Desde la década del 80, la Iglesia ha colaborado en la imposición del modelo neoliberal, pero por primera vez sus propuestas -elaboradas por un grupo de politólogos y asesores prooficialistas- han sido rechazadas por una oposición ligada a los movimentos sociales. Este es el primer fracaso histórico de las jerarquías eclesiásticas y de los politólogos afines al neoliberalismo.
El miércoles 10 de septiembre, Karol Wojtyla, conocido en todo el mundo como Juan Pablo II, el Papa, emitió desde el Vaticano un mensaje a los partidos políticos bolivianos instándolos a que alcancen puntos de consenso para superar la crisis que atraviesa el país. El llamado se produjo luego del fracaso de la jerarquía del clero local en su empeño para que la oposición firmara el documento para el «Reencuentro de los Bolivianos».
Días antes, Evo Morales, el líder del Movimiento al Socialismo, había negado su adhesieon al documento argumentando que «la Iglesia pretende darle oxígeno al gobierno gonista que se niega a hacer reformas de fondo al modelo neoliberal, gobierna de espaldas al pueblo y se opone a hacer un referéndum para la venta del gas y el aumento de los impuestos a las empresas transnacionales».
El documento elaborado por asesores y politólogos afines al gobierno y al clero -Jorge Lazarte, Carlos Toranzo, Fernando Calderón, Roberto Laserna y Juan Ramón Quintana- contenía tres puntos básicos referentes a: políticas públicas para enfrentar la crisis económica, fortalecimiento institucional y reformas a la Constitución. Pero en el desarrollo de estos puntos en ningún lugar se incluían las exigencias de la oposición (modificación del modelo económico, referendum para la venta del gas, revisión de la Capitalización y una nueva política sobre la hoja de coca, teniendo como base el cato de coca). Sólo para poner un ejemplo, el documento de la Iglesia propone que el gobierno se comprometa a hacer consultas e informar a la población sobre las negociaciones para la venta del gas; propuesta exactamente igual a la política que Gonzalo Sánchez de Lozada está aplicando sobre el tema.
En los últimos 18 años, la jerarquía de la Iglesia Católica (la Conferencia Episcopal) ha asumido directamente en cinco ocasiones un protagonismo y compromiso político al promover una serie de acuerdos y pactos que ayudaron a instalar, afianzar y consolidar el modelo político neoliberal y elitista vigente.
1 La primera vez fue en noviembre de 1984, a través de un denominado "Dialogo por la Democracia" que canalizó electoralmente la actitud conspirativa de la Confederación de Empresarios Privados y de los partidos conservadores que querían cancelar el mandato presidencial de Hernán Siles Zuazo. Este acuerdo, violando los preceptos constitucionales, fijo el acortamiento del mandato presidencial de Siles de cuatro a tres años, la posibilidad de la candidatura del Vicepresidente (Jaime Paz Zamora) y la convocatoria a elecciones adelantadas. Del resultado electoral posterior, emergió el sistema político conservador que dura hasta el día de hoy.
2 La segunda intervención directa de la Iglesia en la elaboración de consensos entre los partidos neoliberales fue en julio de 1989. En esta ocasión reunió a todos los miembros del sistema político para buscar consenso en torno a introducir reformas en la Corte Nacional Electoral (CNE), debido a las denuncias de fraude electoral en las recientes elecciones a cargo de la famosa "Banda de los Cuatro", acusada de impedir la llegada precisamente de Gonzalo Sánchez de Lozada a la Presidencia. Este acuerdo no prosperó.
3 El tercer momento de partidización política de la iglesia se dio en febrero de 1991, cuando, nuevamente por iniciativa suya, se reunieron los partidos políticos para definir una agenda de cambios en la organización de la Corte Nacional Electoral mediante la elección de sus miembros por dos tercios del total de la votación parlamentaria, el tratamiento de la Ley de Descentralización, el juicio de responsabilidades a los magistrados de la nación y la regulación del funcionamiento del RUN y el registro civil. Estos acuerdos sólo fueron cumplidos en parte, debido a las desaveniencias de los partidos en cuanto a la forma del tratamiento del juicio a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
4 La cuarta intervención fue en julio de 1992, cuando nuevamente la Iglesia promovió un «Acuerdo por la Modernización del Estado y el Fortalecimiento de la Democracia». Haciendo una lectura reduccionista de la democracia restringida a pactos (y cuoteos) de partidos políticos, se acordó la elección de los magistrados por 2/3 del Parlamento, la transferencia del registro Civil a la CNE, un proyecto de Reforma Educativa, la Ley de Descentralización, la Ley de Partidos Políticos y la Reforma a la Constitución Política del Estado. Este fue uno de los acuerdos promovidos por la Iglesia que tuvo mayor cumplimiento por parte de los firmantes y que preparó un escenario de consenso para las políticas de privatización de los recursos públicos que posteriormente implementara el gobierno de Sánchez de Lozada.
5 En junio del 2001, la Iglesia promovió el «Acta de entendimiento» entre el gobierno de Jorge Tuto Quiroga y la oposición, de allí salieron las nuevas Cortes Electorales Departamentales y el gobierno se comprometió a llevar adelante una serie de reformas económicas y políticas que, obviamente, no se cumplieron.
El último esfuerzo por promover acuerdos partidarios es el proceso ,«Por el Reencuentro de los bolivianos», de agosto-septiembre del 2003. Este es el primer esfuerzo de la jerarquía católica que termina en un rotundo fracaso debido a tres grandes errores e incomprensiones sobre el nuevo escenario político-social.
