Para este reclamo la compañías se sustenta en la Ley de Hiddrocarburos y en el artículo 69-A de la Ley de Régimen Tributario que explica que los exportadores tienen derecho a reclamar la devolución del IVA pagado por la adquisición de insumos y bienes de capital que se incorporen a los productos que exporten, indican además que la producción de petróleo requiere de un proceso de tratamiento del crudo antes de venderlo.

El SRI se ha negado a esa exoneración en compras que no están contempladas por las leyes. Además, según el SRI en los contratos de participación que firman las empresas petroleras con el Estado Ecuatoriano, las compañías reciben una parte de la producción de crudo estatal para cubrir todos los gastos incurridos en las actividades de explotación y exportación, inclusive los tributos, contribuciones y otros. Si se les devolvería el IVA que solicitan existiría un doble reintegro por parte del Estado: a través de Petroecuador, con la entrega de crudo y del SRI, por medio de notas de crédito.

Ante la negativa del SRI a reconocer esa devolución, la Occidental interpuso cuatro juicios en contra del Estado, ante la Fiscalía de Pichincha, y en mayo del 2002 el gerente de Occidental, Paul MacInnes, amenazó al gobierno ecuatoriano con mermar sus inversiones petroleras en los campos que exportarán su producción a través del OCP si no se daba solución favorable a estos juicios.

Al no conseguir resultados positivos para sus intereses, a inicios de 2004, Occidental llevó su demanda ante el Tribunal Arbitral Internacional de Londres, aduciendo discriminación y expropiación de su inversión y evocó el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones entre EE.UU. y Ecuador. A fines del mes de junio este Tribunal, ordena al Estado cancelar 75 millones de dólares a Occidental, por concepto de devolución del IVA más intereses y liquidación del costo del Tribunal externo. La sentecia permite la posibilidad para negociación entre las partes a través de una revisión - favorable a la petrolera-, de los porcentajes de participación que tienen las petroleras en la producción de crudo del bloque 15.

Diversas voces, movimientos sociales, el SRI y la Procuraduría del Estado rechazan la posibilidad de pago, por varios argumentos: la Occidental, pese a tramitar un arbitraje externo no ha retirado los juicios que tiene en Ecuador; en base al Convenio de Protección Recíproca de Inversiones no hay competencia de arbitraje cuando ya hay una causa presentada en una corte nacional. Otro argumento es la incompetencia del Tribunal Arbitral pues el reclamo se circunscribe a materia tributaria y ese tema "es parte de la soberanía del país".

Sin embargo, hay otras voces, como la de los ex Cancilleres Edgar Terán y Heinz Moeller, quien abrió las puertas para este arbitraje internacional, que exigen que el Estado cumpla con las resoluciones de este laudo arbitral. Fiel al sentimiento de ser el mejor amigo y socio de Estados Unidos, el canciller Zuquilanda declaró que este tema debe ser analizado con cuidado pues cualquier movimiento inadecuado puede causar un daño a los negocios internacionales del país, en clara alusión a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, en marcha.

El récord de Occidental petroleum

Esta petrolera, defendida y apoyada por la embajada de Estados Unidos tiene un «comportamiento escandaloso marcado por el desafío, violación a leyes e instituciones», indica Esperanza Martínez de Oilwatch, ONG que realiza trabajos de vigilancia e investigación a las acciones que realizan empresas petroleras a nivel mundial.

