Red Voltaire
Una tarea pendiente y bajo observación

Compleja existencia de los servicios secretos de Guatemala

Tras casi dos décadas del retorno a la democracia, todavía se aprecia en Guatemala la inercia de la influencia militar usada para contrarrestar a los grupos subversivos en el conflicto interno; a la par, subsiste una percepción negativa en un sector de la comunidad nacional e internacional sobre el proceder de los servicios secretos castrenses, situación que la administración Berger busca revertir.

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Luego que el Ejército de Guatemala se impusiera en el inicial ciclo subversivo interno en octubre de 1966, se empieza a reforzar el sistema de inteligencia nacional. El primer servicio secreto formal, fue parte de las Fuerzas Armadas (FA): la Oficina de Inteligencia Militar estuvo vigente incluso antes de contar con aval constitucional y justificó su presencia por el conflicto armado, llegándose a poner el aparato del Estado bajo el control de las FA, convirtiendo a la inteligencia militar, en la inteligencia del Estado.

Esta meta fue alcanzada, creando el Centro de Informática en 1979 con apoyo de Israel; la Escuela de Inteligencia (1980) y el curso avanzado de inteligencia (1983) con asistencia de la CIA estadounidense y luego con respaldo israelí, se funda la Escuela de Transmisiones y Electrónica del Ejército.

En esa línea, se intensifica la preparación de cuadros de inteligencia a través de cursos en Chile, Colombia, Argentina y Brasil (1978-1982); Namibia y Sudáfrica (1983); robustecida con la presencia en Guatemala, de 300 expertos en inteligencia israelíes; cursos de operaciones psicológicas en Taiwán e inauguración del Departamento de Información y Divulgación del Ejército.

Confirmando ese dinamismo, para 1983 la Dirección de Inteligencia (D-2), tenía más de dos mil efectivos, apoyados por una extensa red de inteligencia humana u «orejas», distribuidas en las «Patrullas de Autodefensa Civil», que se añadieron a los comisionados militares y a la contrainteligencia castrense o las temibles «G-2».

Es decir, se logró que los servicios secretos militares consoliden una poderosa estructura para enfrentar en buenas condiciones, a la segunda etapa del conflicto interno, como parte de la doctrina de seguridad nacional lanzada por Estados Unidos (EE.UU.) para luchar contra del comunismo en la región; al punto que, no obstante la suspensión oficial de la ayuda militar de EEUU a Guatemala en 1977, la «cooperación indirecta» en materia de inteligencia no se cortó.

Es más, muchas versiones y elementos de juicio apuntan a confirmar una sistemática injerencia de la CIA, en los asuntos internos guatemaltecos. Tema que será materia de otro artículo.

La grave escalada del enfrentamiento interno produjo un escenario donde se perpetraron numerosas violaciones de los derechos humanos por parte de todos los actores del conflicto. A pesar de ello, la comunidad internacional ha destacado más, los atropellos de los cuerpos de seguridad estatal, por considerar que éstos no debieron caer en las mismas prácticas de los grupos subversivos, ya que son garantes de la seguridad nacional representando al Estado. Cabe recordar, que unas 100 mil personas murieron o desaparecieron durante la etapa más crítica de la lucha armada intestina de Guatemala (1965-1993).

El sistema de inteligencia militar

La inteligencia militar tiene sustento constitucional a partir del gobierno del general Oscar Humberto Mejía en 1986, cuando el régimen de facto transfería el mando a una administración elegida democráticamente, estableciéndose en ese momento, el Consejo de Seguridad del Estado (CSE). Empero, ni el CSE ni la Secretaría de Inteligencia y Seguridad Nacional llegaron a implementarse, quedando la D-2 como la entidad que desempeñó la principal labor de inteligencia en Guatemala.

Enseguida pasaron a coexistir dos servicios secretos: la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional (DIEMD) -como ente rector de la política de seguridad nacional- y el Estado Mayor Presidencial (EMP).

De este modo, la D-2 tuvo amplias facultades para entrometerse en la mayoría de estructuras del Estado y donde no pudo penetrar, la sombra de sus operaciones encubiertas siempre estuvo presente y aunque dependía de una regulación ministerial, en realidad no se encontró sujeta a ningún tipo de control.

En el ínterin y para conservar un amplio margen de acción e influencia, el EMP - dominado por militares-, tuvo un cuerpo de inteligencia propio (conocido como «el Archivo»), junto al cual proveía información relacionada con la seguridad y movilización del presidente de la República. Más tarde se supo, que hasta antes de la firma de los acuerdos de paz de 1996, en el EMP funcionó un sistema de intercepción telefónica y se realizaban operaciones secretas.

