Al fin el presidente Uribe Vélez comenzó a aterrizar y a mostrar un comportamiento menos beligerante y agresivo. La iniciación del arreglo definitivo con Venezuela, que ha llevado al regreso del Embajador venezolano a nuestro país y puso término a la etapa de los discursos detonantes, es una buena noticia.

El comunicado que expidieron los ministros de relaciones exteriores de los dos países, Carolina Barco de Colombia y Alí Rodríguez de Venezuela, abrió el camino a la normalización de las relaciones. Esperamos que la visita del presidente Uribe Vélez a Venezuela dé por terminada la crisis.

Pero hay cuestiones que deben ser claras: durante el conflicto la voz cantante de Colombia no la llevó la ministra de Relaciones Exteriores Carolina Barco, sino el aspirante a uniforme militar que es el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, unido por convicciones iguales con el director General de la Policía, quien estuvo con el Ministro en sus pronunciamientos. En la fiesta de declaraciones ligeras e irresponsables de esos dos funcionarios terció equivocadamente el propio Presidente, y la ministra de Relaciones Exteriores fue dejada al margen.

Fue la ministra Carolina Barco, junto con su homólogo de Venezuela, quienes lograron poner término al angustioso conflicto, desoyendo los llamados del gobierno de Bush para que Colombia no sólo enredara las relaciones con Venezuela, sino para que de paso se lanzara contra el gobierno de Cuba. Fue una notable decisión que los dos cancilleres hubieran sacado del asunto al gobierno Bush y su política de agresiones contra Cuba. La intervención y gestiones amistosas de Fidel Castro fueron un componente fundamental que Colombia agradece para dar fin al diferendo y restablecer la normalidad en las relaciones entre Venezuela y Colombia. Es de esperar que la visita del presidente Uribe a Caracas, para reunirse con el presidente Chávez, logre un verdadero punto final a lo sucedido.

Para los colombianos la cuestión es diferente. Hay varios funcionarios del gobierno, comenzando por el ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe, que incurrieron en el delito de soborno, cometido al pagar a miembros de la Policía y el Ejército de Venezuela el trabajo ilegal de secuestrar y trasladar a Colombia al señor Granda, guerrillero colombiano.

Esto debió hacerlo el gobierno colombiano utilizando sólo los procedimientos diplomáticos previstos en los tratados internacionales y en el derecho colombiano, que no autorizan el secuestro de los supuestos acusados, sino la extradición por las vías legales. Esta es la cuestión clave. Y los delitos del ministro de Defensa y otros funcionarios exigen sanción, de acuerdo con la ley y nuestro Código Penal. Es el primer paso que debe dar el gobierno Uribe para resarcir a los colombianos que sufrieron gravísimos perjuicios económicos y sociales como consecuencia de las medidas tomadas por Venezuela frente a la acción delictiva en que fue embarcada Colombia.

De ahí la importancia de que en el Comunicado de Prensa el gobierno exprese claramente "su mayor disposición para revisar los hechos que son de conocimiento público a fin de que si han resultado inconvenientes ante el examen de la República Bolivariana de Venezuela, no se repitan". Además, los colombianos perjudicados por la acción delictuosa que dirigió el ministro de Defensa tienen derecho a que ese funcionario y quienes lo acompañaron en el delito cometido salgan del gobierno, y a ser indemnizados por los daños que recibieron. Para ello pueden demandar a la nación.

La ultraderecha colombiana y don Juan Manuel Santos tendrán que reflexionar sobre el daño a la unidad nacional por su empatía con Bush. Miren que la Unión Europea ha normalizado sus relaciones con Cuba.

Apolinar Díaz-Callejas