Una entrevista que no concluyó...

Los colegas que cubren las noticias en la Dirección de Policía en Bogotá me dicen, por teléfono y al aire: el lunes 13 de diciembre a las 10:30 a.m. de allá, 11:30 aquí, fueron alertados: Estén listos que caerá un pez gordo de las farc en Venezuela. Como consta en el expediente G652830, desde temprano, un secreto de la inteligencia colombiana espiaba (denominado así por su condición no declarada a la autoridad extranjera) a Rodrigo Granda en el lugar donde pernoctaba. También conocía en Maracay el paradero de una sobrina suya. Sin saberlo, antes de caer entre las 3:56 y las 4:01, p.m. el guerrillero tenía perdida su clandestinidad. Su nombre y apellidos estaban detectados y era vigilado minuto tras minuto. Ese lunes, el oficio, la vida y el destino me pusieron como testigo de excepción.

Estaba frente a mí. Y tenía la palabra. De pronto, pasadas las 3:55 de la tarde del 13 de diciembre de 2004, una emoción cruzó su rostro. ¡Cuánto hace que no te veo!, exclamó ante una llamada a su celular que lo impresionó mucho y lo retiró de la mesa con pasos rápidos. Yo, sentado de espaldas a la puerta angosta, no común en una cafetería, no presté atención a su desplazamiento. Supuse que buscaba discreción y mejor comunicación. Hoy, me doy cuenta de que los investigadores conocen la fracción de segundo en la que Granda contestó: fue a las 15:56:14 de la tarde. Así lo vi en una lista de las llamadas que entraron a ese celular y que está en poder de la Dirección de Seguridad, Información y Prevención (DISIP). Y saben también el instante en que Rodrigo cortó la conversación. Al hacerlo, el jefe guerrillero intentó regresar a la mesa.

Así lo observé con el rabillo del ojo. Lo percibí un instante de cuerpo no completo con su mirada apuntada hacia la mesa donde reposaban sus objetos: un esferográfico negro, sus hojas de notas, una cajetilla de cigarrillos y un encendedor plástico verde. Justo cuando regresaba a la mesa, otra llamada, o algo más a su espalda, lo devolvió de rumbo. Sin visión sobre la calle, a dos metros de la puerta, no escuché grito o forcejeo alguno que me hiciera voltear la cabeza. Todo sucedió sin alarma, según testimonio de una vendedora de llamadas que trabaja a pocos pasos de la cafetería. Ella lo vio salir a la acera. Recuerda que un individuo de origen colombiano lo señaló o traicionó ante los oficiales y agentes que iban tras de Granda. De inmediato, declaró la testigo, dos oficiales alertados por los demás que lo ‘seguían’, agarraron con fuerza a Granda, cada uno por un brazo. Con precisión, uno se acercó por el frente y otro por su espalda. En un segundo lo empujaron dentro de una camioneta de placas DAE63.C para llevarlo a la frontera.

Dos horas antes, Rodrigo me dejó esperando

El encuentro que se dio no fue el inicialmente previsto. Habíamos acordado la 1:00 p.m. de ese 13 para vernos, pero él no llegó. Una frustración para mis propósitos, ya que no tenía forma de buscarlo. Después de una espera de 35 minutos, no quedaba más que retirarme. Ya distante, a las 2:15, recibí una llamada -registrada en las investigaciones- en la que Rodrigo se excusó y me pidió que a las 3:00 volviera al mismo sitio. Con su timbre renació la posibilidad de obtener respuesta para una entrevista con Raúl Reyes o Alfonso Cano, en el objetivo de hacer el libro "Revelaciones del Caguán" y un reportaje sobre ellos, que me solicitaron respectivamente las editoriales Norma y La Oveja Negra.

Llegué a las 3:02 minutos para el nuevo encuentro. Nada más al acercarme, desde el andén observé a Granda sentado de frente, en diagonal a la puerta, en el rincón derecho de un espacio donde sólo caben dos mesas laterales. Sí, la cita era a las 13 flat, saludó. Intenté llamarlo varias veces, dijo con la aclaración de que con su teléfono tenía dificultades.

El ‘canje’, la Iglesia y el endurecimiento en un despeje

Ocho días antes, a doscientos metros de allí, habíamos hablado en una concurrida arepería que queda al doblar la esquina sur, justo a la salida del metro. En mi condición de periodista independiente,* varios sectores de la vida política nacional me han buscado para in- tercambiar inquietudes al respecto del llamado ‘canje humanitario’. Y sobre ese tema le pregunté a Rodrigo en la tarde del 6 de diciembre sentados en Doña Arepota.

