Red Voltaire
La Prueba - Capítulo 2

SIDE: Secretaria para la impunidad del Estado

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En mí debía residir el error de creer
que tenía el derecho a acusar y juzgar la
locura y el rigor del mundo.

Eduardo Sguiglia, No te fíes de mí, si el corazón te falla,
Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 1999.

Cuando entré en el departamento de mi cuñada dispuesto a escribir el capítulo acerca de la SIDE y tomé conciencia de que debía adentrarme en aquellas "cajas negras », lo primero que hice fue administrarme un sedante de cuerdas y coro. Así, puse un CD con los tres oratorios de Giacomo Carissimi -Vanitas Vanitatum, Jephté y Ezechia-, y enseguida me sentí mucho mejor Ese sonido retórico y barroco compuesto en 1629, estaba seguro, me ayudaría a no desfallecer ante tanta concupiscencia.

Los cientos de fotocopias que tenía guardadas aquí desde ha cía tiempo habían llegado a mí como parte de una venganza, la pasión humana que más contribuye en este mundo a las revelaciones periodísticas. El ramillete de senadores y miembros de los poderes Ejecutivo y Judicial que delinquieron en esta historia de las coimas no soñaron que una hipocresía de procedencia similar a aquella de la que ellos hicieron gala terminaría escariando su decencia. Rivalidades, rencores, desmedidas ambiciones personales, odios y revanchas serpenteaban por entre aquellas carpetas que clasificaban algunos tramos de casi tres décadas de finanzas clandestinas en la SIDE y que yo tenía dispuestas en anaqueles algunas, alineadas en el piso otras, y desperdigadas por los rincones el resto.

La garganta profunda que vomitara las exclusivas que Bob Woodward y Carl Bernstein publicaran en el The Washington Post y darían lugar a la caída de Richard Nixon de la presidencia de los Estados Unidos en 1973 no tenía parangón. El papelerío que yo barajaba en julio de 2001 carecía de ese calado. En su pentagrama tintineaban otros bemoles y corcheas. La melodía no salía de una sola boca de desagüe, aunque como en Norteamérica, la riada desembocaba directamente en la jefatura del Estado. En Argentina, se trataba más bien de un manantial alimentado desde diversas fuentes que hicieron eclosión al promediar febrero de 2000, cuando el "sindicato" manejado por Fernando de Santibañes despidió a 1700 empleados de la SIDE, cebados por la cultura aberrante implantada por su predecesor, Hugo Anzorreguy. La limpieza se extendió a agentes del Batallón 601 del Ejército, y a la Superintendencia de Interior de la Policía Federal y expuso impúdicamente a la luz pública una galaxia fantasmal, peligrosa y desconocida para el común de los argentinos.

El cataclismo se incubaba desde comienzos de 1998. Lo preanunció la explotación de los escabrosos entresijos de la vida pública y privada del juez federal Norberto Oyarbide, titular del Juzgado Federal N’ 5, acusado ante el Consejo de la Magistratura por presunto enriquecimiento ¡lícito, prevaricación y «falta de decoro para el desempeño de sus funciones». El magistrado había sido filmado en el sauna Spartacus de Buenos Aires, un antro de lujo y orgías, dando rienda suelta a sus pulsiones en brazos masculinos. El propietario del prostíbulo, Luciano Garbellano, presunto hacedor de la película, cultivaba al parecer el hábito de extorsionar a clientes poderosos. El complot de videos y grabaciones, y el cobro de rescates para impedir su difusión, alcanzó a jueces, abogados, políticos, gente de la farándula, comisarios policiales y mujeres de alquiler. El taxi boy Luciano Garbellano trabajaba en connivencia con la Superintendencia de Interior de la Policía Federal, concretamente con una de sus dos ramas, la sección "Análisis delictivo y Seguridad Personal". La repartición era comandada por el comisario Roberto Rosa, conocido por el apelativo Clavel, un ex torturador del campo de concentración Automotores Orletti, que funcionara clandestinamente en la ciudad de Buenos Aires durante la pasada dictadura militar, y de él dependían buena parte de los 10.000 efectivos, entre agentes regulares y colaboradores externos, que la componían.

Mustio, Clavel fue dado de baja. El juez Oyarbide solicitó una licencia por razones psicológicas que se prolongó durante tres años y cinco meses. Ambos se sustrajeron, en la medida de lo posible, a los focos de los medios de comunicación, que los tuvieron en escena durante algún tiempo. Detrás quedaron despojos de múltiples causas judiciales, que se han escurrido en los sumideros de los tribunales. Una de las consecuencias de este escándalo fue que quedó a la vista el hecho de que la Superintendencia de Interior de la Policía Federal estaba volcada de lleno al espionaje interno con fines de lucro, o de codicia política.

