Bajo una cortina, que es la creación de una empresa de economía mixta, en donde el sector privado tendría una participación del 95% y el Municipio un 5%, la Izquierda Democrática, oculta la pretención de privatizar el agua potable en nueve parroquias de la capital.
El Municipio ha guardado silencio durante cuatro años sobre sus pretensiones de entregar a la empresa privada, bajo la figura de la concesión, el manejo del agua potable en nueve parroquias nororientales de Quito: Guayllabamba, El Quinche, Checa, Yaruquí , Tababela, Pifo, Puembo, Tumbaco y Cumbayá.
Este sería el inicio de lo que después significaría la privatización total del agua potable en Quito y, según el interés del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que podría ser la privatización del líquido vital en todo el país.
El proyecto surge como parte de las políticas contenidas en el Plan Bicentenario y el Plan Equinoccio Siglo XXI de la Izquierda Democrática (ID), que plantean la urgencia de deslindar al Municipio de responsabilidades con la ciudad y convertirse solamente en un ente regulador de los servicios. Con este propósito se han concesionado lugares estratégicos de la ciudad, como el parque Itchimbía con el Palacio de Cristal, las faldas del Pichincha con el Teleférico, espacios públicos como el parque La Carolina, El Teatro Nacional Sucre, Los Viveros de Las Cuadras, y servicios como la recolección de la basura, entre otros.
En lo que respecta al servicio de agua potable para estas parroquias, el mecanismo sería la creación de una empresa de economía mixta, en donde el sector privado tendría una participación del 95% y el Municipio un 5%, de esta manera, según los defensores de esta propuesta, el Municipio no perdería injerencia en el proyecto. Se adopta este mecanismo para no llamar las cosas por su nombre: ‘privatización’, y así evitar que los quiteños reaccionen.
Las autoridades del Cabildo manejan con absoluta reserva el tema, pero se conoce que la concesión tendría una duración de 30 años, con un costo de 150 millones de dólares, y en los primeros cinco años tendría una inversión de 33 millones. No está claro, sin embargo, el procedimiento que se tomaría, puesto que el BID y el CONAM contrataron a la consultora internacional Price Waterhouse para que se encargue de ver la factibilidad y los términos en que vendría la empresa privada, consultoría que tiene un costo de 1 421 dólares, y si las cosas salen bien, cobraría un adicional de 200 mil dólares más.
Las cuatro empresas calificadas para participar en el proceso de concesión son: Hidrosan Ingeniería, una empresa Chilena; Consorcio del Valle (Latinagunas, Coandes, Consulten), donde participan argentinos y ecuatorianos; MNV S.A. Vergel y Castellanos S.A. Aguas Capital (Colombianos); y finalmente, Biwater Internacional Limited, que es inglesa. Las hojas de vida de todas ellas no son muy favorables, por los problemas que han tenido donde han funcionado. Biwater, una de las calificadas en el proceso, le sigue un juicio al Estado de Tansania, en Africa, por dejar insubsistente el contrato de concesión, ya que la empresa no cumplió con los compromisos asumidos.
En los documentos de la Consultora Internacional se señala que es muy rentable la inversión de la empresa privada en Quito, para lo cual es recomendable la elevación de las tarifas del agua potable en un 50%, 80% y 100%. De darse esta elevación la concesionaria tendría que invertir un monto de 5,5 millones de dólares, con una ganancia de 430 millones de dólares por los 30 años de concesión. Y aún más, para hacer atractivo este negocio, el Municipio debe dotarles de la infraestructura necesaria para que las concesionarias no tengan que realizar inversiones extras, por lo que se están haciendo inversiones en el alcantarillado y en la ampliación de la red de distribución de agua potable.
Tampoco la EMAAP-Q se libera de riesgos, ya que debe asumir contribuciones en beneficio de los concesionarios, como un seguro en el que se ampararían estas empresas; se responsabiliza en varios riesgos como: por pérdida de caudal, riesgo político, riesgo tarifario, riesgo de impacto social, riesgos ambientales ocasionados por el concesionario, entre otros.
