Una de las cosas mas asombrosas del gobierno venezolano es lo diametralmente opuestas que son las perspectivas de la gente sobre la situación actual del país. En su forma más esencial y simple, se pueden dividir en aquellos que piensan que Venezuela, bajo el mandato de Chávez, se ha convertido en una dictadura, y aquellos que dicen que se ha convertido en una verdadera democracia.
Esta dicotomía de percepciones se ve reflejada en tres puntos principales, que recientemente se han convertido en el centro de enfoque en Venezuela. El primero, es el referéndum revocatorio, en el cual la oposición aseguraba que el gobierno estaba haciendo todo lo posible para prevenir que ocurriera, mientras el gobierno afirmaba que la oposición simplemente no tenía suficiente apoyo popular para convocarlo. El segundo, la reciente captura de fuerzas paramilitares en la capital del país, caso en el que la oposición dice que la captura fue, en el peor de los casos, un simple montaje del gobierno y en el mejor de los casos, una exageración, mientras que el gobierno dice que el grupo paramilitar representa una amenaza seria a la soberanía y estabilidad política del país. Y el tercero es la nueva Ley del Tribunal Supremo de Justicia. El sector de oposición alega que dicha ley elimina las posibilidades de tener una “democracia constitucional” y el gobierno asegura que fortalece y profundiza la obediencia de las leyes en Venezuela.
La oposición venezolana e importantes observadores internacionales, particularmente de Los Estados Unidos, tales como los oficiales del Departamento de Estado o el candidato presidencial John Kerry, dicen que “Chávez haría casi cualquier cosa para mantenerse en el poder.” [1]. El argumento de esta acusación se sostiene prácticamente sobre presunción de que Chávez controla el Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que aparentemente éste es el espacio desde el cual se han generado casi todos los obstáculos para el referéndum. Así mismo, la oposición dice que el CNE ha hecho que el proceso de referéndum sea extremadamente difícil, al establecer un control muy estricto en el proceso de recolección de firmas, al declarar como inválidas más de 800 mil (en realidad como 1.5 millones, si incluimos las firmas pro-gobierno para remover a diputados de la oposición) porque los firmantes no llenaron las planillas por sí mismos (sino que les fue llenada por alguien en la mesa) así como por permitirles retirar sus nombres a aquellos que se arrepintieron de haber firmado la primera vez. Se debe añadir a esta lista un obstáculo que fue aparentemente impuesto por el poder ejecutivo y no por el CNE, el cual alega que empleados públicos fueron amenazados con ser despedidos por haber firmado y si lo habían hecho, debían retirarlas para no ser despedidos.
Mientras que los líderes de la oposición sostienen que todos los “obstáculos” del CNE fueron diseñados específicamente para sabotear el referéndum, tienden a ignorar la probabilidad de que dicha percepción tenga que ver con una profunda sospecha de buena parte de sus miembros, hacia las actividades del gobierno. Es decir, la oposición nunca se toma en serio la falta de confianza que tienen los seguidores del gobierno hacia ellos. Los controles estrictos existentes en el proceso de recolección con respecto a las firmas con caligrafía similar y las oportunidades dadas a los “arrepentidos” para remover sus nombres de la petición, están todas directamente relacionadas a esta falta de confianza.
De manera similar, los seguidores del gobierno no ven que la oposición tiene un nivel de desconfianza tan profunda como ellos. Esto es el motivo por el cual, lo que para el gobierno son medidas de seguridad, para la oposición son obstáculos y trampas. Las alusiones de la oposición hacia las medidas de seguridad del CNE se proyectan como obstáculos internacionales y las acusaciones de “mega fraude” del gobierno, simplemente alimentan el círculo vicioso de desconfianza mutua.
En la actualidad, la desconfianza existente entre ambos bandos, es probablemente demasiado profunda para enmendar, y cualquier llamado al “desarme”, para que los simpatizantes del gobierno o los líderes de la oposición en el Consejo Electoral dejen a un lado la desconfianza y confíen el uno en el otro está destinado a fallar. Lo que deberían estar haciendo para romper el círculo vicioso, es reconocer y entender las sospechas del otro bando y darle su debida importancia. En la práctica esto significaría que la oposición estaría de acuerdo con todas las medidas de seguridad (las cuales también deben proteger contra fraudes del gobierno) y los seguidores del gobierno, mantener toda la transparencia posible en todos los procesos para el referéndum revocatorio.
