El gobierno venezolano expropió los activos de la fábrica de papel más grande del país, luego de que finalmente fuera declarada en quiebra el pasado mes de Diciembre.

La compañía detuvo sus operaciones de producción en Septiembre de 2004, amenazando con la venta de sus maquinarias a sus acreedores. Los trabajadores de la planta, a quienes no se les había cancelado sus salarios durante tres meses, organizaron una campaña nacional para alentar la expropiación de la fábrica, que culminó con el anuncio oficial de ayer.

Con la nacionalización de Venepal, se otorgó un crédito de 6,7 millones de dólares para reiniciar la producción. El presidente venezolano, Hugo Chávez, firmó la declaración de expropiación de la fábrica, luego de que la Asamblea Nacional - con el apoyo de partidos de la oposición- declarara el jueves pasado a Venepal patrimonio de “interés público y social”, prerrequisito legal para proceder a la expropiación.

El secretario general del sindicato de Venepal, Edgar Peña, espera que la producción comience al cabo de dos semanas, con la fabricación de “Cuadernos Bolivarianos” para su uso en los programas sociales que adelanta el gobierno a través del Ministerio de Cultura.

Según Peña, los trabajadores de Venepal prepararon un informe detallado, dirigido a la Asamblea Nacional, sobre la viabilidad de que fuese administrada por los mismos trabajadores. Peña calificó al informe como factor clave para acelerar la decisión por parte del cuerpo legislativo.

Venepal había estado en serias dificultades financieras y estructurales desde 1997, pero en 2003 la compañía cerró la fábrica para apoyar el paro general contra el presidente Chávez. Aunque los trabajadores en la fábrica se opusieron al paro, la fábrica permaneció cerrada y perdió tanto dinero que se vio incapacitada para abrir de nuevo sus puertas.

En respuesta, los trabajadores de Venepal tomaron la planta, reanudando la producción bajo un régimen altamente exitoso, pero que duró poco: el régimen de administración por parte de los trabajadores. Un acuerdo al que se había llegado con la compañía fracasó poco después, trayendo como resultado el cierre más reciente de la fábrica en Septiembre de 2004.

El complejo Venepal cubre aproximadamente 3.680 hectáreas contiguas, que se encuentran en tres estados diferentes, con 2.000 hectáreas adicionales en estados circundantes destinadas a la producción agrícola. De los 900 trabajadores que fueron despedidos, sólo quedan 350.

Ante reporteros, ministros y los 350 trabajadores reunidos en el palacio presidencial, Chávez argumentó que “estas compañías emergentes no pueden verse a través del lente del capitalismo. Esa no es la forma. Debemos avanzar hacia la cogestión. No debemos temer a los trabajadores, ya que son el alma de estas compañías”.

Sin embargo, según Chávez, Venepal será administrada por el estado durante la primera etapa, para transformarse luego en una estructura cogestionaria entre los trabajadores y el estado. La ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias presidirá una comisión administradora de Venepal.

“No vamos a privatizar más nada. Lo que estamos haciendo aquí es una recuperación,” declaró Chávez
La expropiación de Venepal parece ser sólo el comienzo de un audaz plan enmarcado dentro de la estrategia de “desarrollo endógeno” del gobierno bolivariano. Según lo señalado en un reportaje en el periódico de Internet, aporrea.org,, Chávez también anunció planes para recuperar una planta procesadora de maíz, la creación de varias plantas procesadoras de alimentos, en un intento por romper los monopolios del sector privado y de todas las industrias de la región industrial de Guayana que están en manos privadas. Esta última categoría podría incluir Sidor, una de las industrias de procesamiento de hierro más grandes de Latinoamérica y escenario de continuos conflictos entre la compañía y su sindicato.

La aplicación de esta política en Guayana no sólo generaría la animosidad orquestada del sector privado; también podría generar conflictos entre los trabajadores y la gerencia de las compañías que ya funcionan bajo la administración estatal. La CVG, corporación a cargo de todas las empresas estatales en la región guayanesa, ha recibido fuertes críticas por parte de los trabajadores de Sidor (en la cual la CVG cuenta con un 20.5% de las acciones) y de Alcasa, una planta de procesamiento de aluminio, que es totalmente propiedad del estado.

“La expropiación de Venepal es una excepción, no una medida política ni gubernamental. No vamos a tomar tierras; si es de ustedes, es de ustedes. Pero iremos tras las compañías que estén cerradas ó abandonadas; tras todas ellas,” dijo Chávez

Jonah Gindin