El Municipio organizó un debate en torno a la propuesta de concesionar el servicio del agua potable. Organizaciones sociales y movimientos en defensa del agua expusieron frente a las autoridades sus argumentos por los que no debería privatizarse este servicio, mientras que el alcalde de Quito, Paco Moncayo, defendía la urgencia de entrar en este proceso y las bondades que traería dicho proyecto. Moncayo se quedó sin argumentos ante las denuncias hechas por los diversos sectores que se encuentran defendiendo el liquido vital, y que presionarán hasta que se deje insubsistente este proceso. El Alcalde ha manifestado que se continuará con las reuniones hasta llegar a un acuerdo, y ha puesto a disposición del público una dirección electrónica para conocer ciertos detalles: www.emaapq.com.ec
El Municipio no tiene recursos para asumir la responsabilidad de dotar de agua a las parroquias nororientales de Quito, donde ha invertido, para este año, apenas dos millones de dólares. Con el proyecto se liberarán recursos para atender a las 24 parroquias restantes. La EMAAP, según el alcalde, ya llegó al límite por el servicio de mala calidad que presta y su endeudamiento. Se abre la posibilidad de compartir experiencias y conocimientos en la materia con otras empresas del sector.
En varios países de América Latina se han revertido estos procesos, debido a los resultados negativos de la privatización: En Bolivia, la recuperación de sus recursos naturales le ha costado sangre y muerte a su pueblo que, tras meses de protestas, logró que el gobierno boliviano rescinda dos veces los contratos con grandes empresas abastecedoras de agua: en el 2000 en Cochabamba y a principios de año en El Alto y en La Paz. Han pasado seis años para que las multinacionales Bechtel, Edisson Aem y Abengoa, firmen en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, un acuerdo en el que ambas partes dejan sin efecto un proceso judicial demandando al Estado de Bolivia por 50 millones de dólares por daños y perjuicios de sus inversiones. En Uruguay, más del 64% de la población votó a favor de una enmienda a la Constitución que declara el acceso al agua como un derecho social.
Vivimos en una época en que el intervencionismo militar, político y económico de EEUU, Europa y de sus aliados van de la mano con sus ambiciones desmedidas por controlar y explotar las riquezas del planeta, negando los derechos y la soberanía de los pueblos a tomar sus propias decisiones.
Hoy ubican como panacea de la solución de los problemas sociales a la concesión de los servicios a la empresa privada, para que aumente la "eficacia" que no tienen las instituciones públicas, en este caso encargadas del servicio de agua potable, y consecuentemente la subida de tarifas, que ha provocado violentas manifestaciones en Bolivia, Perú, y otros países latinoamericanos.
Una crónica del Wall Street Journal del año 2003, dice que el Banco Mundial está cambiando sus recomendaciones financieras, luego de reconocer que la privatización de servicios públicos no siempre funciona. Una reciente encuesta realizada en 17 naciones de Latinoamérica muestra que 63% de los consultados opina que la privatización de compañías estatales no ha sido benéfica. Como resultado de una amplia decepción en América Latina, África y Asia, se están renegociando varios contratos de venta, y se ha cancelado un puñado de proyectos centrados en carreteras de peaje, gestión energética y de aguas.
En el país, desde los años 90, el Banco Mundial, el FMI y el BID vienen otorgando importantes paquetes de créditos, pero con la condición de privatizar la empresa pública del agua. En el caso de Guayaquil, el proceso privatizador inició con la fusión de la Empresa Provincial de Agua Potable de Guayaquil y la Empresa Municipal de Alcantarillado en la compañía mixta ECAPAG, que operó 6 años antes de ser concesionada, sentando las bases para la privatización. La licitación la ganó la empresa Interagua, subsidiaria de International Water Group of Netherland o Bechtel, responsable de la "guerra del agua’ en Bolivia y una de las beneficiarias de contratos en Irak.
No se puede ni se debe entregar ‘el oro azul’ a manos privadas, un recurso estratégico que en algunos años más será más valioso que el petróleo, dando lugar a las vaticinadas ‘guerras del agua’… El agua debe ser considerada un bien común que debemos defender y al que tenemos derecho.
Natasha Rojas
Presidenta de la Federación de Barrios de Quito
“Nuestra posición es de total desacuerdo con lo que pretende hacer el Municipio de Quito a través de la EMAAP-Q. Esta decisión fue tomada por el Directorio de la empresa de agua potable en septiembre del 2002, con 4 votos a favor, de los concejales Alfredo Vera, José Ignacio Bungacho, Diego Carrión y Luis Amaquiña..
Este proceso es poco transparente porque se ha omitido la socialización, y lo más grave, no consultaron a los futuros afectados. La firma del contrato de concesión se realizaría en febrero de 2007.
Frente a esta realidad, la Federación de Barrios de Quito exige que se deje sin efecto este proceso privatizador y hace un llamado a las organizaciones sociales y populares, gremiales, estudiantiles, a rechazar esta decisión y, conjuntamente, implementar acciones de movilización y evitar un nuevo atropello al pueblo de Quito”.
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