Desde su cuartel general en la seccional 23 de la Capital Federal, Clavel tenía montada una red de escuchas masivas sin autorización judicial. Competía con la SIDE, encarnizada rival, en invadir la vida privada para coercionar con sus videos, sus cintas grabadas o sus informes de buchones que delataban a sus víctimas in situ. Los mercaderes vendían lo que deshollinaban de radios, canales de televisión, sindicatos y partidos políticos. Había plomeros hasta en la Cámara de Diputados, donde "hace algunos años hubo un diputado justicialista que cada martes, sin falta, mandaba un enunciado sobre todo lo debatido en las reuniones de bloque% según contó el periodista Gonzalo Álvarez Guerrero refiriéndose a la espía C-12 de la SIDE. Al descorrerse el velo del caso Oyarbide, trascendió la existencia de un variado espectro de policías, mercenarios y agentes de la SIDE, desbocados y al galope en procura de información. Retroalimentar aparatos fuera de la ley para que husmearan y coercionaran con financiamiento ¡lícito, por dentro o por fuera de los presupuestos oficiales, devino la piedra de toque de la carrera por la información. El eje es crucial. En tomo a él pivotea el criterio que permite la obtención de fondos para sufragar las dádivas a los senadores.

Lo que ha quedado al desnudo es la forja de un sistema clandestino de financiamiento al servicio del Poder Ejecutivo. Y ese sistema tiene su historia.

El antecedente inicial de lo que es hoy la SIDE, teóricamente, se sitúa en mayo de 1930, con la creación de la Oficina de Seguridad del Ejército, que en cuatro meses dio pruebas de su apetito por la ilegalidad y la conjura, confabulando para derrocar a su fundador, el presidente Hipólito Yrigoyen. Pero la faena de reunir información recurriendo a mecanismos públicos y secretos para producir Inteligencia de Estado, se fue armando a golpes de leyes y decretos, una vez destituido de la presidencia el general Juan Domingo Perón, en 1955.

Así, el Presidente de la Nación terminó por constituirse en el único depositario de la responsabilidad en la materia. La SIDE reporta exclusivamente a él. Directamente, o a través de quien él designe al efecto, el mandatario es quien puede ordenar y aprobar operaciones encubiertas que se le sometan a consideración, desclasificar información y asignar o modificar partidas presupuestarias.

Las leyes fundacionales del entramado son de facto, producidas en las dictaduras militares inauguradas en 1955 y 1966. La ley 19373/71 regula la participación de personal civil, y la "S" 20195/73 encuadra misiones, funciones, y la confidencialidad de su organización. Su financiamiento, adscrito a la Ley de Presupuesto Nacional, fue impuesto por los generales Pedro Eugenio Aramburu y Juan Carlos Onganía cuando usurparan la presidencia, mediante la creación de la figura de los "fondos reservados», que dotaba a los Ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores y de Defensa, y a la Secretaría General de la Presidencia y la SIDE, del privilegio de disponerlos. La práctica se prolongó en otros presidentes, que hicieron proliferar decretos y leyes «secretas" que son, según el jurista Néstor Pedro Sagües "un discutible privilegio» del que muy pocos gobiernos del mundo disponen. Entre 1976 y 1983, los generales del "Proceso de Reorganización Nacional» firmaron 35. Alfonsín, entre 1983 y 1989, firmó 85. Menem, entre 1989 y 1999, más de 100. De la Rúa, en su primer semestre de gestión, firmó 2.

La SIDE creó, entre 1970 y 1979, tres compañías de cobertura y factorías de información, y de generación y gestión de fondos. La primera fue la agencia de noticias Saporiti, que data de 1970, al promediar el gobierno dictatorial que se bautizara a sí mismo como «Revolución Argentina» (1966-1973). La segunda fue Osgra S.R.L., que nació el 23 de abril de 1974, cuando el gobierno democrático del general Juan Domingo Perón intensificara por todos los medios la represión legal e ¡legal contra la «tendencia revolucionaria del peronismo» y la izquierda insurreccional. Finalmente, la tercera fue creada por la dictadura de las Fuerzas Armadas que se extendiera entre 1976 y 1983, que el 31 de mayo de 1979 parió el Instituto de Investigaciones Sociales S.R.L. (IDIS).

Mientras estudiaba los perfiles de este trío diabólico de sociedades almidonadas por la SIDE en la pantalla de la computadora portátil que mi hermano me había traído como regalo de cumpleaños de uno de sus viajes a Inglaterra, no pude evitar que mis pensamientos se desviaran a Giacomo Carissimi, el autor de la música que me servía de sedante.

Recordé las dificultades antes las que se enfrentaron los historiadores para situar las fechas de sus obras trascendentales, hasta su muerte en 1674. Una de las pocas cosas que se sabía de él era que había entrado al Colegio Jesuita Alemán de Roma en 1629, a los 24 años de edad, y que los originales de sus partituras no habían sobrevivido a los estragos de los siglos. Por suerte, todo eso no ha impedido que podamos seguir disfrutando de la meditación del coro sobre la fugacidad de la vida terrestre de Vanitas Vanitatum, estrofas reconfortantes a la hora de examinar los enjuagues de las empresas de la SIDE.

La agencia de noticias Saporiti, sempiterna regadera de información intencionada en los medios, pasó a ser controlada por la SIDE en 1970. La cadena de manos fue activada por el general de brigada Roberto Marcelo Levingston, quien ese año pasó de desempeñarse en la agregaduría ante la junta Interamericana de Defensa en Washington a ejercer la Presidencia de la Nación. Levingston ordenó a su subordinado, el director de la SIDE, general Juan Carlos Miatello, que estudiara la factibilidad de capturar la agencia. El plan fue aprobado, y los fondos para arrebatarla fueron desbloqueados. Un acta notarial que lleva el número 216, pergeñada el 1 de diciembre de 1970 en el estudio del doctor Sergio González Pagliere (h), fijó el domicilio de Saporiti en el piso 12 de la Avenida Roque Sáenz Peña 612. Fueron sus únicos socios los periodistas Miguel Ángel Crispino y Héctor Roberto Sobrino, y los contadores Alfredo Enrique Colombo y Ricardo Alberto Fuchs, todos ellos bajo servidumbre rentada de la SIDE. En un plano más subalterno se recortaba el apellido que daba nombre a la agencia, encarnado en Carlos y Delia Saporiti.

