Seguridad ciudadana: el modelo colombiano

En lugar de la retórica populista y las mentiras electoreras de muchos políticos que buscan con desesperación el poder para servirse de él y no para servir a los demás, los ciudadanos necesitan que los gobernantes ejecuten políticas públicas idóneas para prevenir y reducir los delitos, así como los riesgos de violencia y agresiones a los que se enfrenta toda población, impidiéndole llevar una vida diaria sin sobresaltos.

En esa dirección, la seguridad y la convivencia pacífica deben entenderse como la condición de libertad de los ciudadanos para ejercer sus deberes y derechos sin sentirse amenazados, mientras pueden gozar de un contexto de bienestar y tranquilidad. Algo que no ocurre en Latinoamérica.

A propósito, diversas naciones latinoamericanas recordarán el 2004, como un año en el cual los ciudadanos se volcaron a las calles para expresar su rechazo frente al avance de la violencia y la inseguridad. Marchas multitudinarias compuestas por cientos de miles de personas recorrieron Ciudad de México y Buenos Aires para exigir una acción más eficaz contra la delincuencia común y el crimen organizado. Incluso en Brasil, las masivas protestas resultaron determinantes para que se aprobara una nueva legislación -vigente desde septiembre del 2004- que limita la posesión de armas de fuego.

Las encuestas de opinión señalan que para los latinoamericanos el crimen es la segunda causa de preocupación y angustia después de la economía; en consecuencia, el desprecio masivo a la inseguridad, se ha convertido en un contundente tema de campaña, que en gran medida, ha permitido que lleguen a la presidencia de su país en el 2004, el empresario Óscar Berger en Guatemala y Antonio Saca en El Salvador; entre tanto, debido a su drástica política de seguridad interna, el mandatario de Colombia, Álvaro Uribe, disfruta de mayoritario respaldo popular, haciendo posible que el Congreso colombiano, apruebe una reforma constitucional admitiendo la reelección presidencial inmediata en favor de dicho presidente.

Frente a tal escenario y para tener una perspectiva más amplia, es útil recordar que en el sondeo Latinobarómetro del 2004, hecho en 18 países de la región, sólo una de cada tres personas tiene confianza en la policía (Chile es la excepción).
Es decir, se percibe a la policía como parte del problema y no de la solución; esto es comprensible, ya que a menudo, los efectivos policiales tienen una defectuosa preparación y carecen de recursos logísticos, pero también les falta mística y se encuentran contaminados por la corrupción o forman parte de muchas dependencias que rivalizan entre sí.

Para enfrentar la corrupción y superar la ineficacia, los gobiernos usualmente optan por crear nuevas unidades de «élite» o efectuar cambios de personal, en vez de llevar a cabo reformas estructurales. Asimismo, en muchos casos, quienes promueven modificaciones y modernizaciones en la policía, enfatizan en la necesidad de una mejor administración, el castigo severo a la corrupción y, en los países con sistema de gobierno federal, la fusión de las diferentes fuerzas.

Pero ha emergido también una alternativa con excelentes posibilidades, que puede servir como ejemplo a seguir para otras naciones latinoamericanas: la «vigilancia comunitaria», mediante una relación más estrecha entre la policía y la población, junto a mejores condiciones laborales y capacitación policial. Conozcamos este auspicioso modelo de seguridad ciudadana.

La policía comunitaria de Bogotá

En medio de un prolongado conflicto interno y lucha implacable del Estado contra el narcotráfico, en Bogotá, un nuevo concepto de seguridad preventiva e interactiva, hace posible que policías y vecinos trabajen juntos para anticiparse al crimen y a la violencia: el Policía Comunitario -agente dedicado a recorrer un barrio y forjar estrechos lazos de confianza y respeto mutuo con los habitantes- es todavía una iniciativa en vías de consolidación en América Latina.

Mayormente los países de la región poseen sistemas de policía nacional dependientes del gobierno central, como resultado de ello, las fuerzas del orden no actúan bajo el control de gobiernos locales o municipales y, por lo tanto, carecen de incentivos para afianzar buenas relaciones con los residentes. En esencia, la Policía Comunitaria innova el planeamiento y el funcionamiento de la policía, acercándola democrática y armoniosamente a la comunidad.

Los 1.000 policías comunitarios de Bogotá -de 12.000 efectivos que tiene la capital colombiana-, vigilan en parejas abarcando vecindarios de 2.000 a 4.000 habitantes y constituyen un replanteamiento del esquema policial tradicional de Latinoamérica y a la vez, representan el signo más evidente del esfuerzo que en los últimos diez años, ha efectuado esa ciudad de siete millones de habitantes, por reformular su estrategia de seguridad ciudadana.

