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Venezuela- Soberanía alimentaria

Las transnacionales despejan el camino para el cultivo de transgénicos

| Portuguesa (Venezuela)
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Desinformación, falta de fiscalización y buena propaganda. Estos son los elementos que han favorecido a las transnacionales productoras de semillas genéticamente modificadas para preparar el terreno a la producción de transgénicos en Venezuela. Los productores aseguran que ya están realizándose experimentos con maíz transgénico. El campo venezolano continua bajo la amenaza de los intereses de las industrias productoras de semillas genéticamente modificadas.

En abril de este año, alertado por uno de los líderes del movimiento Vía Campesina sobre los proyectos de la transnacional Monsanto para cultivar soya transgénica en el país, el presidente de la república Hugo Chávez prohibió el uso de trangénicos en la producción agrícola. La declaración del presidente fue aplaudida por los movimientos sociales y campesinos de todo el continente que luchan contra la dominación de las transnacionales en la agricultura.

Sin embargo, nada fue más allá del discurso del presidente. Ninguna ley ni decreto fue creado para establecer la prohibición o reglamentar el manejo de transgénicos en el país. Algo semejante a lo que ocurrió en Brasil durante el gobierno de Cardoso, cuando se inició el plantío ilegal en los campos de Rio Grande do Sul, el Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) no fiscaliza la producción y tampoco la entrada de simientes provenientes de Estados Unidos y Argentina (primer y segundo productores mundiales de transgénicos)

El presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Prudencio Chacón afirma que el 70% de las semillas venezolanas son importadas, y admite que no hay control aduanal para la entrada de semillas. “Es bastante probable que así como hicieron en otros países, las semillas entren de contrabando, pero no tenemos control”, afirma.

La falta de equipos capaces de detectar la transgenia es uno de los factores que imposibilitan la fiscalización. “No tenemos equipos. Para realizar pruebas tendríamos que contratar a una empresa privada, a altos costos” afirma Jesús Ramos Oropeza, Director general de la oficina Nacional de Diversidad Biológica del Ministerio del Medio Ambiente.

Ramos Oropeza, que integra la comisión que discute el proyecto de Ley de Biotecnología cuenta que están siendo realizados foros de debates para evaluar las consecuencias de los Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) en agricultura antes que sea decidido el marco legal. Mientras se espera por la elaboración de la ley, el estado se basa en el Principio de Precaución previsto en el Protocolo de Cartagena, del cual Venezuela es firmante. “Todavía no sabemos si es bueno o malo. Lo cierto es que los transgénicos van contra la lógica del gobierno, porque generan dependencia”, asegura.

Déjà-vu

Mientras se discute el marco legal, las transnacionales Cargill, Monsanto y Pioneer -tres de las cinco empresas que controlan el mercado mundial de semillas- y que tienen el control del mercado venezolano con la venta de semillas híbridas (estériles) están cada vez más arraigadas en el país. La Dekalb, una de las representantes de Monsanto es patrocinadora del equipo Criollitos pre-infantil de béisbol. En la Argentina, la Deklab es la productora del maíz transgénico Rondup Ready.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Productores Rurales de Portuguesa (Asoportuguesa) las empresas transnacionales ya están cultivando semillas genéticamente modificadas. “Ya existen transgénicos, están haciendo experimentos con mucha discreción” afirma Juan Palacios. “Tanto los vendedores como los agricultores comentan que Monsanto ya está experimentando con el maíz transgénico” reitera el agrónomo de la asociación, Orlando Villegas.

Tanto los representantes del gobierno como los productores no descartan la posibilidad de que existan plantíos ilegales en el país. “La única garantía que tenemos de que las simientes no son trasgénicas es la palabra de la empresa. Certificar las semillas vuelve la importación todavía más costosa” afirma Jorge Alvarado, gerente general de Fedeagro.

De acuerdo a la Ley de Semillas todos los pedidos para experimentos con transgénicos deben ser llevados el Ministerio del Medio Ambiente que debe aprobar la inocuidad biológica de la investigación. El representante del MMA, Jesús Ramos Oropeza asegura que ninguna solicitud para la realización de investigaciones fue elevada al ministerio. “Nadie ha solicitado autorización, pero como no tenemos fiscalización, nadie puede asegurar que no existe”, dice.