Varias son las acciones de deterioro ambiental realizadas por esta Empresa, no solo en Ecuador sino en diferentes países; por ejemplo, en Estados Unidos fue declarada como una de las diez empresas más sucias; En 1995 Occidental gastó 109 millones de dólares en litigaciones sobre daños causados en ese país; A finales de ese año el gobierno norteamericano determinó 284 sitios que esta empresa debía limpiar por haberlos contaminado con tóxicos. Occidental negó toda responsabilidad. En Ecuador la ONG Acción Ecológica señala que Occidental fue la primera que entró a operar en un área protegida, Limoncocha, Actualmente lo hace en tres más: Pañacocha, Yasuní y Cuyabeno. Fue la primera empresa en firmar un contrato de prestación de servicios, según el cual pasó la factura de su inversión y sus gastos al Estado; también estuvo entre las primeras en cambiar a contratos de participación, que suponen tener cerca del 80% de la rentabilidad de los campos pues toda la inversión ya fue realizada por el Estado. Ha provocado derrames de tres pozos y en el trayecto Sushufindi-Puerto de Palos, contaminó el río Napo y la Laguna de Limoncocha. Es la responsable de los impactos del Oleoducto de Crudos Pesados OCP, pues tiene el 12% del consorcio.

Sus relaciones con las comunidades indígenas que habitan las zonas donde se encuentran los campos petroleros, han estado marcadas por ocultación de información y por presiones, indican voceros de Acción Ecológica. Citan como ejemplos, el Código de conducta firmado con los Secoya en el que estos perdieron su derecho constitucional a denunciar a la empresa y a indemnizaciones equiparables con los previsibles daños; también ha expropiado tierras a Kichwas de Edén.

Evidentemente, todo lo anterior no puede darse si en el país no existiera un grupo de ecuatorianos, que ocupando puestos importantes en los diversos gobiernos han asumido el papel de defensores de estas empresas. "Este es el caso de Juan Carlos Mateus, familiar del entonces Presidente Sixto Durán Ballén, de René Ortiz, ex ministro de Energía y Minas durante la adjudicación de Limoncocha y Edén Yuturi, Carlos Quiroz, gerente de Petroproducción, entre otros.

La sentencia del Tribunal Internacional de Londres en contra del estado ecuatoriano y a favor de la petrolera Occidental ha causado preocupación; sin embargo, este no es un hecho aislado, es parte de una cadena de solicitudes de arbitraje que tienen como marco las garantías exigidas para las empresas extranjeras que dicen invertir y que están en el país en detrimento de la soberanía ecuatoriana. Repsol, Texaco y Occidental son muestras de lo que se nos viene con el Tratado de Libre Comercio cuando el estado ecuatoriano quede totalmente a merced de las petroleras.

Texaco: burlando la justicia

El arbitraje presentado por la Occidental no es el único. La Compañía ChevronTexaco le ha propuesto a Petroecuador y al Gobierno ecuatoriano entrar en una mediación voluntaria para definir lo que de acuerdo a Texaco le correspondería pagar al Gobierno ecuatoriano por cualquier dictamen dado por la Corte de Lago Agrio a favor de los indígenas y colonos de la Amazonia en el juicio que ellos tienen en la actualidad en contra de Texaco.

Los indígenas y colonos de la Amazonia han demandado a Texaco por daños causados por esta empresa norteaméricana "que se llevó mas de veinte y siete mil millones de dólares en ganancias entre 1965 y 1992 causando al mismo tiempo mas de cinco mil millones de dólares en daños al pueblo amazónico en términos ambientales, de salud y otros", según consta en las declaraciones realizadas por indígenas de la Amazonia ecuatoriana.

«La propuesta de ChevronTexaco no es sino un truco para forzar el Gobierno ecuatoriano a someterse a las cortes de los Estados Unidos puesto que el arbitraje “voluntario” le da el derecho a ChevronTexaco a apelar cualquier resultado a las cortes federales de los Estados Unidos», indica Esperanza Martínez.

El 19 de julio del 2004 el abogado Cristóbal Bonifaz presentó un escrito al señor Brodley D. Soto de la International División of the American Artibitration Association rechazando, en nombre de los demandantes del juicio que se lleva a cabo en Nueva Loja, la posibilidad de que el caso vaya a arbitraje en Nueva York.

