La visita que realizó a la Argentina una delegación de la SIP encendió un debate sobre la relación del poder y los monopolios con la libertad de prensa. La polémica se disparó porque la comitiva difundió un informe preliminar sobre la situación “dramática” que viviría aquella libertad en nuestro país. Eso motivó la airada respuesta del presidente Néstor Kirchner, quien dijo que esas libertades están plenamente aseguradas. El debate continúa.

La visita

La Sociedad Interamericana de Prensa tiene su sede principal en Miami, Estados Unidos, y agrupa a diarios del continente. La orientación política surge del nombre de sus principales directivos y medios, que pueden consultarse en su página de internet.

El presidente de la entidad es Alejo Miró Cardona Cisneros, titular de El Comercio de Lima, Perú, de connotado derechismo empresarial. La primer vicepresidente es Diana Daniels, del The Washington Post, uno de los dos diarios más importantes de Estados Unidos. Y el segundo vicepresidente es Rafael Molina, de El Nacional de Santo Domingo.

A veces puede haber medios con un staff determinado y que al mismo tiempo mantienen cierta independencia periodística-política. No es el caso de la SIP. Desde sus primeros intentos de fundación en 1926 hasta la definitiva constitución en los ’40, siempre tuvo una fina sintonía con la onda del Departamento de Estado y los gobiernos oligárquicos de la región. La creación formal del organismo fue en La Habana, dieciséis años antes de que a esa ciudad entraran los barbudos que bajaban de Sierra Maestra. Es otro dato a tener en cuenta para saber de quién hablamos.

El miércoles de la semana pasada arribó a Buenos Aires una misión de la SIP presidida por su titular peruano e integrada por el guatemalteco Gonzalo Marroquín, responsable de la comisión de libertad de prensa; los ex presidentes de la SIP, Danilo Arbilla, Búsqueda, Uruguay; Robert Cox, The Post & Courier, Carolina del Sur y Edward Seaton, Periódicos Seaton, Kansas; Roberto Rock, de la Comisión de Libertad de Prensa de México y Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa.

Ese equipo de máximo nivel difundió un crítico documento sobre el estado de la libertad de prensa en Argentina. Allí se acusó al gobierno de presionar constantemente al periodismo y practicar una estrategia de comunicación para “desinformar” a los ciudadanos. La segunda crítica apuntó a que el PEN asigna publicidad oficial “sin tener en cuenta pautas técnicas ni profesionales”.

La refutación kirchnerista aseguró que la libertad de prensa está plenamente asegurada y que la impugnación de la SIP sobre la forma como se distribuye la pauta oficial pretende favorecer a los grandes medios en detrimento de los pequeños y medianos.

Periodismo y dictadura

El uruguayo Danilo Arbilla -ex presidente de la entidad- aprovechó la conferencia de prensa en Buenos Aires para clavar un estilete en el lomo del patagónico. “Me extraña que el presidente Kirchner, que defiende y fomenta los derechos humanos, no contribuya con uno que es esencial, por eso la SIP se pronuncia a favor de una ley pública de acceso a la información”, dijo ese visitante.

La reacción del aludido fue instantánea, sacando a relucir los antecedentes de Arbilla -responsable del semanario Búsqueda- como secretario de prensa de la dictadura cívico-militar uruguaya en los ’70. El diario montevideano La República reflotó en estos días la currícula de su connacional, que no luce precisamente como democrática.

La SIP tiene sus propios criterios sobre democracia: desde Miami califica de “dictaduras” a los gobiernos de Chávez y Fidel Castro. En cambio, quien fue funcionario de la dictadura fascista que asoló Uruguay puede ser sin ningún inconveniente ético ex presidente de la entidad y actual directivo. Y, sin ponerse colorado, pontificar sobre la “libertad de prensa”.

Otro de los “próceres” del periodismo marca SIP es José Claudio Escribano, subdirector de La Nación y de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina) hasta la 42ª Asamblea del año pasado. A ese blanco apuntó el jueves el contragolpe presidencial, durante un acto donde se entregó información de la SIDE a la justicia sobre el atentado contra la AMIA.

“Siempre digo que la SIP está emparentada con el doctor Escribano, que tanto se ocupó por la libertad de prensa en la dictadura militar de la Argentina (...), cuando había periodistas detenidos, desaparecidos, torturados, extorsionados, ahí no había libertad de prensa”, disparó el santacruceño.

