Red Voltaire
Una política para el «desarrollo sustentable»

La Reforma Urbana en Venezuela y la democracia participativa

La pobreza constituye uno de los problemas globales más importantes de nuestro mundo actual. Las medidas que hasta el presente se han implementado, en la búsqueda de lo que se ha llamado el «desarrollo», han buscado seguir el ejemplo de las naciones industrializadas del Norte. Estas soluciones han estado orientadas sobre todo por el factor político y no por el humanitario y sus resultados han sido mínimos y sobre todo coyunturales y a corto plazo.

| Caracas (Venezuela)
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La Organización de las Naciones Unidas, en una toma de conciencia de que es necesario establecer soluciones con una visión a largo plazo, crearon en la ocasión de la Conferencia de Río sobre desarrollo y medio ambiente en 1992, la «Comisión para el Desarrollo Sustentable» (CNEUD). En esta conferencia fue subrayada la necesidad de que «los espíritus y las manos trabajen juntos”», dentro de la visión de que los diferentes factores sociales, económicos y de medio ambiente son interdependientes. Ha reconocido además que para establecer soluciones reales, serán necesarias nuevas percepciones de la forma en que producimos y consumimos, de la manera como vivimos, trabajamos, nos entendemos y tomamos nuestras decisiones.

El CNEUD ha elaborado la Agenda 21, un audaz y vasto programa que apela a las nuevas formas de invertir en el futuro y lograr un desarrollo global durante el Siglo XXI, dónde se proponen nuevas formas de educación, nuevas maneras de preservar los recursos naturales y nuevos medios de participar en una economía perdurable.

La ministra venezolana del ambiente y los recursos naturales renovables, Ana Luisa Osorio, en la 12 sección del CNEUD, recordó estos objetivos de la Agenda 21, e indicó que Venezuela está empeñada en cumplir con estos acuerdos, que implican profundos cambios en el nivel de la participación de las comunidades en el seno del proceso democrático y económico, en aras de una transformación positiva de la realidad. Expuso la idea de una visión triangular ciudadano-medio ambiente-sociedad que establezca la corresponsabilidad del Estado y de las comunidades en la gestión y preservación del patrimonio ambiental.

Una de las características del subdesarrollo y la pobreza a nivel global, es el problema de la vivienda, que apareja el acceso al agua potable, a la salud, a los servicios, a la posibilidad de empleo, etc. Este punto fue largamente considerado en la Conferencia de Río y las naciones participantes se fijaron para el año 2020 la meta de mejorar las condiciones de vida a 100 millones de habitantes de los cinturones de marginalidad existentes en la periferia de las grandes metrópolis.

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En su nueva constitución aprobada por referéndum en 1999, Venezuela ha colocado el derecho a la vivienda como una necesidad fundamental para el desarrollo humano, y ha establecido una política concreta para evitar la aparición de nuevas construcciones informales, para reducir el déficit de viviendas existentes y para lograr el acceso a la propiedad de las viviendas.

La construcción de viviendas y la rehabilitación de barrios

Venezuela ha vivido, como la mayor parte de los países de América Latina, una creciente proliferación, espontánea y anárquica, de grandes aglomeraciones periféricas de «barrios», especie de campamentos en los que la construcción con bloques de arcilla puede llegar hasta una altura de seis o siete pisos, colgados en las laderas de las montañas que rodean a Caracas, la imponente capital. Con frecuencia estas construcciones están ubicadas en zonas sísmicas, de inundaciones o de deslaves, lo que aumenta la vulnerabilidad de estas viviendas, ya fuertemente deterioradas y atacadas cada año por la estación de lluvias. La posibilidad de catástrofes en los barrios es muy alta, los deslaves y movimientos de terreno ocurridos en 1999 en el Estado Vargas (a 20 km. de Caracas) produjeron más de 10.000 pérdidas humanas y dejaron sin techo a más de 150.000 personas.

La condiciones de vida en los barrios no son únicamente difíciles por la vulnerabilidad de las edificaciones, o por la dificultad de acceso a estas zonas, sino también por la precariedad de los servicios de asistencia, de las infraestructuras y equipamientos, sin olvidar la insalubridad y la escasez de agua potable y electricidad.

Para enfrentar esta dramática situación, el gobierno venezolano ha puesto en práctica una política para desarrollar construcción y rehabilitar los barrios, haciendo del derecho a la vivienda una prioridad. Esta política se apoya en tres pilares fundamentales: la corresponsabilidad entre los ciudadanos, el sector privado y el Estado; la participación activa de las comunidades organizadas; y la garantía del derecho a la vivienda.

Uno de los principales organismos para la ejecución de esta política es el Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR) que depende para su financiamiento del Ministerio de Finanzas y de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP). FONDUR negocia directamente con la Asamblea Nacional (Parlamento) y el Ministerio de Infraestructura para la puesta en marcha de estos programas.

