“(...) aún somos pueblos en resistencia. Yo creo que la humanidad se mueve constantemente, existe el conflicto. La idea es cómo superar el conflicto. (...) nosotros mismos hemos generado cambios de hace veinte o treinta años y aquí lo vemos en la práctica. La diferencia es que no es a la fuerza, no es por las vías de las armas, ahí si diferimos mucho, ahí hacemos un cambio de forma razonada e inteligente, aprovechando los valores que tenemos (..) hoy nos toca resistir desde el espacio local, frente a unos hechos grandes, frente a unos imperios que se han construido en el mundo (...) entonces, hoy la resistencia es frente a eso, es defender el plan de vida, es pedir respeto a la diversidad cultural, es hacer frente a unas acciones que están contra la vida y los Derechos Humanos (...)”(1).

Las imperantes lógicas de la guerra atentan contra la resistencia noviolenta y el patrimonio de paz que ellas representan en Colombia. En un país como Colombia, caracterizado por la reiterada presencia de diversas violencias a lo largo de su historia y un “ciclo de violencia”(2) siempre abierto, alimentado por el odio y el deseo de venganza que se cultivan de generación en generación, son frágiles los imaginarios de la paz y es generalizado el escepticismo frente a las posibilidades de la misma.

Son reiteradas y diversas las evidencias históricas del continuo de violencia en este país. Durante el siglo XIX este fenómeno social se materializó en 14 años de lucha por la independencia(3), ocho guerras civiles nacionales(4), 14 guerras civiles locales, dos guerras internacionales con Ecuador, y dos golpes de estado(5). En el siglo XX, en una guerra internacional contra el Perú, confrontaciones partidistas que alcanzaron su máxima expresión en la insurrección generalizada de 1.948, reiterados levantamientos y el conflicto armado interno que ha alcanzado una duración de casi 40 años y es considerado como el más antiguo del continente(6). A estas expresiones de violencia directa se aúnan las de violencia estructural, evidenciadas en pobreza y miseria, exclusión social, injusticia, represión, racismo y sexismo entre otras.

Este contexto de violencia ha negado posibilidades a la paz y ha llevado a algunos analistas a afirmar que es Colombia un país en guerra endémica permanente(7).

En oposición a esta realidad y como excepción, en la historia reciente de Colombia, hallazgos de la investigación para la paz(8) han evidenciado que en este país la paz ha encontrado escenarios reales y factibles. Ellos se materializan en experiencias de resistencia noviolenta de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y otras iniciativas de paz desde la base, que representan el legado de estos pueblos y comunidades a la construcción de la paz y a su vez constituyen el patrimonio de paz de este país.

En estos escenarios se materializa un ejercicio colectivo de construcción de paz, no desde el discurso, ni las teorías académicas sin conexión con la realidad, ni los procesos de negociaciones de paz y mucho menos la fuerza de las armas; sino desde acciones noviolentas que encuentran su origen en las culturas, necesidades y aspiraciones propias de los pueblos y comunidades que las generan y dinamizan.

Desafiando el continuo de violencia y el escepticismo frente a las posibilidades de la paz, experiencias comunitarias indígenas, afrocolombianas y campesinas se han organizado sin hacer uso de la violencia para transformar la realidad, desarrollar un proyecto político propio y democrático y responder al impacto directo de diversas violencias como la exclusión, la negación de sus culturas y derechos, la injusticia social y el conflicto armado.

Estas experiencias han otorgado otros significados a la paz, que superan su generalizada y restringida comprensión como ausencia de guerra y de conflicto, o silenciar de fusiles. Para ellos la paz es integral y equivale a la defensa de la vida y demás derechos humanos; la protección de sus comunidades, culturas y territorios; el ejercicio de autonomía o autodeterminación; la profundización de la democracia; la inclusión social; el reconocimiento de la diversidad étnica y de los derechos de los pueblos; y el desarrollo concebido como proyecto colectivo generado desde la cultura y necesidades propias. A su vez, ellas han aplicado el principio de Gandhi de que “no hay camino para la paz, la paz es el camino”, dentro de un ejercicio coherente de transformar la realidad y construir la paz no desde los mecanismos socializados por el continuo de violencia, sino desde métodos y acciones noviolentas.

Son muy significativos los logros que han alcanzado. Dentro de ellos se identifican: la duración de sus procesos que oscila entre 24 y 4 años; las poblaciones que las jalonan, que fluctúan entre 255.480 y 1.200 personas; la recuperación y protección de sus culturas, comunidades y territorios; su ejercicio de autonomía o autodeterminación frente al conflicto armado y todos sus actores; la elaboración participativa de sus planes de vida, proyectos de etnodesarrollo o planes de desarrollo; la protección del medio ambiente y la naturaleza; la prevención del desplazamiento forzado; la disminución de la intensidad del conflicto armado en sus territorios; la elaboración participativa de planes, manuales, mingas y estrategias de resistencia noviolenta; sus procesos decisorios altamente participativos; el reconocimiento obtenido a nivel internacional y nacional; el apoyo de representantes de la comunidad internacional, las Iglesias y las ONG nacionales; la generación de una cultura de paz; la constitución de experiencias ejemplarizantes de construcción de paz; la defensa de los derechos humanos y la exigibilidad del Derecho Internacional Humanitario.

