El plan militar de Powell para el post-castrismo

Anunciada el 10 de octubre de 2003 por George W. Bush, la creación de la Comisión de Asistencia para una Cuba Libre tenía como objetivo hacer «un llamado a expertos dentro [del] gobierno para planificar en Cuba la transición de un régimen estalinista hacia una sociedad libre y tolerante, y encontrar los medios para acelerar esa transición» [1].

Un año antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2004 y en medio de la desilusión pública sobre la cuestión iraquí, era necesario tranquilizar al lobby anticastrista, cuya influencia es decisiva para el financiamiento de la campaña electoral, en cuanto a la disposición de Estados Unidos a apoyar el derrocamiento -forzosamente brutal- del régimen de Fidel Castro. Ya en este momento la sociedad Dyncorp entrena exilados para repetir la experiencia de bahía de Cochinos, pero a partir de Haití y con apoyo aéreo. Se han prometido a diferentes personalidades sillones ministeriales dentro del futuro gobierno que sería presidido por Lincoln Díaz-Balart, actual representante por la Florida.

El derrocamiento del régimen castrista no responde a ninguna necesidad estratégica importante, fuera de la renegociación de la ocupación de Guantánamo (El contrato de arrendamiento de Estados Unidos sobre la base de Guantánamo expiró ya y la ocupación de la misma continúa de forme ilegal.) [2]. Pero tiene un valor altamente simbólico. Por su existencia y duración, la revolución castrista demuestra que un pequeño Estado latinoamericano puede resistir al imperialismo estadounidense y desarrollar un modelo de sociedad diferente.

La destrucción de ese ejemplo obsesiona al estado mayor estadounidense desde hace más de 45 años. Por otro lado, los exilados esperan todavía por la restitución de los bienes que les fueron nacionalizados en 1959. Ellos han formado en la Florida, el estado que gobierna Jeb Bush, un poderoso lobby, esencialmente alrededor de los hermanos Díaz-Balart[ [«Una breve historia de la contrarrevolución cubana», por Michael Moore, Red Voltaire, 15 de abril de 2004.]]. Lincoln y Mario son parlamentarios republicanos, José es el dueño de la cadena Telemundo y Rafael es un rico banquero. Todos son hijos del antiguo líder de la mayoría parlamentaria cubana bajo la dictadura de Batista.

El informe de 280 páginas entregado al presidente a principios de mayo de 2004 por Colin Powell, secretario de Estado y presidente de la comisión, es producto de un sutil equilibrio de recomendaciones para desestabilizar el régimen desde el exterior, por un lado, y, por el otro, de declaraciones de buenas intenciones sobre la manera de encargarse de la Isla cuando Fidel Castro y los que le rodean hayan sido eliminados o incapacitados de oponerse de estas ambiciones.

En sintonía con las sanciones ya impuestas, concebidas según el principio de que aquello que favorece a Cuba favorece al régimen de Fidel Castro, y que, por consiguiente, hay que estrangular al país para debilitar el régimen, las medidas de desestabilización tienen, más allá de las bellas promesas de libertad, el carácter de una estrategia de sitio aplicada durante una guerra.

La segunda parte es de una mediocridad tan desconcertante que no merece siquiera detenerse en ella más que para señalar que introduce, para consumo de la opinión occidental, elementos de propaganda destinados a esconder los logros de la revolución cubana. Y es que, contrariamente a la vecina Haití -país que se cuenta entre los menos desarrollados del mundo, aunque no ha sufrido ningún embargo económico, y donde fue fácil difamar al presidente Aristide y derrocarlo[ [«Golpe de Estado en Haití», por Thierry Meyssan, Voltaire, 3 de marzo de 2004, y «Paris relâche le président haïtien» texto en francés, por Thierry Meyssan, Voltaire, 16 de marzo 2004.]]-, las cosas serán mucho más difíciles en Cuba.

