Cuando Francia vote el domingo 29 de mayo sobre su destino europeo, los electores se pronunciarán sobre todo respecto de las acciones de su presidente Jacques Chirac en lugar de hacerlo sobre el contenido del texto. Este hombre ocupa la escena política de su país desde hace mucho más tiempo que ningún otro político europeo. Ya era primer ministro francés cuando Helmut Khol no era más que un político provinciano secundario en Alemania. Es un hombre que prefiere el contacto físico, que dedica mucho tiempo a comer y que siempre bebe cerveza al final de las interminables comidas europeas donde los dirigentes de Europa hablan del futuro de la Unión Europea.
Chirac tiene el peor balance de los presidentes de la Quinta República. Todos sus predecesores han transformado a Francia pero él ha hecho poco. París o Cannes son ciudades espectaculares pero cuando uno se aleja de la autopista ve una multitud de ciudades medias con un elevado índice de desempleo, una población que depende de la asistencia pública y cinco millones de habitantes de viviendas con alquileres moderados (HLM). Una Francia diferente: inmóvil, submodernizada y sin dirección.
En el terreno político, Chirac ha roto la primera regla del poder: conservarlo. Disolvió la Asamblea Nacional siguiendo los consejos de Dominique de Villepin y entregó de esta forma el poder a socialistas que han afectado la economía francesa al limitar la jornada laboral. En la actualidad, una parte del territorio francés sobrevive gracias a las compañías aéreas económicas que permiten a los británicos viajar a sus residencias secundarias en Francia. Los cerebros franceses parten en busca de refugio en las economías anglosajonas.
Durante la guerra de Irak, Chirac hubiera podido proponer una estrategia alternativa pero sólo empleó su veto. Trató con condescendencia a los países del Este y prohibió a sus trabajadores establecerse en Francia. Chirac acabó por adoptar la estrategia euroescéptica británica de atacar a Bruselas. Jamás tuvo una idea clara con relación a Europa.
Cualquiera que sea el resultado del referéndum, es preciso modernizar a Francia. Cuanto antes mejor.

Cuando vemos a los franceses que se oponen al tratado constitucional, uno se pregunta si no se trata después de todo de un buen texto. Los comunistas, los sindicalistas y los viejos izquierdistas están en contra. Para ellos, el texto es chocante pues ven en él la expresión del neoliberalismo y del «turbo-thatcherismo». ¡Se habla de mercado interno y de libre competencia! Quelle horreur, sacre bleu et bien je jamais [1].
Aquí, en Gran Bretaña, la mitad de nosotros estamos dispuestos a decir no al texto pues pensamos que equivale a muchos más obstáculos para el mercado y regulaciones por parte de Bruselas. Como las razones de este rechazo son incompatibles con las del rechazo francés, uno de los dos campos se equivoca. Los franceses reaccionan como si descubrieran la aparición del libre mercado en la Unión Europea con este texto cuando el Tratado de Roma ya hacía mención al tema en 1957. No se trata de algo nuevo, el debate francés es absurdo.
Para nosotros, en cambio, este texto constituye un desarrollo del voto por mayoría, es decir un medio adicional a la disposición de Bruselas para rechazar la voluntad británica e introducir más regulaciones. Lo que le hace daño a Francia es el pensamiento colbertista, no el liberalismo. En todo caso, Françaises, Français, votez non, votez souvent [2].

Giscard d’Estaing fue presidente de Francia de 1974 a 1981.

Algunos liberales se sienten tentados a votar por el «no» con el pretexto de que este tratado constitucional llevaría en sí los gérmenes de un super Estado europeo generador de un sistema fiscal y de un conjunto suplementario de reglamentos que limitarían las libertades individuales. En nuestro criterio, esas consecuencias pueden perfectamente evitarse y consideramos conveniente ratificar dicho Tratado por tres razones principales:
 Por primera vez, un tratado europeo consagra el «derecho de secesión», que es fundamental para los liberales.
 Asimismo, la aplicación del principio de subsidiaridad se coloca bajo el control de los parlamentos nacionales, por lo cual deberá impedir cualquier tipo de exceso de la Unión Europea fuera de las áreas que le competen.
 Por último, la institución del derecho de petición permitirá a un millón de ciudadanos solicitar que se modifique la ley europea. _ Este texto, además, se basa en la experiencia europea y ratifica las libertades económicas como vector de progreso social. Por otra parte, Europa desempeña un papel importante como motor propulsor de reformas en nuestro país. Sin Europa, Francia no habría aplicado una política de competencia opuesta a los monopolios y a los oligopolios. Sin Europa, no se habría emprendido la liberalización de los mercados reglamentados como eran los de la energía, la distribución del correo, la electricidad o el gas. Nuestro «sí» es un «sí» que constata que Europa nos brinda los instrumentos para realizar los ajustes que con demasiada frecuencia nos negamos a hacer nosotros mismos.

