Después del 11-S, Estados Unidos concedió alta prioridad a su protección interna, procediendo a la reorganización de su aparato de seguridad nacional, unificando todos los servicios en el Departamento de Seguridad de la Patria que cuenta con 180.000 empleados, agentes, informantes y funcionarios; 22 agencias gubernamentales y 15 servicios de inteligencia, todos con el equipamiento necesario y miles de millones de dólares de presupuesto.

Entre las tareas asumidas por el flamante súperministerio, están las cuestiones migratorias que fueron segregadas del Departamento de Justicia porque, desde entonces, los derechos que pudieran tener los extranjeros que llegan a los Estados Unidos, no prevalecen sobre los intereses de seguridad nacional.

Un cardenal con pasaporte expedido por El Vaticano, sobre todo si es latinoamericano, puede resultar tan sospechoso como un árabe. El 11 _ S es una frontera en el tiempo: no se trata ahora de justicia, sino de seguridad.

Esos cambios institucionales le han complicado la vida al terrorista Luis Posada Carriles, porque la instancia que debe decidir sobre su futuro, no fue creada para hacer política, sino para proveer seguridad.

La única probabilidad que tiene Posada Carrilles con antecedentes terroristas exhaustivamente documentados por los servicios policíacos y de seguridad norteamericanos y de una docena de países para obtener amparo en los Estados Unidos, es que intervenga el presidente Bush y, a riesgo de cometer el mismo delitos, personalmente asuma la enorme responsabilidad de dar protección a un connotado terrorista.

De no ocurrir esa circunstancia, en los próximos días se debatirá: ¿Qué hacer con la papa caliente? ¿Para dónde remitir el bulto? ¿Quién quiere al delincuente?

Usualmente cuando las autoridades de un país deciden deportar a una persona indocumentada lo hacen devolviendo el sujeto al lugar de donde procede, cosa que generalmente se determina fácilmente: los mexicanos son de México y los haitianos de Haití.

¿De dónde llegó Posada Carriles? ¿A qué país pertenece?

Según han confesado sus cómplices y abogados y ha sido corroborado por investigaciones periodísticas del diario «¡Por Esto!» y por testigos presenciales y seguramente ratificará el encartado tan pronto sea entrevistado por las autoridades del Departamento de Seguridad de la Patria, a quien corresponde actuar, Posada entró a Estados Unidos desde México.

Técnicamente, la procedencia lo hace deportable a México que seguramente no lo querrá. Posada no es mexicano ni tiene residencia allí y dado que en esta oportunidad entró y salió clandestinamente, no consta oficialmente. Además Estados Unidos no pondría a las autoridades de su vecino más cercano e incondicional en semejante aprieto.

Por otra parte, no es un buen momento para negociar con su canciller, presumiblemente molesto por la retirada del apoyo prometido por Estados Unidos, a favor de su rival el chileno Insulza. México puede ser descartado.

El Salvador no es un buen lugar para el retorno, porque se ha vuelto demasiado notorio, la oposición y la sociedad civil disponen de cierta capacidad de movilización y además, últimamente Estados Unidos le ha pedido demasiados favores, desde prestar su territorio y las instalaciones militares de Ilopango como base para el Irán-Contras, hasta enviar un contingente militar a Irak. Además, no es buena idea que una superpotencia dependa de un país tan pequeño y con autoridades desprestigiadas.

Honduras se elimina, porque recientemente hizo el favor de acogerlo cuando regresaba de Panamá indultado por la presidenta Mireya Moscoso y no se puede pensar en Cuba, porque no lo quiere. Aunque Posada nació allí por error y ha cometido contra sus ciudadanos los crímenes más espeluznantes, entre ellos hacer estallar un avión de Cubana de Aviación con 73 personas a bordo, Cuba ha renunciado a todo derecho.

No hay que romperse la cabeza. La solución con arreglo a derecho no puede ser más sencilla. Mándenlo para Venezuela.

Posada Carriles es ciudadano venezolano y prófugo de la justicia de ese país, cuyas máximas instancias lo reclaman, no sólo por delitos internacionales, sino por fechorías cometidas en Venezuela y que contravienen las leyes venezolanas.

Luis Posada Carrilles: Terrorista profesional de origen cubano. Trabajó para la CIA. Cabecilla de grupos de sabotaje contra objetivos civiles en Cuba, causantes de miles de víctimas mortales. Coautor del «Crimen de Barbados» contra pasajeros de Cubana de Aviación. Posee la ciudadanía venezolana, en cuyo país tiene un proceso criminal pendiente. Su último acto fue el intentar, por enésima vez, asesinar al Presidente Fidel Castro, aunque en el atentado iban a morir varios jefes de Estado de América Latina, así como dignatarios extranjeros y panameños. Fue detenido en Panamá por delito flagrante y luego «indultado» por la entonces presidenta M. Moscoso con un decreto atentatorio a la lucha antiterrorista enarbolada por Washington. Fugó por Centroamérica y México hasta ingresar a Estados Unidos, su hogar más conocido, donde permanece de manera pública aunque sus autoridades «desconocen» (¡!) que haya cruzado la blindada y famosa frontera con el Río Grande.