Lamentablemente ADEPA salió en defensa de Escribano y la Gaceta Ganadera que dirige en los hechos pues la dirección de Bartolomé Mitre, miembro del Consejo Directivo de la SIP, es protocolar-comercial.

Más coherente fue esta defensa del personaje: “Apéndice: después de haber conocido al doctor Escribano por décadas, tengo de él el más alto concepto moral y profesional. Las expresiones agraviantes que pronunció el presidente de la Nación sólo han sido posibles, por ello, a partir de un total desconocimiento de su valor como periodista y como persona”. Era Mariano Grondona. “Dios los cría y La Nación los amontona”.

La “tribuna de doctrina” nunca publicó la lista de periodistas desaparecidos (nómina actualizada por LA ARENA 8/6/2004). Más aún, tampoco aceptó en mayo pasado que Ana Feldman publicara un aviso recordatorio de su madre fallecida Mabel Itzcovich donde constara que Laura Feldman, su hermana, está desaparecida desde 1978.

Periodismo comprometido

Se suele usar la frase común de lo bueno que es contar con un “periodismo comprometido”. El problema se presenta a la hora de estimar comprometido con qué. Al revisar el listado del consejo directivo de la SIP ve que los dos integrantes de diarios argentinos son el mencionado Mitre y Nélida Esther Rajneri, del Río Negro. La SIP se preocupa por ambos medios. Luego de divulgar en Buenos Aires su crítico informe sobre la libertad de prensa, la comitiva fue a Río Negro, a alentar la postura de ese matutino frente a los inconvenientes que tuvo con la pauta oficial del gobernador neuquino Jorge Sobisch.

Hay mucho para decir sobre los favoritismos del gobierno con determinados medios y la discriminación que sufren aquellos no monopólicos que desarrollan sus actividades en el interior. Este diario lo ha hecho a menudo. Incluso licitaciones u obras a realizarse en determinadas provincias suelen anunciarse exclusivamente en “medios de circulación nacional”, léase editados en la Capital Federal.

Esa costumbre viene de años y lamentablemente es continuada por el actual mandatario, lo que implica no sólo una actitud hostil a los medios provincianos sino también una violación al federalismo tan pletórico de palabras como semi hueco de contenidos.

Pero difícilmente la defensa de esas fuentes de trabajo y de una real libertad de prensa provenga de la SIP, por su linaje oligárquico y pro estadounidense. Digámoslo claro: esa entidad simboliza el establishment mediático profusamente enraizado con las firmas y bancos multinacionales.

Precisamente a esa conexión económica aludió una de las estocadas kirchneristas cuando habló de que los medios afiliados a la SIP defienden los reclamos de las empresas privatizadas de lograr aumentos tarifarios. Y no se trata de amor platónico: en 2004 esas multinacionales habrían sido responsables de una inversión de 7.800 millones de pesos en esos diarios, radios y canales. Según la cuenta oficial, la pauta publicitaria del Estado no superó los 100 millones de pesos.

Si esos números son correctos pondrían al trasluz el cemento que une la alianza estratégica entre la SIP, los medios de comunicación dominantes y las privatizadas.

Según nuestra opinión, esa coalición es la amenaza principal que se cierne sobre la libertad de prensa, las fuentes de empleo de muchos trabajadores de la comunicación y el nivel de vida de los argentinos.

Esto no significa callar frente a las políticas oficialistas de un gasto publicitario que suele dejar de lado a los medios del interior. Algunos de los funcionarios tuvieron que ver con que saliera del aire el programa televisivo de Jorge Lanata en América y que Página/12 no publicara en octubre de 2004 la nota crítica de Julio Nudler sobre los seguros. O que, paralelamente, este gobierno entregue generosas pautas al grupo Clarín (donde el banco estadounidense Goldman Sachs tiene el 18 por ciento del paquete accionario desde 1999) y al grupo Hadad-Moneta (canal 9, radio 10, Infobae).

Evidentemente no son todas mentiras las críticas que la elitista SIP y los brutos servicios de Seprin (Servicio Privado de Información) hacen a la gestión de Kirchner. El jefe de gabinete Alberto Fernández es mencionado como el monje negro de las operaciones mediáticas para mantener elevados los índices de popularidad presidencial con dinero del Estado. Por algo el PEN insistió en los superpoderes de ese ministerio para alterar montos y destinos del presupuesto nacional 2005.

LA ARENA

Emilio Marín