La historia de la agencia de noticias Saporiti es sugestiva. A partir de 1978, cuando estaban en pleno desarrollo los secuestros, las torturas y los homicidios perpetrados al amparo de las Fuerzas Armadas -y por ende de la SIDE-, había comenzado a expandirse.

En nombre de la agencia, el periodista Sobrino adquirió, el 2 de mayo de 1979, la planta baja y los dos subsuelos del inmueble conocido como Pasaje Barolo, emplazado en la Avenida de Mayo 1366/70/80, con entrada también por Hipólito Yrigoyen 1363/73/85, entre las calles San José y Santiago del Estero de la Capital Federal. Los vendedores fueron los chinos Hienh Hong Chou. y Hsuch Yuan Hung, con domicilio en Olivos, provincia de Buenos Aires, y Chin Tsun Chiang y Chin Chou, Yang, otros dos chinos, ambos casados y residentes con sus respectivas esposas en O’Higgins 4253 de la ciudad de Buenos Aires. Con antelación, estos cuatro asiáticos -que tenían DNI argentinos- habían comprado aquella parcela a Húsares S.C.A. por 84.590.000 pesos mediante una hipoteca que nunca llegó a inscribirse en el Registro de la Propiedad, y de la que tampoco pagaran una sola cuota. En la escribanía de Héctor Mario Cavalcanti, de San Miguel, partido de General Samiento, provincia de Buenos Aires, Saporiti entregó al cuarteto chino 325 millones de pesos en efectivo por el pedazo de edificio, más dos líneas telefónicas y una póliza de seguro contra incendio por 3 millones de pesos, con vigencia hasta 1982. En la escritura no se hace mención a cómo se cancelaría la hipoteca preexistente, ni si Húsares S.C.A. llegó a percibir la deuda contraída por los chinos, que cubría la casi totalidad del monto que en 1978 habían desembolsado por la misma propiedad que al año siguiente la SIDE les pagó cuatro veces más.

Saporiti se conformó como sociedad anónima el 24 de septiembre de 1980, fijando su sede central en el Pasaje Barolo. Un litigio por la adquisición del sexto piso del edificio puso en evidencia la aspiración a trepar desde los subsuelos y la planta baja hacia las alturas. Por aquel sexto piso Saporiti pagó al contado un millón de pesos a la Organización de Construcciones Ultramodernas S.A.C.I. (OCU). Lo llamativo es que la vendedora jamás se presentó a escriturar, espoleando a la justicia el 24 de febrero de 1981, a que proclamara el adueñamiento de Saporiti por la "reiterada incomparecencia" de OCU. El mismo escribano Cavalcanti que cerró trato con los chinos por la planta baja y los subsuelos desde el Registro Notarial 27 de San Miguel, finiquitó los papeles correspondientes al sexto piso, pero estampando el número de registro 1156 de la Capital Federal.

Me pregunto si los vendedores de los inmuebles comprados por la SIDE disfrazada de Saporiti habrán existido realmente ó lo o si se habrá tratado de una apropiación de patrimonio de algún desaparecido, que fueron muchos miles en aquellos años de horror. Para mí, las cantidades y la metodología de estas transacciones inmobiliarias remiten a una típica operación de lavado de dinero.

En cuanto a Osgra S.R.L., se había constituido como ya se ha dicho el 23 de abril de 1974. La entidad era una pantalla, cuya razón social ventilaba un objetivo primigenio amplio. Sus contornos modelaban una actividad económica y financiera ante instituciones públicas como gestora, inmobiliaria, consultora, otorgante de préstamos y hasta vendedora de pasajes nacionales o hacia el exterior.

Las cinco letras que la identificaban le ponían lacre a las primeras de dos de sus tres socios fundadores: Luis Ernesto Osores, y Maximino Francisco Graña (Os-Gra). Éstos se apersonaron recién tres años después, con Rafael Eduardo Rillo Cabanne, ante los escribanos Horacio Enrique Spinetto y Héctor Mario Cavalcanti, y fijaron domicilio societario en Avenida de Mayo 1370, sexto piso, oficina 128, de la Capital Federal. Esto es, el Pasaje Barolo, sede de Saporiti, cuyo escribano Cavalcanti, de doble registro notarial, se repite en Osgra. Bajo su cuerda, y la de su colega Spinetto, se inscribirían las "casas operativas", "bases", y otros locales que fue congregando la SIDE a lo largo y a lo ancho del país.

Al 31 de diciembre de 1999, Osgra concentraba 30 inmuebles en 25 edificios dispersos en la Capital Federal (15), y en las ciudades de Rosario (2), Neuquén (2), Córdoba (1), Mendoza (1), Mar del Plata (1), Bahía Blanca (1), Corrientes (1), La Plata (1), Posadas (1), Río Gallegos (1), Trelew (1), Salta (1) y Tucumán (l); algo así como 4 millones de dólares en valuación fiscal de bienes raíces. Los negocios habían sido boyantes. La sociedad incrementó su capital en 1991, prorrogando su duración hasta el 25 de junio de 2001, engrosando sus accionistas con la incorporación de Roberto Luis Isnaldi y Eduardo Alfonso Peña, amén del abogado Miguel Agustín Mentasti y del empresario José Daniel Salinardi, agentes multiuso que reencontraremos más adelante cuando nos ocupemos del desmantelamiento de Saporiti.