Cumplidos dos años y cinco meses del actual gobierno, hay un trasfondo que oculta a toda costa el alto nivel oficial y diplomático: ¡Un conjunto de 21 embajadores! hizo petición al presidente Uribe para que trate el problema conforme a las normas internacionales de conflictos. Entrados en el tema, Rodrigo puntualizó textualmente: En la actual correlación militar, el comandante Marulanda determinó que no es posible un gesto más de parte nuestra. Hacerlo sería interpretado como debilidad. Ante la situación, estamos tras nuevos golpes. Y para eso, nosotros tenemos mucha, mucha paciencia... Una frase que me recordó al agente Chan Li Po, personaje de la época de las radionovelas. Y el hombre de la guerra continuó:

 La solución del conflicto implica una agenda política, de poder, y no una simple desmovilización. Con este o con el próximo gobierno, las farc exigen desmilitarizar el Caquetá y el Putumayo. Aseguró que eso no es un capricho desmedido. Que con Pastrana acordaron, en caso de ruptura del diálogo, disponer de 72 horas para el retiro, y con violación de la palabra del Estado sólo les dio tres. Ahora, con un poder militar y aéreo crecido del Estado, con participación directa de los Estados Unidos, una nueva mesa requerirá un área de mayor extensión para las eventualidades de seguridad. Y amplió en seguida: Para el canje, con este gobierno hubo una propuesta inicial de despeje de tres áreas rurales sin casco urbano, para la llegada de cada uno de sus negociadores.

 Con respecto a la Iglesia, reclamó que cumpla un papel estricto como intermediario. Un puente en riesgo si se convierte en vocera de propuestas gubernamentales. Dijo enfático: Con voceros o representantes de este gobierno, sólo hablamos en condiciones de despeje.

 Acotó que ante el demostrado fracaso militar de la orden presidencial de sangre y fuego para liberar retenidos, exigieron despejar por 48 horas dos cabeceras municipales en el Caquetá. Los mandos militares analizaron esa propuesta como busca de alivio ante la Operación Patriotas. Las farc ripostan entonces que se desmilitaricen las cabeceras de Florida y de otro municipio del Valle.

 Ante la negativa, creo que el canje llega (llegó) a su punto militar... No pregunté más.

El Congreso Bolivariano de los Pueblos

En el lobby del hotel Caracas Hilton fue donde me acerqué a Granda por primera vez el 1° de diciembre. Por los bordes, sin portar credencial, se movía sin ínfulas entre los densos corrillos del Encuentro Mundial de Intelectuales, con cerca de 600 participantes. En uno de esos, alguien con acento brasileño o portugués portaba la revista Resistencia, de las farc, e indicó que la obtuvo con uno de sus miembros internacionales "que andaba por ahí". Así pude verlo y presentarme. Anotó mi teléfono y quedó de llamar. Al día siguiente, como es costumbre de los periodistas presionar, inquirí: ¿por qué no me llamó? Él accedió entonces a un encuentro el día 6, que ya mencioné y que dejó pendiente la aceptación o no de una entrevista con Raúl Reyes. Tres días después volví a tenerlo en el lobby del Hotel Residencias Anauco, donde coincidía todo aquel que participara o que buscara a los participantes en el II Congreso Bolivariano de los Pueblos. Ahí acordamos que el lunes 13 nos veríamos. No antes -como le solicité- porque debía ausentarme el fin de semana.

En la Razzeti introduje el tema de la situación política y sus variantes electorales: reelección de Uribe, disidencia liberal casi imposible de Serpa -debilitado ante la alta votación de congresistas por la reelección- el veto de la clase política a Luis Eduardo Garzón por su arrastre de opinión, y el sorpresivo liderazgo de Carlos Gaviria. Fueron cuatro apellidos que él anotó en letra pequeña. Tal vez para responderme luego. Mas de inmediato quería saber mi opinión sobre las conclusiones del Congreso Bolivariano. Admití su afán. Valoré que en relación con Colombia, el evento mencionó en forma expresa la presencia de bases militares de los Estados Unidos en nuestro territorio, y consignó la fórmula "Bush y sus aliados", que en lenguaje indirecto incluye al Presidente colombiano. Tales referencias, en un evento cruzado por la responsabilidad del Estado, son novedosas en la posición oficial del gobierno venezolano, reticente y cuidadoso en la relación política y diplomática con su vecino. Rodrigo dejó aflojar su desacuerdo de inmediato:

 En su opinión, el evento quedó herido. Limitó la expresión de los colombianos y no dio justa importancia a la caracterización certera de Uribe y del conflicto. Expresó -para mi sorpresa- que en una comisión en Maturín exigió su derecho a entrar, ante la indicación de la diputada Marelys Pérez de que no podía hacerlo. Rodrigo le replicó que no tenían que pedir permiso a nadie para asistir y ser bolivarianos.

Así, pues, a las 4:00 ó 4:01 por última vez, tuve su cara de reojo. Hoy, los investigadores averiguan con el retrato hablado por el colombiano que lo señaló. Saben el segundo exacto en que Rodrigo colgó el teléfono con ese alguien del ¡Cuánto hace que no te veo!, que sin querer lo paró de la mesa. Porque ahora saben que dos minutos después, Rodrigo ya no pudo contestar al mismo número. Como no pudo contestar ante la insistencia de 6 intentos más. Antes de retirarme del lugar, exigí la factura. Están escritos, un hígado, un jugo, una soda y tres cafés.

