El 28 de septiembre del 2008, el pueblo ecuatoriano marcó un hito trascendental en la historia: aprobó una Nueva Carta Magna democrática, la que acoge aspectos planteados por los sectores progresistas en beneficio del pueblo; una de las victorias más importantes en este sentido fue lograr que el Estado reconociera la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel.

Este derecho empezó a ser materializado en la Universidad Central; sin embargo, las cosas han ido cambiando: mediante Decreto presidencial 1437 se estableció cuáles son los rubros incluidos en la gratuidad y excluyó otros que deben cobrarse “por no ser parte de la escolaridad” (aquellos elementos relacionados con el conjunto de cursos y/o créditos que un alumno debe tomar según lo que establece su malla curricular), los cuales fueron aprobados en Consejo Universitario, el 24 de marzo. Estos rubros indebidos violan el derecho constitucional: cobran por el uso de servicios, a los que el estudiante debería acceder de manera gratuita. Este acontecimiento ha causado la indignación de los alumnos y docentes de la ’U’ Central, pues en la práctica continúan pagando su colegiatura pero de distinta manera.

Recogimos las opiniones de un estudiante y de un catedrático universitario acerca del tema:

‘La universidad pública requiere un fortalecimiento’

Msc. Fabián Carrión,
Vicedecano de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

“La educación gratuita es un derecho que debe ejercerse y aplicarse independientemente de que exista o no exista una normatividad intermedia; va más allá del hecho de que no se pague; concretamente, va al hecho de que, como Universidad, respondamos a una aspiración concreta de un ecuatorian@ que quiere estudiar, pues la universidad pública requiere un fortalecimiento con el apoyo del Estado, para ejercer la equidad de este derecho, el cual no se aplica en la Central, pues tras el Decreto 1437, emitido por el Presidente, se establece lo que ‘no implica gratuidad’, obligando a los estudiantes a pagar por la prueba psicológica, laboratorio clínico, servicios bancarios, uso de laboratorios, feria de ciencia y tecnología, materiales para prácticas, uniforme de Educación Física, Caja Solidaria Estudiantil y Fondo de Ayuda de Accidentes.

“Este cobro de rubros es un atentado, porque la gratuidad es un proceso que permite el fortalecimiento de la educación publica, y si el Estado no provee esos recursos, lo único que está haciendo es limitando la capacidad de desarrollo de la propia educación pública.

“Tenemos que seguir exigiendo al Estado los recursos necesarios, vamos a seguir luchando por el cumplimiento de este derecho para generar las condiciones de equidad, ya que muchas de las conquistas no han sido dádivas de ningún gobierno, sino que tienen relación con la lucha de un pueblo, que ha peleado contra la arbitrariedad, la discriminación, contra todo lo que el proceso neoliberal generó en el campo educativo; ahora tenemos que luchar nuevamente para que estos derechos, que están como letra en la Constitución, puedan ejercerse plenamente”.

‘El proceso de la gratuidad ha tenido un retroceso fuerte’



Paúl Velásquez,
Estudiante de la Escuela de Ciencias Sociales

“El proceso de la gratuidad ha tenido un retroceso fuerte en la universidad ecuatoriana: con el Decreto 1437, emitido por la Presidencia de la República, los Consejos Universitarios se toman atribuciones que no les competen, como el interpretar leyes o artículos. En el caso de la Universidad Central ha ocurrido eso: el Consejo Universitario, el nuevo rector y las nuevas autoridades han interpretado el Registro Oficial frente a los ítems relacionados con el tema de la gratuidad de la educación (determinando lo que entra o no en la escolaridad), y no han permitido que la misma pueda continuar como un derecho Constitucional.

“Las autoridades tienen que ver mucho con el incumplimiento de este derecho, pues el actual rector fue uno de los precursores contra la gratuidad de la educación, incluso votó en contra de ella en ocasiones anteriores, por lo que no nos asombra que ahora siga atentando contra este derecho, con un sinnúmero de elementos, como el cobro indebido de rubros, que coarten la libertad de este tema en nuestra universidad.

“Ante esto hemos tomado acciones: tuvimos una reunión con SENPLADES, donde denunciamos con documentos y registros de materias cómo se ha violentado la gratuidad en las facultades mediante el cobro indebido y excesivo de rubros a los estudiantes, por lo que esta institución se comprometió a realizar una investigación para averiguar que está pasando con este tema. También denunciamos este atentado en la Defensoría del Pueblo para que se tomen cartas en el asunto, sabemos que llamará a una comparecencia al rector de la Universidad Central para saber por qué se está violando la gratuidad de la educación.

“Pensamos que el Consejo Universitario debería ponerse de lado del movimiento estudiantil, de los trabajadores, de los docentes de la ‘Central’, y hacer una revisión de los aranceles, pues los ítems que se cobran deben ser incluidos dentro de la escolaridad; en el caso de las segundas y terceras matrículas, proponemos la elaboración de un reglamento que especifique a quién se debe cobrar una segunda matrícula, para que la gratuidad entre completamente en todos los niveles de la universidad”.