A diferencia de lo que sucedía antes cuando todos los partidos tradiconales reunidos por la Iglesia para firmar los consensos tenían una misma concepción de cómo organizar la economía y la política; hoy, la segunda (MAS) y la quinta(MIP) fuerza política propugnan un modelo alternativo de sociedad radicalmente distinto al de los partidos oficialistas y de las élites empresariales. Por tanto, cualquier propuesta de acuerdo, para ser viable, precisa integrar modelos alternativos de sociedad y una mirada más amplia y democrática, que incluya las legítimas aspiraciones de los sectores que han irrumpido en el escenario político, básicamente aquellos representados por los movimientos sociales. Al contrario de eso, el documento de la Iglesia insiste en la continuidad (y en el maquillaje) de las políticas económicas y sociales que han caracterizado al régimen neoliberal de los últimos 18 años.
A diferencia de lo que sucedía antes, cuando los únicos sujetos políticos eran los partidos y, por tanto, sus acuerdos eran acuerdos que concentraban a todos los miembros del campo político, ahora existe una dualidad de sujetos políticos: por una parte, los partidos y, por otra, los movimientos sociales. Esto significa que no puede haber estabilidad, ni acuerdos políticos duraderos sin el consenso y la intervención de los movimientos sociales que tienen su propia agenda de reformas socioeconómicas y a las cuales, de hecho, se hallan subordinadas las acciones y decisiones de los partidos MAS y MIP.
Entre el 1985 y el 2000 existía un concierto cerrado de fidelidades y lealtades entre los partidos, la Iglesia, el sector empresarial y los medios. Así, el discurso que sus ideólgos generaban (y las instituciones afines al neoliberalismo que creaban ideología: Ildis, Fundemos, Milenio, Universidad Católica, sólo por nombrar algunas) irradiaba prácticamente sin oposición y se imponía fácilmente en la sociedad. Ahora esa situación ha cambiado; por una parte, los medios, los politólogos, los asesores y los líderes de opinión cercanos al oficalismo han visto reducida su credibilidad y capacidad de influencia y, por otra, ha aparecido (o reaparecido) una nueva generación de líderes de opinión y de medios críticos con una suficiente audiencia en todos los sectores sociales que, en la práctica, se ha convertido en una férrea barrera contra los intentos de recomposición delmodelo neoliberal.
Esta vez, la Iglesia ha tenido que asumir una primera derrota histórica, pues, de alguna manera, el fracaso del «Reencuentro» indica que su capacidad de influencia ha decaído también y que sus vínculos con los sectores dominantes -políticos, empresarios y medios tradicionales- no es suficiente; hay una parte emergente de bolivianos que están al margen de este sistema de pactos y de lealtades. La Iglesia pensó que para viabilizar la gobernabilidad basta, otra vez, con concertar con los partidos tradicionales, cuando en realidad hoy los movimientos sociales tienen tanta o más importancia que los partidos. Es en esta incomprensión y desconocimiento de la jerarquía católica, y de sus asesores, donde se halla la llave del fracaso de "Reencuentro" promovido por la Iglesia Católica.
La imposoción del modelo neoliberal en Bolivia necesitó del trabajo intelectual de una serie de asesores y politólogos que -algunos haciendo transfugio desde la izquierda- convalidaron las ideas promovidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que proponían que la economía de libre mercado traería la modernidad a Bolivia. Así, estos politólogos impusieron un horizonte de creencias que fueron muy funcionales a las políticas de ajuste promovidas por las instituciones crediticias, convalidaron el 21060, la relocalización, la venta de las empresas estatales al capital transnacional (Capitalización), etc. El economista Franz Barrios Suvelza publicó en México un extenso artículo [1] en el que nombraba a estos intelectuales que hipotecaron sus competencias al programa neoliberal, alertando además sobre su pobre desempeño profesional de éstos. Barriós Suvelza mencionó como los adalides intelectuales del neoliberalismo a Fernando Calderón (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD), Carlos Toranzo (Ildis), Jorge Lazarte (sin ocupación fija) y otros más. Precisamente, estos tres intelectuales fueron requeridos por la Iglesia para elaborar el documento del "Reencuentro". Además, el presupuesto para los sueldos de éstos y otros politólogos y asesores (como Roberto Laserna, Juan Cristóbal Soruco y Juan Ramón Quintana) que redactaron el documento de la Iglesia fue aportado por el PNUD.
Seguramente por estrategia, estos datos no han sido dados a conocer al público ni por la Iglesia ni por el PNUD, pues delatan los intereses que se mueven detrás del aparentemente imparcial «Reencuentro». Pero una vez conocido este dato, se aclaran muchas de las interrogantes que deja tal documento y se explica su espíritu conservador; la mirada prooficialista de muchos de sus puntos -específicamente aquel que habla del gas, que coincide cabalmente con la posición del gobierno-, la percepción peyorativa sobre los movimientos sociales, la creencia de que la crisis que vive Bolivia se debe simplemente a un desajuste superficial entre la institucionalidad y los partidos políticos, etcétera. Los mismos polítólogos y asesores que durante decáda y media convalidaron el modelo neoliberal, hoy quisieron imponer un documento para asegurar estabilidad al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
En un artículo publicado en la revista T’inkazos (editada por el PIEB), Fernando García Yapur enjuiciaba la visión institucionalista de estos politólogos, cuyas ideas tuvieron «consecuencias nefastas en la implementación de las políticas públicas y las formas de interpelación discursiva de las élites que dirigen el proceso de modernización y reforma del Estado».
Una vez que el líder de la oposición, Evo Morales, hizo pública su negativa a firmar el documento del «Reencuentro», se hizo patente el fracaso de la Iglesia. Pero no hay que olvidar que ésta es también una sonada derrota para los ideólogos y convalidadores del neoliberalismo, para los politólogos allegados al oficialismo que ya no pueden seguir ejerciendo su pequeño mandarinato intelectual, como en las épocas pasadas [2].
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