientras, Gómez Aguilar interpreta que la crisis del propio FMI, como efecto de su papel de propulsor de políticas de ajuste estructural, ha conducido al nuevo gobierno boliviano a prescindir de su ayuda.
Desde el reingreso del FMI al escenario de la economía boliviana, la realidad en números ha cambiado dramáticamente, con datos alentadores como el caso de las exportaciones no tradicionales, que subieron de apenas 34 millones de dólares en 1985 a 2.797 millones en 2005.
Las importaciones en 2005 fueron de 2.343 millones de dólares y el saldo, por segundo año, ha sido favorable a Bolivia con 454.2 millones de dólares, a diferencia de 2003, cuando el nivel de la balanza comercial fue negativo en 15,5 millones de dólares.
En materia de endeudamiento, la reposición del orden en las finanzas públicas permitió negociar alivios y recompra de la deuda privada por unos 600 millones de dólares, aunque el nivel de las obligaciones con fuentes multilaterales y países amigos asciende hoy a 4.655 millones de dólares, según el Banco Central.
Bolivia consiguió el perdón de 1.500 millones de dólares, bajo dos líneas del programa para Países Pobres Altamente Endeudados, y una suma similar del Banco Mundial, a los que se agregan las condonaciones de Japón por 200 millones de dólares y del propio FMI por igual monto.
Empero, la deuda total de Bolivia aún no reflejará estos alivios inmediatamente, porque cada uno de los programas se hará efectivo entre los 15 y 40 años.
El experto en finanzas externas Alfred Gugler, sin embargo, aclara que la concreción de los anuncios de condonación disminuirá el pago por intereses de la deuda en unos 130 millones de dólares al año desde 2007. Bolivia pagó 370 millones de dólares a sus acreedores sólo en 2005.
La deuda externa es casi la mitad del producto interno bruto, que alcanza a unos 8.758 millones de dólares, según el Instituto Nacional de Estadísticas.
Por ello, "la deuda es ilegal e ilegítima no sólo porque ya se pagó el capital, sino por las condiciones políticas que impuesto ese endeudamiento y las elevadas tasas de interés", expresó a IPS el sacerdote católico Gregorio Iriarte.
Este religioso es uno de los impulsores del perdón de la deuda externa boliviana y asegura que las gestiones fueron exitosas al evitar "una sangría" anual por el servicio de deuda que alcanzaba a 400 millones de dólares.
A la espera de que el Banco Interamericano de Desarrollo acepte la condonación de otros 1.500 millones de dólares de deuda, Iriarte afirma que la Iglesia Católica continuará abogando por disminuir las obligaciones y la reorientación de recursos financieros con destino a programas sociales.
Un portavoz del Banco Central explicó a IPS que aún queda como tarea pendiente la reducción del déficit fiscal, que el pasado año bajó de 4,5 a 2,1 por ciento, como efecto de disciplinadas políticas de control del gasto público.
Esta diferencia entre los egresos y los ingresos fiscales es cubierta con el apoyo de organismos internacionales a través de créditos y donaciones que se aproximan a los 400 millones de dólares por año, el punto frágil de la economía boliviana.
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