*Editor de Le Monde diplomatique edición Colombia

Asesor de información del periódico «desde abajo»

La mentira "de Cúcuta"

Caracas, 18 de enero 2005. Por ahora me siento extraño. Sin la movilidad para obtener documentos ni entrevistas como reportero, estoy bajo el favor y la exigencia de una estricta protección por parte del Ministerio Público de Venezuela -luego, y ante las afirmaciones de las autoridades colombianas sobre el lugar del hecho, que según afirman ellos, sucedió en Cúcuta. Durante mis declaraciones voluntarias ante dos fiscales y dos organismos de investigación, el periodismo no cesa: veo, oigo y pregunto. De este modo, se entrecruzan el testigo, el periodista de la noticia en medios comerciales, y el de información y análisis mensual independientes.

Constato así que existe el retrato hablado de un colombiano que al momento de la aprehensión ilegal en Caracas señaló o traicionó a Granda. Además, sin que las pesquisas hayanfinalizado, los investigadores venezolanos de la Unidad de Delitos contra la Función Pública, del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), con su cangrejo como distintivo, han encontrado -con casi todos los pelos y señales- que esa aprensión fue un acto sin requisitos de la inteligencia militar y la Policía colombianas, un ojo por ojo y diente por diente contra el nombrado guerrillero, con irrefutable violación del territorio venezolano y con una danza de los millones en corrupción y sobornos, estos últimos a guardias y soldados venezolanos, que tuvo autorización y conocimiento plenos del gobierno colombiano y su Alto Mando. Mentira y corrupción en la sombra. La Procuraduría, la Contraloría y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, de oficio, tienen la palabra.

Para Venezuela, ese operativo extranjero constituye un riesgo de seguridad nacional. Lo es, que miembros de su Fuerza Armada Nacional (FAN) actúen por soborno. Hoy es contra un guerrillero extranjero; mañana, lo instigado para actuar por cualquier gobierno puede ser contra un dirigente de alto rango de la Revolución Bolivariana o contra un funcionario venezolano.

Nota de la Redacción

Ante los hechos ocurridos en Caracas (Venezuela) el 13 de diciembre de 2004 y la presencia de un periodista nuestro en el sitio de los sucesos, los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desde abajo, respaldamos a nuestro periodista en Caracas, Omar Roberto Rodríguez, quien en todo momento ha dado muestra de su profesionalismo, independientemente de los hechos políticos y jurídicos que en este caso han trascendido.

Valga la oportunidad para reiterar ante nuestros lectores y la opinión pública en general nuestros criterios de ejercicio periodístico:

1. Es función del periodista brindarle al público un acceso a los acontecimientos, con argumentos reales. Para el cumplimiento de su misión, debe procurar sus informaciones soportadas en hechos verificables. Por ningún motivo los periodistas deben reducir la formación de su criterio a lo que le procure una sola fuente.

2. El acceso a ciertas informaciones no significa ni puede significar que el perio- dista haga prevalecer su opinión sobre los hechos. Es el lector, al recibir la información, quien tiene que juzgar su sentido, independencia y propósitos.

3. Para todo medio de información, las fuentes son sagradas. Nuestro caso no es la excepción. Mantener su secreto no significa compartir su ideología o sus objetivos. Sólo desde el respeto mutuo se puede garantizar un acceso y un manejo independiente de las mismas.

4. Los fines de Estado no obligan a los periodistas. Como medios de información, nos debemos a nuestros lectores, a quienes respetamos sobre todas las cosas.

Una secuela. La relación comercial entre Colombia y Venezuela. El gas, un caso

Uribe descartó ofrecimiento venezolano, en favor de la Chevron

Se publicó con bombos y platillos en los primeros días de noviembre. Se trataba, ni más ni menos, del acuerdo logrado en Cartagena por los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez: el compromiso entre Colombia y Venezuela para construir el macroproyecto de gasoducto por la Costa Atlántica y desde el Golfo de Maracaibo, con futura interconexión hacia Centroamérica. Al punto, Venezuela propuso que cada uno de los dos Estados financie por mitades el proyecto. Pero no sólo eso. Fue más allá.

Como un gesto de amistad con Colombia, ofreció que el vecino país asumiría de inmediato el costo en dólares de la parte colombiana, y que lo haría como un anticipo de pago y compra temprana del gas colombiano que se explotará. Tal ofrecimiento no encontró eco ante la preponderancia de los intereses del gobierno Uribe. De este modo, el gobierno colombiano, actuando como agente de negocios de una firma privada y transnacional, les manifestó a los voceros venezolanos que reclamaba o exigía que la empresa Chevron haga parte del proyecto. Ante esa respuesta, Venezuela contestó de inmediato: si Colombia quiere incluir a un tercer socio extranjero, el presidente Chávez exige entonces el 60 por ciento de participación, y control venezolano en el monto total y en cada una de las dependencias y operaciones del gasoducto. Con la experiencia de un sabotaje petrolero en PDVSA, que duró 62 días, las autoridades venezolanas no quieren que la situación tenga un mínimo riesgo de repetirse.