A pesar de estos importantes logros, hoy se registra en el país un proyecto de muerte, desconocimiento y aniquilación dirigido contra estas experiencias de resistencia noviolentas y el patrimonio de paz que ellas representan. Es el proyecto y las lógicas de guerra de quienes ejercen la violencia y no conciben otra solución distinta de la armada para resolver el conflicto interno.

Este proyecto se evidencia en la agresión persistente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó que recientemente cobró la vida de Luis Eduardo Guerra, uno de sus líderes fundadores y el desplazamiento de su población; el accionar violento, los hostigamientos y las amenazas de los actores armados contra las comunidades afrocolombianas de la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA), en el medio Atrato Chocoano; las agresiones de las Autodefensas contra la comunidad campesina de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) en el Magdalena Medio Santandereano; y el accionar violento de la insurgencia contra las comunidades indígenas y campesinas de Toribío y Jambaló en el norte del Cauca, en su confrontación armada con la Fuerza Pública asentada en los cascos urbanos de las comunidades, que ha generado el desplazamiento masivo de la población, la destrucción de bienes civiles y el minado de importantes vías de comunicación.

Es lamentable y constituye un error histórico, que en lugar de apoyar y fortalecer estas experiencias, autorizadas voces del gobierno nacional, como el Presidente de la República y el Ministro de Defensa, las descalifiquen, cuestionen, estigmaticen y ordenen su militarización. En igual forma, que la insurgencia dirija su accionar violento contra sus comunidades y bienes civiles, desconociendo su condición de población civil, su autonomía o autodeterminación y su opción respetable de no hacer parte del conflicto armado; y que las autodefensas en manifiesta violación de su compromiso de cese de hostilidades y desconocimiento de su autodeterminación incursionen en sus territorios y desplieguen su accionar violento contra sus comunidades.

Por sus procesos noviolentos, las poblaciones que los generan, los contextos de alta violencia en que surgen, sus significativos logros, su comprensión de la paz y sus aportes a la construcción de la paz, estas experiencias representan el patrimonio de paz de Colombia. En esta condición deben ser reconocidas no solo en el contexto internacional sino en el nacional, apoyadas, fortalecidas, protegidas y respetadas. Ello implica la desmilitarización de sus territorios, su exclusión de las hostilidades, el apoyo a sus procesos de desarme y opción por la noviolencia, el mejoramiento de las condiciones de vida de sus poblaciones, el fortalecimiento de su ejercicio de resistencia noviolenta, la difusión de sus procesos y propuestas y la protección de sus líderes y comunidades.

Frente al proyecto de muerte y aniquilamiento mencionado, corresponde a la sociedad civil como importante actor del proceso de construcción de paz, generar un movimiento nacional e internacional de apoyo, acompañamiento y protección de estas experiencias como patrimonio de paz de este país; insistir en la búsqueda de una solución negociada del conflicto armado; y facilitar una comprensión adecuada de estas experiencias ante el gobierno nacional y la opinión pública en general.

Notas

1. Entrevista con Marcos Yule, citado en: Esperanza Hernández Delgado, “Resistencia civil artesana de paz” , Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana y Programa Suizo para la Paz de Colombia - SUIPPCOL, Bogotá, diciembre de 2004, Pág. 39.
2. El ciclo de la violencia puede ser comprendido como la consecuencia del continuo de violencias que hunden sus raíces en sucesivas generaciones mediante el odio y el deseo de venganza, produciendo y reproduciendo diversas modalidades de este fenómeno social.
3. Malcom Deas / Fernando Gaitán, “Dos Ensayos Especulativos sobre la Violencia en Colombia”, Fonade y Departamento Nacional de Planeación, Tercer Mundo Editores, 1995.
4. Se identifican dentro de estas, la de Urdaneta en 1.830, la de los supremos en 1.839, la de 1.851, la revuelta de Melo en 1.854, la revolución de 1.860, la revolución de 1.876, la revolución de 1.885 y la de los mil días de 1889.
5. Gonzalo Sánchez G., Ob., Cit.
6. Ibídem.
7. Gonzalo Sanchez G, "Los estudios sobre la violencia. Balance y Perspectivas", en: Pasado y Presente de la Violencia en Colombia, Editorial Cerec, Bogotá, 1995, Pág. 19.
8. Como la que recoge el libro: “Resistencia civil artesana de paz Experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas”, de Esperanza Hernandez Delgado, patrocinada por el Programa Suizo para la paz de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Ciencias Políticas, diciembre de 2004.

Esperanza Hernández