El escribano Cavalcanti y el edificio del Pasaje Barolo reaparecen en escena cuando surge en el firmamento el Instituto de Investigaciones Sociales S.R.L. (IDIS). Fue el general de brigada Carlos Alberto Martínez, a la cabeza de la SIDE, quien ordenó su puesta en marcha el 31 de mayo de 1979. Procesado por el juez español Baltasar Garzón por genocidio y terrorismo en Argentina, el general Martínez le fijó a IDIS un plan de combate que incluía la realización de "encuestas, estudios de mercado, recopilación de datos estadísticos, sondeos, auscultaciones (¿?) y encuestas de opinión". Designó para ello al licenciado en ciencias políticas José Alberto Caballero, al sociólogo Ricardo Raúl Gamondes y al contador Vicente Mundo, por esos días síndico de Saporiti.

El agente Mundo permaneció doce años en su puesto, en tanto que Caballero fue relevado a los cinco meses. En la cesión de la cuota de acciones, el notario Cavalcanti certificó las firmas en la ciudad de Buenos Aires, pero las inscribió en la localidad bonaerense de San Miguel, jugando indistintamente con sus dos registros. Atisbando las entradas y salidas de personal, se advierte que en 1983 IDIS incorporó a su plantilla a una mujer, la licenciada en ciencias políticas Graciela Beatriz Esnaola, que duró nueve años como espía. Haciendo trampolín en Saporiti y Osgra el staff se engrosó con el empresario José Daniel Salinardi, quien tres meses después de llegar cedería su cuota social en IDIS al psicólogo Gabriel Adolfo Bordes.

Si se estudia en detalle la desactivación periodística de Saporiti tras la recuperación de la democracia en 1983, la radiografía de la interconexión no puede ser más nítida. El 11 de octubre de 1984, Juan Carlos jueguen, subsecretario de Inteligencia del Presidente Raúl Alfonsín, despidió al plantel profesional de la agencia. Y dejó a la sociedad sin actividad-visible alguna, pese a que siguió existiendo aún en las épocas en que era Carlos Menem quien manejaba las palancas del poder. Durante la democracia, pues, Salinardi y Mundo, fundadores de IDIS, y el abogado Mentasti, con funciones en Osgra, le dieron continuidad a Saporiti en su calidad de administradores.

Más recientemente, el 21 de marzo de 2001, el jefe de la SIDE, Carlos Armando Becerra, suministró al juez Gabriel Cavallo una declaración espontánea escrita. En ella el Señor 5 reconocía que el triángulo de Saporiti, Osgra e IDIS "son o han sido sociedades del ámbito comercial del organismo", y aprovechaba para desmentir que las denominadas Ecomsud y Amsud lo fueran, saliendo así al cruce de "versiones relacionadas con su supuesta existencia".

De Amsud no pude averiguar nada. Pero de Ecomsud sí. 0 Becerra se hizo el distraído, o Anzorreguy, cuando entregó el mando de la Secretaría, la escondió.

El comienzo de la historia de Ecomsud podría remontarse al 13 de noviembre de 1997. El personaje clave era un agente de la SIDE, en funciones desde 1977, Mario Alberto Saccone, que renunciaría en 1986. Se lo conocía con el nombre de Oscar Silguero. No debió de dejar mala fama en su paso por el organismo, porque en 1991 se lo convocó para realizar tareas en el exterior "durante varios años" para lo cual tomó cursos en la Escuela Nacional de Inteligencia.

La misión que se le encomendó debía llevarse a cabo en Chile, y se desarrolló entre 1993 y 1995. Consistía en transfigurarse en broker, instalándose como representante comercial de Ecomsud en Santiago. La sociedad quedó constituida por el propio Saccone y el empresario Eduardo Horacio Roca, en realidad un capitán de fragata retirado, apodado Roberto Brey en la SIDE. Fue habilitada, con 12.000 dólares, para importar, exportar y asesorar. La sede se fijó en la lujosa Avenida Santa Fe, en Buenos Aires, en la oficina número 17 del quinto piso del número 962. Tras estos primeros pasos, zarparon rumbo a Chile. Por motivos que no están claros, la misión terminó antes de lo previsto.

Saccone se quedó de un día para otro sin salario en Argentina, y con los gastos de su mudanza de Santiago pendientes de reembolso. De modo que el 13 de noviembre de 1997, Saccone le entabló juicio laboral a la SIDE. Uno de los letrados del organismo, Jorge Eduardo Zembo, otrora uno de los apoderados en el desmantelamiento de Saporiti, hizo una oferta que Saccone no pudo rechazar. El expediente quedó archivado. Tenía solamente 34 folios.

