En 1965, cuando Lyndon Johnson envió los Marines a la República Dominicana para proteger a un grupo de ciudadanos norteamericanos de una violenta guerra civil, Charles de Gaulle condenó la intervención pero pidió en secreto al presidente estadounidense que diera protección a la embajada francesa en el país. Johnson lo hizo, pero nunca recibió las gracias. Al contrario, Francia condenó la intervención en Vietnam y finalmente sacó a sus tropas de la OTAN. George W. Bush debió comprender lo que sintió Lyndon Johnson cuando oyó a Jacques Chirac denunciar la intervención estadounidense en Irak y presentar a Donald Rumsfeld como alguien «falto de cultura» después que la Casa Blanca dio su apoyo a la operación en Costa de Marfil.
Muchos creen erróneamente que la hostilidad francesa apunta personalmente al señor Bush cuando en realidad Francia ve en Estados Unidos una especie de amenaza desde hace varios decenios. Las raíces del problema están en el gaullismo, una forma de nacionalismo según la cual Francia debe influir en el destino de toda la humanidad. Francia no se ve ya a sí misma como un árbitro entre los dos bloques, como en la época de la guerra fría, pero quiere continuar conteniendo a «la hiperpotencia». Esto se manifiesta en el plano cultural (a niveles a veces ridículos como cuando una corte de justicia acaba de quitarle a la película Un long dimanche de fiançailles su nacionalidad francesa porque la financió la Warner Bros, aunque todo el equipo es francés y la película fue rodada en francés) pero sobre todo en el campo político. De esa manera, Francia no solamente se opone a la intervención estadounidense en Irak sino que ha tratado de sabotear por todos los medios los objetivos de Estados Unidos. Francia quiere actualmente que los grupos insurgentes que matan norteamericanos e iraquíes estén representados en la conferencia de Egipto.
Francia no puede esperar al fin del mandato de Jacques Chirac para realizar la esperanza de mejorar las relaciones ya que este podría buscar un tercer mandato o bien ser reemplazado por Dominique de Villepin, quien comparte su orientación. Sin embargo, castigar a Francia, como sugirió Condoleezza Rice sería una mala política. Hay que ignorar a Francia.

Parisino recientemente convertido en newyorkino, no he encontrado nunca en lo personal muestras de hostilidad a causa de mi nacionalidad, pero estoy estupefacto ante el nivel de los ataques contra mi país en los medios de difusión. Los sitios web antifranceses son innumerables.
Es cierto que la mayor intensidad de la campaña antifrancesa ya ha quedado atrás, pero esta ha cedido su lugar a una orientación antifrancesa más insidiosa. A causa de ello, John Kerry escondió al máximo sus orígenes franceses durante la campaña, sus consejeros le pidieron que no hablara francés y hasta los liberales de la costa Este ni hablan ya francés o ni siquiera toman vino de Burdeos. En los espectáculos cómicos, la cobardía y la ingratitud han venido a agregarse al estereotipo de la arrogancia francesa. Aquí, en el país de lo políticamente correcto, donde se condena cada observación sobre los orígenes étnicos o religiosos, los ataques contra los franceses no se encuentran chocantes... hasta parecen haberse convertido en parte de lo que se considera políticamente correcto.
En la guerra de Irak, Francia hizo el papel de Casandra y hoy sufre la cólera de Agamenón. En Francia no hubo nunca una emigración masiva hacia Estados Unidos, así que no existe aquí una comunidad que la defienda.
Encuentro chocante que en Francia los medios de difusión no hablen del papel de Francia en el escándalo «petróleo contra alimentos», pero el hecho de condenar esa actitud no me convierte en un antifrancés. De todas maneras, condenar una nación entera es una actitud que me es ajena. Es posible oponerse a una política sin oponerse a una nación.

El viaje de George W. Bush a Europa el mes próximo es presentado como un medio de restaurar nuestras relaciones con Europa, pero hay algo más urgente: restaurar la confianza de los europeos en nuestra capacidad de administrar el sistema financiero global. Bush se reunirá con muchos dirigentes políticos, militares y burócratas, pero debería reunirse también con los dirigentes de las grandes empresas -los mejores amigos de Norteamérica en Europa, continente donde las opiniones nos son hostiles.
La atención que se brinda a China y la India no cambia en lo absoluto el hecho de que Europa sigue siendo nuestro primer socio financiero y económico. Las inversiones europeas en Estados Unidos en 2002 se elevaban a 1 000 millones de dólares, cifra indudablemente más elevada hoy. Los europeos están sin embargo inquietos ante la devaluación del dólar y no creen ya nuestras afirmaciones a favor de un dólar fuerte. Hace falta que el presidente se comprometa firmemente a favor de un dólar fuerte y que adopte una política presupuestaria coherente con ese compromiso. Los dirigentes económicos europeos están asombrados ante la importancia de nuestro déficit público y de nuestra deuda externa y desean que disminuyan. Eso no les impide estar de acuerdo con la administración Bush en pedir a los gobiernos europeos una política más agresiva a favor del crecimiento y un aumento en los gastos de defensa.
Tenemos que recordar también que los países de la «nueva Europa» tienen menos importancia que Francia o Alemania en nuestra economía y que si retiraran sus 250 000 millones de dólares de inversiones en Estados Unidos, nuestra economía se vería afectada. Es por tanto importante trabajar con los dirigentes económicos europeos.

