El primero de mayo de 2005 pasará a la historia. Como no había sucedido en estas fechas en Bogotá, un joven activista, Nicolás Neira, fue asesinado. Sobre la carrera séptima entre calles 19 y 18, los agentes del Escuadrón antidisturbios de la policía nacional se ensañaron con el cuerpo inerme de quien con alegría y desprevención celebraba algo que le habían contado: el Día Internacional de los Trabajadores.

El jefe de la jauría señaló la víctima. Un golpe seco, el cuerpo del niño de quince años cae, como buitres lo rodean y siguen golpeando. Otros jóvenes marchistas rompen el serco policial y les arrebatan la «presa». Lo suben por un momento al camión que lleva un grupo musical rockero animando la «fiesta» de los muchachos. Nicolás está grave, no responde, lo bajan...buscan desesperadamente una ambulancia, no hay ninguna alrededor...

El parte médico no deja dudas: golpe seco y contundente en la base del cerebro que le ocasionó un trauma craneoencefálico. Golpe, sin duda, malintencionado y lleno de odio, de aquellos que dicen proteger el orden, que inclusive son dispuestos para su función represiva protegiéndolos de las denuncias, toda vez que ninguno lleva distintivo que permita identificarlo, lo que sin duda es ilegal.

Nicolás era estudiante de noveno grado del Liceo Hermano Miguel de la Salle. Su muerte se produjo luego de permanecer seis días en estado de coma. Su asesinato no es un caso aislado. Los atropellos de la Esmad ya están institucionalizados, sus agresiones contra toda movilización popular se repiten por doquier, en especial contra los jóvenes. Son de tal recurrencia esas actuaciones que se puede afirmar que sus atropellos y violencia son política de Estado ordenada por los niveles más altos del gobierno.

A pesar de los nuevos enfoques de las políticas de juventud que consideran a sus miembros como "sujetos de derechos", "actores estratégicos del desarrollo" o ponen en relieve su "condición juvenil", la práctica concreta de las acciones del Estado continúan estigmatizándolos, asumiéndolos como población peligrosa, en riesgo y necesitada del asistencialismo público o de la represión. En consecuencia, los programas orientados a favorecerlos son de mala calidad y baja cobertura. Pero además del desconocimiento y violación permanente sobre los derechos ciudadanos de los jóvenes, la principal oferta estatal es, de una parte, su vinculación a las fuerzas de represión como soldados o policías bachilleres y, de otra, el permanente hostigamiento, persecución, detención y tortura a que son sometidos.

La violencia contra los jóvenes

El delito de Nicolás: creer en los discursos que convocan a la participación ciudadana. La ingenuidad: pensar que un alcalde exsindicalista tendría un mayor respeto y una manera distinta de relacionarse con el pueblo y su expresión pública. La ilusión: considerar que la Constitución y la Ley de Juventud de 1997 (Ver «El infotunio de las políticas...») le garantizaban sus derechos.

Triste equivocación. El alcalde Garzón y su Secretario de Gobierno, Juan Manuel Ospina, sacaron a las calles a la Esmad para amedrentar a los marchistas a lo largo del recorrido. Agresivos y violentos, desde un inicio estuvieron hostigando y golpeando a los manifestantes jóvenes, por el simple hecho de su vestimenta y apariencia, por explorar distintas formas de identidad y protesta, por recrear la política desde la estética y lo simbólico, por introducir nuevos discursos.

Se esperaba algo distinto de la actual administración de la ciudad. Alcalde y Secretario de gobierno son el jefe de la policía y el encargado del orden público, respectivamente. Pero el alcalde representa un pequeño sector de obsoleta dirigencia sindical autoritaria, patriarcal y megalómana, ávida de escalar socialmente y congraciarse con las elites del país. El secretario de Gobierno reedita la acción de su padre Mariano Ospina quien como Presidente de la República en el año 1948 ordenó recibir a cañonazos de tanquetas la manifestación popular que se dirigía hacia la Plaza de Bolívar tras el asesinato de Gaitán y luego lideró el apaciguamiento a sangre y fuego del levantamiento ciudadano.