Cuando inicialmente, la Texaco fue demandada en las cortes de Nueva York, argumentó por diez años que el caso tenía que ser transferido al Ecuador puesto que solo así se le podía hacer a Petroecuador pagar por daños que según Texaco le correspondían. La Texaco utilizó en este caso la doctrina del «Foro no conveniente» argumentando que el caso debería ser tratado en el Ecuador porque Petroecuador era corresponsable, y el estado ecuatoriano no podía ser llamado a una corte estadounidense.

Ahora que el caso esta en el Ecuador, Texaco argumenta que el Ecuador y Petroecuador se deben someter a las cortes americanas para enjuiciarlo en Estados Unidos, bajo la ley de Inmunidad de Soberanos Extranjeros (Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA).

Para solicitar este arbitraje entre otros argumentos Texaco dice haber firmado un contrato por el cual la responsabilidad de la concesión es compartida con Petroecuador, pretende hacer valer un contrato de Operación Compartida, firmado en la década de 1970 donde se señala que las controversias se resolverán por arbitraje, indica tener un acuerdo con Petroecuador que le libera de responsabilidades, y por último argumenta que el Estado Ecuatoriano firmó en el año 97 un convenio de protección de inversiones con los Estados Unidos.

Esperanza Martínez rechaza los argumentos anteriores indicando que la Texaco «sabe que esta empresa era responsable de cuidar los intereses de ambos socios del consorcio, por lo tanto es culpable de cualquier mal uso de los bienes del Estado. El contrato firmado en 1979 ya no está en vigencia; como tampoco se puede utilizar un acuerdo posterior a la fecha en que se sucedieron sus reclamos».

El Doctor Bonifaz argumenta que Ecuador y cualquier instrumento del Gobierno ecuatoriano como Petroecuador son inmunes en cualquier materia en las cortes de los Estados Unidos como también en cualquier tribunal como el creado por la Asociación Norte Americana de Arbitraje. Señala además que Petroecuador como instrumento del Gobierno ecuatoriano no puede ser demandado bajo las bases sugeridas en la propuesta de arbitraje presentada por ChevronTexaco puesto que ni Petroecuador ni el Gobierno ecuatoriano consideró nunca que poseer parte del contrato de extracción de Petróleo en el Ecuador entre 1965 a 1992, fue renunciación de su inmunidad bajo FSIA.

Varias autoridades del gobierno actual, especialmente la Ministra de Comercio Ivonne Baki, han dado declaraciones públicas a favor de que el juicio contra la Texaco quede anulado. El presidente de la Cámara de Comercio, Blasco Peñaherrera, cuya empresa Market fue contratada para una encuesta de opinión que era propaganda de Texaco, también han abogado por la necesidad de resolución rápida de estos conflictos.

También Repsol...

Los casos de Occidental y Texaco no son los únicos; está también el pago de 15 millones de dólares que Ecuador tuvo que hacer a Repsol YPF como resultado de otro arbitraje internacional.

En el caso de los tratados bilaterales de libre comercio con Colombia, Ecuador y Perú, Estados Unidos exige que los gobiernos de estos países "resuelvan" sus problemas con empresas estadounidenses antes de negociar el tratado. La embajadora norteamericana en Ecuador en recientes declaraciones indicó que no se firmaría el tratado si no están resueltos todos los conflictos con empresas de su país. Los arbitrajes son parte de las tantas exigencias conenidos en el Tratado de Libre Comercio, que se quiere firmar con Estados Unidos, en el rubro del "derecho de inversionistas".

Para muestra, un botón... de lo que se nos viene con el TLC de Miss Ivonne Baki.

«No es sorprendente que la Texaco pida involucrar al Ecuador en el caso de los indígenas y colonos contra la compañía. Lo que si es verdaderamente inexplicable es que personeros altos del gobierno ecuatoriano empujen para que el Ecuador participe es esta mediación “voluntaria” que pondría al Gobierno automáticamente a la disposición de las cortes estadounidenses. Estos ministros deberían renunciar a sus puestos ahora que se les ha descubierto para quienes trabajan puesto que sus actos solo se pueden clasificar con una palabra “traición”», indica Esperanza Martínez.