Avatares post acuerdos de paz

Durante la administración Arzú (1996-2000), las principales tareas de inteligencia del EMP, se canalizaron por medio de un Comando Antisecuestros, unidad de elite creada por el gobierno, para ejecutar inteligencia operativa contra las bandas de secuestradores, que asolaban el país como un remanente de la guerra interna.

Esta unidad tenía amplia connotación en el combate contra el crimen organizado, tanto por la eficacia de sus actividades, como por los señalamientos de funcionar al margen del ordenamiento jurídico y violar los derechos humanos. Llegando al extremo, que personal de esta estructura, fue sentenciado «por cometer ejecución extrajudicial», contra el Monseñor Juan Gerardi el 26 de abril de 1998.

Los Acuerdos de Paz para poner término al cruento y extenso conflicto interno, suscritos el 29 de diciembre de 1996, dieron lugar a un nuevo panorama: se estableció una diferenciación de funciones para las fuerzas de seguridad nacional, asignando la defensa del ámbito externo a las FA y el interno a la Policía Nacional Civil.

Como parte de un Acuerdo Nacional «sobre el fortalecimiento del poder civil y el rol del Ejército en una sociedad democrática», se crean nuevos órganos de inteligencia y se pretende limitar a los existentes. Para tal fin, a nivel del ministerio de Gobernación surge el Departamento de Inteligencia Civil y Análisis de Información (DICAI), para combatir el crimen organizado y la delincuencia común «dentro de los límites del ordenamiento jurídico y estricto respeto de los derechos humanos».

Bajo control del presidente de la República, se funda la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE), con la misión de informar y asesorar al jefe de Estado, para que esté en condiciones de anticipar, prevenir y resolver situaciones que amenacen la seguridad del Estado democrático. Disponiéndose que la SAE tenga naturaleza preferentemente civil y sea alimentada con información brindada por el aparato estatal, junto a la que recaben el DICAI y la DIEMD, pero sin que la SAE realice inteligencia operativa propia.

Recapitulando los cambios en la inteligencia

En la transición de un sistema de inteligencia militar-nacional hacia el sistema nacional de inteligencia en un Estado democrático, coexistieron cinco tipos de procesos en Guatemala:

El difícil intento por desaparecer algunos órganos. El caso más evidente es el EMP y sobre todo, el «Archivo»; asimismo, destaca la reducción de funciones en la D-2 del ministerio de Defensa, que debió minimizar su ámbito de acción y modificar incluso la criticada doctrina que aplicaba. A la vez, se llevó a cabo una transferencia de misiones, que derivó en el traslado de actividades que efectuaba la estructura militar, hacia el ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil.

Otra característica, fue el intento fallido por afianzar la marcha de los nuevos órganos y dependencias: la concepción de un sistema en el que exista balance de poder entre los diferentes servicios secretos y donde se construya un eficiente estamento civil, plantea la creación de organismos que nutran al sistema nacional de inteligencia civil.

Constituyendo ésta la parte más complicada, ya que en Guatemala así como en la mayoría de naciones latinoamericanas, todavía no se cuenta con suficientes cuadros profesionales y técnicos civiles, capaces de darle vida a las estructuras de inteligencia nacional.

Por lo tanto, dada la dificultad y demora para formar nuevos equipos multidisciplinarios especializados en inteligencia estratégica, es necesario lograr amalgamar el trabajo de especialistas en inteligencia «limpios» (no involucrados en delitos durante gobiernos anteriores), con el lento y complejo proceso de aprendizaje/adaptación de los nuevos profesionales de inteligencia civiles.

Conociendo que en el campo de la inteligencia nacional, no es viable la tesis de «empezar de cero», por que las amenazas a la seguridad nacional son permanentes aunque a veces tengan naturaleza cambiante; por ello, no puede existir un vacío institucional para enfrentarlas, sin poner en grave riesgo la seguridad de un país.

Esta visión pragmática se ha plasmado en Nicaragua -uno de los lugares más seguros de Centroamérica- donde la Dirección de Información para la Defensa, servicio secreto del Estado que forma parte del Ejército pero reporta directamente al mandatario Enrique Bolaños, tiene como jefe al general de Brigada Glauco Robelo, quien hace 15 años, era el segundo al mando de la contrainteligencia del Ejército Popular Sandinista y hoy trabaja con muchos de sus colegas ex sandinistas, para enfrentar amenazas transnacionales en estrecha colaboración con la CIA de EE.UU. y los servicios de inteligencia centroamericanos.

Servicios secretos en la actualidad

Ratificando un patrón en el continente americano, marcado por un predominio militar en el campo de la inteligencia nacional, en trance de reforma; desde el inicio de su gobierno (2000-2004), el presidente Alfonso Portillo Cabrera, buscó el concurso de dos militares retirados de trayectoria en los servicios secretos: el general Ortega Menaldo y el coronel Jacobo Salán Sánchez, a quien nombró jefe del controversial EMP.

