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Proliferación de armas químicas

El gendarme mundial quiere controlar los mares

La iniciativa de seguridad contra la proliferación de armas de destrucción masiva (PSI) que lanzó George W. Bush en mayo pasado, tiene ya el apoyo de once Estados. Pero, más allá de este objetivo, Washington ambiciona el control de todos los «espacios comunes» y jugar en estos el papel de gendarme mundial. Al tomar el control de las aguas internacionales, Estados Unidos pretende garantizar la libre circulación mercantil, indispensable para el dominio económico. Para el Pentágono ha llegado el momento de demostrar su capacidad de intervención mediante la realización de algunas operaciones «drásticas» y espectaculares.

| Paris (Francia)
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Foto US Defense

En medio de la crisis con Corea del Norte (debido a las armas de destrucción masiva o la capacidad que tiene este país para fabricar dichos artefactos), el presidente George W. Bush propuso reunir a los Estados de buena voluntad para prevenir la entrega de material sensible a los «Estados villanos» que pudieran intentar fabricar armas de destrucción masiva. Once países aceptaron participar en esa coalición. Sin embargo, esta iniciativa que intenta auto-atribuirse el rol de policía mundial no esta exenta de segundas intenciones. Estados Unidos pretende lograr así que se reconozca su supremacía sobre los «espacios comunes» que son los mares, el espacio aéreo (por encima de los 15 000 pies de altitud) y el espacio cósmico. En un discurso pronunciado el martes 2 de diciembre de 2003, el subsecretario de Estado John Bolton advirtió que Washington podría realizar próximamente espectaculares operaciones de inspección marítima.

Fue durante su pasada estancia en Cracovia (Polonia), que el presidente Bush presentó, el 31 de mayo de 2003, su iniciativa contra la proliferación de armas de destrucción masiva llamda Proliferation Security Initiative - PSI. Poco después de la toma de Bagdad y en medio de la crisis con Corea del Norte, Washington proponía resolver por sí mismo la polémica sobre la eficacia de los controles que realizan las agencias de desarme de la ONU, mediante la prevención, o sea impidiendo que los «Estados villanos» obtengan componentes de armas de destrucción masiva.

El 15 de junio un primer encuentro de contacto reunió en Madrid once delegaciones e representación de Alemania, Australia, España, Francia, Italia, Japón, Holanda, Polonia, Portugal, Gran Bretaña y, por supuesto, Estados Unidos. No fue invitado ningún Estado del Oriente Medio o Corea del Sur, aunque esta debía ser la más interesada. Varias divergencias aparecieron rápidamente durante las negociaciones:
- Si bien algunos participantes estaban dispuestos a establecer un sistema de vigilancia, su intención era hacerlo únicamente ante un peligro específico (Por ejemplo: Japón ante Corea del Norte) y no en el marco de una «guerra global contra el terrorismo».
- Ninguno de los participantes deseaba implicarse en un sistema de vigilancia de los «espacios comunes» mundiales en su conjunto.
- Ninguno deseaba tampoco verse arrastrado en una lógica de intervención preventiva.

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Foto US Defense

Se vio rápidamente que la PSI no era más que una variante diplomático-militar de la doctrina de lucha contra las armas de destrucción masiva (National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction) publicada por la Casa Blanca en diciembre de 2002, política cuyas bases son objeto de controversia.

En primer lugar, la noción de armas de destrucción masiva (ADM), ciertamente cómoda en cuanto a la comunicación, hace referencia a realidades heterogéneas. Las armas nucleares, al exigir la tenencia de equipos de muy alta tecnología, no tienen nada que ver con las armas biológicas y químicas, que se encuentran al alcance de los países del Tercer Mundo. Ambas son de naturalezas tan diferentes entre sí que es absurdo querer combatir su proliferación con los mismos medios.

Esta confusión implica otra más: Estados Unidos habla de «Estados villanos» para designar, en este caso concreto, a los «Estados que persiguen obtener dichos armamentos».

Aunque no está teóricamente asociada a la PSI, la OTAN no tardó en proponer sus servicios para coordinar la iniciativa.

