La Policía entró a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Los miembros de la Comunidad de Paz se desplazaron a un nuevo asentamiento. Cinco de sus miembros desaparecieron pocos días después. Se confirmó de este modo lamentable que la comunidad tenía razón en su desconfianza.

Lo que hay detrás de todo esto ha sido desenmascarado por la misma Comunidad: "Una nueva advertencia de incursión paramilitar expresaron unidades militares de la Brigada XVII a los pobladores afrodescendientes del Cacarica: ’nosotros nos vamos a retirar de la región’, decían, y advertían que al salir ingresarían los paramilitares. [Tenían por qué saberlo].

La advertencia militar ocurre cuando después de dos años de presencia permanente en el Cacarica no han enfrentado a los paramilitares que se encuentran en La Balsa, Río Sucio, La Honda... en momentos en que se adelanta una deforestación mecanizada de los cativales entre los poblados de Cirilo, La Balsa... donde una base paramilitar en San José de Balsa hace parte de los proyectos agroindustriales de plátano, banano, ganadería extensiva y la palma aceitera..."

Esta historia nos permite atisbar los entretelones del plan paramilitar que una vez más se apodera del país: la deforestación ilegal y la realización de proyectos agroindustriales ilícitos dentro del territorio colectivo del Cacarica y de otros lugares. Esta no se limita a la región del Atrato sino que se extiende también por los Llanos Orientales, donde la carnicería protagonizada por las facciones paramilitares y los escándalos de los políticos venales van descubriendo la telaraña de una acción que usa la sevicia de las motosierras y los fusiles como instrumento, pero cuyos objetivos son a todas luces políticos, económicos y sociales, como se confirma en el Catatumbo, el Putumayo y la Costa Atlántica, regiones donde a la corrupción política se suman el tráfico de armas, el contrabando y, desde luego, el narcotráfico.

El debate del Congreso colombiano sobre la ley de justicia y paz ha dejado ver cómo estos conceptos no son unívocos para los "padres de la patria" y cómo las bravuconadas de los capos paramilitares en ese mismo recinto no eran una comedia de mal gusto sino más bien una amonestación a sus secuaces en los escaños del órgano legislativo. Los subentendidos de toda la discusión van mostrando que el proceso 8000 no solo no dejó ver ni la punta del iceberg del narcotráfico, sino que apenas logró poner sobre la mesa el tema, sin que hasta hoy se haya tocado el meollo de la cuestión. Claro está que tocar este corazón del problema no se logrará sin sacudir los intereses financieros mundiales y, por lo tanto, tendrá que remitirse a las calendas griegas.

Para Colombia la Comunidad de San José de Apartadó deja en evidencia que la incomodidad que le produce al establecimiento de su país se explica porque las familias que persiguen la paz a toda costa meten palos entre las ruedas de prósperos mercaderes, aquellos para quienes los derechos humanos impiden el enriquecimiento rápido, la devastación del tercer mundo y, sobre todo, la esclavitud de millones de trabajadores a los cuales hay que mantener en los grilletes de la pobreza: el analfabetismo, la alta morbilidad, la alta mortalidad y ojalá en la guerra del fin del mundo. Para esos privilegiados su mundo poco tiene que ver con las fronteras nacionales porque éstas solamente les sirven para encerrar a sus siervos mientras realizan la devastación que iniciativas como las Comunidades de Paz insisten en denunciar e impedir por las buenas.

Alejandro Angulo S.J