Logros concretos

Según el «Observatorio de la Violencia» de la secretaría de Gobierno de Colombia, la cifra anual de muertes violentas en Bogotá (por homicidio, accidente de tránsito y otros), bajó de 7.144 en 1992 a 3.194 en el 2003. En consecuencia, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en Bogotá, es una de las menores entre las principales ciudades colombianas.

Por otro lado, una encuesta de 1995, revelaba que un 73% de los colombianos tenía una percepción negativa de la Policía Nacional; pero en el 2004 otra pesquisa, esta vez realizada por la Universidad Javeriana, indicó que 85% de los bogotanos tenía una imagen favorable de la Policía Comunitaria: un 86.3% aseguró que había respondido a sus demandas y quejas; un 90% dijo que su trato era amable y un 86.5%, que había mejorado su desempeño.

Dichos logros son más reveladores, si se tiene en cuenta que, tal como acontece con sus pares latinoamericanos, la Policía Nacional colombiana sufría en la década pasada, una grave decadencia institucional; el fenómeno de la corrupción y los vínculos con el narcotráfico era una característica dominante en todos sus niveles, situación que se agudizaba, debido a la extendida sensación, de que la policía únicamente reaccionaba frente a una escalada de violencia e impunidad criminal desbocada, sin que hubiera una estrategia orientada a prevenir la criminalidad y cooperar con la ciudadanía local para suprimir los orígenes del caos.

Este sombrío panorama comienza a cambiar en 1995, durante el primer mandato del alcalde Antanas Mockus, quien se propuso romper con muchos esquemas tradicionales y deficientes; no obstante carecer de facultades para modificar el hecho de que la policía bogotana sea parte del sistema nacional con un presupuesto limitado, Mockus se las ingenió para integrarla a los servicios municipales de Bogotá. Una acción inicial y determinante, fue proveer fondos municipales para capacitar a la policía; por primera vez, el presupuesto municipal incluyó una partida para la institución policial, logrando activar un proceso a través del cual, miles de policías pasaron a capacitarse en las universidades.

Gracias a un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, por 57 millones de dólares para el “Programa de apoyo a la convivencia y seguridad ciudadana”, se pudo brindar capacitación complementaria a 2.200 policías del área metropolitana, en asuntos vitales como: derechos humanos, abuso sexual, resolución de conflictos, pedagogía y metodología con adultos, conocimientos técnicos, entre otros. Bajo la siguiente premisa: lograr que la labor policial sea más preventiva que reactiva, formando un policía integral.

El concepto de la Policía Comunitaria, apareció en función directa a esas prioridades y buscando que los policías se aproximaran a la población hasta que se les llegara a considerar como “el amigo policía”, que a su vez pudiera ver y escuchar problemas o necesidades que la mayoría de los bogotanos no se sentía confiado a compartir con la tradicional Policía de Vigilancia, que recorre las calles con una misión mucho más reactiva.

La verdad, este modelo ha sido perfeccionado a través de los años, siguiendo el esquema de la “Policía de proximidad” que funciona desde 1999 en España, inclinado hacia el acercamiento e interacción entre la policía y los ciudadanos, para dar una respuesta personalizada, así como reconocer y resolver problemas de seguridad, privilegiando la descentralización.

Igualmente, se ha tomado como referencia a la experiencia japonesa y su exitoso programa “Gestión de la delincuencia” que ha permitido a las prefecturas de Nagasaki, Omura, Isahaya y Yagama, tener los índices más altos de protección y seguridad, según estadísticas internacionales. En paralelo, se ha explotado las enseñanzas de la reforma del sistema policial de Inglaterra en 1999, que incidió en la prevención y la responsabilidad ciudadana, tanto como en fijar metas y objetivos precisos.

En el ínterin se diseñó un perfil apropiado para el Policía Comunitario colombiano y se activó un curso de capacitación en la Universidad Javeriana de Bogotá, donde se preparó al policía para introducirse en el núcleo básico de una comunidad que padece agudos problemas de seguridad, y así descubrir lo que ocurre en su interior.

Desde su instauración en 1997, la Policía Comunitaria de Bogotá se ha transformado en un instrumento de acción preventiva para evitar que muchas personas cometan delitos, pasando a ser un agente de cambio social que coadyuva a formar los “Frentes de Seguridad” a través de los cuales, grupos de vecinos participan en su propia vigilancia y sistema de alerta temprana; a la par, crean conciencia comunitaria en los ciudadanos, mediante las “Escuelas de Seguridad” a nivel de barrio, y colaboran con las escuelas públicas para la formación de niños y niñas en temas de seguridad preventiva.