A continuación y tras reiteradas demoras en dos gobiernos sucesivos, el 24 de septiembre de 2003, el Congreso Nacional de Guatemala aprobó una nueva ley para abolir el EMP y transmitir sus funciones a la SAE y la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la presidencia de la República (SAAS).

Esta norma, representó un paso crucial para arraigar un sistema de inteligencia nacional eficaz y aunque sus detractores aducen que la SAE no incluiría mecanismos «para salvaguardarla contra una potencial militarización», muchos piensan que estas críticas no sólo tienden al sectarismo y al conflicto antimilitarista, sino que además carecen de alternativas de solución viables y consensuadas.

Con mayor razón, ya que según la nueva legislación, la SAE podrá tener un director designado por el presidente de la República y el cargo no se limita a ciudadanos civiles. Al mismo tiempo, recogiendo enseñanzas de la difícil existencia de los servicios secretos guatemaltecos, permite conservar al personal especializado en inteligencia proveniente del EMP, que no esté involucrado en delitos u actos deshonestos y reubicar a estos agentes en otras dependencias de la comunidad de inteligencia o seguridad.

Cabe indicar, que el Congreso de EE.UU. mantiene suspendida la asistencia militar estadounidense a Guatemala, específicamente el «Entrenamiento Militar Internacional» y el «Financiamiento Militar Internacional», por preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos, luego del asesinato del ciudadano norteamericano, Michael Devine, adjudicado a servicios secretos castrenses.

La prohibición fue modificada por la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, permitiendo desde entonces entrenamiento militar en cursos relacionados con el control civil de las FA, reforma de la justicia militar y el respeto a los derechos humanos.

Administración Berger y la inteligencia nacional

El nuevo gobierno de Guatemala presidido por el empresario Óscar Berger Perdomo, de la conservadora Gran Alianza Nacional (GANA), aunque carece de mayoría parlamentaria propia, desarrolla un plan gubernamental para el período 2004-2008, que prevé una profunda «Reforma del Estado y la Transparencia».

Bajo este enfoque apoya la investigación, desmantelamiento y sanción de los «cuerpos ilegales y aparatos clandestinos» (supuestamente vinculados a organismos militares), para lo cual pretende otorgar el debido soporte legal y operativo, en coordinación con el Procurador de los Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil.

Política de defensa y seguridad integral

La administración Berger es consciente que las principales amenazas relacionadas con la seguridad interna de su país, pueden clasificarse en tres grandes áreas: delincuencia común; crimen organizado (narcotráfico, terrorismo, contrabando, lavado de dinero, tráfico humano, entre otros) y las mafias infiltradas en las estructuras del Estado; reconociendo que «la seguridad ciudadana es el primer aspecto sobre el que existe expectativa de solución nacional».

Para tal fin, retomará la modernización de la Policía Nacional Civil y su Academia, fortaleciendo su independencia y profesionalización e incrementando su capacidad para combatir la delincuencia, el crimen organizado y el tráfico de drogas. Simultáneamente, reforzará la operatividad de los órganos de inteligencia civil.

En esa ruta, el presidente Berger aspira a concretar una depuración de las instituciones responsables de la seguridad nacional -contaminadas por un alto índice de corrupción-, evitando abusos o despidos generalizados contra personal especializado honesto, mediante una rigurosa y objetiva evaluación en el ministerio de Gobernación y el ministerio de Defensa, así como en los servicios secretos.

Paralelamente, se propicia un trabajo coordinado entre todas las entidades de seguridad nacional, precisando los campos de acción entre la instancia civil y la militar. En esa línea, se considera de vital importancia la confirmación del Consejo de Seguridad Nacional, como eje de contacto para las actividades entre los cuerpos de seguridad, integrando sus capacidades y recursos.

Nuevo sistema de inteligencia

Siendo coherente con los Acuerdos de Paz en el tema del «Fortalecimiento del Poder Civil», la administración Berger impulsa un nuevo sistema de inteligencia del Estado, que pueda responder a las necesidades que sobre la materia tiene la seguridad nacional, afianzando las unidades civiles y llevando la instancia militar a su ámbito de competencia.

Con el claro objetivo de vigorizar la cooperación interinstitucional en el campo de la inteligencia, el sistema estará integrado por la SAE de la presidencia de la República, la DICAI del ministerio de Gobernación y la DIEMD del ministerio de Defensa. Asignando a la SAE -a cargo de Edmundo Urrutia García-, la coordinación de la comunidad de inteligencia nacional, separando la inteligencia estratégica de la operativa.