A veces, los caminos del pensamiento son inexplicables. Todavía me falta registrar algunos incidentes burocráticos y, sin embargo, de sólo repetir un par de veces los nombres de aquellos chinos involucrados en la venta de las oficinas de Saporiti, tanto como para poder escribirlos correctamente, se me ha instalado un irreprimible antojo de comer comida china. Más aún, aunque me falta un buen rato sé que Nina se va a demorar en el teatro y se me ocurre que tengo ganas de sorprenderla con una sopa cantonesa a las flores de huevo para cuando llegue. En realidad, creo que tendré tiempo incluso para preparar unas habichuelas verdes a la sichuanesa, y una buena porción de arroz natural. Espero tener todos los ingredientes, porque con esta lluvia voy a llegar a casa empapado y no creo que me den ganas de volver a salir. En fin, por ahora, seguiré dándome ánimos con los oratorios de Carissimi.

Debido a su precipitada salida de la SIDE, Fernando de Santibañes le había dejado algunos regalos envenenados a Carlos Becerra, como los reclamos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de impuestos a las ganancias impagos por Osgra, y un pleito a consecuencia del incumplimiento de un contrato de alquiler de un inmueble, cuya garantía dada por Osgra a la SIDE demostraba que el orga- de espionaje se alquilaba a sí mismo. También, Carlos Becerra debió afrontar las etapas faltantes del desguace de Saporiti y Osgra. El 10 de agosto de 2000 Fernando de Santibañes había firmado una orden en la que denunciaba criminalmente a los ex agentes del organismo Eduardo Alfonso Peña, José Daniel Salinardi y la ex esposa de este último, Mónica Graciela Rodríguez, por presunta estafa procesal, defraudación al Estado y asociación ¡lícita para apropiarse de los inmuebles de Saporiti y Osgra, donde los dos hombres cumplieran servicios, cuanto menos, como testaferros.

La querella había quedado radicada en el juzgado Federal número 1 de la Capital, a cargo de María Romilda Servini de Cubría. A los doce días, el contador Juan José Gallea, y el letrado Gabriel Mario Presa -ambos funcionarios de la SIDE y partícipes activos en las secuelas judiciales de las coimas del Senado-, pusieron en conocimiento de la magistrada que las dos empresas tapaderas de la SIDE habían transferido los 32 inmuebles bajo su titularidad a una nueva sociedad llamada Tiumayú S.A., cuyos dueños eran ellos mismos. Esta vez, el domicilio elegido fue Reconquista 872, de la Capital Federal, donde funciona el estudio Bissoni, Carcavallo, Archimbald, Vila y Asociados. Bissoni y Vila eran asesores de de Santibañes en la SIDE. También el polifuncional Fernando Archimbald, defensor de Erman González en la causa armas. El periodista Horacio Verbitsky, en Página 12, lo dejó paralelamente pringado como alguien que "operaba" sobre la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires. En complicidad con el juez Adolfo Bagnasco, ansiaban liberar al ex represor de la ESMA Ricardo Cavallo de las garras del juez español Baltasar Garzón, que lo hiciera detener en México en agosto de 2000. Este Cavallo agota las vísperas de ser extraditado a España para ser juzgado por terrorismo y genocidio en Argentina. En cuanto a la Cámara, es la misma que le pondría losa de sepulcro a la causa de las coimas del Senado. En lo tocante a Fernando Archimbald, es el mismo que actúa como defensor del senador Javier Meneghini, imputado en ese sumario.

Por supuesto, la disolución de Saporiti y Osgra -en Tiumayú iba de suyo, porque Peña y Salinardi, separados de la SIDE en el paquete de 1.700 despidos ordenados por de Santibañes al despuntar el año 2000, querían resarcirse de supuestos daños y perjuicios. Habían conseguido embargos preventivos sobre bienes de la SIDE en julio de 2000, dictaminados por el Juzgado Civil de San Martín, en las afueras de Buenos Aires. La jueza federal Servini de Cubría mandó anularlos, procesando a Peña y Salinardi y a otros ex agentes con la misma tesitura: la abogada Daniela Fabiana Arias, el apoderado de Osgra, Mario Domingo Márquez, y la ex esposa de Salinardi, Mónica Rodríguez. Los cinco apelaron a la Cámara Federal de Buenos Aires, pero los recursos, con excepción del presentado por Márquez, fueron rechazados.

Salinardi, sin duda, era un quebradero de cabeza para la SIDE. Su enriquecimiento personal no podía haber tenido como base sus cerca de 2.000 dólares de sueldo, ni podía explicarse por las comisiones lícitas cobradas por exponerse prestando su identidad para dar visos de legalidad a bienes de estas "cajas negras». Actualmente jubilado, Salinardi es propietario en Argentina de Vía Francesa S.A. y Europex S.A., y de Interdam Corporation de Miami. Ninguna de las tres empresas desarrolla actividades, salvo que las dos últimas ostentan la titularidad de un terreno valuado en 350.000 dólares en la Avenida Libertador y Roma, en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, y un departamento, el 604, en el 3 de Grove Isle Drive, en Florida, Estados Unidos, que cuesta 380.000 dólares.