A pesar del embargo estadounidense y de las sanciones contra los países que comercian con Cuba, los cubanos gozan de logros sociales conquistados con mucho esfuerzo y a los cuales tendrían que renunciar para plegarse a las exigencias de la libertad made in USA y de la economía de mercado. No será fácil lograr la aceptación y la colaboración del pueblo cubano cuando las medidas que se le proponen implican elevar la mortalidad infantil -que es hoy la más baja de todo el hemisferio- al nivel de sus dóciles vecinos, como Jamaica o la República Dominicana. No será fácil, en nombre de un modelo que deja sin atención médica a 44 millones de personas de 270 [3], eliminar en Cuba la cobertura médica universal y disminuir la cantidad de médicos por habitante, que son un ejemplo para los demás países del Tercer Mundo.

No será fácil ofrecer una incultura de masas al país que goza de la mejor educación elemental del hemisferio y tiene la mayor proporción de educadores por alumno a nivel mundial. No será fácil tampoco poner al servicio de las multinacionales de la agricultura un país que, a pesar de un cruel embargo, podría llegar a alimentar a sus habitantes casi exclusivamente con productos de la agricultura biológica alrededor del año 2010.

En pocas palabras, si el problema fuera sojuzgar un país cualquiera del Tercer Mundo, no habría necesidad de redactar un plan de reformas de 200 páginas. Bastaría una ligera mejoría de las condiciones de vida para justificar a posteriori dicha dominación. O sea, lo que pretende la administración Bush es destruir un modelo para entregar sus restos a una comunidad de exilados rapaces y revanchistas que la ayudaron a alcanzar el poder.

Veamos cómo es que Colin L. Powell, John W. Snow, Donald L. Evans, Alphonso Jackson, Tom Ridge, Condoleezza Rice y Andrew S. Natsios, principales miembros de la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre, piensan someter a Cuba y cómo tratan de vender su proyecto.

En la introducción del informe, los autores tienen la precaución de señalar que ciertas medidas estipuladas en el documento no concuerdan con las leyes estadounidenses, las cuales habría entonces que adaptar para poder aplicar el proyecto.

Acto 1: comprar la voluntad de grupos no relacionados entre sí

La primera parte del informe trata de «identificar las medidas suplementarias mediante las cuales Estados Unidos puede ayudar al pueblo cubano a poner fin rápidamente a la dictadura de Castro» lo cual presupone que las medidas ya existentes apuntan en ese sentido, aunque la realidad pruebe lo contrario: el aislamiento del país solamente ha logrado hasta ahora reforzar el poder de Castro.

El informe comienza por explicar que la «sociedad civil», o sea las asociaciones «no gubernamentales» dependientes de los subsidios de Washington, se encuentra divida e intimidada por el poder castrista [4]. Sin embargo, no es la voluntad lo que falta. Por consiguiente, hay que remediar la «falta de medios y de apoyo» de la sociedad civil para permitirle iniciar los cambios políticos y sociales a los que tanto aspira el país. El informe reconoce la esterilidad de las sanciones económicas impuestas sin coordinación con las ONG, sin iniciativas para romper el control del régimen sobre la información y sin participación de la comunidad internacional. Precisa incluso que algunas acciones humanitarias realizadas con buenas intenciones (o sea, destinadas a remediar las consecuencias del embargo) han sido autorizadas sin tener en cuenta su implicación en cuanto a los objetivos políticos de democracia para el país.

Resumiendo: ¿de qué vale hambrear un país para ponerlo de rodillas si detrás vienen las ONG para ayudarlo? En este aspecto, el embargo impuesto a Irak después de la guerra del Golfo, en 1991, es un ejemplo evidente de eficacia, según los autores del informe.

Actualmente, señala el informe, es la USAID (U.S. Agency for International Development) quien asume el papel principal en la difusión de informaciones sobre la democracia y la economía de mercado, y, en La Habana, la USINT (United States Interest Section, que realiza funciones de sección consular) alienta al pueblo cubano en su «lucha por la libertad y la democracia». Observemos que la presencia oficial y las actividades de dichas agencias en territorio cubano están de por sí en contradicción con las acusaciones de estalinismo que profiere contra Castro el mismo informe, cosa que no parece incomodar a sus autores.