El problema es que cada bando parece tener buenas razones para sus sospechas. El ejemplo más notorio de juegos sucios son las evidencias que han emergido de empleadores simpatizantes de un lado u otro (en su mayoría negocios privados, en el caso de la oposición, e instituciones gubernamentales en el caso del gobierno) quienes han presionado a sus trabajadores para que firmen o no firmen, si no quieren sufrir las consecuencias.
Las declaraciones del rector principal del Consejo Nacional Electoral, Jorge Rodríguez, sobre los “arrepentidos”, quienes tendrán la posibilidad de retirar sus firmas durante el período de reparo, le añadieron leña al fuego de las sospechas de la oposición. Miembros de la oposición argumentan que el gobierno utilizará esta oportunidad para presionar a los empleados públicos para que retiren sus firmas. Por otro lado, simpatizantes del gobierno argumentan que a los firmantes se les debe permitir remover sus firmas si fueron presionados para firmar en un principio.
En este contexto, no deberían sorprendernos las declaraciones del Centro Carter y la OEA, en las cuales compararon las firmas de solicitud con un voto, en cuyo ejercicio no hay eliminación retroactiva de la indicación de nuestra voluntad. Esto causó un tremendo alboroto entre algunos miembros del CNE. Para los seguidores del gobierno, tales declaraciones favorecen a los juegos sucios de la oposición porque están en contra del retiro de las firmas de personas que lo hicieron bajo presión. De este modo, continúa el círculo vicioso de mutua desconfianza en la que se intenta «hacer trampa», dependiendo de su percepción.
A pesar de que, bajo mi conocimiento, la comparación histórica aun no se ha realizado, la oposición argumenta que el reciente descubrimiento de un grupo de 130 paramilitares colombianos uniformados en las afueras de Caracas, es un show diseñado para sabotear a la oposición, tal como lo fue el Fuego Reichstag de Hitler en 1933.
Un gran número de viviendas de oficiales militares de la oposición y algunos líderes civiles, han sido inspeccionadas bajo el cargo de tener conexiones con el grupo paramilitar. Desafortunadamente, una vez mas el círculo vicioso de desconfianza mutua se establece, de manera tal que las sospechas del gobierno sobre sectores de la oposición involucrados en el complot, han generado negaciones generales y sugerencias de que los grupos paramilitares fueron traídos por el gobierno para acosar a la oposición. Por otra parte, este tipo de negación fortalece las sospechas del gobierno, porque la realidad y la amenaza que representa el grupo paramilitar es indiscutible para ellos y negarlo sugiere culpabilidad. Así como las sospechas del gobierno se ciernen sobre amplios sectores de la oposición, la oposición se convence aún más que la supuesta amenaza paramilitar es en realidad un complot para desacreditar a la oposición.
Solo los miembros más moderados de la oposición y del gobierno han reconocido la importancia de establecer distinción entre los elementos radicales de la oposición, quienes están dispuestos y perfectamente capacitados para organizar una fuerza paramilitar para derrocar al presidente, y los más moderados de la oposición que no tienen interés de involucrarse en este tipo de tácticas. La oposición radical se ha unido en un grupo llamado “El Bloque Democrático” que incluye a sectores notorios del ala de la derecha extrema o hasta elementos fascistas. Los grupos en el Bloque Democrático fueron en un momento miembros de “La Coordinadora Democrática” pero se separaron de ellos hace dos años cuando se mostró de manera clara que la Coordinadora Democrática explícitamente rechazó una “rebelión cívico militar” como una opción válida para derrocar al presidente Chávez.
El Bloque Democrático, que goza de relativamente poca presencia mediática en Venezuela, ha estado publicando panfletos e imprimiendo propaganda publicitaria de páginas enteras en periódicos, llamando a la población a involucrarse en una milicia para realizar un golpe contra el gobierno del presidente Chávez. Algunos de sus miembros, especialmente Roberto Alonso, el pudiente cubano-venezolano dueño de la finca en donde se descubrió al grupo paramilitar, han sido vinculados con el complot de los paramilitares. En relación con lo anterior, algunos simpatizantes del gobierno argumentan que hay suficientes conexiones entre el Bloque Democrático y la Coordinadora Democrática que sugieren que uno actúa como frente público mientras el otro opera como frente «cerrado». Mientras que es probablemente cierto que haya conexiones entre los dos, parecen ser dos grupos distintos. Cada uno de los grupos, en ocasiones, ha emitido fuertes críticas hacia el otro. Asociarlos nuevamente es echarle leña al fuego de la desconfianza entre la oposición y el gobierno.