Ante el homicidio, el alcalde Luis Eduardo Garzón se ha limitado a la formalidad de enviar una carta al fiscal general y al procurador solicitando abrir la investigación. Quien la debe la teme, el alcalde no asiste al sepelio. En el entierro, camuflados, los cuerpos de seguridad toman fotografías. En las filas del Polo hay preocupación por la imagen pública del burgomaestre...»hay que bajarle el tono al asunto». Entretanto, las fuerzas policiales hostigan a los padres del joven asesinado, a la vez que tratan de ocultar la verdad. Huele a impunidad.

En la reciente manifestación del primero de mayo, "Día del Trabajo", era fácil percibir el odio de los agentes del Esmad. Desde el inicio de la marcha comenzaron a golpear a los jóvenes, a empujarlos, a provocarlos. Llegando a la Plaza de Bolívar el camión con la banda rockera y el grupo de jóvenes que le seguía, el Esmad prosiguió con su violencia, golpeó una niña de escasos catorce años lo que generó la indignación de sus compañeros. Ante la protesta, la gavilla del Esmad los tumbó al suelo; dos, tres, seis, muchos pateando, golpeando a una pareja de muchachitos. Al camión con la música no se le dejó entrar a la plaza de Bolívar, lo desviaron hacia una calle contigua donde detuvieron a los músicos, les retuvieron arbitrariamente los documentos de identidad, los celulares, los papeles de propiedad del dueño del vehículo, un modesto transportador que lo había alquilado; sólo la intervención de la ciudadanía impidió que se los llevaran presos.

Cerca de la Plaza de Bolívar, entre tanto, un agente del Esmad explota una «papa». Luego vinieron "petos", más "papas explosivas", los gases dirigidos a la gente....un reportero es herido en el rostro... disparos indiscriminados de balas de goma provenientes del Esmad, las golpizas...que dejaron muchos jóvenes con heridas y la manifestación disuelta. Después confusión, silencio, la plaza vacía, las palomas asustadas revoloteaban sobre la plaza.

Conocedores básicamente de un sólo discurso, administración y policías olvidan que la condición juvenil es para explorar nuevas formas de vida. Ellos son la génesis y la fuerza de cambio de una sociedad. Su expresión en la manifestación del Día del Trabajo fue innovativa, ética y estética como contenido y forma de la transformación política. Querían expresarse pacíficamente, protestando simbólicamente, poniéndole ritmo rockero al estribillo "el pueblo unido jamás será vencido", agitando desde el camión que llevaba al grupo musical una bandera rojinegra recordando las gestas libertarias y de independencia que llamaba a la dignidad patriótica en contra de la invasión gringa y la entrega de la soberanía nacional por parte de la oligarquía criolla.

Al reprimir esta expresión juvenil se hace evidente la sociedad gerontocrática, autoritaria y excluyente que nos gobierna, donde los muertos de la guerra los ponen exclusivamente los jóvenes.. Dónde ser joven rebelde y pobre es causa suficiente para que lo asesinen los paramilitares o las fuerzas del "orden". Donde pensar diferente o hacer uso del derecho al libre desarrollo de la personalidad es motivo para que policía, ejército o paramilitares los acose, encarcele o agreda. Con tristeza este primero de mayo nos ha permitido constatar que esta situación no ha cambiado durante la actual administración de "Lucho" Garzón. Al contrario, ha autorizado la entrada violenta de las fuerzas de la Esmad a las universidades públicas, Nacional y Distrital, y los allanamientos "voluntarios" a colegios en los barrios populares.