Concretamente, la vigilancia comunitaria se basa en una reconceptualización del servicio policial con el objetivo de implementar canales de comunicación directos y permanentes con la población, para conquistar primero su confianza y a continuación obtener información de primera fuente que sirva para contrarrestar potenciales actos delictivos y situaciones de riesgo, o dado el caso, facilitar la captura de forajidos y desarticulación de grupos delincuenciales.

La eficaz vigilancia comunitaria

Las horas de servicio del Policía Comunitario, transcurren recorriendo las calles en bicicleta o en moto, no a pie, para que se le diferencie de la Policía de Vigilancia tradicional; visita a los vecinos, participa en reuniones, conversa en las esquinas, atiende llamadas que ingresan a su teléfono celular o a su radio; realiza un análisis de seguridad preventiva: aprecia el barrio, reconoce factores de riesgo como viviendas y áreas abandonadas propicias para el narcotráfico o violaciones, personas de comportamiento sospechoso, obras peligrosas, lugares sin iluminar, cruces inseguros, cortes de energía o agua, situaciones insalubres para niños y adultos, asechanzas contra locales escolares, entre otros.

Esta valiosa información es trasladada a la estación de policía y se comparte con las autoridades municipales para que ellas ejecuten las acciones adecuadas a fin de subsanar las deficiencias y minimizar los riesgos. Paralelamente, con el objetivo de lograr una empatía con la población local, el Policía Comunitario pone en juego todas sus habilidades personales, pero fundamentalmente su capacitación para el manejo y resolución de conflictos, liderazgo, comunicación, disuasión, firmeza con la ley, creatividad, simpatía y otras más.

El horario del patrullaje varía de acuerdo a las necesidades de cada barrio; sin embargo, se procura que estén presentes al comenzar y terminar las escuelas, o cuando abre el comercio y, en los barrios de vida nocturna, siguiendo el horario de los locales.

Es pertinente precisar, que cuando se convocó a plazas para integrar la Policía Comunitaria, hubo muchos aspirantes pero pocos fueron los elegidos, quienes tuvieron que aprobar exámenes psicotécnicos, demostrar aptitud para las relaciones públicas, respeto a los derechos humanos, sensibilidad social, integridad, estabilidad emocional e iniciativa; todo esto, sin desviarse de las normas de la institución policial.

El esquema comunitario se extiende

Toda vez que la correcta actuación de la Policía Comunitaria, ha permitido reconstruir la imagen de la Policía Nacional de Colombia, las autoridades gubernamentales tienen la intención de extender dicho esquema a otras ciudades colombianas, para lo cual se sigue capacitando a los restantes 11 mil efectivos de la Policía de Vigilancia de la ciudad, en función de los principios de servicio al ciudadano, sensibilización y acercamiento, aunque la Policía Nacional continúe siendo más reactiva que proactiva y preventiva.

Para complementar el desenvolvimiento de la Policía Comunitaria, la Policía de Vigilancia de Bogotá ha optimizado su atención a la ciudadanía por medio de nuevos establecimientos apropiados para recibir denuncias y atender delitos de violencia intrafamiliar y sexual, con privacidad; es así como se han implementado 21 comisarías de familia y un conjunto de puntos CAI (Centro de Atención Inmediata) ubicados estratégicamente en la ciudad para coordinar la respuesta inmediata ante cualquier emergencia.

En esa línea de impulsar el trabajo en equipo y facilitar el intercambio de información utilizando la tecnología, se han estandarizado los procedimientos policiales; antes, por ejemplo, la Policía de Vigilancia, la judicial (criminal) y la de inteligencia, tenían algunos procedimientos contradictorios y otros iguales -duplicando esfuerzos y desperdiciando recursos- sin que prime un proceder coordinado y conjunto.

Frentes de Seguridad

Volviendo a las peculiaridades de la Policía Comunitaria, debemos remarcar que en 1998, se crearon los “Frentes de Seguridad” en Bogotá, como parte de una innovadora estructura cívico-policial que comprometa a los ciudadanos a colaborar con la policía para robustecer su propia seguridad, junto a la integración de la comunidad en el desarrollo de proyectos cívicos, culturales, deportivos, educativos, ecológicos y de salud; a su vez, surgieron con sobresalientes resultados, las “Escuelas de Seguridad” en los vecindarios, donde la Policía Comunitaria ofrece, durante 12 sábados o domingos, talleres, seminarios y charlas de instrucción, sobre normativa legal, funciones de la policía y acciones preventivas de seguridad.