Es difícil imaginar que 130 paramilitares pudieran derrocar a un gobierno. Sin embargo, lo que pudieron haber hecho es difundir confusión, caos e inestabilidad usando tácticas de guerra de guerrillas urbanas contra el gobierno, colocando bombas y asesinando lideres políticos de ambos bandos. Su objetivo era presuntamente causar suficiente inestabilidad como para forzar a Chávez a llamar a un estado de excepción, el cual serviría a su vez como pretexto para la intervención de las fuerzas armadas colombianas, “consejeros” norteamericanos del Plan Colombia y/o más mercenarios paramilitares.
Tal escenario puede parecer poco probable, pero los recientes esfuerzos del gobierno Colombiano para adquirir tanques españoles que sólo pueden ser utilizados para invasiones terrestres no son de buen agüero. De igual manera, los esfuerzos de Estados Unidos para aislar diplomáticamente a Venezuela bajo el pretexto de las violaciones a los derechos humanos (los cuales no tienen comparación con las de su país aliado, Colombia), parecen estar preparándo el escenario político para medidas mas fuertes contra el gobierno de Chávez.
Los temores de los simpatizantes del gobierno sobre las confrontaciones militares con una fuerza paramilitar o con un ejército invasor son reales, aunque la oposición no lo crea. La mayoría de las personas que están en el gobierno hoy en día, vienen de partidos políticos cuyos líderes y actividades políticas fueron acosados y perseguidos durante 40 años de “democracia” que existieron antes del gobierno de Chávez. De igual manera, el atentado de golpe del 2002 dejó una marca indeleble en las mentes de la mayoría de los chavistas y esto es el motivo por el cual Chávez ha propuesto el fortalecimiento de las fuerzas de defensa del país. Específicamente ha hablado de incrementar el tamaño de la milicia venezolana, dependiendo de la “unión cívico-militar” e involucrando a civiles en la defensa nacional.
Puesto que la mayoría de las personas en la oposición no le dan ningún crédito a los temores de los simpatizantes del gobierno, asumen naturalmente que la nueva política de fortalecer la defensa nacional representa, en sus mentes, otra estrategia para reprimir a la oposición. Los líderes de la oposición ahora alegan que Chávez está planeando la creación de milicias civiles, presuntamente reclutadas de los grupos activistas pro-Chávez, conocidos como Círculos Bolivarianos. Sin embargo, el Ministro de la Defensa, Jorge García Carneiro, recientemente negó tales acusaciones asegurando que sólo está siendo organizado un grupo de reservistas, de acuerdo con lo establecido por la Constitución en materia de defensa nacional.
Sin embargo, la milicia se fortalecerá tanto en términos de personal como de arsenal, Chávez hasta revivió el viejo slogan de la guerra fría,“aquel que quiere paz debe prepararse para la guerra”.
Irónicamente, Chávez dió estas declaraciones justo durante el tiempo en que el ex presidente soviético, Mikhail Gorbachov estaba visitando Venezuela; alguien que defendió una estrategia exactamente opuesta, diciendo que la verdadera paz solo se puede conseguir si hacemos que el oponente potencial se sienta seguro. Las preparaciones para la guerra sólo conllevan a competencias de armas y finalmente a confrontaciones. Chávez, al asustar a la oposición con un fortalecimiento militar, y la oposición a su vez al burlarse de los temores de los chavistas, una vez más terminan alimentando el círculo vicioso de antagonismo.
Como si no fueran suficientes las confrontaciones sobre el referéndum revocatorio y la presencia paramilitar, los legisladores simpatizantes de Chávez han pasado una nueva ley del tribunal supremo muy controversial. La Constitución venezolana de 1999 requiere tal ley y especifica que todo el sistema judicial sea subordinado, no sólo en cuestión de sus procedimientos sino también administrativamente para la Corte Suprema. La mayoría de los 29 artículos son relativamente poco controversiales, sin embargo tres provisiones en la nueva ley han alimentado la ira de la oposición.