Entretanto y con participación del Congreso, se establecerán regulaciones precisas que delimiten las facultades de los servicios secretos, sin dejar de estimular acuerdos de cooperación internacional ni menguar su operatividad, dentro de un marco de dinámico control institucional del sistema de inteligencia.

Controversia sobre los servicios secretos militares

El nuevo régimen inició su gestión con una activa campaña anticorrupción contra altos ex funcionarios del Estado acusados de cometer presuntos delitos en años recientes, incluidos el ex-presidente Alfonso Portillo, el ex vicepresidente Juan Reyes y el general en retiro Efraín Ríos Montt (actual líder del Frente Republicano Guatemalteco del Congreso), entre otros.

En ese clima, la administración Berger ha empezado una reducción del Ejército, de 30 mil efectivos a 15.500, dentro de un proceso aparentemente consensuado, debido a la extendida ola delincuencial y acciones del crimen organizado, que han llevado a una orden presidencial para realizar operativos conjuntos entre la Policía, el Ejército y la SAAS, en los barrios capitalinos con mayor incidencia de narcotráfico y violencia, así como pandillaje juvenil.

Según la organización «Incidencia Democrática», el gobierno de Berger se propone invertir unos 127 millones de dólares, en 4 años y a partir del 2005, para equipar la Fuerza Aérea y modernizar la Marina. Además, mejorar la infraestructura de comunicaciones, el transporte terrestre y la logística, de los efectivos que quedarán en el Ejército. Para lo cual gestiona el levantamiento del embargo militar de EE.UU..

Pese a ello y denotando una política equilibrada, el 25 de febrero de 2004, quinto aniversario de la entrega de los resultados de la «Comisión de Esclarecimiento Histórico y Día de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno», el mandatario Berger anunció el relanzamiento de los Acuerdos de Paz para consolidar un marco de justicia exento de impunidad.

Bajo ese esquema, el Ejecutivo aceptó la culpabilidad del Estado guatemalteco en varios casos de violaciones de los derechos humanos: el asesinato por la inteligencia del Ejército, del novelista indígena Luis Ixbalanké de Lión, con cuya familia ha firmado un acuerdo de resarcimiento y el asesinato de la antropóloga Myrna Mack, sobre el que existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala, tras una gestión infructuosa en tribunales nacionales.

En esa dirección, el jefe de Estado nombró a Rosalina Tuyuc, fundadora de la Confederación Nacional de Viudas de Guatemala, para dirigir la Comisión Nacional para el Resarcimiento de las Víctimas del Conflicto Armado e impulsó la Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, que rompa los supuestos lazos entre elementos de las FA y los grupos criminales.

A pesar de estas medidas, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, como WOLA y Amnistía Internacional, se oponen a que EE.UU. reinicie la asistencia militar a Guatemala, alegando que el gobierno de Berger todavía no ha cumplido con los aspectos más significativos de la reforma militar estipulados en los Acuerdos de Paz, como por ejemplo: fijar una nueva doctrina militar que limite el papel de las fuerzas castrenses y sus servicios secretos, a la defensa externa, mientras persiste la preocupación por una falta de transparencia y control civil de los cuerpos militares.

Asimismo, perciben que los esfuerzos por afirmar el Estado de Derecho habrían sido sofocados por la actuación de grupos armados ilegales y clandestinos, relacionados con el aparato de inteligencia militar, otros agentes del Estado y el crimen organizado. Quienes serían responsables de la ola de amenazas e incidentes violentos, contra defensores de los derechos humanos, operadores de justicia y sectores de la oposición, durante los últimos años.

Finalmente y abonando en favor de esta visión, en septiembre de 2004, el fiscal general de Guatemala, Juan Luis Florido, denunció que integrantes de la fiscalía anticorrupción recibieron llamadas telefónicas amenazantes y han sido objeto de seguimientos intimidatorios, después que iniciaran pesquisas contra dos ex ministros de Defensa y solicitaran que se abran los archivos secretos militares, debido a supuestos manejos financieros turbios en el Ejército y en el desaparecido EMP.

Apreciación global

Tras casi dos décadas del retorno a la democracia, todavía se aprecia en Guatemala la inercia de la influencia militar usada para contrarrestar a los grupos subversivos en el conflicto interno; a la par, subsiste una percepción negativa en un sector de la comunidad nacional e internacional sobre el proceder de los servicios secretos castrenses, situación que la administración Berger busca revertir con un auspicioso plan de reforma estatal, pero sin que se avizore en el corto plazo, una transferencia radical del poder de los militares en asuntos vitales de la seguridad nacional, debido a la fragilidad de las instituciones civiles y a la neo violencia desatada por organizaciones criminales como secuela de la guerra interna.

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