Luego de ser lanzado, este plan de vivienda ha confrontado serios problemas. Por un lado la lenta llegada de los recursos financieros, y por otro el retardo acumulado en la construcción, debido a la ineficacia de los contratistas privados. Jos’s Vicente Rodríguez, presidente de FONDUR ha indicado que hay ya en los tribunales en proceso 22 demandas por incumplimiento de contratos y que has sido introducidos 25 más. Algunas de las empresas demandadas, que debían entregar las obras en 6 meses, no han efectuado en un año más que el 50% de los trabajos.

Además, el bloqueo económico interno del país, sobre todo en el sector petrolero, puesto en marcha por la oposición al gobierno del presidente Chávez, seguido del golpe de estado de abril de 2002, afectó profundamente la economía venezolana, cuyo Producto Interno Bruto (PBI) cayó 8,9% en el 2002 y 9,2% en el 2003. Por eso, al 2003 fue un período negro para la construcción de viviendas, la cual además tiene un déficit creciente del orden de las 129.000 al año.

Rodríguez ha señalado que estos retardos han producido un incremento en las «viviendas de interés social» cercano al 30%. A pesar de ello, el Estado está dispuesto a continuar asumiendo entre el 80% y el 90% del financiamiento de estas viviendas. En al año 2003, de todas formas se destinaron 979 millones de dólares para asegurar el gasto público para los planes habitacionales, lo cual equivale al 1,2% del PBI.

Para ser beneficiario en este tipo de viviendas, el ciudadano debe aportar una cuota inicial que represente entre el 10 y el 20% del valor total, con el objetivo que las personas no comprometan más del 30% de sus ingresos mensuales en los pagos de vivienda. El resto es financiado por los organismos a cargo de los programas, como FONDUR, INAVI, FUNDABARRIOS, SAFIR y DUCOLSA, quienes promueven además la formación de organizaciones comunitarias, para promover la autoconstrucción, la cogestión y la reducción de costos.

A pesar de las dificultades ligadas a la coyuntura económica, la rehabilitación de los barrios persiste. Hoy el 88% de la población tiene acceso al agua potable y el 74% dispone de servicios de cloacas. En cuatro años, la tasa de mortalidad infantil descendión del 22% al 18%.

Los Comités de Tierras Urbanas

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Una de las medidas más importantes tomadas por el gobierno contra la marginalidad y en función de un «desarrollo sustentable» de los barrios concierne a la distribución de las tierras urbanas. Se trata de dar a las personas un título de propiedad de su casa, generalmente construida con sus propias manos, que les dé una seguridad jurídica para disfrutar de las garantías y beneficios otorgados por las leyes.

Con ese título en sus manos, podrán lograr pequeños préstamos para hacer mejoras y volver las viviendas más confortables. La adquisición de títulos de propiedad es un proceso colectivo, y uno de los elementos más innovadores e interesantes de las políticas que se están llevando a cabo en Venezuela, con el objetivo de lograr una democracia más participativa.

En efecto, para adquirir los títulos de propiedad, los habitantes de cada sector deben formar Comités de Tierras Urbanas (CTU) que los representen frente a la Oficina Técnica Nacional (OTN), organismo adjunto a la Vicepresidencia de la República, encargado de la regularización de la propiedad de las tierras urbanas. La idea es promover la participación de las comunidades en incorporarlas directamente al proceso de regularización. Esto fue explicado por el presidente Chávez el cuatro de febrero del 2002, cuando anunciara el Decreto Presidencial 1666, que legaliza la regularización de los derechos de propiedad para las personas que viven en las áreas marginales de las zonas públicas urbanas. El objetivo es «estimular la participación de los ciudadanos con la puesta en operación de los Comités de Tierras Urbanas», según las palabras del jefe de estado.

El proceso es simple, la elección de un CTU se hace con el voto de una asamblea constituida por los habitantes de un sector, que no debe sobrepasar el número de 200 viviendas. La fecha y sitio de la asamblea debe ser conocida por los habitantes del sector con cinco días de anticipación, divulgados a través de afiches y otros medios de comunicación disponibles en la comunidad (volantes, anuncios públicos, etc.)

La asamblea comienza su sesión primera a partir de un punto de información y explicación del Decreto 1666 y continúa con la inscripción de las personas que aspiren a formar el Comité que va a representar a la comunidad y que será electo en esa asamblea. El resultado de la elección, junto a las firmas de todos los participantes debe ser consignado en un acta, que defina además con claridad dirección del sector junto a un croquis, a fin de establecer la zona de acción del Comité.

Esta acta será presentada a la OTN y permite comenzar los trámites.

El primer trabajo del CTU es efectuar un relevamiento catastral preciso. Se trata de un inventario cuantitativo de los nombres de familias, viviendas y edificios que comprenden la zona urbana definida. Será acompañado de información cualitativa sobre el estado de las infraestructuras, las condiciones de vida de los ocupantes (socio-económicas, culturales, educativas, etc.). Estas informaciones permiten obtener una primera aproximación de las características y condiciones del sistema urbano y popular.