Primero, la nueva ley incrementa el número de jueces en el Tribunal Supremo de 20 a 32. La oposición alega que tal incremento es injustificado y que le permitirá a Chávez y a sus simpatizantes apoderarse del Tribunal Supremo de Justicia nuevamente, ahora que sólo la mitad de de los jueces parecen ser simpatizantes al gobierno. Sin embargo, los partidarios del gobierno argumentan que el número actual de jueces corresponde al extinto Tribunal Supremo de la constitución de 1961, el cual tenía solo tres cámaras, mientras que el nuevo Tribunal Supremo tiene seis.
Segundo, la nueva ley del Tribunal Supremo permite que los jueces sean elegidos con una simple mayoría, si los tres esfuerzos previos por nombrarlos con el requerimiento constitucional de dos tercios, llegase a fallar. En este caso, la oposición argumenta que esto subvierte el requerimiento previo de una mayoría de dos tercios que había establecido el anterior Tribunal Supremo, permitiéndole a la legislatura elegir a jueces con una simple mayoría. Sin embargo, los legisladores a favor de Chávez señalan que dado el presente impasse en la legislatura dividida casi equitativamente, debe ser encontrada una vía de escape para la elección de jueces. Además, el nombramiento de jueces por simple mayoría no es tan inusual en el contexto internacional, por ejemplo, los jueces de la Corte Suprema norteamericana no necesitan más que una simple mayoría.
Tercero, la nueva ley permite a la legislatura suspender a jueces que están acusados de «procedimientos ilegales» hasta que los mismos sean sometidos a juicio. De igual manera, si a un juez se le prueba haber mentido con respecto al cumplimiento de los prerrequisitos para ser nombrado, el nombramiento de tal juez puede ser revertido con un voto de mayoría simple de la legislatura. En este caso la oposición argumenta que lo anterior reduce la independencia de los jueces, porque la legislatura podría amenazar con removerlos. Sin duda alguna, este sería el caso si los jueces nombrados no cumplen con todos los requerimientos establecidos por la Constitución o cometen un crimen o acto ilegal. Sin embargo, este tipo de suspensión o destitución no es tan fácil, depende de la cooperación de otra sección independiente del Estado, se trata de la Fiscalía General de la República. En otras palabras, depende de que tan independiente sean los poderes judicial y morales. Estructuralmente, según la constitución, estas secciones son completamente independientes la una de la otra, tal es así que ningún otro poder, ni el ejecutivo, pueden eliminarlos.
Dada las sospechas de la oposición hacia cualquier acción que le otorgue ventajas al gobierno, especialmente en el Tribunal Supremo, el cual es uno de los últimos baluartes (aparte de la Asamblea Nacional) en el cual la oposición aún tiene una gran parte del poder, no debería llegar como sorpresa que ellos harían casi cualquier cosa para detener la ley. De hecho, en varias ocasiones la oposición organizó agotadores discursos obstruccionistas para detener la aprobación de dicha ley. Es difícil identificar hasta que punto la resistencia de la oposición hacia la Ley del Tribunal Supremo, nace de un temor auténtico de que Venezuela se convierta en una “Dictadura Constitucional” y hasta qué punto intenta proteger “su territorio”. Seguramente, la mayoría de los seguidores de la oposición ya no pueden distinguir entre proteger el territorio de la oposición y proteger la democracia de Venezuela, porque en sus mentes la oposición ha llegado a ser sinónimo de democracia, y Chávez y sus seguidores, sinónimo de dictadura.
Lo que la oposición no parece entender es que los seguidores del gobierno lo ven de manera exactamente opuesta. Para los chavistas la oposición es sinónimo de dictadura y el gobierno, de democracia. Todo esfuerzo de la oposición para prevenir la implementación de las políticas y leyes del gobierno son vistos como una protección de territorio y no como un genuino interés por la democracia. En consecuencia, una vez más, mientras la oposición más se resiste a las políticas gubernamentales, el gobierno y sus seguidores se sienten más justificados para implementarlas.
