Si algunos pretenden que este es el tiempo para sentirse satisfechos con el desenlace de las protestas que tumbaron a Lucio Gutiérrez, que es el tiempo del retorno a la calma (y según la nueva aplanadora socialcristiana en el Congreso, que también es el tiempo del retorno al “estado de derecho”), no están sintonizados con los reales sentimientos del pueblo.

La crisis política no ha concluido, pese a que la caída de Gutiérrez es de por sí un triunfo de la lucha de las masas; simplemente ha tomado nuevas formas. El actual gobierno no goza de la absoluta confianza de los ecuatorianos, pese a que en el Gabinete existen dos ministros que han sido fuentes permanentes de este quincenario, con quienes compartimos criterios y a quienes deseamos suerte en su gestión: Rafael Correa, ministro de Economía, y Mauricio Gándara, ministro de gobierno.

Palacio no goza de la confianza de la población porque el clamor de: “¡que se vayan todos!”, que se expresó en las protestas que tumbaron a Gutiérrez, significaba el anhelo de cambios profundos en el poder político del Estado, lo cual no sucede con la salida “institucional” que impusieron las elites. El Presidente de la República tarde o temprano terminará prisionero de las exigencias de la embajada norteamericana y del Partidos Social Cristiano e Izquierda Democrática, a quienes lo único que interesa es repartirse el pastel: los tribunales y la Corte, y trabajar en función de las próximas elecciones, mostrándose como intérpretes del sentimiento popular, con medidas como la mal llamada autodepuración del Congreso.

Luego de haber tranquilizado al imperialismo norteamericano, Palacio trata de legitimarse frente a la población, y hoy busca liderar un supuesto proceso democrático de consulta a través de asambleas populares, y del planteamiento de una consulta popular que recoja, según dice, la opinión acerca de los cambios que deben producirse en el Estado.

Esto muestra un escenario futuro de intenso debate y confrontación ideológica y política con sabor a elecciones, del cual las organizaciones populares no deben quedar fuera, aunque ese sea el propósito de algunos autonominados líderes forajidos. Los medios de comunicación democráticos y alternativos como OPCIÓN están obligados a asumir una posición clara, aunque ello signifique correr riesgos en nuestra seguridad, como quedó demostrado con las amenazas que recibió nuestro co editor general, Fernando Oña Pardo, días antes del derrocamiento de Gutiérrez.

Frente a nuestros lectores, nuestro compromiso es sostener una actitud frontal de denuncia a quienes pretenden manipular al pueblo, ocultos en ONGs financiadas y controladas por los Estados Unidos, y continuar en nuestra línea de análisis profundo de los fenómenos económicos, sociales y políticos, desentrañando su esencia, y dándoles una interpretación desde el enfoque popular.

Consideramos que este es un momento de crecimiento de la tendencia de comunicación alternativa o contrahegemónica, por lo que la responsabilidad de quienes hacemos este tipo de periodismo se redobla. Es necesario insertarse y contribuir a un debate franco y democrático, sin exclusivismos ni prejuicios, entre los diversos sectores que en este momento actúan en el espectro popular, e ir construyendo juntos un proyecto que nos reivindique a todos y que signifique reales transformaciones.