Los quiteños se encuentran alarmados y en una incertidumbre total ante el anuncio de un posible incremento del impuesto predial, basado en el cambio de la denominación de “avalúo comercial” de los predios por la de “avalúo a precio de mercado”, y que tomaría en cuenta la ubicación del terreno, los metros de construcción y otros factores que en definitiva provocarían que el impuesto se eleve. Según las autoridades municipales, es necesario un “avalúo real” de las propiedades, pero por el malestar que se ha generado en la población, luego de la denuncia que hiciera la Federación de Barrios de Quito (FBQ) sobre los propósitos de las autoridades municipales, el cabildo ha puesto las barbas en remojo.

Ahora las autoridades prefieren no hablar, y se encuentran en reuniones permanentes, decidiendo cuál será el mecanismo o la fórmula que se debe aplicar para evitar la reacción de los ciudadanos. El Municipio se proponía poner en vigencia una tabla propuesta por el grupo de modernización de Elsa de Mena, que fue aprobado por unanimidad en una sesión del Consejo Municipal. Esta tabla elevaría el impuesto predial de un 20% a un 300%.

El equipo de modernización de Elsa de Mena salió de la institución, después de una paralización de los trabajadores de la entidad, que se oponían a la medidas de corte neoliberal (bautizadas como reingeniería) que se venían aplicando y que pusieron en riesgo la estabilidad de los trabajadores municipales.

Mientras las discusiones al interior del Concejo continúan, se dice que la entrega de notificaciones sobre impuestos se posterga cada vez más, y la razón sería que el nuevo equipo modernizador del Municipio de Quito realiza ajustes a la tabla de cálculo del impuesto predial urbano, por pedido del Alcalde. Según el mismo director tributario de la Alcaldía, Alvaro Ojeda, la tabla de cálculo que utilizó el equipo de técnicos anterior fluctuaba entre el 1 al 1,4 por mil sobre el avalúo real, con lo cual el valor del impuesto predial en realidad resultaba alto.

La Cordinadora Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE) y la Federación de Barrios de Quito (FBQ) han iniciado acciones para presionar a las autoridades a que revean esta resolución, realizando plantoneras, como la del miércoles 28 de julio, en las inmediaciones del Municipio de Quito; luego lo harán en el Congreso Nacional, para exigir que se reforme la Ley de Régimen Municipal, que es la raíz de este problema, según expresaron sus dirigentes.

Si bien los municipios están obligados por la Ley de Régimen Municipal a revisar los avalúos e impuestos prediales, se deberían implementar acciones como las que se hacen en la ciudad de Esmeraldas, donde se pretende que el catastro sea una radiografía de la realidad territorial, con las que se pueda identificar las características físicas de la propiedad y además darle el valor a la ciudad, pero todo con el propósito fundamental de facilitar la atención en obras a los barrios, y no únicamente para incrementar los impuestos. Con esta concepción, se pretende dar seguridad jurídica en cuanto a la tenencia de la propiedad, a través de un buen catastro, que sea justo, ya que si no son transparentes con los datos, no podrán ser justos en cuanto a la valoración y generación de impuestos.

Tiempos de campaña, falsos ofrecimientos...

Paco Moncayo entró al Municipio con el criterio de transformar al Distrito Metropolitanto de Quito "en un escenario en que la participación, en su sentido más amplio, sea el elemento central que revitalice la democracia y la haga viable. Un Municipio del pueblo, para el pueblo y por el pueblo". Pero del discurso a los hechos hay mucho trecho, porque las obras para el pueblo y los barrios que más necesitan no han llegado aún: dotación de agua potable, alcantarillado, pavimentación, etc. Un ejemplo claro es la Urbanización Progresiva Auqui de Monjas, que carece de agua potable; el proyecto cuesta 150 mil dólares y la Empresa de Alcantarillado y Agua Potable apoya nada más que con 20 mil dólares, mientras los 130 mil restantes, a través de un préstamo, los pagará la ciudadanía.

Según la nueva tabla que estaba por entrar en vigencia para el cobro del impuesto predial, se piensa recaudar 348 mil dólares, lo que significa que se elevará en un 300%, sobre todo para el área rural; sectores como Carapungo, Calderón, Amaguaña y todas las parroquias rurales de la ciudad de Quito, dineros que servirían para financiar más obras para Quito, lo que implica cargar de más impuestos a los ciudadanos y deslindar así de toda responsabilidad al Gobierno. Es el modelo de gestión de los partidarios de la autonomía, que dio un paso adelante con las reformas a la Ley de Régimen Municipal, de septiembre de 2004, en donde consta que el incremento del impuesto predial se dará cada dos años.

El Centro Histórico tiene otra cara, es verdad, pero el resto de la ciudad demanda de atención de la Alcaldía, ya que Quito no es solo el centro de la ciudad,

Según Juan Fernando Romero, director de avalúos y Catastros del Municipio, “parte de la reprogramación será la constitución de 2 460 unidades de valoración, para los 600 mil predios del Distrito, además de precisar las cifras". Además sostiene que para realizar el cálculo de la valoración del suelo se considerará la clasificación (urbano y urbanizable); calificación (residencial, comercial, etc.); características topográficas (declive, plano, etc.); tipología de la construcción y zonificación; servicios de infraestructura (agua, luz, etc.). También se tomará en cuenta el valor de depreciación, que será del 1% anual para las construcciones de hormigón armado y 2% para otros tipos de construcciones. Los predios que no excedan los 3 750 dólares no pagarán el impuesto predial. En los casos de la tercera edad, si el patrimonio no es mayor a 500 salarios básicos unificados, se los exonerará del pago.