Para un número cada vez mayor de empresas y para sus asalariados, Europa se ha convertido en el espacio donde se definen sus estrategias y donde está en juego su futuro. La globalización no es un fenómeno homogéneo y Europa sigue siendo el mercado principal. Es por ello que esas empresas, que constituyen la osamenta de nuestra economía, se preocupan por el rumbo que ha tomado el debate sobre el referéndum constitucional y han decidido expresarse al respecto. De hecho, esas empresas necesitan una Europa unificada, una Europa fuerte y una Francia influyente en Europa.
Francia atraviesa sin dudas una crisis de identidad. Debe modernizar sus sistemas públicos e intensificar sus esfuerzos de lucha contra el desempleo y la exclusión. Al mismo tiempo, quiere seguir contando con un sistema social de alto rendimiento. El sentido de solidaridad y el amor por las iniciativas son los dos pilares de la prosperidad pasada, presente y futura de nuestro país. El Proyecto Europeo, que no es ultraliberal ni colectivista, es el mejor proyecto para nuestro futuro. Francia cometería un grave error al oponerse a la construcción europea debido a una angustia existencial o a dificultades coyunturales. Gracias a Europa es que Francia ha llegado a ser un país próspero.
La integración gradual del espacio económico europeo es lo que ha permitido crear grupos franceses de estatura mundial, ya que éstos han contado con la existencia de un mercado interno equivalente al que desde hace largo tiempo sirve de apoyo a las empresas norteamericanas. La existencia de este mercado es lo que permitirá a las empresas, actualmente de nivel medio, alcanzar una dimensión mundial. La propia Europa debe ser fuerte en el plano internacional para obtener acuerdos económicos favorables. Las empresas francesas saben que deben seguir siendo competitivas, pero saben también que, para lograrlo, deben contribuir a preservar el modelo social francés del cual dependen sus asalariados. Una Francia debilitada por un «no» al referéndum perdería fuerza en su deseo de hacer prevalecer un modelo europeo que integre los valores esenciales que constituyen el fundamento de nuestra sociedad. Por último, Francia cuenta con cartas de triunfo decisivas para enfrentar a sus competidores, pero Europa le es necesaria para desarrollar plenamente sus posibilidades.
Es probable que un «no» al referéndum constitucional no provoque consecuencias negativas visibles en lo inmediato. No obstante, romperá la dinámica que nos ha beneficiado tanto colectivamente desde hace 40 años.

Tocando la cuerda del anti-atlantismo (anti-OTAN), y hasta del antinorteamericanismo, una de los puntos de ataque de los adversarios del Tratado consiste en afirmar que con la Constitución que se nos propone, Europa caería en un estado total de sumisión a los Estados Unidos. Dicho texto, por tanto, echaría abajo el sueño de una Europa potencia acariciado por el general De Gaulle. En verdad, el Tratado incluye cierto número de innovaciones importantes en cuanto a la defensa de Europa, a pesar de que, en mi criterio, no van demasiado lejos. Deben destacarse cinco grandes innovaciones que reflejan el contexto posterior a la Guerra Fría:
 Las crisis posteriores a la Guerra Fría (los Balcanes, Afganistán, Irak) le han mostrado a Europa la necesidad de contar con una autoridad política capaz de ser la voz y el rostro de Europa. Eso se lograría con la institución de un presidente del Consejo Europeo (Artículo I- 22) y de un ministro de Relaciones Exteriores (Artículo I-28).
 Por primera vez, el principio de un destino de seguridad común se afirma entre los Estados miembros. La Constitución, de hecho, introduce una cláusula de defensa mutua (Artículo I-41 párr. 7) La defensa, que había sido excluida en los inicios de la construcción europea después del fracaso de la CED, se ve ahora, por tanto, nuevamente incluida en el corazón de ésta.
 La Constitución define en su Artículo III-309 los tipos de misiones que la Unión podrá cumplir para promover la paz en nuestro continente y en el mundo. Asimismo, las amplía para incluir, aparte de las misiones tradicionales, las nuevas misiones referentes al desarme, a la prevención de conflictos o a la estabilización posterior al conflicto. Para hacerlo, los Estados miembros se comprometen (Artículo I- 41 párr. 3) a poner a disposición de la Unión las capacidades civiles y militares que respondan a los objetivos definidos por el Consejo Europeo.
 Igualmente, para los Estados miembros que deseen ir más allá en esta cuestión, la Constitución crea la posibilidad de establecer vínculos de cooperación reforzada (Artículo I-44) e, inclusive, de establecer entre ellos una cooperación estructurada permanente (prevista por los Artículos I-41 párr. 6 y III-312), en práctica a partir del núcleo franco-británico.
 Este deseo en materia de defensa europea se apoya en una plataforma industrial que organizará la Agencia Europea de Defensa (Artículo I-41 párr. 3).
En lo adelante, basados en el respeto del principio de autonomía de decisión de la Unión Europea y de cada uno de sus Estados miembros, podremos decidir, según las circunstancias, actuar con nuestros aliados norteamericanos en el marco de la OTAN (lo que será más probable en caso de una crisis importante), sin los norteamericanos pero en el marco de la OTAN o sin los norteamericanos y la OTAN tal como se hizo en la República Democrática del Congo en la operación Artémis.
Dicho esto, debemos tener la lucidez de reconocer que la Constitución está lejos de poder solucionar todos los problemas. No divide el debate entre «euroatlantistas» y «eurogaullistas». En ese sentido todo sigue igual que antes. Tampoco resuelve la incongruencia que representa la neutralidad de algunos Estados miembros, anacronismo heredado de la Guerra Fría. Por último, la desigualdad en el nivel de gastos y de poderío entre las dos orillas del Atlántico permanece intacta. Yo soy de los que exigían que se impusiera en ese texto una tasa mínima de gastos militares. Es ése, en verdad, el meollo de la impotencia europea. Al incentivar los gastos militares, la Constitución Europea incentiva la constitución de una Europa potencia.