En la fase de escalonamiento de la guerra hacia el control de las grandes ciudades que estamos viviendo, los paramilitares ejercen su poder en los territorios populares asesinando a los jóvenes o activistas que resisten. En lo corrido del año 2005, en solo ciudad Bolívar las cifras oficiales reconocen el asesinato de 88 jóvenes, pero las comunidades afirman que van más de 180. En las localidades más pobres, policía, ejército y paramilitares han impuesto el toque de queda y controlan de manera totalitaria, abusiva y arbitraria la vida cotidiana de los pobladores. Ante esta situación, el alcalde ofrece ampliar la presencia de la policía y las medidas de seguridad, olvidando el estrecho contubernio entre las autoridades legales y las paraestatales.

En medio de la alegría de la fiesta-movilización del primero de mayo, aplastada por la fuerza del estado, fue asesinado Nicolás. Su participación hacia parte evidente de una pedagogía del aprendizaje de lo público, por parte de los jóvenes. Querían ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad. La paideia de constituirse como ciudadanos, como poder popular, sujetos sociales y políticos, No quieren hacer parte de este sistema corrupto, violento, excluyente y explotador, creen que otro mundo es posible. Su expresión estética y pacífica quedó abortada. ¿Qué lección quería darles la institucionalidad distrital, en relación con la movilización popular y las únicas vías para la lucha política y social en Colombia?

El infortunio de las políticas de juventud en el Distrito Capital

De los siete millones de habitantes del Distrito Capital, una cuarta parte son jóvenes entre los 14 y los 26 años. El 47 por ciento de estos son hombres y el 53 por ciento mujeres. De acuerdo con las cifras más conservadoras, el 27 por ciento de este grupo etario vive bajo condiciones de pobreza (ingresos inferiores a USD$2 diarios) y 17 por ciento en la miseria (menos de USD$1 diario). Las zonas con más jóvenes en condiciones de pobreza y miseria cubre las localidades del suroriente -San Cristóbal, Rafaél Uribe y Usme- con un 59 por ciento y las del sur -Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Puente Aranda- con un 54 por ciento. Según la condición socioeconómica de los hogares, 74 de cada cien jóvenes habitan en los estratos uno, dos y tres.

Un 56 por ciento de los jóvenes bogotanos no están vinculados al sistema educativo. La tasa de desempleo afecta a 32 por ciento de los jóvenes que hace parte de la población económicamente activa. Más de la cuarta parte de los que están ocupados no tienen ningún acceso a la seguridad social en salud. En este grupo poblacional prevalece la apatía: sólo uno de cada diez participa en algún tipo de organización voluntaria o de acción comunal. Los estereotipos de la sociedad tienden a criminalizarlos; no obstante, si bien 57 por ciento de los delitos son cometidos por jóvenes y las agresiones explican 46 por ciento de las muertes en este grupo poblacional, situación asociada con factores asociados a pobreza, desigualdad, exclusión y desconocimiento de sus derechos ciudadanos.

De tumbo en tumbo

La irrupción masiva de los jóvenes y su visibilización pública en el desarrollo de Bogotá viene desde principios de los años 1980. Naciones Unidas declaró a 1985 como el año internacional de la juventud. En Colombia, las políticas públicas en su favor, datan de los años 1990, aunque éstas no han pasado del discurso o de la fase de formulación e inclusión en leyes o normas que nunca se llevan a la práctica. Durante los años 90, al igual que otras regiones del país, Bogotá recibió el influjo de la dinámica nacional que el tema de juventud empezó a vivir en este período. En 1991, la Consejería Presidencial para la Mujer, la Juventud y la Familia empezó a implementar sus programas dirigidos a la juventud y Bogotá se convirtió en una de las primeras ciudades en las que se empezaron a desarrollar. La Consejería para Asuntos Sociales de la Alcaldía Mayor, que dependía directamente del despacho del Alcalde, fue la entidad que coordinó estos esfuerzos con la Consejería Presidencial, los cuales consistieron en programas como las Casas de la Juventud, el Fondo de Iniciativas Juveniles, Programas de Educación Sexual y de Promoción Empresarial.