El compromiso del alcalde de Bogotá, Jesús Garzón, es promover la expansión de estos “Frentes de Seguridad”; sobre el particular, dicha autoridad afirma que hasta enero del 2004, había en Bogotá, 8.183 Frentes para unos siete millones de habitantes. “El objetivo es llegar a mil más hasta enero del 2005 y crear de 4.000 a 5.000 hasta que finalice nuestro mandato, ya que los Frentes blindan a la ciudadanía ante la delincuencia e incluso ante los grupos subversivos”, enfatiza el burgomaestre.

Un método práctico usado por estos Frentes, que descansa en el concepto del “árbol telefónico” para alertar al vecindario sobre algún hecho sospechoso, acto delincuencial, una emergencia de salud o inundación; consiste en la instalación de un panel electrónico de alarma en la casa de quien lidera el Frente (encargado de hacer sonar la sirena y llamar a la policía u otros servicios de emergencia), conectado a la vivienda de los vecinos. Para tal efecto, estos últimos contribuyen con el costo del panel (equivalente a 120 dólares) y cuando alguno no lo puede pagar se busca ayuda de la alcaldía local; la Policía Comunitaria realiza las instalaciones gratis y para minimizar falsas alarmas se fija un sistema disuasivo de multas.

El importante rol municipal

Al igual que en otras naciones latinoamericanas, en Colombia el mantenimiento y dirección de la Policía Nacional es una responsabilidad del Gobierno Nacional; la diferencia está, en que la Municipalidad de Bogotá complementa la inversión en este rubro de manera significativa, en áreas de mantenimiento, dotación y educación. Así, en términos económicos, de 5 millones de dólares que se ejecutaron entre los años 1992 y 1995, se pasó a 32 millones de dólares entre 1995 y 1997; 52 millones en el período 1998-2000 y luego se han invertido 48 millones de dólares entre el 2001 y el 2003.

Estos montos se dirigieron a medios de transporte policial; equipos de comunicación; dispositivos de inteligencia; construcción de estaciones, centros de atención inmediata y demás infraestructura; en el campo de la educación, sirvió para implementar el plan “Formador de Formadores de Ciudadanos 1995-1997” y el plan “Seguridad y Convivencia Ciudadana 2001-2004”. En conclusión, uno de los pilares para hacer sostenible el sistema de Policía Comunitaria -frente a las carencias de la Policía Nacional-, es la inversión de dinero por parte de la municipalidad capitalina en el programa de vigilancia comunitaria.

Los efectos políticos no se han hecho esperar: un sondeo de la firma Invamer Gallup en el 2004, a propósito del cumplimiento del primer año de gobierno del alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, arroja que el 68% de los bogotanos aprueba su gestión y creen en él. En suma, el alcalde Garzón, del izquierdista Polo Democrático, es el segundo hombre con mayor popularidad en la ciudad, después del presidente Álvaro Uribe, a pesar de sus diferencias ideológicas.

La policía comunitaria en Latinoamérica

Un estudio del investigador Hugo Frühling, para determinar el impacto de la Policía Comunitaria en cuatro ciudades latinoamericanas: Sao Paulo y Belo Horizonte (Brasil), Bogotá (Colombia) y Villa Nueva (Guatemala); concluye que el resultado es positivo, porque el acercamiento de la policía a la comunidad -que reclama su continuidad- revitaliza los cuerpos policiales, incrementa sus niveles de apoyo social e impulsa reformas profundas de su estructura y funcionamiento.

En esa coyuntura, era previsible que estas cuatro iniciativas de seguridad ciudadana, puestas en marcha entre 1997 y el 2000, hoy sean sostenibles y disfruten de apoyo general. Claramente, la aplicación de programas de Policía Comunitaria dentro y fuera de la región, han logrado reducir significativamente el abuso policial y en consecuencia, se ha podido incrementar la percepción favorable de la opinión pública sobre el trabajo de la policía en general, estableciendo niveles de cooperación e interacción sin precedentes.

Reflexión final

La presencia del Policía Comunitario en las calles latinoamericanas, se verá muy limitada de no ir acompañada por reformas estructurales en las instituciones policiales en su conjunto, planes de capacitación, activa cooperación de la municipalidad local y coordinación interinstitucional en el ámbito público y privado; asimismo, la adecuación de este eficaz sistema de seguridad preventiva necesita una correcta descentralización, aunada a la flexibilidad -en turnos y horarios- para los policías y su capacidad para resolver conflictos; al tiempo que, la continuidad en la evaluación de los programas de Policía Comunitaria, contribuirá al perfeccionamiento gradual de sus procesos, a fin de consolidarse como un modelo alternativo de seguridad -para otras naciones afectadas por altos índices de criminalidad-, que no descuida las acciones coercitivas y la aplicación estricta de las normas, pero en un marco democrático, participativo y de cohesión social, tendiente a neutralizar las amenazas contra la integridad y el patrimonio de las personas, gracias a información confiable y oportuna.