La llegada de los países de Europa Central a la Unión Europea provocó temores en los países de la Unión de los Quince y sobre todo en Francia por cuestiones económicas pero también políticas.
Hoy se observa que la tan temida invasión de los productos provenientes de los países del Este no se produjo y los países de Europa Occidental registraron un desarrollo de sus excedentes comerciales. El consumo en los países de Europa del Este sirvió pues para alimentar la actividad económica. Se sobreestimó en grado sumo la magnitud de las deslocalizaciones En la actualidad, el problema se ha desplazado. Los países de Europa Central comienzan, a su vez, a verse afectados por los movimientos más al Este o más al Sur. De igual forma, no se produjo una invasión de mano de obra barata. Los trabajadores de los países del Este no tienen deseos de abandonar sus países que recientemente se han liberado del yugo soviético. Además, esos movimientos de población no afectan a Francia, sino a Alemania o Austria. Tampoco hay que esgrimir demasiado la amenaza de una invasión de otro tipo resultante de la puesta en práctica de la circulación de los servicios en el Mercado Único, más conocida en lo adelante con el nombre de «directriz Bolkestein». Basta con tomar las precauciones necesarias para que esa liberación de los servicios siga siendo compatible con las reglas vigentes en los países donde funciona. Se ha criticado mucho el desvío «atlantista» pero en realidad los países de Europa Central son partidarios, al igual que los demás, de que Europa sea capaz de desempeñar el papel de protagonista independiente en la escena internacional. Sencillamente, no quieren que esa política perjudique los vínculos que han establecido con los Estados Unidos.
Todos esos temores tienen poco que ver con el Tratado Constitucional. Por el contrario, pensamos que la aplicación de ese Tratado debería contribuir a disiparlos. El Tratado Constitucional hace énfasis, mucho más que los anteriores, en los principios y valores del modelo social y cultural europeo. Por las mejoras institucionales que aporta debería disipar las inquietudes de que la Unión se limite a una simple zona de libre comercio y darle los fundamentos que le permitan comenzar a garantizar su seguridad en el mundo y convertirse en una verdadera potencia política. Los países de Europa Central, que han sufrido tanto las consecuencias de Yalta y que tantas veces han sido arrasados por conflictos y guerras a lo largo de toda su historia, valoran en su justa medida la contribución de la Unión Europea encaminada a darles una mayor seguridad y reforzar sus sistemas democráticos.
Para ello, es necesario ratificar el Tratado Constitucional.