En la elaboración de este reportaje se intentó consultar a Monsanto para comentar estas afirmaciones, pero fuimos informados por la asesoría de la empresa que su portavoz estaba fuera del país.

Esta no es la primera denuncia sobre sospechas de cultivos ilegales de transgénicos en el país. Investigadores de la Red de Acción y Alternativas al Uso de Agrotóxicos en Venezuela (Rapalve) sospechan que el “Proyecto Algodón” creado recientemente por el Ministerio de Agricultura y Tierras pretende utilizar semillas transgénicas de Monsanto, que supuestamente ya iniciaron experimentos de campo en el país.

Campaña campo adentro

La estrategia utilizada en países como Argentina, Brasil y Colombia para convencer a los agricultores a adoptar las variedades transgénicas también ha sido exitosa en Venezuela. En el estado Portuguesa, uno de los mayores productores de maíz en el país (base de la dieta de la población), gran parte de los productores están convencidos de los supuestos beneficios de los OMGs. “No somos biólogos, pero la información que tenemos de otros países es que podemos bajar los costos de producción. Estamos dispuestos a experimentar”, afirma Juan Palacios. El presidente de Asoportuguesa, que dice acompañar de cerca las discusiones sobre transgénicos en el país, apoya la liberación del cultivo de semillas genéticamente modificadas. “Las empresas extranjeras tienen tecnología más avanzada y dominan la producción de maíz en el mundo. No podemos detener esa tecnología”, dice.

Para el gerente general de la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro) otro factor atractivo sería la reducción de costos de producción. “Lo apoyamos porque el medio ambiente está muy degradado por el uso de agrotóxicos. Con los transgénicos podremos reducir el uso de herbicidas y aumentar la producción”, afirma Alvarado.

A diferencia de lo que afirman los productores venezolanos, la historia de la vecina Argentina que sirvió de laboratorio de los OMGs en América Latina, revela que la productividad y la economía no son parte de la ecuación de cultivo con transgénicos. La capacidad de producción del país se va reduciendo con cada nueva zafra.

Lo mismo sucede con el uso de herbicidas. Las hierbas dañinas se hacen resistentes al herbicida, lo que exige la aplicación de cantidades mayores de las utilizadas cuando se inició el cultivo, con soya o con maíz transgénicos. Estos dos factores han significado mas gastos y mayor contaminación de las aguas (por medios de las sábanas freáticas) y de los suelos que pierden fertilidad.

Los especialistas comparan el glifosfato, base del herbicida aplicado en el uso de transgénicos, al llamado Agente Naranja -poderoso herbicida utilizado por Estados Unidos durante la guerra de Vietnam- responsable por la muerte y deformación de millares de personas. En Colombia, la versión del Agente Naranja comercializado por Monsanto es el Roundup Ultra, utilizado para fumigar las plantaciones de coca, dónde millares de campesinos están siendo contaminados.

Contradicción

A pesar que el gobierno de Chávez tiene una posición contundente contra el monopolio de las transnacionales en diversos sectores de la economía, en especial en al alimentación, las acciones adoptadas por el Ministerio de Agricultura caminan a contramano de la lógica de la Revolución Bolivariana. De acuerdo con Asoportuguesa, 98% de las semillas de maíz importadas por el país son híbridas y 70% de ellas provienen de empresas extranjeras. Esto significa que la mayoría de los productores ya tienen acceso a las semillas controladas por las transnacionales.

Este es uno de los motivos que puede llevar al productor Orlando Nardini a cultivar transgénicos. Nardini cuenta que se convenció de las ventajas que los transgénicos pueden traer cuando estuvo en Brasil para comprar maquinaria agrícola. “Me llevaron a conocer una hacienda en No Me Toque (Río Grande del Sur) de la Monsanto y me gustó”.