Las escrituras muestran cifras que dan vértigo. Además de un departamento, el Y C de Loria 408, en Buenos Aires, hay otros dos en Grove Isle Drive, en Miami, cotizados en 915.000 dólares, y dos tiempos compartidos en Orlando y Punta del Este, valorados en 72.000 dólares. Y cuentas bancarias con gruesos haberes: una en el Merry1 Lynch de Miami, y otra en el Mellon Bank de Pittsburg. Salinardi tiene además doce tarjetas de crédito (5 VISA, 5 American Express y 2 Diners Club), y siete pólizas de seguros en CMI Consulters Ltd. de Boca Ratón, Florida, lo mantienen inscripto como derechohabiente. En el sillón tronal de un patrimonio disforme, Salinardi goza de una enorme fortuna. Desde su acomodada jubilación, y quizá para su descargo, teledirige el reciclado de la disparatada trama empresarial de la SIDE, o conserva las joyas de un hurto descomunal al Estado. Una vez expulsado de la SIDE, su incorporación al estudio de Hugo Anzorreguy, ex Señor 5, multiplica geométricamente el escándalo para befa de la República.

La desactivación de IDIS es otra historia. Un día de julio de 2000, Fernando de Santibañes ordenó a Fernando Juan José Cogh1an, gerente de IDIS, que iniciara en el Ministerio de Trabajo los trámites para el despido de sus cuarenta empleados dedicados a "auscultaciones» y otras encuestas. Como correlato del convenio homologado, se pactó que los entrevistadores que no tenían relación de dependencia percibirían 8.000 pesos por el despido. Unos once empleados de la planta permanente recibieron una compensación que varió, según los casos, entre 30.000 y 38.000 pesos. A Coghlan, por su parte, se le fijó una indemnización de 125.000 pesos, por haber trabajado desde 1980. En total, fueron 595.473 pesos. Los pagos fueron apurados en citas furtivas en oficinas del Ministerio de Trabajo.

Carlos Becerra tuvo que hacerse cargo de la herencia de Fernando de Santibañes. Con mullidas palabras, decidió que no siempre se juega sobre seguro, y corrió el riesgo. En su declaración espontánea ante el juez Cavallo mintió por omisión, y quedó expuesto a que le sacaran sus trapos sucios al sol. Vale la pena mencionar la suma de 995.473 pesos depositados en una cuenta de la SIDE en la sucursal 59 del HSBCBanco Roberts, en Avenida de Mayo y Chacabuco, en la Capital Federal, de la cual se extrajeron los 595.473 pesos que costó echar al personal de IDIS.

Experto en azares, Becerra no ofreció respuesta alguna que permitiera seguir la bifurcación de los 396.875 pesos de diferencia. Los cheques que se libraron para vaciar la cuenta de todos esos fondos fueron 63. Cuando los fiscales Freiler y Delgado pidieron al Banco Central las copias digitalizadas de los reversos para comprobar si los endosantes de esos cheques se correspondían con los empleados del IDIS puestos fuera de circulación, o si podía haber alguno que se relacionara con la media sanción senatorial de la Reforma Laboral, se estrellaron contra razones de Estado. Desde luego, no hay indicio alguno que permita establecer un lazo directo entre las coimas del Senado y los 396.875 pesos faltantes en las liquidaciones del IDIS, pero es significativo que la SIDE haya escurrido el bulto. Al fin y al cabo, el que calla otorga.

Tal vez el compadrazgo político entre Carlos Armando Becerra y Fernando de Santibañes podría aportar una explicación suplementaria a tanta solidaridad del uno para con el otro. Los dos militan en la corriente de la UCR que orienta Enrique Coti Nosiglia, ineludible en el trasiego de las coimas del Senado. La lealtad y el reconocimiento del liderazgo de Nosiglia se mantiene incólume en Becerra desde 1984. El Coti ha sido su referente político excluyente en su paso por la función pública. Secretario General de la Presidencia con Alfonsín en 1986, volvió a ese puesto el 12 de octubre de 2000, cuando De la Rúa aceptó la renuncia de Rodolfo Terragno. Once días después, la caída de de Santibañes lo hizo Señor 5, ubicuidad de comodín y disponibilidad perruna al servicio del Presidente en esta crisis. Diputado Nacional en 1997, el cordobés y radical Carlos Armando Becerra no tiene nada que ver con Nicolás Eduardo Becerra, mendocino, peronista y Procurador General de la Nación.

Las incestuosas relaciones políticas entre Fernando de Santibañes y Carlos Becerra casi le cuestan la detención judicial al segundo por un contrato firmado por el primero. El 7 de junio de 2000, para mejorar la imagen internacional del gobierno de la Alianza, el entonces Señor 5 contrató en Estados Unidos a la consultora Ikon, cuyo presidente, Roger Stone, es un "amigo entrañable" de Fernando de Santibañes. Actuó de intermediario el norteamericano Dick Morris, consejero estrella de Fernando De la Rúa. Por 1.600.000 dólares, se dispuso que la especialista norteamericana Mattie Lolavar empujaría "trabajos publicitarios» y de "comunicación política" a escala mundial. La experta debía recibir 500.000 dólares de ese importe, pero sólo se le adelantaron 65.000 dólares, y no se le quiso hacer conocer en dónde terminaría el resto de los 1.600.000 dólares. Lolavar renunció a la campaña y devolvió lo cobrado.