Al otorgar la semana pasada la medalla de la libertad, el mayor honor civil, a tres arquitectos de la guerra de Irak y de la posguerra, la Casa Blanca ha expresado claramente su criterio de que sigue el buen camino en la guerra contra el terrorismo y la democratización en el Medio Oriente. Pero los hechos demuestran lo contrario y un informe reciente del Defense Policy Board del Pentágono afirma que estamos perdiendo la guerra de las ideas contra el radicalismo islámico. Debemos resolver esta situación y, para lograrlo, nuestros dirigentes deben entender la naturaleza de los peligros a los cuales nos enfrentamos. Tenemos que reformar la organización de la seguridad nacional y de la toma de decisiones. Y esto incluye al Congreso y a determinados aspectos de nuestro gobierno. Tenemos que dar una respuesta global al problema con un programa de la envergadura del Plan Marshall durante la Guerra Fría. Ante todo, debemos esforzarnos por entender al enemigo. Hay que saber que quiere tomar el poder en el Medio Oriente. Arabia Saudita y su petróleo, y Pakistán y su armamento nuclear son presas tentadoras. Nuestro enemigo utiliza el terrorismo para alejar a los Estados Unidos de Europa y del Medio Oriente. También hay que entender que, contrariamente a la Guerra Fría, la guerra contra el terrorismo no encierra el peligro de una destrucción total de la sociedad, sino de una desorganización total de esta tal como ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos o el 11 de marzo de 2004 en España. Nuestras sociedades son vulnerables y es necesario reformar nuestro sistema de seguridad y de toma de decisiones. Desafortunadamente, nuestro sistema no parece poder reformarse. Tenemos que salir de este atolladero, pues de otro modo el despertar será doloroso.

Baas de 1968, consejero político en los Emiratos Árabes Unidos, presidente del Consejo de gobierno iraquí y ex presidente del Comité encargado de adoptar la ley administrativa provisional, Adnan Pachachi es miembro de la Asamblea Nacional Iraquí y dirige el Iraqi Independent Democrats Party.
Irak se encuentra a cuatro semanas de celebrar unas elecciones que no sólo van a situar en el poder al próximo gobierno, sino también a crear la asamblea encargada de redactar una constitución permanente. Es obvio que ninguna constitución será legítima si una parte del territorio no participa en la votación. Ahora bien, existe el riesgo de que esto ocurra. Si las elecciones se aplazaran algunos meses, podríamos incluir en el proceso electoral a los grupos que están excluidos del mismo y restablecer la seguridad. En ese sentido, la situación se ha deteriorado de manera significativa: los padres se niegan a enviar a sus hijos a la escuela por temor a que sean secuestrados, muchos no acudirán a votar por miedo a los terroristas y muchos candidatos no organizan sus mítines por la misma causa. Algunos consideran que aplazar las elecciones representaría una victoria para los terroristas, pero organizarlas ahora sería despojar de legitimidad sus resultados.
La seguridad, sin embargo, no es la única razón por la cual deben aplazarse las elecciones. De hecho, hace falta más tiempo para hacer una lista identificando a los numerosos exiliados iraquíes, así como para estructurar los programas de los partidos políticos. De igual modo, las elecciones deben aplazarse para facilitar el proceso de reconciliación nacional. Y esto debe hacerse antes de las elecciones, no después.

