El pasado 10 de abril de 2004, el país se conmovió con la ocurrencia de la muerte de cinco personas, entre ellas cuatro menores de edad, a manos del Ejército en un operativo que las autoridades se apresuraron en calificar de un ERROR MILITAR, sin esperar siquiera los resultados de los dictámenes de medicina legal.

La Fiscalía pese a hacer el coro tempranero sobre la ocurrencia de un «error militar», reclamó la competencia de la investigación, la cual finalmente es atribuida a la Justicia Penal Militar por decisión del Consejo Superior de la Judicatura. Desde entonces, el proceso lo conoce el Juzgado 79 de Instrucción Penal Militar con sede en la Sexta Brigada de Ibagué.

Los dictámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses establecieron que una de las víctimas murió por disparo de arma de fuego realizado a menos de 60 centímetros, tal como fue conocido a través de los medios masivos de comunicación, lo cual desvirtúa de plano la versión militar de haber disparado sus armas en medio de la oscuridad de la noche, bajo el «error invencible» de creer que los campesinos eran guerrilleros que los atacaban.

Una vez la Fiscalía conoció este dictamen provocó nuevamente la COLISIÓN DE COMPETENCIA para que el caso fuera trasladado a la justicia ordinaria. Sin embargo, la Justicia Penal Militar negó dicho traslado, de modo que nuevamente le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura pronunciarse al respecto. Estamos entonces, a la espera de la segunda decisión de este tribunal.

La justicia penal militar es fuente primerísima de impunidad en casos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos por lo que se hace imperativo que este crimen de lesa humanidad sea conocido por la justicia ordinaria. La normatividad internacional de derechos humanos, la jurisprudencia nacional e internacional han sido claras en establecer que la competencia en estos casos corresponde a la justicia ordinaria, AÚN EN CASO DE DUDA.

La opinión pública desconoce que la masacre de Cajamarca estuvo precedida de otras situaciones muy graves que constituyen en su conjunto una generalizada y sistemática violación de los derechos humanos en la región. Así por ejemplo, en agosto de 2003, las autoridades en un operativo militar descomunal, en una de las desprestigiadas capturas masivas y arbitrarias, detuvo a 59 personas, las cuales recuperaron su libertad posteriormente, lo que de por sí, demuestra la arbitrariedad de la misma. En noviembre de 2003, se produjo una serie de desapariciones de personas, de las cuales sus cuerpos aparecieron descuartizados. Sobre estos hechos hay serios indicios de la participación de la Fuerza Pública. Como puede apreciarse, la situación de inseguridad y de violación de los derechos fundamentales de la población parece obedecer a un patrón de represión que las autoridades deben investigar a profundidad. Al parecer, en el fondo de estos ataques y de los desplazamientos ocasionados están los megaproyectos «ecoturísticos» y el túnel de la línea.

Para rematar, testigos y familiares de las víctimas han sido objeto de amenazas y hostigamientos, razón por la cual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un llamado perentorio al Estado colombiano para que tome todas las medidas necesarias para asegurar su integridad física y el goce de sus derechos fundamentales.

Es una obligación del Estado establecer toda verdad de lo que viene ocurriendo en Cajamarca y sus municipios aledaños en materia de derechos humanos, así como sobre los hechos de noviembre y abril. Es obligación del Estado individualizar y sancionar ejemplarmente a los autores materiales, los autores intelectuales y promotores. La comunidad de Cajamarca debe ser reparada integralmente por el Estado debido a que ha sido profundamente afectada de forma directa en este tenebroso camino de la sistemática violación de los derechos humanos y la impunidad. Por su parte, sobre la Fiscalía y la Procuraduría recaen principalmente estas deudas con Colombia y la comunidad internacional. Ojalá la impunidad no se enseñoree y la verdad y la justicia brillen con luz propia.