La soberbia de las compañías petroleras, que no asistieron a la reunión del 2 de agosto con los representantes de Orellana y Sucumbíos para atender los pedidos de sus fuerzas vivas, y la sordera del régimen, que minimizó el malestar que se venía gestando desde hace varios años, empujaron a estas provincias de la Amazonia a paralizar sus actividades indefinidamente el pasado 15 de agosto.

Esta medida de hecho suspendió completamente no solo el comercio, o el ingreso y salida de la zona, sino que, en la práctica, paralizó la economía nacional, puesto que se paró la producción petrolera, que es la que financia la mayor parte del Presupuesto del Estado, por ello es trascendente lo sucedido en estos días en Ecuador. Pero además, esta lucha se constituye en una importante confrontación al imperialismo norteamericano, encarnado en las compañías Occidental (Oxy) y Encana, que están entre las más grandes corporaciones petroleras del mundo y en las cuales se dice que existen intereses del mismo George Bush.

Las organizaciones populares de Orellana y Sucumbíos, reunidas en una Asamblea Birpovincial, que tiene una trayectoria de por lo menos ocho años, resolvieron incluir como uno de los principales aspectos de sus exigencias a la caducidad del contrato que el Estado mantiene con la Oxy, luego de que esta compañía vendió parte de sus acciones del bloque 15 a la Encana, sin siquiera consultar al Ministerio de Economía, violando así la legislación nacional y lesionando los intereses del país. Este contrato ha sido calificado por el Procurador General del Estado como nulo, y el gobierno se niega a aceptarlo.

En la plataforma de lucha, los pueblos de estas dos provincias llegaron a plantear la nacionalización del petróleo; exigían que los recursos que ahora se llevan impunemente las compañías extranjeras sirvan para construir hospitales, escuelas, para ayudar a los agricultores de la zona, etc. Y lo más importante es que existe la posibilidad de que se genere la adhesión de las otras dos provincias amazónicas, Napo y Pastaza, en este propósito.

Transcurrieron más de quince días en medio de enfrentamientos callejeros y negociaciones entre Gobierno, compañías petroleras y representantes de las dos provincias. Las petroleras hicieron todo lo posible para evitar darle la razón a los manifestantes, incluso llegaron a presionar al gobierno a través de la Embajadadora de los Estados Unidos, recién llegada al Ecuador, pero nada les sirvió. Hasta el cierre de esta edición se conocía que la Asamblea Biprovincial daba un plazo de 48 horas al régimen (que concluía el miércoles 31 de agosto) para que presione a las petroleras a respetar y suscribir los acuerdos que durante varios días se habían negociado, y que incluían que el 16% del 25 que las empresas pagan por concepto de Impuesto a la Renta se quede en las dos provincias; que en el plazo de tres años se construyan 130 kilómetros de asfaltado en cada provincia; que no se tomen represalias de orden judicial en contra de quienes participaron en las manifestaciones de protesta. Además, que el gobierno se comprometa a cumplir con los compromisos económicos asumidos para la ejecución de las obras, como la entrega de 400 partidas de docentes para cada provincia, la construcción de la troncal amazónica, la construcción de hospitales, entre otras reivindicaciones que este quincenario ha venido recogiendo en los distintos momentos en que la Asamblea biprovincial se ha reunido. Si no se cumplía con la firma de estos compromisos se declararía nuevamente el paro indefinido, y esta vez los pobladores no darían su brazo a torcer.

Las petroleras cambiaron mañosamente los textos finales de los acuerdos según su conveniencia, y hablaban de que se entregaría un “máximo” de 16% del Impuesto a la Renta a las localidades, cuando el acuerdo previo fue claro en el sentido de que sea el 16% y no “máximo”, como luego pretendían. En cuanto a obras como los 260 kilómetros de asfaltado, la petroleras decían que solo se realizarán “si el precio del petróleo no baja”, lo cual no se mencionó en las negociaciones. Tampoco garantizaban que no tomarían represalias contra los manifestantes del último paro; para ellos era grave recibir un golpe tan fuerte en su orgullo y que nadie pague por eso.

