La Tercera (miércoles 8) resumió el evento: “Un cerrado respaldo al general Juan Emilio Cheyre y una seguidilla de mea culpa marcaron ayer la agenda del seminario”.

¿Qué es lo que aplaudieron de pie y respaldaron los representantes de los tres poderes del Estado, de la Iglesia, de los partidos de la Concertación y de la derecha? ¿Acaso su afirmación de “la desazón que existe en el ejército por los recientes fallos judiciales, en especial por la decisión de la Corte Suprema de validar la tesis jurídica del “secuestro permanente”? ¿O el apoyo que presta el ejército a sus “ex camaradas de armas que hoy sufren prisión, están sometidos a procesos o a aquellos que no les ha sido aplicada la prescripción y la amnistía”? ¿O la echada para atrás de lo planteado en su documento Ejército de Chile: el fin de una visión, de 5 de noviembre de 2004, cuando sostuvo: “El ejército de Chile tomó la dura, pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado” y que en el seminario cambió a que las responsabilidades son individuales y que sus palabras habían sido mal interpretadas?

¿Todos somos culpables?

El UDI Hernán Larraín, presidente del Senado, representó al resto de los invitados al intervenir: “Nadie puede decir que no tuvo responsabilidad en el quiebre institucional de 1973”. Que esto lo afirme un pinochetista, pasa. Pero que lo acepte un senador del partido en que militó Salvador Allende es inconcebible.
Es el caso de Ricardo Núñez, parlamentario socialista. Afirmó en el seminario: “Desde nuestra perspectiva, qué duda cabe, hicimos una lectura equivocada de la situación. No entendimos el rol de la ideología de un sector importante de la sociedad, que no estaba en condiciones de aceptar la radicalización de la ‘vía chilena al socialismo’, que no quería seguirnos en nuestra propuesta de cambio, que deseaba seguridad por sobre el salto histórico que pretendíamos... La prudencia y la apertura a otras fuerzas políticas, a la que llamaba Salvador Allende, no fue escuchada por nosotros... La vida política se había degradado a un extremo inimaginable... Quienes tenían responsabilidad de impedirlo no lo hicieron o no tuvieron la fuerza para hacerlo. Soy de los que creen que no hubo voluntad suficiente... Que la vida en sociedad se había hecho malsana... El golpe de Estado se hizo inevitable”.

No hay duda que este invitado fue bien elegido. Cumplió el rol asignado. Los golpistas, según sus conceptos, fueron obligados a intervenir. El senador Núñez no hizo sino repetir aspectos de la declaración de la mesa de diálogo del 13 de junio de 2000: “Chile sufrió a partir de la década del 60 una espiral de violencia política, que los actores de entonces provocaron o no supieron evitar... Este grave conflicto social y político culminó con los hechos del 11 de septiembre de 1973”.

Mea culpa. ¿En nombre de quiénes?

Según Fernando Paulsen (Ultima mirada, Chilevisión, martes 7), el senador Ricardo Núñez hizo en ese seminario una autocrítica por la Unidad Popular.

La Tercera (miércoles 8) sostiene que el parlamentario socialista había hecho un “reconocimiento de la responsabilidad que tuvo la Izquierda en la crisis institucional que vivió Chile en 1970 (sic)”. ¿Lapsus del diario derechista?

Si Ricardo Núñez empleó el “nosotros” para referirse al PS, Mapu-Garretón y parte de la Izquierda Cristiana, tuvo razón al plantear en la Escuela Militar eso de que “hicimos una lectura equivocada” y que “la prudencia y la apertura a otras fuerzas políticas, a la que llamaba Salvador Allende, no fue escuchada por nosotros”. Pero otras afirmaciones, que justifican el golpe, no corresponden a la verdad y son inaceptables para las víctimas de los atropellos a sus derechos humanos.
Escuchemos a un testigo de excepción sobre los hechos que precedieron al golpe fascista y cuyo pensamiento no estuvo presente en el seminario. Nos referimos al general Carlos Prats González, ex comandante en jefe del ejército, quien escribió en sus Memorias, refiriéndose a junio de 1973:
“En el seno del gobierno, se retornó nuevamente a la pugna entre duros y moderados que surgiera entre mayo y septiembre de 1972. El Partido Socialista, el sector de Garretón del Mapu, parte de la Izquierda Cristiana, apoyados ‘extraoficialmente’ por el MIR, insistieron en la tesis voluntarista de la movilización de masas y del fortalecimiento del presidencialismo... El Partido Comunista, la fracción del Mapu liderada por Gazmuri, un sector de la IC, el API y el Partido Radical, sostenían la tesis de llevar a la práctica un ‘programa de emergencia económica’, bajo una ‘dirección única, oportuna y eficiente’, compartida por el gobierno, la Unidad Popular, la CUT y las Fuerzas Armadas”.