Venezuela: Una Prueba Rorschach en Macondo
Algunos observadores internacionales de Venezuela han visualizado una analogía perfecta entre el realismo mágico de Macondo de Gabriel García Márquez, y Venezuela donde «nada es como parece» En gran medida, esta naturaleza de Macondo en Venezuela puede vincularse con sus medios y las acusaciones exageradas de venezolanos en todas las áreas del espectro político. Casi todas nuestras impresiones de lo que es real son indirectas, es decir, que están mediadas por otros, y principalmente por los medios sean encuentros políticos o cara a cara. Los medios venezolanos, sean privados, comunitarios o del Estado presentan imágenes muy distintas de la realidad venezolana, lo cual le hace imposible a la mayoría de las personas, hasta a los observadores expertos, saber lo que es real.
Con respecto a como la gente realmente interpreta la realidad venezolana, la naturaleza de Macondo puede parecerse a una prueba de Rorschach. Un Rorschach es una prueba que usan los psicoanalistas, en el cual le piden al paciente que identifique una figura abstracta creada con tinta y que digan qué imagen representativa ven allí. Cualquier persona que intente interpretar la realidad venezolana se ve confrontado con una prueba similar, en el cual lo que ven es esencialmente una mezcla aleatoria de informaciones contradictorias, donde uno escoge y agarra la parte de la información que sea relevante para crear una imagen de lo que está sucediendo. La impresión resultante, termina siendo un indicador más fuerte de la psicología del interpretador que de la realidad subyacente que está siendo percibida. De esta manera, para un anticomunista radical, el conflicto venezolano es una batalla para vencer al comunismo. Para los marxistas dogmáticos, es un típico conflicto entre clases. Para los neoliberales convencidos, es cuestión de asegurar el triunfo de racionalidad económica sobre confusas ilusiones. Para los multiculturales posmodernos, se trata de entregarle el poder a los indígenas marginados y a las personas de piel oscura versus los blancos de origen europeo y para los nacionalistas esto es una pelea contra el imperio norteamericano.
Por supuesto, observadores internacionales como los liberales de Jhon Kerry y los editores del Washington Post, no son en lo mas mínimo inmunes a esta prueba de Rorschach en Macondo. Para ellos, Venezuela es tan sólo otra lucha entre un caudillo militar populista (parecido a Perón) y las fuerzas de la democracia liberal progresista. No obstante, nunca es tan sencillo. El hecho es que Chávez -el caudillo antidemocrático, según aquellos que lo oponen- ha actuado de forma menos represiva que cualquier otro presidente anterior a él.
Previamente, la Guardia Nacional usaba balas de plomo para controlar a manifestaciones públicas o protestas, ahora no lo hacen. Anteriormente, los periodistas que insultaban al presidente eran censurados o puestos en prisión, ahora no. Asimismo, ciudadanos que querían revocar a representantes elegidos, no tenían forma de hacerlo, ahora la tienen. Previamente, las personas que vivían en barrios no tenían ningún tipo de voz en los medios privados, ahora lo tienen, los pobres no tenían ningún tipo de esperanza de adquirir el título de su casa o un terreno, ahora esto es posible, cualquier tipo de educación estaba fuera del alcance de muchos pobres, ahora la mayoría de los venezolanos están involucrados en algún programa de educación gratuita. Cabe destacar que 13 millones de venezolanos, es decir más del 50% de la población está actualmente estudiando.
Por otro lado, el sistema judicial, fundamento del imperio de la ley de cualquier país, aún es cuestionable en Venezuela. En consecuencia, la oposición tiene toda la razón cuando señala que ha habido poco o ningún progreso con respecto a la eliminación de la corrupción, en refrenar persecuciones judiciales motivadas políticamente, en asegurarse de que las violaciones de los derechos humanos por cuenta de la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad del Estado sean castigadas, o en prevenir el patrocinio político cuando se trata del uso de fondos gubernamentales.
Finalmente es preciso subrayar que la pregunta sobre si Venezuela es una dictadura o una democracia, es en realidad una pregunta engañosa, que simplemente alimenta al círculo vicioso de polarización y la desconfianza mutua. Lo que los observadores internacionales deberían examinar es, si ha habido progreso democrático en Venezuela. Puesto que de esta manera, creo yo que la respuesta es un sí inequívoco que aún tiene un largo trecho por recorrer.
[1] Oficial anónimo del Departamento del Estado citado en el Washington Post, 21 de mayo, 2004.
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