Luego el CTU está encargado de redactar la «Carta del Barrio», un documento conteniendo la historia del lugar contada por sus habitantes. Esta información sobre la vida del barrio revela su identidad actual y pasada, su visión y sus expectativas. El documento contiene además los proyectos propuestos por la comunidad para mejorar sus condiciones de vida, lo cual permitirá establecer criterios para la utilización del espacio urbano disponible y la puesta en práctica de normativas comunes para mejorar la calidad de vida. Tanto el censo catastral como la Carta del Barrio se constituyen en un taller de formación para el barrio, donde se explica el trabajo de cada uno y los lineamientos colectivos a seguir y donde se elabora un calendario de planificación.

Todo este trabajo adjudicado a los CTU permite reforzar las relaciones en el seno de las comunidades y hacer a sus habitantes los verdaderos protagonistas de esta reforma urbana. Los individuos se comprometen y participan concretamente de la vida política de su entorno.

Es también tarea de los CTU la formación en su seno de subcomités que negocien directamente con las compañías de servicios públicos, como agua y electricidad, lo cual les evita pasar por oficinas locales que generalmente no conocen los problemas específicos de cada comunidad. Los CTU se convierten en un medio eficaz de acción y presión colectivas frente a una administración pública lenta y burocratizada.

Venezuela cuenta ya con cerca de 6000 CTU, entre los ya organizados y los que están en vías de consolidación, de los cuales 1000 están en Caracas. En setiembre de 2003 se habían distribuido ya 73.125 títulos de propiedad y el objetivo para el primer trimestre del 2004 era lograr llegar a los 283.000.

El resultado de esta experiencia inédita de la participación de los habitantes en el proceso político ha encontrado dificultades. La puesta en marcha de organizaciones comunitarias y el trabajo colectivo y voluntario que ellas necesitan, demanda esfuerzos cotidianos que no son fáciles de asumir.

Un primer encuentro de evaluación realizado en enero de 2004 por el Consejo de Coordinación para la Regualrización de la Propiedad en las Tierras Urbanas, ha permitido hacer un diagnóstico de resultados y de aspectos positivos y negativos del proceso.

- En lo positivo , se rescató la idea de participación y aprendizaje del trabajo colectivo a favor de la comunidad, la puesta en marcha de los talleres de formación y de los planes de trabajo y el desarrollo constante y continuo del nivel de vida de los habitantes de los barrios.

- A nivel de errores y problemas a solucionar, se destacó sobre todo la falta de confianza, de paciencia y la prisa en la toma de decisiones. La necesidad de una mejor comunicación sobre este proceso -tanto de parte de instituciones y organizaciones como de los medios comunitarios y nacionales- fue considerado como un objetivo a lograr.

Este panorama crítico y autocrítico muestra algo interesante para el futuro: la toma de conciencia política de parte de los habitantes de las zonas populares y de sus organizaciones. En efecto la creación y el desarrollo inesperado de los CTU puede ser visto como un primer paso hacia una democracia participativa en la que los habitantes se convierten en los verdaderos actores del proceso político.

En una jornada de evaluación del trabajo de numerosos CTU realizada en marzo de 2004 en el barrio Sucre, en el oeste de Caracas, se emitieron numerosas proposiciones para darles a las comunidades un rol político de decisión y ejecución.

Considerando que se pusieron en evidencia los problemas encontrados en los organismos de la administración pública, que no proporcionan las respuestas adecuadas a los requerimientos de las comunidades, los conflictos con los funcionarios públicos -alejados e insensibles a las realidades sociales cotidianas- y la falta de comunicación y poca agilidad en el proceso de otorgamiento de los títulos de propiedad; las organizaciones han afirmado la necesidad de la decisión de las comunidades en las cuestiones de orden económico, social y político que les conciernen directamente. Para los CTU las trabas administrativas encontradas en las instituciones pueden evitarse si existe un «Poder Ejecutivo» a nivel de la comunidad, en línea directa con el gobierno. Han demandado entonces la creación de un gobierno comunitario, a través de un Decreto basado en la Ley de Participación Ciudadana.

Los CTU reunidos en Sucre han destacado también la necesidad de difundir y discutir el proyecto de Ley de Tierras Urbanas, a fin de incluírle -antes de ser considerado por la Asamblea Nacional- proposiciones sobre la ocupación de terrenos privados, la integración de las poblaciones más desposeídas, la lucha contra la invasión de los espacios verdes y otras materias afines.

Los Comités de Tierras Urbanas han motorizado la voluntad de los habitantes de los barrios, para ser protagonistas de la vida política de su comunidad y salir del esquema clásico de la democracia representativa.

Ellos defienden lo que esto representa, avanzando progresivamente, organizando talleres de democracia participativa en los barrios, desarrollando órganos de difusión para informar sobre sus actividades, facilitando el intercambio de experiencias y promoviendo la participación colectiva. Este cambio político sin precedentes es un objetivo del gobierno venezolano y ha sido una de las causas de su elección. Los ciudadanos no han olvidado y persisten las iniciativas que les permiten manejar el poder con sus propias manos, las del pueblo.

Benjamin Durand

Peridista francés. Journaliste français

 
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