¿Cuándo y quiénes crearon la crisis institucional?

Luis Corvalán, en un artículo publicado por El Siglo el 11 de mayo de 1973 y repetido el 20 de ese mes, señaló: “Observamos con preocupación el hecho que en el país se abre camino una división que no corresponde a los verdaderos intereses de clase que están en juego y, por eso, pensamos útil cualquier contribución dirigida a desarrollar el diálogo que permita el debate político creador, se subentiende que entre los chilenos que no quieren derramamiento de sangre y sin perjuicio de que unos estén firmes con el gobierno y otros en la oposición”.
Adonis Sepúlveda escribió en 1975, refiriéndose a la conducta de su partido, el PS, durante el gobierno de Salvador Allende: “Los socialistas, conscientes de que cualquiera debilidad nuestra, aparente o real, estimula al adversario y desanima a las masas trabajadoras, nos hemos opuesto permanentemente a las actitudes de conciliación con los enemigos de clase, como sucedió con ocasión de las conversaciones celebradas con la Democracia Cristiana, en 1972”.

El general Prats relató en sus Memorias: “El viernes 3 de agosto de 1973, es un día también histórico: en esa fecha, (Patricio) Aylwin desahució el diálogo con el gobierno, abriendo así las compuertas de la más grave crisis institucional de la historia de Chile.
Sin embargo, el presidente Allende no perdió la esperanza de evitar una solución de fuerza y pidió a los comandantes en jefe y al general director de Carabineros que integrásemos el gabinete que denominó de ‘Seguridad Nacional’... Nos asignó los ministerios de Hacienda, Obras Públicas y Transportes, Defensa Nacional y Tierras y Colonización, más que todo como un símbolo de su apertura a un entendimiento político con la oposición. Esta no quiso recibir el mensaje y apoyó una nueva huelga de los transportistas, dispuestos a no cejar hasta que cayera el régimen de Allende”.

En otra parte de su libro, el general Prats recuerda que “paralelamente a mi renuncia del 23 de agosto (de 1973), se hacía público el manifiesto de la Cámara de Diputados que denunciaba la inconstitucionalidad del gobierno”. Con esa fecha la mayoría derechista-democratacristiana aprobó un proyecto de acuerdo presentado por el PDC. Se le consideró como la luz verde para el golpe.

El 11 de septiembre de 1973 escribió Carlos Prats: “Me siento profundamente consternado ante el súbito y fatal derrumbe de tantos valores y principios, presintiendo, con horror, cuánta sangre se derramará entre hermanos. La tenaz lucha sostenida para impedir que el ejército se dejara arrastrar a la destrucción de su profesionalismo institucional, ha sido estéril... Pienso en la terrible responsabilidad que se han echado sobre sus hombros mis ex camaradas de armas, al tener que doblegar por la fuerza de las armas a un pueblo orgulloso del ejercicio pleno de los derechos humanos y del imperio de la libertad... Presiento que mis ex camaradas de armas jamás recuperarán en vida la paz de sus espíritus...”.

Más adelante se pregunta el general Prats: “¿Quiénes fueron los cerebros que los perturbaron hasta el paroxismo? ¿Mostrarán algún día sus rostros? ¿Desentrañará la historia la madeja diabólica de esta conspiración insensata en Chile cuyos instigadores -como siempre- permanecen en la penumbra?”.

El general Cheyre y los que intervinieron en el seminario, ¿vivieron en un Chile diferente?

Desentrañando la madeja

Algunos hablan mucho del contexto histórico. Entre noviembre de 1970 y septiembre de 1973 Chile vivió el período del gobierno popular presidido por Salvador Allende. Durante esos mil días se llevaron a cabo importantes cambios revolucionarios: nacionalización de las empresas de la gran minería, reforma agraria, estatización de la banca, etc. Estos significaron mejores condiciones para los trabajadores y capas medias. La cesantía, por ejemplo, disminuyó al tres por ciento. Se elevaron los sueldos y salarios. Se respetaron los derechos humanos. La violencia fue llevada a cabo por la oposición.

Las transformaciones económicas efectuadas -respetando la Constitución y las leyes- perjudicaron a las empresas transnacionales, a los latifundistas y a la oligarquía financiera. ¿A ellos se refiere el senador Ricardo Núñez cuando habla de “un sector importante de la sociedad, que no estaba en condiciones de aceptar la radicalización de la ‘vía chilena al socialismo’”?

El informe Church, del Senado estadounidense, y los documentos desclasificados de la CIA han entregado innumerables datos sobre la intervención extranjera para impulsar, financiar y dirigir las acciones subversivas contra el gobierno de Allende y para la preparación del golpe.