Al conocerse públicamente el desaguisado, el juez federal Jorge Urso tomó cartas en el asunto. Asumió competencia por el sumario que instruye a partir de la denuncia del abogado porteño Juan Carlos Iglesias, que acusa de malversación de caudales públicos al presidente Fernando De la Rúa y a de Santibañes. La SIDE se negó institucionalmente, mediante un escrito de su director de Asuntos Jurídicos, Gabriel Presa, a entregar copia del contrato a la justicia. El juez Urso se presentó en el despacho de Carlos Becerra el 7 de noviembre de.2000 y mostró la orden de secuestro. Becerra ofreció resistencia, argumentando que carecía de autorización para entregar el documento. "No vine a pedírselo, sino a secuestrarlo, y tengo las facultades necesarias para lograrlo si alguien me lo impide. Puedo hacer que lo detengan inmediatamente por obstrucción a la justicia. Usted decide qué quiere que hagamos, doctor Becerra." Los asistentes del jefe de la SIDE abrieron la caja fuerte e hicieron una copia certificada de los tres folios del contrato. Urso partió con ella. Después, citó a Becerra a testimoniar para que explicara el contenido del contrato celebrado por de Santibañes, pero Becerra no se presentó. La causa judicial sigue su curso.

Fuentes

Río Negro, General Roca, 27 de noviembre de 1999 y 20 de febrero de 2000. Néstor Pedro Sagües, Las leyes secretas: el sigilo administrativo en el derecho constitucional argentino, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1977. Clarín, Buenos Aires, 26 de abril de 2001. Página 12, Buenos Aires, 22 de octubre y 17 de diciembre de 2000; Radio Rock & Pop, Jaque Mate, Roman Lejtman, Buenos Aires, 28 de noviembre de 2000. El 26 de noviembre de 1999 Garbellano fue absuelto por la Cámara del Crimen de la Capital Federal de un delito de extorsión en per- del juez federal Oyarbide. Por su parte, el 11 de septiembre de 200 1, la Comisión de juicio Político del Senado exculpó a dicho magistrado de todos los cargos, habilitándolo a regresar a sus funciones en el Juzgado Federal número 5. No obstante, el 14 de agosto de 2001, el fiscal federal Guillermo Montenegro había pedido al juez Claudio Bonadio la indagatoria de Oyarbide, quien está acusado de los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricación y falsificación en documento público. El Consejo de la Magistratura deberá resolver si procede o no someter a Oyarbide a un nuevo Jury de Destitución ante estos nuevos cargos. Causa "Cúneo Libarona, Mariano s/falta de efectos". Clarín, Buenos Aires, 14 y 15 de septiembre de 2001.

El contrato de constitución de Saporiti S.C.A. se escrituró el 1 de diciembre de 1970, al folio 301 y fue aclarado por nuevo instrumento público del 9 de marzo de 1971, folio 229, ambos del Registro Notarial 216. La sociedad fue inscripta bajo el número 53, folio 453, libro 248 del Registro Público de Comercio de la Capital Federal el 30 de marzo de 1971. Asimismo por escritura del 9 de junio de 1971, se modificó el contrato. Expediente 23418/ 791 del juzgado Nacional en lo Civil número 29 de la Capital Federal. Copias en el archivo de los autores.

Causa 9900/00 "Ortega, Ramón B. y otro* s s/cohecho», Tomo XVII, folios 3395 y 3396 y resolución del 21 de diciembre de 2000, Tomo XVIII,, folio 3441. Escritura de compraventa número 260 del 2 de mayo de 1979 ante el escribano Héctor Mario Calvancanti, Registro Notarial número 27, San Miguel, partido de General Sarmiento. Escritura de transformación de S.C.A. en S.A. número 91, folio 267, del 28 de mayo de 1979 ante el escribano Martín Domínguez, Registro Notarial 1106, Capital Federal, y escritura rectificatoria número 106, folio 317, del 9 de abril de 1980 por ante el ciudadano escribano. Agencia Noticiosa Saporiti S.A. fue inscripta el 21 de noviembre de 1980 bajo el número 4.777, Libro 5, Tomo A de Sociedades Anónimas. Expediente 71356 iniciado el 17 de julio de 1979 ante la Inspección de Personas jurídicas. Escritura de venta judicial número 125 del 24 de febrero de 1981, ante el escribano Héctor Mario Calvancanti, Registro Notarial número 1156, Capital Federal por sentencia en Autos 23418/79 del juzgado Nacional en lo Civil número 29, secretaría 58 a cargo de María Amelia Beiró. La modificación del Estatuto Social y la incorporación de los agentes Salinardi y Mentasti a Saporiti, en escritura número 178, folio 452, del 20 de noviembre de 1984, ante la escribana María Isabel Ugarteche, Registro Notarial 808, Capital Federal. La desactivación de Saporiti se publicó en el Boletín Oficial 25.611 del 7 de febrero de 1985. Copias en el archivo de los autores.

El contrato social de Osgra S.R.L. se inscribió tres años después de su constitución, el 23 de abril de 1977, bajo el número 1589 del Libro 89 del juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, Sección de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Entre el 11 de agosto de 1977 y el 23 de abril de 1984 acompañaron a Luis E. Osores como socios de Osgra los siguientes agentes de la SIDE: Roberto Diógenes Santillán Villar (por Rafael E. Rillo Cabanne), Antonio Buonaventura (por Maximino F. Graña) y Carlos Eduardo Martínez (por Buonaventura). La incorporación de los agentes Salinardi y Mentasti en escritura número 557, folio 106, del 24 de abril de 1984 ante el escribano Horacio Enrique Spinetto, Registro Notarial 1177, Capital Federal. Escrituras de ampliación de capital y de modificación de la duración, números 109 (folio 2 72) y 110 (folio 274) del 9 de agosto de 1991 y escrituras número 154, folio 332, del 4 de septiembre de 1992 y número 171, folio 374 del 5 de octubre de 1992 sobre incorporación de nuevos socios, todas ante el citado notario Spinetto. Copias en el archivo de los autores.