Estos aconsejan concretamente aumentar las subvenciones a las agencias y ONG estadounidenses y proporcionarles «material y entrenamiento». Recomiendan también implicar a las ONG extranjeras que deseen participar así como a las organizaciones religiosas.

El informe define después los grupos que constituyen objetivos prioritarios, en la medida en que estarían más interesados en un cambio de régimen. En realidad, se trata de los que más fácilmente podrían ser sobornados:
– Los jóvenes, sector que los autores esperan trabajar al estilo del muy ejemplar caso del golpe de Estado en Georgia [5].
– Las mujeres, olvidadas por las ONG internacionales a pesar de que son objeto de la explotación sexual que reporta al régimen importantes cantidades de divisas.
– Los «afrocubanos y cubanos de etnias mixtas», pobremente representados en las instancias del poder y socialmente marginados. Se nos presenta de paso una especie de tesis sobre la existencia en Cuba de una segregación racial que habría que explotar mediante «pequeñas entregas de fondos estadounidenses» con vistas al cambio de régimen.
– Los prisioneros políticos -entre 300 y 400 en toda la isla «según los grupos de defensa de los derechos humanos presentes en el interior del país»- y sus familias, entre ellos las 75 personas arrestadas en marzo y abril de 2003.
– Los grupos de la sociedad civil independiente, «deseosos de emanciparse del régimen estalinista», constituidos por periodistas, bibliotecarios, escritores y economistas independientes, que no disponen de material básico, teniendo en cuenta que, precisan los autores del informe, la simple posesión de una vieja máquina de escribir «puede ser utilizada por el régimen como pretexto para encarcelarlos o algo peor». Aunque las restricciones para la importación desde Estados Unidos de material sensible, como la informática, están plenamente justificadas, explica el informe, es sin embargo necesario proveer a los cubanos el equipamiento necesario para facilitar la difusión y las actividades a favor de la democracia.
– Finalmente, el informe propone subvencionar organizaciones religiosas, principalmente las organizaciones católicas, muchas de las cuales «están inmersas en un conflicto cotidiano con el régimen porque aportan una ayuda espiritual y material al pueblo cubano», pero también iglesias protestantes que muchas veces no están oficialmente registradas ante el buró de asuntos religiosos del ministerio del Interior cubano.

Los autores del informe sugieren por tanto asignar un suplemento de 29 millones de dólares al presupuesto de asistencia a Cuba, actualmente de 7 millones de dólares, para comprar la buena voluntad de todos los grupos antes enumerados.

Acto 2: Inundar el país de propaganda

El informe continúa explicando que al estar la prensa y los medios de comunicación bajo el control del Partido Comunista, el pueblo no puede «obtener informaciones precisas sobre problemas como las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y las libertades fundamentales que comete el régimen, ni sobre el estado de la economía cubana.» Es entonces necesario desplegar, en poco tiempo y de forma regular, la plataforma de transmisión aérea «comando solo» conjuntamente con el aparato aerostático, utilizar aún más las estaciones de radio privadas desde los países vecinos y la distribución de casetes de video, etc.

Todo esto, por supuesto, de acuerdo con las leyes internacionales sobre las telecomunicaciones. Los autores aconsejan un plazo para la compra y el equipamiento de una plataforma aérea dedicada exclusivamente a las transmisiones de Radio y TV Martí hacia Cuba.

Acto 3: hambrear todavía más a los cubanos

El turismo es la principal fuente de ingresos de la isla -entre 1,8 y 2,2 mil millones de dólares de ingresos brutos al año que han permitido aliviar los daños causados por el embargo económico. Según Washington, el desarrollo del turismo es parte de una «estrategia de supervivencia» del régimen. Según el razonamiento inverso, asfixiando a la isla se puede obtener la rendición de su pueblo.