El tema del derecho de las mujeres en el Tratado Constitucional debe plantearse ya que no se ha logrado nada, ni siquiera en Europa. Después de todo, nuestro continente continúa pagando menos a las mujeres que a los hombres. El estudio de la Constitución exige rigor y honestidad. Poco importan los textos pasados, de lo que hablamos es del futuro, y recordemos que ya era difícil hacer que se aprobara la igualdad entre el hombre y la mujer como un valor de la Unión Europea en la Carta de los Derechos Fundamentales. Lamentablemente, esa Carta no tiene ningún valor de obligatoriedad.
Pero existen cosas más preocupantes aún. En su Artículo II-62.1, el Tratado Constitucional proclama de forma solemne el derecho a la vida, derecho utilizado por los adversarios de la libertad de las mujeres para luchar contra el derecho al aborto. Hace poco, recordamos el intento de un diputado por conceder al feto los derechos de la persona. Mencionar la jurisprudencia que hizo que fracasara apenas nos convence. Por definición, la jurisprudencia evoluciona. Se nos dice para tranquilizarnos que ese pasaje sólo tiene por objetivo prohibir la pena de muerte pero el artículo siguiente precisa específicamente «Nadie puede ser condenado a la pena de muerte, ni ejecutado». Hay que saludar esta prohibición pero es de lamentar que la Constitución no impida en lo absoluto la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo.
Esa afirmación del derecho a la vida exigía una correspondencia: el reconocimiento del derecho para las mujeres de optar darla. Mucho más cuanto que el «diálogo abierto, transparente y regular con las Iglesias...» (Art. I-52), predicado por la Constitución, es objeto de preocupación ya que en ningún momento se trata de laicidad. Recordemos que el aborto sigue estando prohibido en cinco países miembros: Portugal, Irlanda, Polonia, Chipre y Malta (Malta insiste en ello en un protocolo adicional). Con nuestra solidaridad respecto de las mujeres de esos países y gracias a la «cláusula de la europea más favorecida», todo podría cambiar. La asociación Choisir-La Cause des femmes [Optar-La Causa de las Mujeres] defiende esta cláusula desde 1978 y la ha apoyado ante la administración europea de Bruselas. Solicitamos que la Unión Europea cree un estatus único de la mujer basándose en los derechos más elevados en cada país. Es una pena que ese viejo sueño de las feministas europeas no se realice. Más bien, léase: «La ley marco europea no implica la harmonización de las disposiciones legislativas y reglamentarias de los Estados Miembros» (Art. III-207).
Por el contrario, el himno al liberalismo afectará más duramente a las mujeres que a los hombres. La Constitución proporciona el 81% del trabajo a tiempo parcial, y las mujeres sufren directamente la precariedad del empleo, su flexibilidad. Esta Constitución encierra amenazas y trampas para las mujeres. Hay que decirle NO, abrir el futuro y construir otra Europa.

El debate sobre la construcción de Europa habría ganado de haber tenido lugar antes de la ampliación a 25 miembros (algunos pensarían, no sin razón, ¡antes de la entrada del Reino Unido!). De ahí el trastorno inherente a una consulta sobre una situación de facto y sobre un proyecto tan avanzado... pero que quedaría por definir. El Sur sigue con atención ese debate habida cuenta de los violentos cambios geopolíticos que atraviesa el mundo al sur del Mediterráneo.
Históricamente, el Mediterráneo es una sola entidad desde la Alta Antigüedad. Los bereberes tuvieron contactos ininterrumpidos con los pueblos del Norte, intercambiando «golpes» es cierto, pero también mercancías, conocimientos, culturas y civilizaciones. La geopolítica y la historia hacen de Europa nuestro socio natural más evidente.
El proceso de integración política de la Unión Europea fascina a los magrebíes y brinda a la aspiración unitaria del norte de África una referencia muy valiosa. Debemos saber inspirarnos en esta experiencia para compensar nuestros retrasos, capitalizando un pasado multimilenario de mezclas, una continuidad a la vez territorial, étnica, lingüística y cultural. En el fondo, lo esencial de nuestras diferencias sólo se debe a la diversidad de nuestros itinerarios coloniales respectivos. Sin embargo, los fracasos sucesivos por los intentos de unificación han agravado el pesimismo magrebí. En el Magreb sucede como en Europa. La vía real de la integración transita por la modernización institucional.
La hiperpotencia ha mostrado sus límites y hasta que China, Rusia o la India no pesen de manera significativa, sólo Europa es capaz de poder constituir a mediano plazo ese contrapeso tan necesario de más equilibrio y seguridad en el mundo. Europa no podría escapar a un triple reto: reunir las condiciones de la Unión política, acompañar a los países del sur del Mediterráneo en la instauración del Estado de Derecho y en la vía democrática auténtica, contribuir, por último, a detener el riesgo real de «medio orientalización» del norte de África.
Hay que reactivar el proceso de discusión euromediterránea y magrebí. Ello tiene que tener en cuenta, por nuestra parte, la instauración previa de prácticas de buena gobernabilidad. Por su parte, Europa debe transformar su gestión exterior que suele confundir la no injerencia y la complacencia, sacrificando los valores en el altar del «corto plazo» comercial. Esta actitud va contra la idea y el combate democráticos en el resto de los países musulmanes. Las cláusulas relativas a las libertades democráticas y a la buena gobernabilidad, ¿acaso no figuraban en el Artículo 2 de los acuerdos de asociación sólo en la forma? La complacencia para con los socios que no los respetan es tan chocante como la injerencia. Es una falta de lealtad entre socios.