El contrato social de IDIS S.R.L. se inscribió el 20 de marzo de 1980, bajo el número 565 del Libro 80 del Juzgado Nacional de Primera Instancia en los Comercial de Registro, Sección de sociedades de Responsabilidad Limitada. Actuación Notarial 4078577 del 25 de octubre de 1979 ante el escribano Héctor Mario Cavalcanti, Registro 27, San Miguel, partido de General Sarmiento. Escritura número 157 del 15 de marzo de 1983, ante el escribano Horacio Enrique Spinetto, Registro Notarial 1177, Capital Federal. Copias en el archivo de los autores.

Río Negro, General Roca, 26 de enero de 2000. Presupuesto de la SIDE para el año 2000. Nota del 24 de enero de 2000 firmada por Fernando de Santibañes, sin clasificación de seguridad alguna y reproducida en el Anexo I Documentos. Copia en el archivo de los autores.

Resoluciones SIDE «ESC» 65/00 y 66/00 del 9 de marzo de 2000, desclasificadas por resolución SIDE 357/2000 del 10 de agosto de 2000, todas firmadas por Fernando de Santibañes. Escritura número 80, folio 185, del 9 de marzo de 2000, ante el escribano Christian G. Alvariñas Cantón, Registro Notarial 1776, Capital Federal. Tiumayú S.A. figura inscripta en la Inspección General de justicia, el 17 de marzo de 2000, número 3.798, Libro 10 de Sociedades por Acciones. Oficio del 14 de julio de 2000 al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en autos «Rodríguez de Salinardi M. G. c/Salinardi J. D. s/Medidas Cautelares", vinculado al Expediente 52440/ 99, «Rodríguez de Salinardi, Mónica G. c/Salinardi José D. s/ Ordinario y Beneficio», que se tramita en el juzgado en lo Civil y Comercial número 8 de San Martín, Secretaría única a cargo del Dr. Sergio José Prato. Copias en el archivo de los autores. El artículo 8, inciso B de la Ley 21.890 obliga a depositar todos los títulos de propiedad inmueble a nombre del Estado Nacional, en el Protocolo Secreto de la Escribanía General de Gobierno.

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Capital Federal. Expediente B-4801/00 «Salinardi, José D. y otros s/defraudación contra la Administración Pública», folios 232 y 248. Fallo de la Cámara Federal del 19 de abril de 2001 en Incidente de Apelación 17.155. Informe de Deuda Impositiva de Osgra S.R.L., CUIT 33-70711369-9, AFIP, Sección Recaudación, 3 de mayo de 2001. Copias en el archivo de los autores. International Revenue Service. Special Enforcement Project. Causa 9900/00, "Ortega, Ramón B. y otros s/cohecho», Tomo xxvii, folios 5291-5292.

Causa 9900/00, "Ortega Ramón B. y otros s/cohecho", anónimo incorporado en el Tomo v, folios 699-707. Escrito del 21 de marzo de 2001 de Carlos Armando Becerra, Tomo xxv, folios 4956-4965. Declaración Testimonial efectuada el 17 de mayo de 2001 ante funcionarios del Departamento de Delitos Complejos de la Policía Federal por la ex empleada de IDIS S.R.L., María Mercedes Fischer Villalba, Tomo xxxi, folio 6069 y testimonios ante funcionarios del Departamento de Delitos Complejos de la Policía Federal de los ex empleados de IDIS: María P. Rabuffetti, Raúl 0. Cotoras, Ana del Valle y Dominga R. Amaya, Fernando J. J. Cogh1an, Mariano J. Alcacer, Jorge A. Castillo, Antonio R. Califano, Lorenzo I. Contreras, María C. Bacelo, Carlos E. Caggiano, Carlos M. Gasu, Virgilio Grillo, María I. Conti y Jorge L. Caldas, Tomo xxxi, folios 6027-6028; 6049-6053; 6062-6068 y 6070. Resúmenes de operaciones del período abril-septiembre- de 2000, cuenta corriente 0590-02815-2, HSBC Sucursal 59 de Capital Federal, a nombre de IDIS S.R.L. Copias en el archivo de los autores (véase Anexo I Documentos).

Causa 9900/00, "Ortega, Ramón B. y otros s/cohecho", Tomo xxv, folios 4963 vta. y 4964. Expediente 24412/97, "Saccone Mario Alberto s/SIDE s/Empleo Público". Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 3 de la Capital Federal, Secretaría 5, folios 1-7. Registro número 46.502 del Archivo General del Poder Judicial. Copia en el archivo de los autores. Escritura número 41, folio 99, del 17 de marzo de 1993 y número 206, folio 459, del 8 de septiembre de 1993 relativas a Ecomsud S.A., ambas ante el escribano Antonio Spinelli. Copias en el archivo de los autores.

Noticias, Argentina, 14 de noviembre y 16 de diciembre de 2000. Página 12, Buenos Aires, 15 de diciembre de 2000. juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 5, causa 10378/00, «NN s/abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público". Causa 9900/00, "Ortega, Ramón B. y otros s/cohecho", Tomo xv, folio 2839 y Tomo xviii, folios 3457-3463.

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