El Foro Sobre las Cuestiones Indígenas nació en la Conferencia de Derechos Humanos, en Viena, en 1992, como compensación y mediación a las graves denuncias de los pueblos indígenas, y por conmemorarse el quinto centenario del descubrimiento de América. La comunidad internacional decidió crear este Foro, primeramente analizando la naturaleza que iba atener, su composición y qué hacer ante el temor de los estados de que éste se convierta en un espacio que permita visibilizar los crímenes y violaciones de los derechos en el mundo. Resolvió tener un papel de mediador, que solo puede entregar recomendaciones a los estados vía el Consejo Social y Económico, ECOSOC.

Estados y pueblos indígenas tratan directamente en esta instancia internacional las denuncias. Es ahí entonces, donde se ha señalado que los estados, por sus constituciones, no responden a los intereses de los pueblos indígenas, ni pueden asumir su papel de garantes de sus derechos, por la falta de credibilidad.

Los gobiernos tienen derecho al 50% de delegados, y el resto es de los pueblos indígenas, estos últimos solo como observadores, cuyo derecho se limita a realizar denuncias. El último foro, realizado del 15 al 27 de mayo en Nueva York, emitió cerca de 200 recomendaciones, entre las cuales una tiene que ver con Sarayacu y Yasuní, resultado del trabajo de los delegados del Ecuador. El reto más grande ahora es, a través de la presión, hacer que el Estado ecuatoriano cumpla. La resolución para el Ecuador, prioritaria, es la visita del relator especial de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, para que visibilice de manera directa los problemas del movimiento indígena, estudiar el caso de Sarayacu y de los Taromenane en el parque nacional Yasuní.

Lo que se requería en ese Foro internacional era la participación de las bases indígenas, para denunciar las necesidades de los pueblos. Franklin Toala, de Sarayacu, y Moi, indígena huaorani, representes ecuatorianos, fueron quienes, del grupo de 60, pusieron sobre el tapete para el conocimiento del mundo el problema de la violación de los derechos humanos y territoriales por parte del Estado ecuatoriano y las empresas transnacionales en la Amazonía, Moi incluso responsabilizó también a las misiones evangélicas de estos abusos.

De acuerdo a esta experiencia, se confirma que es preciso organizar y luchar porque estas reuniones se den en los países afectados y no en Estados Unidos, país que más ha violado los derechos de los pueblos. Además, en las reuniones, no se debe permitir que las denuncias de los pueblos se hagan en nada más que cuatro minutos. Estos complejos temas que se abordan merecen mayor atención, por lo tanto más tiempo.

En esos días, el mundo conoció que Yasuní es una área de casi 1`500.000 ha. de bosque, que es una reserva mundial natural intangible, pero no delimitada, con etnias no contactadas por decisión propia, como los Tagaeri, Taromenane y los Huaorani. Sin embargo, no se dejó en claro también que los intereses de parte de las empresas transnacionales no es reciente, que el gobierno de Rodrigo Borja inició dividiendo al parque para permitir el ingreso de una petrolera, manipulando a las organizaciones para controlar el petróleo, todo por encima de la vida humana, silvestre y la cultura ecuatoriana.

En el caso Taromenane, existen responsables

Hace pocos días la televisión española presentó un reportaje que visibilizó al mundo entero las crudas imágenes de la matanza del pueblo Taromenani en el 2003 y lo que se evidenció también es la fragilidad y la inoperancia del Estado en este tipo de temas, el irrespeto por la justicia y las culturas indígenas.

Marcelo Orellana, consultor de los Derechos humanos, rechazó las versiones de un periódico sensacionalista en el sentido de que este conflicto es interétnico o intraétnico; las investigaciones delatan que fueron otros intereses los que llevaron a este desenlace.

Han transcurrido dos años de este asesinato y, como denunciaba la televisión española, no se castigó a los responsables de este crimen de lesa humanidad. Tema que debe ser puesto en conocimiento de los Tribunales de Justicia internacionales o los Comités de los Derechos Humanos de la ONU.

Las investigaciones evidencian a responsables materiales e intelectuales, algunos por su silencio se vuelven cómplices del hecho, ya que lo sucedido fue por una venganza entre Huaoranis y Tagaeris; pretexto utilizado por interesados empresarios para ahondar esas diferencias en los Huaoranis, quienes no se percataron que existió previamente una fusión entre los Taromenanes y Tagaeris. Los autores del hecho (huaorani), no conocían que al no entenderse los dos clanes fusionados, los Taromenanes acabaron con los Tagaeris, entonces la venganza no tenía razón de ser.

La matanza del pueblo Taromenanes, coinciden los conocedores del tema, fue un acierto para petroleras y madereras, directamente interesados en esos terrenos, de esa forma se eliminaba las trabas para su explotación.

Por otro lado, no hubo pronunciamiento de José Quenama, brazo derecho de Antonio Vargas, Presidente de CONFENIAE y Sebastiao Manchineri, Coordinador General de COICA de ese entonces, a pesar que sus bases les exigían una investigación y castigo a los responsables; reacción contraria al momento que se conoció del robo de la Ayahuasca y que pusieron su grito al cielo y el mundo los escuchó. Este silencio los hace responsables de la impunidad.

También los representantes Taromenane, por callarse y no hacer uso del derecho constitucional, ya que debió ser su ley quien juzgue, y por no entregar la denuncia en forma oficial a las cortes internacionales.

El Estado culpable por omisión, por no respetar las leyes y los territorios, al ser Yasuní una zona intangible, sin delimitación del terreno, las poblaciones nómadas en constante movimiento son parte del patrimonio, no tuvieron la protección necesaria. El argumento o pronunciamiento dado, no es válido porque las víctimas no fueron tomadas en cuenta, no ha existido reparación o indemnización y porque el fiscal del Puyo, exige identificación a una población nómada para la investigación, y no se les reconoce como ciudadanos por no poseer una identificación.

El gobierno y las petroleras hablan de la ampliación de fronteras para sus actividades, lo cual busca, en esencia, prevalecer el capital sobre la vida. Al terminar con la parte norte de la amazonía continuarán con el Sur, sin importar que sea o no zona protegida.

Las FFAA son sospechosas porque la matanza ocurrió cerca de un destacamento militar que vigila la zona y observa todo movimiento realizado, pero sospechosamente no saben nada.

Para entender lo que realmente pasó en este crimen de lesa humanidad, es necesaria la aplicación correcta de las leyes, el respeto por la vida y el castigo a la incapacidad de gobernantes, dirigentes y empresarios involucrados directa e indirectamente en el caso. (ARS)

Amparo Sigcha