Parece que en la actualidad algunos piensan que dar la palabra a los pueblos es la respuesta para todo y que la democracia ya no necesita fortalecer la sociedad civil, transformar las relaciones sociales ni inculcar valores liberales antes de acudir a una votación. Desde Afghanistán hasta Irak, sin olvidar a Palestina, la elección de un nuevo gobierno se ha convertido en la panacea.
Es en Irak donde las elecciones asumen la mayor importancia. Previstas para el 30 de enero de 2005, deben permitir a los Estados Unidos iniciar su retirada, ya sea real o ficticia. No obstante, al igual que todas las demás etapas de la transición iraquí, se corre el riesgo de que las elecciones puedan provocar decepciones tan vívidas como las inmensas esperanzas puestas en ellas. Y esto sin hablar de la probable marginación de los electores árabo-sunnitas. Inclusive para los chiítas y los curdos, que serían los grandes ganadores en una participación masiva, el abismo entre la votación y los arreglos que deriven de ella será indudablemente profundo. El 30 de enero, en efecto, se celebrarán las elecciones para la Asamblea Nacional, el Parlamento curdo y los Consejos de Gobernadores. Estos tres escrutinios a la vez confundirán a los ciudadanos que no saben ni por quién votan, ni por qué mandato ni por qué programa. Esta confusión, sin duda, afectará la legitimidad de las opciones expresadas, comprometiendo así la estabilidad que se busca.
A esto se añade la selección del sistema de voto (basado en la proporcionalidad integral) que no permite la transferencia de votos en las regiones que presentan riesgo - fallo que, como hemos visto, puede costar caro a los árabes sunnitas y, por consiguiente, al país entero. Con el escrutinio por lista se corre el riesgo de dar la impresión de que la operación sólo habrá servido para ratificar opciones hechas de antemano y, además, en un contexto en que los estados mayores de los principales partidos políticos, algunos de los cuales acaban de volver del exilio, apenas han tenido tiempo para celebrar sus reuniones populares. Peor aún, al hacer del país una circunscripción única en vez de mantener las 18 gobernaciones, se corre el riesgo de dañar el peso de los regionalismos y otras sensibilidades ideológicas tan relevantes en la historia contemporánea del país. La circunscripción única elimina la pluralidad de estos micro-consuelos a favor de las manifestaciones solidarias más importantes, en especial la etnia y el credo religioso. No se votará por un proyecto de sociedad o por un programa político, sino para defender una pertenencia de identidad y garantizar así ganancias colectivas.
Finalmente, el último problema se refiere a las condiciones de eligibilidad. De conformidad con la ley sobre los partidos y los criterios de la comisión electoral, los candidatos no deben haber sido considerados culpables de enriquecimiento ilegal, ni haber sido miembros influyentes del partido Baas, ni haber tenido vínculos pasados o presentes con las milicias armadas. Intenciones loables, pero con candidatos favoritos como Ahmed Chalabi (regularmente acusado de corrupción), Abdelaziz Al-Hakim (jefe de las Brigadas Badr, una de las milicias principales) e Iyad Allaoui (ex miembro del partido Baas), en realidad, ¿de qué estamos hablando? Sumemos a esto el tener que pagar 2,5 millones de dinares (1 600 dólares) para ser admitido como candidato individual o 7,5 millones (4 800 dólares) para ser incluido en una lista, exigencia que, entre los candidatos potenciales, aumenta paradójicamente las posibilidades de aquellos cuyas finanzas son precisamente sospechosas o que, en un momento u otro, estuvieron cerca del antiguo régimen.
Para no agravar las relaciones con los Estados Unidos, Europa apoya las elecciones, pero esto no solucionará nada. Se mantendrán las incoherencias profundas de una ocupación que decide ignorar un nacionalismo que se le resiste y despertar el sentimiento comunitario que, en lo adelante, amenazará la propia unidad del país. Asimismo, se mantendrá el dilema de la presencia estadounidense, a la vez causa principal de la violencia y único freno para su extensión generalizada.

Con el voto de las dos Cámaras del Congreso y la firma garantizada del presidente, entrará en vigor la ley de reforma de inteligencia y se creará el cargo de director nacional de inteligencia. Esto tendrá aspectos positivos y negativos, pero la conservación de la información táctica por el Pentágono libra al proyecto de muchos problemas. Una cuestión burocrática crítica es decidir dónde radicarán su director y su administración: no puede ser en la CIA, pues esto los vincularía con una cultura responsable de numerosos fracasos. No puede ser en el Pentágono, pues se les acusaría de tener criterios parcializados. No puede ser en la Casa Blanca, pues se correría el riesgo de entrar en confrontación con el consejero para la Seguridad Nacional. Es preciso que cuenten con sus propios locales. Uno de los resultados positivos de la creación de este cargo es que las diversas agencias serán puestas en un plano de igualdad. Pero lo más importante no es la creación de este cargo, sino la reforma interna. Hay que disminuir el peso de la burocracia y aumentar el número de analistas. Hay que cambiar la cultura de la CIA que, con demasiada frecuencia, se niega a compartir sus informaciones, inclusive desde el 11 de septiembre. En la Defense Intelligence Agency (DIA) hay que incrementar el número de analistas regionales en el terreno. El Congreso y la prensa deben también asumir su parte de responsabilidad en lo que ocurre en el mundo de la inteligencia: sus presiones tienden a politizar dicha actividad.