Y continúa la prepotencia en la ‘U’…

No conformes con privar de la libertad a un líder estudiantil como Marcelo Rivera (presidente de la FEUE), la represión dentro de la Universidad Central continúa, esta vez contra dirigentes como Paúl Velásquez (Secretario Nacional de la FEUE), Gloria Toapanta (Representante al HCU), Lorena Araujo (ex presidenta de AFU ) y Jaime Calderón (presidente de la coordinadora de asociaciones estudiantiles de la Facultad de Filosofía), quienes fueron expulsados por haber sido considerados culpables de los acontecimientos sucedidos en la universidad central el 8 de diciembre del 2009.

Ante esto, los implicados, apelando a su derecho a la defensa, acudieron al estamento legal para demostrar su inocencia, lo cual ha sido coartado por el aparato judicial. El Dr. Raúl Moscoso, abogado especializado en derechos humanos y defensor de los estudiantes, nos comentó que se han presentado una serie de recursos de amparo constitucional para que sea reconsiderada la sanción o canalizada de otra forma, ya que “la situación en la que se encuentran los estudiantes se da en un contexto de estigmatización hacia quienes están vinculados con el FRIU o con el Movimiento Popular Democrático, en una especie de cacería de brujas, apartando de la universidad a todo aquel que tenga discrepancias con el pensamiento del rector”, lo cual predispone también a las autoridades judiciales a prejuzgarlos como si fueran los autores directos de lo sucedido aquel día.

Para este jurisconsulto, la actitud tomada por la máxima autoridad del Alma Máter a lo largo de este proceso no ha sido la adecuada, pues no ha permitido que el proceso se lleve objetivamente, al jugar el papel de víctima y juez: “han hecho una farsa de proceso administrativo, en el que falsamente se les da en primera instancia la posibilidad de ser escuchados a los acusados, sin validar las pruebas que presentan, mientras que a las pruebas que ellos presentan, que no prueban nada, sí les dan valor, y en este caso el señor rector ha actuado en pro de empeorar la situación de los jóvenes, en lugar de actuar con sensatez, desdiciendo de la alta dignidad que tiene, pues prácticamente está ejecutando una política de limpieza ideológica en la Universidad Central”.

De esta manera se vulneran los derechos de los acusados, al no darles la oportunidad de acceder a una justicia objetiva, independiente. No se les ha permitido ejercer a plenitud su derecho a la defensa, además de no habérseles indicado exactamente el motivo de su expulsión, aparte del argumento de que pertenecen al MPD, lo cual a criterio de su abogado no tiene nada de malo, ya que la diversidad de pensamiento es lo que caracteriza a la universidad. “Defiendo el derecho que tienen los estudiantes vinculados a esta tendencia a realizar política en las universidades, es un absurdo que se pretenda convertir en sitios aislados de la realidad a las instituciones de educación superior, siempre los universitarios han sido la vanguardia del cambio y han ejecutado actos de resistencia a asuntos o decisiones que han considerado injustas”, enfatizó Moscoso.

“En un evidente intento de acaparar los diferentes sectores, quieren imponer un pensamiento único, dócil a las consignas del gobierno de turno; no se puede imponer un pensamiento único ni usar ese tipo de medidas para eliminar al adversario político”, afirmó Raúl Moscoso, quien además afirmó que “nuestro sistema de justicia lamentablemente es anti-garantista por principio, ahora el ciudadano que litiga contra el Estado por sus derechos fundamentales no tiene justicia, porque hay una suerte de prevaricato institucionalizado contra los colectivos que ya están previamente estigmatizados, en el caso digamos de los profesores, estudiantes, trabajadores públicos.”

Finalmente, valiéndose de diferentes mecanismos, el rector Samaniego logró conseguir el apoyo para efectivizar la expulsión de los jóvenes dirigentes en el Consejo Universitario el 13 de julio del 2010; ante lo cual la defensa no ha escatimado esfuerzos en continuar apelando: “estamos solicitando a la Universidad que la resolución de expulsión se ejecute después de que cumplan con su carrera y con los requisitos académicos para acceder a su titulo, lo cual bajaría las tensiones porque no les arruinan el plan de vida a estos estudiantes, y presentaremos nuestra demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos“, concluyó Moscoso.

Por lo pronto, los jóvenes han presentado una apelación al Consejo Universitario, para que se reconsidere la resolución, mientras casos similares de persecución continúan dándose en el resto del país, intentando atemorizar al movimiento estudiantil para que desista en su lucha por una mejor universidad. Galo Mindiola, actual vicepresidente nacional de la FEUE, se encuentra acusado presuntamente por robo de una cámara de Ecuador TV, el día de las manifestaciones en contra de la Ley de Educación Superior en Guayaquil, ante esto señaló que “esto es parte de la persecución política de la cual estamos siendo víctimas los dirigentes populares; hemos sido criminalizados y enjuiciados penalmente por ejercer el derecho a la resistencia para enfrentar las medidas antipopulares que impulsa el régimen. Ningún aprendiz de dictador va a querer atemorizar a la organización estudiantil, la FEUE no se amedrenta ante nadie, y mantenemos nuestra firme posición de defender nuestro principio de luchar por una universidad de calidad para el pueblo y no para el gobierno”, expresó Mindiola.