Un engendro jurídico inmune a la democracia

Es una poderosa herramienta, que generó ayer y fortalece hoy un sistema de medios de comunicación que concentra dinero y discurso en pocas manos y voces, mientras explota y disciplina a trabajadores de prensa y excluye del acceso a los medios a una pluralidad de actores que podrían hacer oír una nota disonante con la monocorde partitura del neoliberalismo.

No por casualidad, son la 22.285 y la ley de entidades financieras las únicas leyes heredadas de la dictadura que han sobrevivido a cuatro presidentes democráticos, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde -sin contar a los fugaces ocupantes del Sillón de Rivadavia luego de la crisis de diciembre de 2001-, y todo indica que sobrevivirán a la gestión de Néstor Kirchner, porque el gobierno que se animó a descolgar el cuadro de Videla del Colegio Militar no parece dispuesto a descolgar del andamiaje jurídico a las emblemáticas leyes del Proceso.

Vía libre a los monopolios

En cuanto a la 22.285, a principios del gobierno de Menem sufrió -más bien, disfrutó- una crucial modificación, que había sido iniciativa de Alfonsín en la recta final de su mandato: se reemplazó el inciso (e) del artículo 45, que impedía a las empresas periodísticas editoriales ser permisionarias de canales de TV o radios; y los incisos (a) y (c) del artículo 46, que respectivamente disponían que el "objeto exclusivo" de un licenciatario debía ser la radiodifusión y que no podía haber más de 20 personas integrando las sociedades radiodifusoras. La abolición de esos obstáculos generó un creciente proceso de concentración empresarial y consagró al oligopolio informativo como un factor de poder, que a la postre llevaría a admitir al riojano que el gran error de su mandato fue darle vía libre a los multimedios.

A su turno, el gobierno de la Alianza gozó y padeció al monopolio informativo, pero sobre todo lo respetó. Por su parte, Duhalde envió al Congreso, en plena crisis económica del 2002, la modificación de ley 24.522 de Concursos y Quiebras, extendiendo plazos de negociación y evitando que un acreedor se apropie de una compañía con anterioridad a una eventual quiebra, lo que favoreció tan evidentemente al por entonces endeudado multimedio de Ernestina Herrera de Noble que la nueva norma fue bautizada "Ley Clarín". Y sólo se atrevió a sustituir por iniciativa propia (Decreto 1214/03, mayo de 2003) el artículo 11 de la 22.285, con la finalidad de remover el obstáculo legal que impedía a las provincias y a las municipalidades la prestación de determinados servicios de radiodifusión. Pero esta habilitación resultó tardía y difícil de asumir por gobernantes que casi sin excepciones se terminan cuadrando frente a los medios de comunicación empresariales, ante a la amenaza de ser desestabilizados si cometen la osadía de crear medios estatales.

Y ya durante el gobierno de Kirchner, el Congreso sancionó el 17 de agosto de 2005 la ley 26.053, que sustituyó el discriminatorio artículo 45 por un texto que incluye a las hasta entonces excluidas entidades sin fines de lucro. Pero sólo significó trasladar al ámbito legislativo lo que dos años antes la Suprema Corte de Justicia había definido como inconstitucional, por "excluir de un modo absoluto, sin sustento en un criterio objetivo razonable, a determinadas personas jurídicas de la posibilidad de acceder a una licencia de radiodifusión, por no haberse constituido en una sociedad comercial, pues ello importa en definitiva, una irrazonable limitación al derecho a expresarse libremente y de asociarse o no hacerlo". Así la Corte dio la razón a la Asociación Mutual "Carlos Mugica", que opera la radio comunitaria FM "La Ranchada" de la ciudad de Córdoba, patrocinada por el abogado Miguel Julio Rodríguez Villafañe, y con ella a los numerosos actores sociales que venían luchando contra esta discriminación.

Mientras tanto, esa lucha se había encausado en una coalición que en el 2004, al cumplirse 21 años del retorno democrático, presentó en el Congreso los "21 puntos" de la "Iniciativa Ciudadana por una ley de Radiodifusión para la Democracia", una declaración de principios suscripta por mil firmantes, entre ellos, los sindicatos de prensa y comunicación, entidades de derechos humanos, universidades, carreras y académicos de la comunicación, organizaciones ciudadanas, de base, territoriales y religiosas e incluso algunos funcionarios nacionales. En esa oportunidad, los referentes de la coalición dejaron claro que no alcanzaba con la sola sustitución del artículo 45, y la consigna principal del texto alertaba: "Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia". Pluralismo informativo y cultural, derecho a la información, participación ciudadana, federalismo y compromiso con la educación y los derechos humanos, eran los principales valores propuestos.

Fuera de agenda

Es que allá por la época en que hizo descolgar el retrato del dictador, al comienzo de su mandato, Kirchner se declaraba dispuesto a "revertir la concentración empresarial en las comunicaciones" y su hombre en el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Julio Bárbaro, se dedicaba a fustigar con entusiasmo al engendro jurídico de la dictadura y a los grupos económicos que prohijó. Después las cosas cambiaron. Hace tiempo que "no está en la agenda" del gobierno reemplazar la ley de radiodifusión, como admitió el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, en una reunión con representantes de la Coalición para una Radiodifusión de la Democracia celebrada a principios de 2005. Por si no quedaba claro, en mayo de ese año el Poder Ejecutivo emitió el decreto 527, con el cual otorgó una prórroga de diez años a los principales grupos económicos titulares de licencias de radiodifusión -que mantendrán en algunos casos hasta 2108 y 2025-, con el pretexto de garantizarle "previsibilidad económica" a sus inversiones. Fue un verdadero mazazo para las esperanzas de la coalición.

Como contracara, el Comfer -incluso después del retoque en el artículo 45- continúa manteniendo en la ilegalidad a unas diez mil emisoras FM de todo el país y su titular pasó del ataque a la justificación de los multimedios.

Este año, cuando el contrapunto entre el Gobierno y la prensa parecía sugerir una pelea con las grandes empresas periodísticas, se reavivaron los esfuerzos por instalar la discusión de una nueva ley, pero lo cierto es que Kirchner ni siquiera ha otorgado una audiencia a quienes la impulsan.

¿Era demasiado iluso pensar que, tal vez en el año del 30 aniversario del golpe, finalmente un gobierno democrático se animaría a derogar la ley de radiodifusión de la dictadura? Pareciera que sí. Porque la norma es mucho más que el retrato de un dictador. Es el sueño realizado de un dictador.