Por ejemplo, el informe Church señaló: “En una serie de decisiones, desde 1971 hasta 1973, el Comité de los 40 autorizó casi cuatro millones de dólares para la oposición chilena. La mayor parte de este dinero fue para el PDC, pero una parte sustancial fue destinada al Partido Nacional”.

¿Cuáles fueron los objetivos del seminario?

Hay un factor sumamente importante para los gestos más recientes del ejército y de su comandante en jefe: el informe Valech. A pesar de sus limitaciones, éste ha sido un documento de enorme repercusión en amplios sectores de la población, impactados por los horribles testimonios de las víctimas de las torturas.

No es casual que el general Cheyre, que tuvo acceso al informe Valech antes que lo diera a conocer el presidente Lagos, publicara el 5 de noviembre su documento Ejército de Chile: el fin de una visión. Tampoco fue casualidad la realización del seminario (ni tampoco la fecha de la detención de Galvarino Apablaza, en Argentina).
Entonces, un primer objetivo del seminario es amortiguar los efectos del informe Valech, que muestra la siniestra actuación de integrantes de las Fuerzas Armadas, en especial del ejército.

Un segundo objetivo es continuar la línea de la mesa de diálogo en la creación de las condiciones para la impunidad de los violadores de los derechos humanos. En su intervención el general Cheyre planteó “los cuatro supuestos básicos que deben darse para que el compromiso asumido por el ejército en materia de derechos humanos sea viable”.

¿Cuáles son las condiciones impuestas por el ejército a todo el país?

1) “Lograr mirar desde otra perspectiva a aquellos militares que cometieron los abusos”. ¿Desde cuál, general Cheyre? Si cometieron crímenes, ellos son criminales.

2) “Tratar de encontrar una respuesta que impida que el país siga atado a los hechos de 1973 y antes”. ¿Olvidar los “hechos” del 73? ¿Se pueden comparar los crímenes de la dictadura con lo ocurrido durante el gobierno de Allende?

3) “Priorizar la ‘reconciliación’ como un valor nacional por sobre las disputas que se están produciendo sobre las responsabilidades del pasado”. O sea, ¿perdonar y olvidar? ¿Y la verdad y la justicia no importan en aras de la ‘reconciliación’?

4) Que el ejército “se solidifique en sus roles profesionales”. Objetivo, que según Cheyre, “se ha conseguido a plenitud”.

En otra parte de su discurso, el general Cheyre -según sostiene La Tercera del miércoles 8 de diciembre- “dejó entrever la tarea pendiente que les corresponde a los otros poderes del Estado (sic) y a la clase política para avanzar en la reconciliación”.

No se equivoca La Tercera. El comandante del ejército señaló: “¿No habrá poderes que podrían asumir tareas que le son indelegables?”. Ya están notificado el Poder Ejecutivo, el Parlamento y el Poder Judicial. A propósito de este último deslizó una crítica a la Corte Suprema, por haber rechazado aplicar el decreto ley de amnistía.
En el mismo sentido dijo: “Exhorto a ese personal (los efectivos del ejército responsables de la desaparición de detenidos políticos) a contribuir con toda la verdad que pudiesen poseer en los procesos de que forman parte, conducente a establecer el paradero o destino y la data de muerte de personas desaparecidas, que permita acreditar qué pasó con aquellos compatriotas de los cuales desconocemos precisamente aquello que brinda tranquilidad a sus deudos, libera las conciencias de quienes son responsables de sus muertes -que son muertes y que me parece incuestionable, dado el tiempo transcurrido- y lleve a los tribunales a aplicar la legislación vigente”. O sea, a aplicar el decreto ley de amnistía. La misma argumentación de Clara Szczaranski, que es la del gobierno, pues ella no fue “trasladada” -como se hizo con el funcionario de Investigaciones responsable de la detención de Galvarino Apablaza- luego de plantear la necesidad de aplicar la amnistía.

Un tercer objetivo del seminario: mostrar la unidad nacional hacia la “reconciliación”. Sólo perturbada por algunos marginales. Se preguntó Cheyre: “¿No seguirán existiendo grupos que tras sus propios objetivos, muchos legítimos, están obstaculizando un proyecto de futuro?”.
Pero la mayoría de los chilenos -según el general Cheyre- apoya ese proyecto reconciliador: “La presencia de todos los sectores en la Escuela Militar debía constituir un símbolo de unión entre civiles y militares, con el solo objetivo de alcanzar la unidad entre todos”.

Y el eco vino desde La Moneda. Francisco Vidal, vocero del gobierno, señaló -tajante como siempre-: “Lo ocurrido en la Escuela Militar fue un hito. Hace 31 años fue un recinto de detención (ahora) es un lugar de reencuentro de todos los sectores políticos para tratar el tema de la violación de los derechos humanos”. Un detenido allí, en 1973, no concurrió al seminario: Luis Corvalán Lepe

Iván Ljubetic Vargas