Hacia el final de la administración de Jaime Castro (1992-1994), se llegó a proponer la elaboración de un Plan Distrital de Juventud que articulara y diera un norte más claro a la gestión que el gobierno de la ciudad estaba realizando conjuntamente con la Consejería Presidencial. Sin embargo, esta iniciativa no llegó a concretarse.

Durante la primera administración de Antanas Mockus (1995-1997) la Consejería para Asuntos Sociales, fruto de las reflexiones y discusiones realizadas en torno a la Ley de Juventud, elaboró un documento titulado "Joven-es Bogotá. Hacia la formulación de una política pública de juventud para Santa Fe de Bogotá" que pretendió finalizar este ciclo con la elaboración de algunos lineamientos para la formulación de una política pública de juventud en el Distrito Capital. Estos lineamientos se quedaron en el papel.

Al iniciar la administración de Enrique Peñalosa (1998-2000) el proceso de formulación de la política pública de juventud frenó aun más el ritmo que traía. La Consejería para asuntos Sociales desapareció y los primeros borradores del Plan de Desarrollo "Por la Bogotá que Queremos" no hablaban claramente del tema. Debido a la presión ejercida por el Consejo Territorial de Planeación, de las organizaciones juveniles que participaron en la elaboración de "Joven-es Bogotá" y el Concejo de la ciudad, la versión final del Plan incluyó dos artículos donde se explicitaba el compromiso de formular una política de juventud y establecer un espacio de coordinación de las instituciones distritales.

Con base en estos artículos, se elaboró entre junio de 1998 y enero de 1999 la primera política de juventud del gobierno de Bogotá como parte de las labores del Comité Distrital de Política Social creado por la nueva administración. Para elaborar tal política se hizo un inventario de los proyectos dirigidos a jóvenes incluidos en el Plan de Desarrollo, los cuales fueron agrupados alrededor de cuatro líneas de acción: Formación del talento juvenil; Reconocimiento y promoción de la participación e identidad juvenil; Salud y bienestar para la juventud; Prevención para jóvenes en riesgo.

Al inicio de la segunda Administración Mockus (2001-2003), hubo un momento dramático en torno al proceso que venía en desarrollo, se generan tensiones propias del cambio de gobierno y el tema de juventud desapareció. En torno al Plan de desarrollo se inicia un movimiento juvenil y de organizaciones sociales. Con el apoyo del Concejo, el movimiento juvenil logró incluir dos metas: la formulación de la Política Distrital de Juventud y la conformación de los consejos locales y Distrital de Juventud.

Sólo el diseño de la política de juventud del Distrito, con un enfoque participativo y prospectivo, agotó todo el periodo de la segunda administración de Mockus. La Política tenía como objetivo general brindar a los y las jóvenes bogotanos, sin exclusión, un conjunto de oportunidades individuales y colectivas que les permitiera elevar sus capacidades para que, mediante su acción, pudieran convertir en realidad sus proyectos de vida en beneficio propio y de la sociedad de la que hacen parte. El proceso de formulación de la Política Pública de Juventud de Bogotá culminó con el Seminario Internacional "Una Política de Juventud para Bogotá", realizado a finales de 2003. En la clausura de este seminario, Antanas Mockus justificó la decisión de no expedir un decreto ni promover la expedición de un acuerdo por parte del Concejo de la ciudad que hiciera obligatoria la implementación de la política, con el argumento de que "si la idea es buena, convencerá y sobrevivirá". Así, dejó en libertad a la siguiente administración de continuar con la implementación de la política o de desconocer el esfuerzo realizado.

El proceso fue desconocido. Con la llegada de la Administración Garzón (2004 -2007) la Política de Juventud diseñada por su antecesor quedó en el limbo. No autorizó la fase de implementación de la Política de Juventud, pero tampoco formuló una nueva y, en consecuencia, el tema ha trasegado sin rumbo de una instancia burocrática a otra.