Una serie de medidas que refuerzan la prohibición a los ciudadanos estadounidenses de viajar a Cuba entraron en vigor el 10 de octubre de 2003, reduciendo significativamente la proporción de turistas estadounidenses que viajan a la isla. Sin embargo, explica el informe, es necesario aplicar de manera más estricta los reglamentos para el control de los bienes cubanos («Cuban Assets Control Regulations») para cerrar todavía más esta fuente de ingresos a la isla.

Entre otras recomendaciones, los autores sugieren incitar a las ONG a poner de relieve las violaciones de los derechos humanos en Cuba, suprimir el derecho de importación de productos cubanos por un valor de más de 100 dólares por pasajero y eliminar ciertas excepciones a la obligación de gestionar una autorización de viaje impuesta ya a las personas que desean visitar Cuba.

Este capítulo aconseja también una regulación más restrictiva para los envíos de dinero y de paquetes desde Estados Unidos, limitar las visitas a los familiares en Cuba a un solo viaje de una duración máxima de 14 días cada tres años (sic), otorgar la autorización de viaje a Cuba únicamente a personas que tengan familiares inmediatos en la isla (La nueva restricción de viajes a Cuba, que ya entró en vigor, estipula que, las personas de origen cubano residentes en EE.UU solamente serán autorizadas a venir a Cuba si tienen aquí familiares directos, o sea hijos, hermanos o padres. Los demás no son familia, según la nueva regulación US, y no justifican un viaje a Cuba.) y restringir los gastos del viajero en Cuba a un máximo de 50 dólares diarios, en lugar de los 164 establecidos anteriormente.

En cuanto a las demás fuentes principales de ingresos de la isla, el informe propone reforzar la aplicación de las leyes que permiten a los exilados cubanos cuyos bienes fueron confiscados por el régimen de Fidel Castro entablar procesos judiciales contra los extranjeros que se beneficien con esos bienes, y neutralizar las sociedades que el gobierno cubano utiliza como pantalla para introducir divisas y tecnología en la isla.

Como se puede comprobar, además de hambrear más aún a los cubanos de la isla, estas medidas castigarán a todos los cubanos moderados residentes en Estados Unidos al limitar sus contactos familiares.

Acto 4: Acelerar la máquina mundial de propaganda

Una acción en la que las instituciones estadounidenses han adquirido ya mucha práctica, tiernamente llamada «Campaña internacional de solidaridad», se encargará, según los autores, de «diseminar en el extranjero informaciones sobre la política estadounidense, específicamente en lo concerniente a los derechos humanos [6] y otros acontecimientos en Cuba, que incluyen la protección por Castro de terroristas [7], el hecho de que ha cometido actos de espionaje contra otros países, fomentado la subversión contra gobiernos democráticamente elegidos en América Latina, y la convicción del gobierno estadounidense de que Cuba ha emprendido, al menos en desarrollo y de manera limitada, un esfuerzo de investigación y desarrollo de armas ofensivas biológicas.» [8].
Para ello, el informe explica con una frase muy enrevesada algo muy simple: hay que sobornar a la prensa mundial y a todos los demás medios de comunicación que haga falta para que apoyen el derrocamiento de Castro [9]. También hay que utilizar todos los medios diplomáticos para conseguir el apoyo activo de la mayor cantidad posible de gobiernos extranjeros.

Asimismo, para los autores del informe es necesario alentar a los sindicatos y ONG a llamar la atención y denunciar los abusos del gobierno de Castro en lo tocante a los derechos de los trabajadores [10].

Hacia una operación militar

Estados Unidos ha hecho múltiples declaraciones para garantizar que no invadirá Cuba y que respetará su soberanía. Simultáneamente, la administración Bush ha retomado el financiamiento de grupos de mercenarios dirigidos por exilados. En caso de que estos tomaran la iniciativa, Washington no dejaría de aportar su concurso. Es por ello que los marines que desembarcaron en Haití después del secuestro del presidente Aristide por las Fuerzas Especiales establecieron un perímetro de seguridad en el Morro de San-Nicolás, a poca distancia de las costas cubanas, frente a la base militar y campo de prisioneros de Guantánamo [11].