Pero el pueblo reaccionó y se anunció una huelga de hambre general, que ya había sido iniciada por movimientos de mujeres de Sucumbíos. el gobierno, colocado contra las cuerdas, se vio obligado a presionar a las petroleras para que firmen el acuerdo como se había previsto originalmente y no con esos alcances que planteaban al final. Se dio una reunión que duró más de tres horas y al final las provincias amazónicas ganaron la batalla.

El Gobierno, a través de sus autoridades, restó importancia a la medida de hecho, clificándolo como un paro por reivindicaciones políticas con tintes gutierristas. Discurso que no pegó, pues el país vio la arrogancia, despotismo y prepotencia de estos funcionarios, que lo que han conseguido es que Palacio vaya de tumbo en tumbo. Su error más grave en el manejo de la crisis fue el decreto de Estado de Emergencia en las dos provincias, medida que mostró la desesperación e incapacidad del régimen para controlar la movilización de las organizaciones y pueblo en general, y que reflejó los razgos dictatoriales que existen en los ministros de Gobierno, Mauricio Gándara y de Defensa, Oswaldo Jarrín, acciones por las que fueron juzgados por el Congreso Nacional, organismo que exige la destitución de Gándara y que levantó la medida de hecho con la aprobación de más de 60 votos.

En esos días se reprimió duramente al pueblo, los derechos ciudadanos fueron violados. Fruto de ello existe cerca de medio centenar de presos en las dos provincias, la libertad de prensa y expresión fue anulada; el ingreso arbitrario y acoso del que fuera víctima la radio Sucumbíos es un ejemplo palpable de la represión utilizada por las fuerzas del orden, típica de gobiernos de facto. Los grandes medios de comunicación, por su parte, le siguen el juego al Gobierno y a las petroleras. Quienes más han aparecido en los canales de televisión dando su versión son el ministro Gándara y René Ortiz, representante de las petroleras, quien mientras fue vicepresidente de Petroproducción, en su administración se evidenciaron negocios nefastos para el Estado. En la mayoría de estos medios no se tomó en cuenta a los afectados, y cuando fueron invitados tuvieron que limitarse a escuchar las necedades del periodista, contestar si hay la oportunidad o simplemente arriesgarse a que se les corte la transmisión, como ocurrió con Teleamazonas.

El Gobierno debe responder si es justo o no que las transnacionales OXY y ENCANA hagan lo que se les viene en gana, violando las leyes de un Estado con la venia de autoridades comprometidas con intereses ajenos a los del pueblo. Porque a pesar de existir los pronunciamientos del Contralor y ex autoridades honestas sobre la caducidad de estos contratos, se los mantiene vigentes y se los cuida como joya preciosa. El presidente Palacio, una vez más, traiciona sus primeras promesas de proteger la soberanía y a su pueblos.

Otra versión que ha difundido el Gobierno es la “pérdida de cerca de 300 millones de dólares diarios por no exportar el petróleo”, cifra que luego ha sido desmentida por los técnicos de Petroecuador, que calculan que la pérdida no supera los 50 millones. Además, el crudo sobrepasa actualmente los 60 dólares por barril en el mercado, y con el paro, el petróleo nunca salió o se evaporó; aún está en su lugar. Lo que se pudo notar es la intención de la nueva Ministra de Economía de utilizar el argumento del paro para justificar los serios problemas fiscales que soporta, y para los cuales no tiene más respuestas que el apoyo que pueda obtener del gobierno de Venezuela, ya sea con la compra de bonos del Estado o con el préstamo de petróleo.

Las lecciones que deja este paro tienen alcance continental: los pueblos no están dispuestos a continuar dejándose matar por la acción de las petroleras transnacionales, se levantan para defender su dignidad, su vida y la soberanía nacional.