Aunque al comienzo de la nueva administración, el proyecto "Políticas y modelos de intervención para la juventud" seguía funcionando en el Departamento Administrativo de Acción Comunal -DAAC, el nuevo alcalde nombró un asesor responsable del tema de juventud dependiente directamente de su despacho y el DAAC perdió el liderazgo que hasta entonces tenía. Así, se produjo un momento de incertidumbre y de tensiones entre las instancias responsables.

En paralelo, las gestiones y las iniciativas que tuvieron los jóvenes para que la política no fuera desconocida por el nuevo gobierno de la ciudad (las cuales fueron adelantadas especialmente por el Consejo Distrital de Juventud, la Mesa Bogotana de Juventud y otras organizaciones juveniles), contribuyeron a que finalmente algunos lineamientos de la política de juventud formulada por la anterior administración quedaran incluidos en el nuevo plan de desarrollo para la ciudad, llamado "Bogotá Sin Indiferencia". El Plan incluyó un artículo que establece el mandato de elaborar e implementar un plan de desarrollo juvenil que responda a los lineamientos formulados en la política pública de juventud 2003-2012.

No obstante, pasado tres semestres de la alcaldía de Garzón, la implementación de esta Política no se ha iniciado. La administración Distrital afirma que "el libro amarillo" que fue publicado por la Administración Mockus no es la política pública oficial de juventud de Bogotá. Los funcionarios encargados del tema en la alcaldía anunciaron, al finalizar el año 2004, en las mesas de trabajo convocadas por el Concejo que se encuentran elaborando unos nuevos lineamientos de política para ejecutar en lo que resta del período de este gobierno.

Finalmente, la administración distrital articuló todas las acciones que el Plan de Desarrollo considera sobre la juventud y lo presentó como su Plan Distrital respectivo. El objetivo principal de este Plan es "Garantizar plenamente a las personas jóvenes de Bogotá el ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de sus derechos integrales, el libre desarrollo de su personalidad y la incorporación explícita de sus sensibilidades en la construcción participativa de ciudadanía cultural y de proyectos de vida compartidos en el escenario social, desde la perspectiva de agentes culturalmente activos". Puro discurso.

Irresponsabilidad

e improvisación

Con el tema de juventud existe mucho desorden dentro del gobierno distrital, se ha cambiado varias veces de instancia orientadora. No hay claridad en el tema y la administración no está de acuerdo en la creación de una entidad o subsecretaria especializada. El Alcalde asignó al Instituto Distrital de Cultura y Turismo -IDCT- como entidad responsable de formular el Plan Distrital de Juventud, tarea que desarrolló entre agosto de 2004 y febrero de 2005. En este último mes, el Alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, decidió asumir directamente la coordinación, con el argumento de que "un tema como éste, la coordinación no se puede hacer desde lo sectorial sino desde la propia cabeza de la Alcaldía". Cómo si se tratara de un "clavo ardiente", el alcalde Garzón nuevamente en el mes de abril de 2005 devolvió el tema de la Juventud al ICDT. Entre tanto, la política a favor de la población joven de Bogotá es inexistente en la práctica o no tiene ningún impacto visible. Esta pasa por una de sus peores crisis.

En el discurso, la Alcaldía de Bogotá afirma que se encuentra comprometida con crear las condiciones para que el joven tenga la más amplia gama de oportunidades en los diferentes ámbitos de la vida que le permitan materializar sus derechos. Pero como bien lo afirma el investigador y experto en temas de juventud Germán Muñoz,1: «en general, las políticas de juventud son una fachada, detrás de la cual no hay contenidos estructurados».

Circo en lugar de derechos. El domingo 29 de mayo de 2005 la administración distrital realizará la primera Feria de Jóvenes en Movimiento. Según la alcaldía de Bogotá, habrá una "urna bacana" en la que los muchachos podrán opinar de lo divino y lo humano, pero también tendrán la alternativa de hacerlo con coreografía, talleres de lectura, murales permitidos para grafitis, espacio para cuenteros y, por supuesto, un gran show de rock y rap. Todo un escenario tutelado por la alcaldía distrital. Orden y control para una juventud domesticada y que sea obediente al régimen. Zanahoria a la lata.