Lo que no le contaron a Nardini es que además de comprar la semilla, los agricultores tienen que pagar regalías por el uso de la tecnología desarrollada por la transnacional, así como les ocurre a los productores brasileños que plantaron ilegalmente soya transgénica en Río Grande del Sur. La Monsanto, que conquistó en la Organización Mundial de Comercio (OMS) la patente mundial de soya transgénica cobrará a los agricultores en Brasil cerca de U$ 0,40 por cada saco.

El presidente del INIA, Prudencio Chacón, que considera el aspecto económico uno de los factores más preocupantes en la adopción de transgénicos, admite las fallas del gobierno en este aspecto y considera que no es posible exigir a los agricultores que produzcan variedades de semillas, si el estado no les proporciona alternativas. “No podremos luchar con las transnacionales si no garantizamos el acceso de los productores a las semillas”, afirma.

Soberanía alimentaria x agronegocio

El control de las transnacionales sobre la producción de semillas en el mundo camina al lado del modelo agroindustrial de producción. No les interesa a las empresas productoras de semillas el cultivo de pequeñas parcelas. Es precisa una vasta producción motocultivadora para que la producción sea rentable a las industrias que ganan con la venta ligada de las semillas y los herbicidas resistentes a las hierbas dañinas.

Este modelo defendido por la agroindustria de transgénicos como una de las alternativas para acabar con el hambre en el mundo ha sido responsable de la expulsión de millares de agricultores que se ven obligados a abandonar el campo, sea por el eminente conflicto por la posesión de la tierra (con la expansión violenta de los latifundios motocultivadores) o por la falta de condiciones de producción. En Argentina se estima que al menos 300 mil pequeños productores fueron expulsados de sus tierras y hoy son parte de los bolsones de miseria que se desparraman por todo el país.

La amenaza a la biodiversidad es otra consecuencia de la adopción de simientes genéticamente modificadas. La producción de maíz transgénico en campos mexicanos hizo que casi la totalidad de las semillas criollas, originarias del país, fueran eliminadas. El riesgo de contaminación con el maíz es bastante elevado porque se trata de una semilla 100% polinizable, o sea que el polen es llevado por el viento a largas distancias, promoviendo la contaminación de los cultivos convencionales.

"La reducción de la diversidad genética significa limitar las posibilidades de una dieta rica y variada. Amenaza la producción alimentaria, el aumento de las rentas, la superación de los obstáculos ambientales y la ordenación de los ecosistemas” afirma la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en su último informe sobre Seguridad Alimentaria.

En Venezuela, aunque el presidente Chávez defienda la conquista de la soberanía alimentaria y el desarrollo de la pequeña agricultura, en la práctica las cosas no caminan de la misma manera. El director general de la Oficina Nacional de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente, Jesús Ramos Oropeza afirma que la falta de prácticqa de un modelo agrícola sustentable ha contribuido a la reducción de la biodiversidad en el país. “Aunque sin usar transgénicos hemos reducido la diversidad de las semillas por causa de prácticas agrícolas economicistas”, dice Oropeza.

Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura y Tierras no ha mostrado que pretenda cambiar la lógica de producción. Mientras se espera la recuperación de los 8.646.217 hectáreas de tierras propiedad del estado para la reforma agraria y el desarrollo de cooperativas agrícolas, el modelo “economicista” es el que tiende a ser utilizado. En opinión de Franco Manrique, del Comité de Tierras Urbanas y de la coordinación de Rapalve, el “Plan de Cultivo” anunciado por el MAT continúa privilegiando a los grandes productores.

Según el Instituto Nacional de Investigación Agrícola (INIA) el proyecto para la creación de un Programa Nacional de Producción de semillas debe reducir en un 25% la importación. Esto significa que gran parte de las variedades utilizadas para el programa agrícola venezolano no serán producidas en el país.

“Hay una serie de contradicciones en este proceso. La salida es producir nuestras propias semillas y desarrollar la agricultura hacia los pequeños productores, para poder garantizar nuestra soberanía alimentaria”, afirma Manrique, que ha reproducido semillas de hortalizas en pequeñas cooperativas de la región Oeste del país a partir de técnicas aprendidas de los campesinos del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) del Brasil. “Creo que podremos hacer la revolución también en la agricultura”, afirma Manrique.

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