Siempre en busca de nuevos contratos, el lobby militaro-industrial estadounidense era partidario, desde hace años, de un refuerzo en el control del transporte marítimo. En mayo y octubre de 2002, la Rand Corporation había organizado dos coloquios internacionales sobre piratería y terrorismo marítimo. Había señalado entonces que cada año se transportan por vía marítima cerca de 250 millones de contenedores, algunos de los cuales podrían llevar materias prohibidas utilizadas por los terroristas para desestabilizar Estados libres.

De hecho, varios incidentes se han registrado durante los últimos meses, sin que sea posible determinar su verdadera gravedad. En diciembre de 2002, la marina de guerra española, con el apoyo de la marina estadounidense, abordó el mercante So San en el océano Índico y confiscó a bordo una quincena de Scud. Pero, resultó que esos misiles, lejos de estar destinados a Al-Qaeda, habían sido legalmente adquirido por Yemen, que exigió su devolución. En abril de 2003, el mercante francés Ville de Virgo fue interceptado durante una escala en Egipto cuando transportaba 214 tubos de aluminio, destinados a la fabricación de centrífugas para el programa nuclear norcoreano.

Finalmente, en agosto de 2003, la marina de guerra de Taiwán, también en base a informaciones estadounidenses, interceptó un mercante que se dirigía a Corea del Norte confiscó probablemente, componentes necesarios para la fabricación de armas químicas.

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Los días 3 y 4 de 2003, los once miembros de la PSI se reunieron en París y adoptaron una Declaración relativa a los principios de prohibición. También se decidió entonces planificar una decena de ejercicios militares comunes de intercepción. Al parecer, únicamente se trata ya de intercepción marítima y no aérea. En efecto, contrariamente a las embarcaciones, la única manera de detener un avión es derribándolo. Nadie podría tomar ese tipo de decisión irreversible sin una base jurídica sólida, que está muy lejos de existir. El Pentágono se atrinchera, en ese sentido, tras ciertas declaraciones del presidente del Consejo de Seguridad que datan de enero de 1992, pero que no tienen el valor de una resolución. En cuanto a los aspectos generales que conciernen a las responsabilidades colectivas en las acciones para impedir la proliferación, enunciadas en las cumbres del G8 de Kananaski y Evian, estos son muy vagos y no tienen ningún fundamento en lo tocante al derecho internacional.

A pesar de todo, los primeros ejercicios conjuntos tuvieron lugar en septiembre, en el mar de Coral y fueron organizados por los australianos bajo el nombre de «Protector del Pacífico» (Pacific Protector). Los españoles organizaron otros en octubre (operación SANSO) y los franceses lo hicieron en noviembre (operación Basilic 03).

Por el momento la PSI se limita, por tanto, a dar un carácter formal al intercambio de información de inteligencia sobre los asuntos de proliferación y a la organización de entrenamientos conjuntos en alta mar. Pero Washington desea ir mucho más lejos. Para el Pentágono, lo que está en juego, tras esta aparente voluntad de organización multilateral, es el control unilateral de los «espacios comunes». No se trata de vigilar todo lo que circule y de interceptar lo que sea peligroso sino de poder garantizar la libre circulación de mercancías, indispensable para la dominación económica. Es esta la obsesión principal de la política exterior de Estados Unidos desde hace dos siglos. Ese era ya el objetivo de la Carta del Atlántico y la verdadera razón de la participación de Estados Unidos en la guerra contra el expansionismo nazi y japonés, que limitaba la libertad marítima.

Aunque las otras grandes potencias estiman que la pretensión estadounidense de asumir el papel de gendarme global es abusiva, encuentran sin embargo interesante el dejar que sea el Pentágono quien juegue ese papel. Pero, para dar credibilidad a su posición marítima, y extenderla después al espacio aéreo y el cosmos, Washington tiene que demostrar su capacidad de intervención en todos los frentes.

Es por ello que el subsecretario de Estado encargado de la lucha contra la proliferación, John Bolton, anunció el 2 de diciembre que Estados Unidos realizaría próximamente «operaciones puñetazo». Durante una conferencia ante el instituto de análisis de la política exterior (IFPA) de Robert L. Pfaltzgraff y Frank Carlucci, Bolton declaró que había llegado, para Washington y sus aliados, el momento de «utilizar medidas drásticas» para disuadir a los proliferadotes.

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