El garrote es para los jóvenes indómitos, quienes asumen la lucha política contra este sistema de exclusión e injusticia en el espacio público y sin permiso de las "autoridades legalmente constituidas". El joven Nicolás no logró aprender a sus tiernos quince años que pensar diferente, tener utopías y ser rebelde en esta sociedad se paga con la vida. Un Estado en guerra contra los jóvenes.

1 Muñoz, Germán, (2000), "Otra década perdida: Políticas Públicas de Juventud en la Región Andina", en: Revista Nómadas Nº 13, octubre, Departamento de Investigaciones Universidad Central, Bogotá, pp. 239-246.

Juventud y servicio militar obligatorio

Juventud y estudio. ¿Cuántos de los jóvenes que finalizan bachillerato desean enrolarse como soldado o como policía bachiller? Ninguno. Con toda seguridad, ninguno. En su gran mayoría los jóvenes odian la milicia, la disciplina ciega, los rituales, pero por sobre todo el "sapo" que ven en el policía y en el soldado.

Todo joven que está por finalizar la secundaria desea pasar a la universidad. Pero muy pocos lo logran. El factor económico es el fundamental, el excluyente, el determinante. Este factor propicia que unos pasen al ejército, la policía o la universidad.

Los que son obligados a pagar el servicio militar obligatorio (SMO), en una u otra institución, viven una tremenda transformación. En el caso de la policía es notorio. Ingresan con la rabia de la obligación, con el odio por lo que representa esa institución temida en los barrios, casi vista como un cuerpo de ocupación, sin embargo en pocas semanas son otros. ¿Qué les hacen a esos jóvenes para que en pocas semanas sean otros? ¿Los ha visto usted requisando, con sentido autoritario, a un transeúnte cualquiera?, se les ve todos posesionados de un ser ajeno. Pero cuando requisan a un habitante de la calle, cuando están ante un ser golpeado por la injusticia, parecieran perros amaestrados: amenazan, golpean, empujan, humillan.

¿Qué le han hecho a estos jóvenes para que en pocas semanas dejen de odiar lo que odian y empiecen a representar lo que no quieren ser? ¿Cómo se hace para incrustarle a un joven, soñador o díscolo, que ingresa a un cuerpo armado por obligación todo el sentido de aquello que odia?

En ejercicio de la función de lo que no son pero ahora representan, ocupan espacios en calles y recintos públicos. ¿Por qué los mandan a ejercer funciones que no les competen? Acaso su SMO, en el caso de la policía, no es para desempeñar funciones de oficina? ¿Por qué exponerlos?

Ahora, cuando algunos de ellos se han visto atacados por tratar de ejercer funciones que no les competen, pareciera esclarecerse todo: son carne de cañón para justificar la necesidad de militarizar las ciudades. Ante cada ataque e injusticia con estos jóvenes surgen voces que repiten el esquema ensayado hasta el infinito y siempre fracasado: militarizar, militarizar.

No hay peor ciego que quien no desea ver. Ese esquema ya está agotado entre nosotros, sociedad militarizada por excelencia. Tanto que parecemos vivir en ciudades ocupadas por fuerzas externas. Fuerzas que reprimen, que causan temor, que no generan solidaridad, que "vacunan", que no se sienten desempeñando una función pública sino aprovechando una oportunidad para hacerse unos pesos extras cada día.

Ante esos ataques contra jóvenes que se creen cumpliendo una misión muy importante, lo que vuelve y se muestra ineficiente es el SMO. Mucho más si se reconoce que sólo lo pagan los pobres. Hay que hacer justicia con lo jóvenes y con los más pobres. No más lavado de cerebro. No más SMO. Estudio universal, incluso hasta universidad, para todos.

Libardo Sarmiento Anzola